La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.

A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 resolvió que Lázaro Báez continúe alojado en el penal de Ezeiza, tras rechazar por segunda vez su pedido de arresto domiciliario por cuestiones de salud.

La decisión se fundamentó en que las patologías crónicas del empresario, como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado, se encuentran estables, bajo tratamiento y pueden ser atendidas en su lugar de detención.

En esa línea, los jueces ordenaron intensificar los controles médicos en prisión.

Días atrás, Casación resolvió que el Tribunal revise su decisión de no concederle la domiciliaria, al sostener que su situación de salud empeoró.

En cumplimiento de esa directiva, el juez Néstor Costabel, miembro del tribunal junto con Fernando Canero y Ricardo Basílico, visitó personalmente a Báez en Ezeiza para constatar su estado de salud.

El fiscal federal Abel Córdoba se opuso al beneficio. Sostuvo que no se acreditaron cambios relevantes en el estado de salud desde abril pasado, que las eventuales demoras en la atención médica no generaron un daño concreto e irreversible y que las deficiencias señaladas por la defensa ya habían sido subsanadas.

En ese sentido, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario remita informes médicos semanales, gestione los traslados necesarios al Hospital Eurnekian y al Hospital de Gastroenterología Udaondo para realizar una videocolonoscopía con los estudios prequirúrgicos correspondientes, y mantenga controles de glucemia dos veces por día.

Casación pidió también que el TOF considere que, además de su situación de salud, se suma que la pareja de Báez se encuentra en medio de un tratamiento por un cáncer y a cuidado de sus dos hijos menores de edad.

Además, los ingresos por alquiler que sostenían al grupo familiar fueron afectados a una cuenta judicial y que las autoridades que velan por la salud de los menores se pronunciaron a favor de la medida en resguardo del interés superior de los niños.

Báez cumple una pena de 15 años de prisión, unificada en julio de 2025 por el mismo Tribunal Oral Federal N° 4. Esa condena combina los 10 años impuestos por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y los 6 años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante la gestión de Cristina Kirchner.

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La defensa había alegado que las condiciones de detención agravaban el estado de salud del empresario y que existían demoras en la atención médica que ya habían ocasionado perjuicios.

El tribunal consideró que esos planteos no se corroboraron con elementos objetivos suficientes para justificar una modificación del régimen de cumplimiento de la pena.

Lázaro Baez, prision domiciliaria, Justicia

Si la ciudad de Neuquén fuera una estancia, Jorge Salas sería el patrón. Hace 20 años era un vecino más y ahora, que acumula denuncias por estafas, se convirtió en un «intocable”.

Neuquén es una palabra palíndromo, recorre a la inversa. Como el drama-colmo de los habitantes de la Patagonia impotente: sobran las tierras y faltan las casas.

En la ciudad gris de polvo y piedra, donde los nombres de las calles tienen la mordacidad de juntar en la intersección de una esquina el nombre de un mapuche con el de un general de la Campaña del Desierto, Jorge Salas comenzó en la crisis de 2001 como dirigente social y se transformó en “el repartidor de casas” a través de la Cooperativa 127 hectáreas.

El escándalo estalló cuando Salas se convirtió en 2023 en el director de Hábitat y Urbanismo de la provincia de Neuquén. Unas 340 familias lo denunciaron en la Justicia porque pagaron durante años y nunca recibieron su casa en el barrio La Sirena, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Y el súmmum: muchos familiares de Salas sí lograron el sueño del hogar propio. Telenoche viajó a Neuquén para contar esta historia y habló con Salas.

-¿Conoce a Mariela López Koller?

-Sí

-¿Quién es?

-Mi cuñada.

-¿Dónde vive?

-En la Sirena I

-¿Y a Nerea Salas?

-Mi hija

-¿Dónde vive?

-En la Sirena I

-¿Y Florencia Salas?

-Mi hija. Ella no es la adjudicataria sino su pareja.

-¿Dónde vive?

-En la Sirena

-¿Y Ana Laura Méndez?

No la conozco

¿No es su sobrina?

-No

-¿Qué otros familiares viven en la Sirena?

-Nadie más. ¿Por qué lo dice? Son familias que hace mucho están inscriptas. No es impedimento. El Presidente tiene a la hermana, que es la jefa de Gabinete (sic), la tiene trabajando. Cuál es el impedimento, digo.

-¿Silvana López Koller?

-Hermana de Mariela. No tiene nada que ver conmigo.

-Cómo que no tiene nada que ver con usted.

-No. Es la hermana de mi cuñada, digamos.

-¿Dónde vive?

-En la Sirena

¿Y Olga Salas?

-Mi hermana, que tiene 69 años y estuvo más de 20 años esperando su casa, quiero aclarar eso porque si no.

-¿Dónde vive?

-En la Sirena. Acá hay muchos familiares y vamos a encontrar un montón de socios que tienen a su hermano, a su hermana, a un familiar, porque es la única manera de poder acceder a una vivienda social.

“Sueños robados”

¿Cuál es la razón de ser de la Cooperativa si las casas las construye el Estado nacional o provincial?, preguntó Telenoche.

“Quien las solicitó e hizo todo el trámite es la Cooperativa”, respondió Salas.

-¿Hacían un uso político de la intermediación?

-No, para nada.

-Pero usted después se presentaba como candidato…

—Sí, ¿qué problema hay?

Según Salas, la Cooperativa 127 hectáreas llegó a tener 11 mil afiliados. “La gente me pregunta si tiene que ser socio de la Cooperativa para tener una casa. Yo les digo: siempre tienen que ser socios de la Cooperativa”, decía Salas en uno de los habituales actos en Neuquén capital.

Desde hace 20 años, creció apañado por todos los gobernadores del Movimiento Popular Neuquino y ahora, de Comunidad, un desprendimiento del partido que gobernó durante 60 años la provincia. También por el poder político local. Salas hacía valer el peso de los 11 mil afiliados en una ciudad que hoy tiene 290 mil habitantes.

“Acá hay un problema. Es el Estado el que no cumplió con las casas. Esto lo tiene que solucionar el Gobierno. Hay más de 900 familias a las que les tenemos que dar una solución. En 2027 debería estar todo resuelto», se excusa Salas.

-¿Usted denunció al Estado en la Justicia?

-No.

Como un martillero todopoderoso, Salas, a través de la Cooperativa, ofrecía el anhelo más preciado por los vecinos: la casa propia. Los vecinos tenían que asociarse a la Cooperativa, pagar la cuota todos los meses, abonar montos extraordinarios a la espera de la casa prometida y aguardar como mucho 5 años. Todos los pagos eran en efectivo en la oficina de Cooperativa.

Los desarrollos que Salas ofrecía con actos políticos son los barrios La Sirena I, La Sirena Unificada (II y III) y un loteo en La Meseta (Sirena IV). Las denuncias se amontonan sobre la Sirena Unificada y La Meseta.

En la Sirena Unificada se entregaron algunas casas. Pero, con la denuncia que presentaron los vecinos, la entrega quedó supeditada a la resolución de la Justicia. Los números no cierran: son 200 familias que reclaman y hay 90 casas terminadas.

En La Meseta, la Cooperativa ofreció 400 lotes y 120 familias fueron a la Justicia porque las tierras están por fuera del ejido municipal.

Pese a las denuncias, la Cooperativa que lidera Salas no para: anunció la Sirena V, 4500 viviendas, con “espacios verdes, escuela de Kayak, escuelas, anfiteatro, café-bar, canchas de fútbol y ciclovía”.

Ema Ibáñez Castillo es socia fundadora de la Cooperativa 127 hectáreas. “Al principio parecía algo genuino. Salas era un vecino más, pero, con el tiempo, se convirtió en un intocable. Somos muchos los vecinos que pagamos años y años y las casas nunca aparecieron. Yo me siento perjudicada”, dice.

El papá de Lorena Lepe vivía en la misma cuadra que Salas. “Yo confié porque veía que las casas se hacían. Mi familia lo conocía. Nos pedían plata para paredón, remover el suelo y cordón cuneta. Decían que con eso se iba a agilizar todo. Un día nos citó con otros vecinos. Se hacían actos. Me dijo ‘no alquiles que en 15 días tenés tu duplex’ y acá sigo esperando. Años y años”, cuenta.

Cristina Alonso tiene 76 años y durante 19 años pagó todos los meses la cuota de la Cooperativa. “Nunca me atrasé. Religiosamente pagaba. También vine a esos actos. Me dijo: ‘Vayan midiendo si quieren hacer un portón o reja. Yo salí y me fui a comprar el metro. Ahí lo tengo”, se quiebra “Negrita”, como la conocen en el barrio, y cierra: “Este hombre se ha burlado de nosotros”.

Víctor Guerrero se pierde cuando quiere volver a La Meseta, el loteo donde Salas le aseguró que allí podría construir su casa. A 12 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, en la estepa, sin acceso ni servicios, la Cooperativa compró 50 hectáreas. “En La Meseta compraron unas 400 familias. Son 120 las que están reclamando en la Justicia”, explica la abogada Agustina Procopo.

“Nos hacían pagar la seguridad del lugar. Mirá lo que es esto. Acá habita la nada”, dice Víctor. “Nos hicieron creer que esto iba a crecer y está por fuera del ejido municipal. Nos robaron los sueños”, señala.

Para Salas, La Meseta está ubicada “en medio de la urbanización”.

-¿Qué hay ahí?

-Urbanización, insistió.

Los vecinos coinciden: “Nosotros íbamos al Instituto de la Vivienda y nos decían que nos teníamos que anotar en la Cooperativa. Es una trampa tremenda. Como estamos inscriptos para esos barrios, no podemos anotarnos en otros planes que, por ahí, sí están avanzando”.

Esta es la historia oficial que publica la Cooperativa 127 hectáreas:

Jorge Salas como presidente de la comisión vecinal del 8 La Sirena motivó a los vecinos a que salieran a manifestarse a las calles y defendieran sus derechos reclamando al gobierno provincial respuestas concretas. Las reuniones vecinales se fueron multiplicando hasta convertirse en grandes manifestaciones que convocaban a cientos de personas

Guiados por Jorge Salas y la convicción de que la solución a los problemas que se vivían se daría a través del esfuerzo conjunto y de mantener un objetivo claro, es que en el año 2007 ese grupo de vecinos se instituyó oficialmente como Cooperativa obteniendo del INAES a Matricula Nº33081.

Ezequiel Otárola Douguett representa a las 340 familias que denunciaron a la Cooperativa 127 hectáreas. “El monto total de las demandas asciende a $1.300 millones. Los activos embargados a la fecha son $350 millones mediante el bloqueo de cuentas bancarias, hay una medida cautelar sobre 4 camionetas y un embargo preventivo sobre 80 lotes ubicados en los ejidos de Plottier y Centenario, a nombre de la Cooperativa”, detalla.

Marcha a marcha, decreto a decreto

Durante más de dos décadas, Salas consolidó el liderazgo de la Cooperativa 127 Hectáreas. Su poder quedó plasmado en una serie de decretos y resoluciones clave publicados en el Boletín Oficial de la provincia de Neuquén:

Decreto Nº 0790/10: El puntapié inicial. El gobierno reconoció la administración a favor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de las tierras denominadas “Chacra La Sirena” para desarrollar planes habitacionales junto a la Cooperativa.

Decreto Nº 2233/11: Autorizó la suscripción de convenios específicos de financiamiento entre ADUS-IPVU y la Cooperativa para la construcción en el sector sur.

Decreto Nº 0963/15: Uno de los más importantes. Amplió en 11,57 hectáreas la administración del IPVU en el predio “Chacra La Sirena” y autorizó expresamente a otorgar la tenencia precaria y provisoria de estas tierras a la cooperativa de Salas. Ese mismo año, mediante una resolución de ADUS-IPVU, se entregaron 71 créditos para autoconstrucción por un monto superior a 1.6 millones de pesos de la época.

Decreto Nº 1549/18: Publicado en septiembre de 2018, este documento detalló las operatorias de financiamiento por 19 viviendas en Barrio La Sirena, otras 100 en el mismo sector y 79 más en Neuquén Capital.

El primer escándalo

El primer gran escándalo estalló en 2019. El entonces intendente Horacio Quiroga denunció penalmente a Salas por vender lotes en tierras pertenecientes al Ejército Argentino que no formaban parte del patrimonio de la Cooperativa. Pero el armado y la carrera del dirigente no solo no se detuvieron; Salas fue por más.

En febrero de 2022, bajo la gestión del intendente Mariano Gaido, Salas dio el salto a la función pública al ser nombrado Director en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). El cargo generó fuertes controversias: estaba de los dos lados del mostrador.

Su techo de influencia llegó en diciembre de 2023. Con la asunción de Rolando Figueroa en la Gobernación, Salas fue designado como Director Provincial de Hábitat y Urbanismo.

Mientras tanto, los problemas en los barrios de la Cooperativa se hacían insostenibles: en una de las entregas de 37 viviendas en las “127 Hectáreas”, las familias se mudaron en condiciones precarias y denunciaron públicamente estar completamente sin servicio de agua potable. Aún hoy no tienen gas.

Aluvión de denuncias, allanamientos y renuncia

El esquema colapsó a principios de 2025. Ante un aluvión de denuncias por estafas y la fuerte presión ejercida por el estudio de abogados de Mariano Mansilla, Salas renunció en febrero de ese año para enfrentar el avance judicial.

“Quiero dejar en claro que mi renuncia no fue solicitada por nadie. Juro por mis hijos que el Gobernador jamás me llamó para pedirme que dejara el cargo. La única conversación que tuvimos fue sobre la difícil situación económica del gobierno nacional, que afecta los proyectos provinciales”, señaló entonces Salas públicamente.

Entre mayo de 2025 y los primeros meses de 2026, la justicia penal avanzó con allanamientos en la sede de la cooperativa y en propiedades particulares del exfuncionario.

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La acusación formal pasó a ser masiva: se lo investiga por la supuesta estafa a más de 340 familias mediante la sobreventa de lotes y el cobro sostenido de cuotas por obras de infraestructura.

El 23 de mayo de 2025, el gobernador Figueroa y el ministro de Economía, Guillermo Koenig, desplazaron por decreto a empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Neuquén, amparándose en la facultad del Ejecutivo de reestructurar las áreas bajo “criterios de eficiencia y eficacia”.

ATE había denunciado que dentro del IPVU filtraban a la Cooperativa de Salas información reservada sobre terrenos fiscales clave para facilitar tomas de tierras en la provincia.

En la ciudad de Neuquén, unas 1200 familias vivían a principio de año en terrenos fiscales municipales. Se calcula otro tanto en tierras que pertenecen a la provincia.

El secreto de las mochilas con billetes

En febrero de 2026, la Fiscalía declaró cerrada la instancia de mediación. La Cooperativa no presentó ninguna propuesta ni plazos de devolución del dinero a las familias.

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Con la vía del diálogo agotada, la Fiscalía quedó habilitada para avanzar de forma directa hacia el juicio oral en la causa penal por estafas reiteradas, en paralelo a las demandas civiles por daños y perjuicios que buscan embargar los bienes del entorno de Salas.

Un exempleado que, entre sereno y cajero, trabajó durante ocho años en la Cooperativa declaró en la causa penal: “Yo les cobraba a los socios y les hacía el comprobante. Todos los días yo hacía el cierre de caja y me decían: ‘Ahora viene Jorge a buscar el dinero’. Jorge se lo llevaba en una mochila a su casa”.

Salas lo niega: “Eso es falso. No tiene cómo comprobarlo”.

Equipo Telenoche

Maximiliano Heiderscheid

Matías Ravella

Gonzalo “Junior” San Honorio

Neuquén, viviendas