POLITICA
Alberto Fernández, más cerca de ir a juicio oral por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez
El expresidente Alberto Fernández quedó más cerca de enfrentar un juicio oral y público por las acusaciones de su exmujer Fabiola Yáñez por violencia de género, luego de que el juez federal Daniel Rafecas rechazara hoy su pedido para anular la causa judicial.
La decisión de Rafecas deja el caso en condiciones de hacer los últimos trámites para ser elevado a juicio oral y público y que se sortee tribunal oral que se hará cargo de ese proceso.
Yáñez, que se separó de su esposo, regresó a fines del año pasado a la Argentina desde Madrid, donde vivía con Francisco, el hijo de ambos, y acordó un régimen de visitas para que el padre y el hijo pudieran mantener su vínculo.
Rafecas avaló así la instrucción previa del caso, que había realizado el juez Julián Ercolini, luego apartado del caso, y convalidó las pruebas recolectadas hasta el momento.
La abogada de Fernández, Silvina Carreira, apuntaba a derrumbar el caso al sostener que las decisiones de Ercolini, apartado por enemistad manifiesta con su cliente, debían anularse y por ende debía caer toda la causa por considerar afectada la “garantía de imparcialidad judicial”.
Sostuvieron que la causa era producto del “fruto del árbol envenenado” y señalaron que la aparición de las fotos en el teléfono de la exsecretaria del expresidente, María Cantero, era una “expedición de pesca” disfrazada de medida probatoria.
El juez Rafecas desestimó la pretensión de la defensa a sostener que la nulidad es una sanción procesal excepcional y que el apartamiento de Ercolini pretendía “alejar cualquier temor de parcialidad”, pero dejó expresamente a salvo la validez de los actos ya cumplidos.
Subrayó la obligación internacional del Estado argentino de evitar la revictimización en casos de violencia de género, lo cual implicaría retrotraer el proceso a foja cero y obligar a la víctima a declarar nuevamente tras más de un año y medio de trámite.
El juez sostuvo que “no se observa, de la lectura de las actuaciones, que el imputado se haya visto impedido de ejercer plenamente su derecho de defensa, tanto material como técnica”.
“No se advierten motivos que hagan merecer la producción de prueba solicitada, como así tampoco que los resultados de la misma fueran a modificar el temperamento que aquí se adopta”, dijo.
Con esta decisión, la investigación principal recobra impulso y valida las pruebas digitales y testimoniales recabadas.
El 6 de octubre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del expresidente en el caso de violencia de género y apartó a Ercolini del caso.
El tribunal penal decidió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa del acusado contra la primera decisión judicial de procesar a Fernández, acusado de lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas contra Yáñez, en concurso real.
El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto que Fernández fuera juzgado en un juicio oral y público.
El expresidente había solicitado que fueran apartados de la causa tanto el juez Ercoloni como el fiscal Ramiro González, quien el 14 de agosto pidió juicio oral, al argumentar incompetencia y falta de objetividad de ambos.
Yáñez, de 43 años, denunció en 2024 al expresidente, de 65, después de que la justicia, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara conversaciones e imágenes en el teléfono de su secretaria que podrían indicar “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra la exprimera dama.
El 15 de abril del año pasado la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de Alberto Fernández.
La decisión la tomó la Sala II del tribunal. Se pronunciaron por confirmar el procesamiento Martín Irurzun y Eduardo Farah; en disidencia votó Roberto Boico.
“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género […] ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, dijo Irurzun en su voto.
“Es presumible que hubo una unidad de designio entre las diferentes lesiones que se tuvieron por acreditadas y las diferentes formas de violencia de género que de manera continuada entre 2016 y 2024, el imputado ejerció sobre la víctima, ocasionándole graves daños en su salud que fueron suficientemente probados”, agregó.
Farah, que adhirió al voto de Irurzun, destacó que no hubo una imputación “vaga”, como remarcó la defensa de Fernández, ni “deficiencias” en el razonamiento del juez Ercolini, que fue recusado junto con el fiscal Ramiro González por la defensa. “La alegación de la defensa de que las explicaciones brindadas y los cuestionamientos efectuados por Fernández en su indagatoria no recibieron ‘ninguna atención por parte del juez interviniente’ no se compadece con la realidad”, afirmó.
Por su parte, el juez Boico, a contramano de sus colegas, propuso dictar la falta de mérito de Fernández. Destacó numerosos déficits en la etapa de instrucción y sostuvo que la valoración de la prueba “ha evidenciado un sesgo que omite elementos que la refutan, debilitando así la solidez de la acusación”.
La Cámara decidió en línea con el fiscal de esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, que había pedido que se confirmara la sentencia contra el expresidente.
Su colega de primera instancia, el fiscal Ramiro González, formuló su acusación en noviembre luego de haber considerado, entre otras cuestiones, que antes del 12 de agosto de 2021 el exmandatario le provocó a Yáñez un moretón en el brazo producto de un “agarrón” o “zamarreo” dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos; y que entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021 la golpeó en el rostro dejándole una lesión en su ojo derecho.
Yáñez decidió instar la acción penal contra Fernández en agosto del año pasado, luego de que se hicieran públicas conversaciones en las que le contaba a la exsecretaria de Fernández, María Cantero, los maltratos que habría sufrido de su parte.
“…Hoy me agarró del cuello y, sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza», le confió a Cantero. “Me agarró del cuello, me sacudió los brazos y tengo los moretones”, le dijo más adelante, además de enviarle las fotos que la muestran con hematomas en el ojo y en la axila.
En su voto, el juez Irurzun sostuvo que la “notoria desigualdad de poder” entre ambos influyó en que Yáñez optara inicialmente por no instar la acción penal contra Fernández.
“Las referencias contenidas en las comunicaciones muestran que su destinataria (siendo quien era, se insiste) no negó el panorama violento que se le estaba describiendo. Tampoco lo desestimó; lo vinculó, en sus palabras, a aspectos del carácter y de las vivencias que en ese momento estaba teniendo el Presidente. Los mensajes (las capturas incluidas en ellos) también indican algo relevante: él mismo [por Fernández], cuando su pareja le habló de los golpes, no le desmintió nada tampoco”, dijo el juez.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El escándalo Insaurralde superó en cantidad de menciones al caso Adorni, pero el jefe de Gabinete sigue padeciendo la agenda digital
La difusión de los videos con dólares que comprometen a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, protagonizó la conversación digital en los últimos días. Aunque las menciones al dirigente del PJ y su exesposa Jésica Cirio superaron las de Manuel Adorni, no alcanzaron para desplazar de la agenda las últimas revelaciones sobre el aumento patrimonial del jefe de Gabinete.
Así lo demuestra el último relevamiento de la consultora Ad Hoc que, entre el 20 y 22 de junio, relevó un total de 220.000 menciones al exfuncionario de Axel Kicillof y la modelo y conductora. En cambio, el caso Adorni acumuló 201.000 alusiones en plataformas en ese mismo período.
El escándalo de Insaurralde volvió al centro de la agenda luego de que diera a conocer una serie de siete videos en los que Cirio muestra distintos cajones llenos de dólares.
Según puntualizaron en los encargados del estudio, algunos usuarios alineados con La Libertad Avanza (LLA) concentraron la mayor cantidad de menciones al caso Insaurralde. Entre ellos, destacan Agarrá la Pala, el comunicador Tomás Díaz Cueto y la cuenta Indignado.
Pese a la actividad de estas cuentas, en la Casa Rosada reconocieron, esta semana, que con el repliegue de las tropas digitales libertarias no lograron capitalizar políticamente los videos difundidos. “En otro momento hubiera sido una enorme oportunidad mostrar los vicios de la vieja política, pero esta vez no se pudo”, admitieron fuentes gubernamentales.
En el oficialismo entienden que cualquier posteo al respecto podría quedar sujeto a comentarios negativos por las últimas explicaciones patrimoniales de su ministro coordinador. Es, en parte, lo que mostró el estudio de Ad Hoc: la consultora advirtió que buena parte de las publicaciones relevadas asociaban el caso Insaurralde con el de Adorni. Los ejes “corrupción” y “justicia” destacaban como denominador común entre ambos.
“Uno de los puntos a observar es cómo el caso Adorni fue asociado por los usuarios al caso Insaurralde. Es uno de los motivos por el cual las menciones al jefe de gabinete se mantuvieron altas”, señalaron en la consultora. “La convergencia entre ambos temas muestra un estigma instalado sobre el funcionario”.
La agencia Enter Comunicación también identificó una fuerte comparación entre ambos escándalos, lo que que hizo que se intensificara el debate sobre el patrimonio de los funcionarios, pero destacó los esfuerzos del oficialismo para marcar la diferencia en el volumen de fondos en cuestión.
“La comparación entre ambos casos se instaló en las redes, donde el oficialismo remarcó la diferencia en los montos involucrados y el nivel de obscenidad de las imágenes de Insaurralde para neutralizar sus propios focos de conflicto”, explicaron en la firma.
Según su relevamiento, entre el 20 y 22 de junio, las menciones a Insaurralde y Cirio sumaron alrededor de 321.000. Se trata de una cifra equiparable a la cantidad de posteos sobre el caso Adorni del 11 de junio, cuando el jefe de gabinete presentó su declaración jurada y alcanzó un pico de 323.000 menciones.
Del total de menciones a los videos con los dólares, el 34,5% contenía una comparación con la experiencia del ministro coordinador de Javier Milei. “Funcionó de manera bidireccional: sectores oficialistas traccionaron el video para diluir el impacto de la declaración jurada de Adorni acentuando la disparidad de montos, mientras que usuarios opositores buscaron instalar una equivalencia crítica basada en la rendición de cuentas patrimonial”, indicaron en Enter Comunicación.
También se hizo alusión al jefe de gabinete libertario en algunos pocos posteos (2% de la toda la conversación) que denunciaban una “operación política” detrás de la difusión de los videos de Cirio. En estos casos se buscaba encuadrar la publicación de los videos como una “maniobra coordinada” de distracción mediática para desviar la atención de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que hace meses golpea a la Casa Rosada.
La gran mayoría de las publicaciones (61%), de todos modos, giraban en torno a la corrupción política. “Las publicaciones se enfocaron en la sospecha inmediata sobre el origen de los fondos; utilizando la imagen del efectivo oculto como un argumento contundente”, subrayó la agencia.
Así, conceptos ligados al lavado de activos y el enriquecimiento ilícito volvieron a dominar la conversación en las plataformas.
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POLITICA
La OEA ratificó su apoyo al reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas antes de la exposición de Quirno en la ONU
La 56ª Asamblea General de la OEA ratificó este miércoles su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. La moción se aprobó por unanimidad y aclamación, y tuvo lugar en la previa de la presentación que realizará mañana el canciller, Pablo Quirno, en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU). Además, se enmarca en una dinámica que encuentra al gobierno de Javier Milei en medio de una negociación para adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un bloque comercial que también integra el Reino Unido.
Con Quirno en Nueva York, la representación argentina estuvo a cargo del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Durante su exposición, el funcionario repasó los fundamentos históricos y jurídicos de la posición argentina. Señaló que el 3 de enero de 1833 el Reino Unido “ocupó ilegalmente las islas Malvinas mediante un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época”, expulsó a las autoridades y a la población argentinas y “quebró la integridad territorial de nuestra nación”.
Citó la Constitución Nacional: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Sobre el argumento británico de la autodeterminación, el subsecretario fue categórico: “Ninguna de las diez resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni las más de cuarenta resoluciones del Comité Especial de Descolonización sobre esta cuestión hacen referencia a los deseos de los habitantes ni al principio de libre determinación”.
Y agregó: “En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho, sino una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los pobladores argentinos”.
Navarro también apuntó contra el proyecto Sea Lion. Recordó que en diciembre de 2025 Rockhopper y Navitas Petroleum realizaron anuncios sobre el desarrollo del yacimiento, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, “sobre la base de licencias apócrifas emitidas por las autoridades ilegítimas de las islas”, y que ante ello el presidente Milei instruyó a la Cancillería a expresar “el más enérgico rechazo”.
A eso sumó otra cuestión sensible: “Una presencia militar británica desproporcionada en el Atlántico Sur resulta incompatible con el carácter de la región como zona de paz y cooperación”. Sobre este punto se expediría más adelante la delegación de Brasil.
El subsecretario cerró con una frase que condensó la posición argentina: “Casi dos siglos después de un acto de fuerza contra una nación en tiempos de paz, el tiempo no puede transformar una ocupación ilegítima en un título válido. Ninguna decisión unilateral puede desplazar el mandato internacional de negociar. Ninguna composición demográfica impuesta artificialmente puede ser utilizada como escudo para evitar el diálogo”.
La declaración, leída por Perú
A continuación, la delegación de Perú tomó la palabra para respaldar la presentación argentina y dar lectura al proyecto de declaración. El texto, titulado “La cuestión de las Islas Malvinas”, recoge el respaldo histórico de la organización a una salida negociada.
Entre sus considerandos, la declaración reconoce que, pese a los “importantes vínculos comerciales, culturales y políticos” que mantienen Argentina y el Reino Unido, “no ha sido posible aún reanudar las negociaciones pendientes” sobre la disputa de soberanía, en el marco de las diez resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que abordan el tema.
En su parte resolutiva, el texto “expresa su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia”, “reafirma la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía” y “decide continuar examinando la cuestión de las islas Malvinas en los sucesivos periodos de sesiones de la Asamblea General hasta su solución definitiva”.
El respaldo del hemisferio
Tras la lectura del proyecto, una serie de países expresaron su posición. Paraguay, Bolivia, Uruguay, México, Chile, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Honduras y Panamá reiteraron su respaldo a los derechos soberanos de Argentina e instaron al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales en el marco de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Varios de ellos rechazaron de manera explícita la aplicación del principio de autodeterminación a la cuestión Malvinas y condenaron las actividades unilaterales británicas en el área en disputa.
Dos delegaciones introdujeron matices. Haití se expresó “como amigo de ambos países” y llamó a “un diálogo constructivo, sustancial y de buena fe”, sin pronunciarse sobre la soberanía. Antigua y Barbuda expresó respetar “la posición del Reino Unido sobre la autodeterminación, un principio muy importante para los pequeños pueblos insulares y sus Estados”, aunque igualmente expresó apoyo a la resolución presentada.
La intervención de Brasil fue una de las más extensas y aportó dos elementos que el resto de las delegaciones no desarrolló con igual detalle: la militarización del Atlántico Sur y la exploración de hidrocarburos en el área en disputa. Estados Unidos, mientras tanto, ratificó una postura que Washington sostiene desde hace décadas: “Nuestra posición es la misma de siempre, de neutralidad. Reconocemos que el Reino Unido está ejerciendo de facto la administración de estas islas y nos mantenemos en nuestra posición de neutralidad, como siempre”.
Al cierre del debate, la Secretaria General Adjunta de la OEA tomó la palabra para respaldar el proyecto de declaración y reafirmar la posición institucional de la organización: “La integridad territorial es un principio que esta organización ha defendido a lo largo de su historia. La disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un tema sin resolver y debe ser resuelto de manera pacífica, de acuerdo con el derecho internacional y con las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y de esta organización”.
Señaló, además, que “en su origen, este es un tema de descolonización que sigue pendiente en nuestro hemisferio” y que la Secretaría General “está dispuesta a apoyar y acompañar este proceso de resolución pacífica”.
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La Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo allanado el domingo pasado donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió .
Se trata de dos bolsas. Una contenía una sustancia en polvo de color rosa, que pesaba 0,83 gramos, y otra tenía una sustancia granulada y amarronada que pesaba 1,57 gramos. La rosa podría ser la droga conocida como tusi o cocaína rosa.
Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento el domingo pasado hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Martín Insaurralde, exmarido de Cirio, por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.
Se trata de una nueva derivación del caso que comenzó con el viaje de Insaurralde en un yate, cuando era jefe de Gabinete de Axel Kicillof, y que dio lugar a una investigación judicial sobre su patrimonio.
La Gendarmería hizo el hallazgo de drogas y armas en el departamento del piso 18 del inmueble situado en la calle Ortega y Gasset 1661, de Palermo, a una cuadra de la avenida del Libertador y con una vista privilegiada.
Además, en el lugar se encontró armamento y municiones. Entre ellas se halló una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm (Nro. de serie 173/174) y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm (Nro. de serie PHE455).
También se hallaron cajas de municiones CBC, calibre 9 mm y 12 mm; y los cargadores de la Glock.
Como todas estas cuestiones son ajenas a la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y al fiscal Sergio Mola, decidieron declararse incompetentes y enviar el asunto a la justicia federal de la Capital Federal.
Según dijeron a allegados a la pareja, el arma pertenece a Nicolás Trombino. Tiene papeles al día, con licencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Además, cerca de la conductora de TV explicaron que la droga era para consumo personal y que pertenecería a la pareja de Cirio.
La Justicia allanó el domingo pasado dos domicilios de Jesica Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras la difusión de videos en los que la modelo y conductora muestra dólares guardados en un vestidor de la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su primer marido.
Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio del barrio porteño de Palermo y en otro de la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora.
El objetivo de la Justicia era hallar dispositivos, como celulares, notebooks y memorias. No obstante, se hallaron el arma a nombre de Trombino, 19.000 dólares y las drogas.
Uno de los procedimientos fue en Ortega Gasset y Libertador; el restante fue en un departamento de Banfield en el que Elías Piccirillo, segundo marido de Cirio, cumple prisión domiciliaria.
La Justicia le concedió ese beneficio en noviembre pasado, en el marco de una causa en la que investigan si le plantó un arma y drogas a un empresario al que le debía dinero.
El departamento de Ortega y Gasset fue adquirido por Cirio en 2015, por US$385.000 dólares, en una operación que quedó bajo investigación por su posible vinculación con dinero de Insaurralde.
Adrián Santarelli, Martín Insaurralde y Máximo Kirchner en la quinta 17 de Octubre@acsantarelli
Piccirillo y Cirio se casaron en mayo de 2024. Un año antes, el empresario le cedió a la modelo una casa valuada en 2,8 millones de dólares, ubicada en uno de los barrios del country Nordelta. Con Insaurralde, Cirio se casó en 2014 y se separó en 2022. Los videos en los que la modelo exhibe los dólares guardados en la propiedad del barrio cerrado Fincas de San Vicente se habrían grabado en 2023.
La difusión de los videos en los que Cirio muestra dólares acumulados en cajones de un ropero, debajo de remeras y buzos, motivará nuevos peritajes.
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