En Argentina, los economistas no se ocuparon directamente de analizar la relación entre la variación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza, sino que lo observaron como un efecto “colateral”, pese a su alta sensibilidad. Tampoco el tema fue tratado en profundidad en los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los técnicos del organismo manifestaron de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa, porque incentiva las exportaciones y desalienta la demanda de importaciones y el ahorro.

El último reporte del directorio del FMI, tras analizar el desempeño de la economía argentina en el último trimestre de 2025 y datos preliminares del primer cuarto de 2026 y su relación con las metas comprometidas en el Acuerdo de Préstamo de Facilidades Extendidas (abril de 2025), remarcó la “necesidad de que la política monetaria evolucione hacia un esquema en el que la tasa de interés gane protagonismo y el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, en detrimento del actual enfoque basado en agregados monetarios, para lograr una acumulación más acelerada de reservas”. Al mismo tiempo, el documento recomendó en otro apartado: “Mantener o profundizar los programas de asistencia a los sectores más vulnerables”.

Los economistas Daniel Heymann, José María Fanelli y Mario Damill, al analizar a comienzos de siglo la salida traumática de la convertibilidad tras la crisis de 2001, con devaluación, pesificación asimétrica y default de la deuda pública, concluyeron que “el TCR competitivo impulsa la actividad agregada y el empleo, pero la inflación resultante deteriora ingresos reales, afectando pobreza en el corto plazo”.

A pesar del récord de crecimiento de las exportaciones y contracción de las importaciones en los primeros 29 meses de gobierno de Javier Milei -en particular en el primer cuatrimestre de 2026 cuando maduraron los efectos de la baja y eliminación, en varios casos, de las retenciones y aranceles al comercio exterior, junto a otros impuestos y desregulaciones-, la preocupación de la mayor parte de las consultoras locales e internacionales por el nivel del tipo de cambio real, al que consideran “atrasado”, se mantuvo entre los indicadores más debatidos por su influencia sobre el comercio exterior y la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras no contemplaron los efectos sobre las condiciones socioeconómicas del país.

Este indicador es considerado esencial para los economistas porque su nivel determina la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, consecuentemente, la vulnerabilidad del sector externo, al afectar el movimiento de divisas por el intercambio comercial y por servicios como turismo internacional, ahorro o desahorro en activos externos, fletes, seguros y dividendos de filiales nacionales o extranjeras.

La serie de 30 años del Itcrm y de pobreza, muestra que la devaluación -en particular cuando es significativa (más de 5% real en corto plazo)- impacta en general negativamente en las finanzas personales y las condiciones de vida de la población por el efecto inmediatamente alcista sobre el precio de los alimentos. Eso ocurre porque Argentina tiene la particularidad de que los productos del agro explican casi dos tercios de las exportaciones del año.

Los economistas indios Raghuram Govind Rajan y Arvind Subramanian detectaron en un estudio para el FMI en 2006: “Las devaluaciones pueden mejorar el empleo industrial, pero los efectos regresivos sobre el ingreso real dominan en el corto plazo”.

Infobae realizó en noviembre de 2025 un análisis detallado de las series del tipo de cambio real multilateral (Itcrm) del BCRA y su relación con el desempeño del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec, y detectó que existían otros factores más relevantes que el nivel del Itcrm, como la inflación, la productividad de los factores y la apertura de la economía al resto del mundo, principalmente.

Ahora, mientras el Indec avanza con el relevamiento de campo para elaborar los índices de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026 -prevé difundirlos en septiembre-, y la economía muestra señales de retomar el camino de la reactivación y la desinflación, y el BCRA acumula reservas, economistas recomiendan “no atrasar el tipo de cambio real”. Los primeros cinco meses de 2026, con desinflación y recuperación de la actividad, anticipan, según estimaciones privadas, una baja de la pobreza en el próximo dato oficial del Indec.

En un período que abarcó desde enero de 1997 hasta mayo de 2026 para el Itcrm (base 100 el 17 de diciembre de 2015) y la pobreza en porcentaje de la población, con los datos agrupados por semestre, Infobae dividió la serie en cuatro instancias:

1) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza superior a 30%: ocurrió en 35% del período. En ese lapso, en el 37% del tiempo, los dos indicadores subieron en simultáneo; en el 26% bajaron ambos; mientras que en el 37% restante se movieron de manera inversa.

2) Itcrm mayor a 95 puntos y pobreza menor a 30%: se observó en casi 30% de la serie. En ese lapso, en el 69% del período ambos se movieron a la baja en forma sincronizada; en el 6% subieron en simultáneo; y un cuarto del tiempo se movió en forma asintótica.

3) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza menor a 30%: tuvo lugar en 20% de la serie. En el 64% de ese tramo, los indicadores se comportaron en descenso de manera sincrónica y en el 18%, al alza.

4) Itcrm menor a 90 puntos y pobreza mayor a 30%: Esa instancia se registró en 15% de las últimas tres décadas (ocho semestres), en el que ambos bajaron en tres ocasiones y subieron en dos.

De ello se desprende que, en 15 de los últimos 30 años, excluidos los cinco semestres comprendidos entre el segundo de 2013 y el mismo período de 2015 por el “apagón estadístico” implementado por el gobierno de Mauricio Macri -al considerar que las series no reflejaban la realidad-, la pobreza se ubicó por debajo de 30% de la población cuando el tipo de cambio real, con base 100 al 17 de diciembre de 2015, fue inferior a 95 puntos, como ocurre en la actualidad, en un contexto de desregulación de la economía, baja de la inflación a menos de 30% anual y aumento de la actividad económica superior a 3% anual.

La evidencia internacional coincide en tres puntos:

1. Las devaluaciones aumentan la pobreza en el corto plazo por la caída del salario real.
2. El efecto puede revertirse solo si el tipo de cambio real competitivo impulsa empleo en sectores transables.
3. El impacto negativo es mayor en países con alta informalidad, baja productividad y una canasta alimentaria dolarizada, tres características que describen a Argentina.

Los movimientos del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral tienen en Argentina un impacto social más rápido y más profundo que en otros países de la región, y reflejan que la paridad pesos por dólar no solo es un precio macroeconómico, sino un determinante directo del bienestar social del país, y por tanto el ministro Luis Caputo enfatiza a menudo en entrevistas periodísticas que la política del Gobierno está focalizada en no repetir los ciclos de crisis y deterioro social del pasado.

En Argentina, la pobreza llegó a superar el 40% de la población cuando el Itcrm fue muy superior al promedio de la serie de 30 años (113,4 puntos), entender el vínculo con las condiciones de vida ya no es un ejercicio académico: es una necesidad para diseñar políticas económicas que no repitan los ciclos de crisis y deterioro social.

Junio viene con nuevos aumentos que pesarán en los bolsillos de los argentinos. Desde este lunes se incrementa el boleto de tren y de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia, los servicios públicos y las prepagas.

Otros aumentos, en el caso de las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se aplicarán a mitad de mes para moderar el impacto sobre la inflación, que el Gobierno pretende que se continúe desacelerando.

El primer impacto al comenzar el día lo van a sentir los usuarios del transporte público. El boleto mínimo de colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,6%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula que adiciona dos puntos porcentuales a la inflación del segundo mes anterior (en este caso, abril). En las líneas provinciales, tras un aumento de 11,6% por fuera del esquema, que en mayo llevó la tarifa a $968,57, volverán al esquema de dos puntos más inflación y subirán 4,6% a $1.015,16, superando así el hito de los 1.000 pesos.

Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el ajuste será de 2% y el boleto costará $728,28, aunque en este caso regirá desde el 15 de junio. Con el diferimiento, el equipo económico busca moderar el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide promedios semanales, tras la escalada a 3,4% en marzo. En el caso de los trenes metropolitanos, los pasajes subirán 12,9% a partir de hoy, pasando de $310 a 349,99 pesos.

Respecto a los peajes en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste será de 4,6%, también calculado sobre la inflación de abril más dos puntos porcentuales. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura abonarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas pagarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán abonar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

En el caso de los servicios públicos, habrá aumentos en el sexto mes del año, pero también mayores subsidios con el pretexto del conflicto en Oriente Medio. La semana pasada, la Secretaría de Energía comunicó que la factura media de gas a nivel país tendrá un aumento de 2,81%, pero que habrá mayores subsidios.

Por un mes más se extenderá la bonificación extraordinaria del 25% en la factura de gas de junio para usuarios residenciales de menores ingresos que estén registrados y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con esta medida, el subsidio total se mantiene en 75%: 50% corresponde al beneficio general dispuesto por el Decreto 943/25 y 25% a la bonificación adicional que renovó la resolución vigente. Alcanza a hogares con ingresos equivalentes a hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y organizaciones sin fines de lucro inscriptos en el SEF.

En cuanto a la energía eléctrica, la cartera energética fijó para junio un aumento del 1,5% para el AMBA (el resto de las tarifas depende de los entes reguladores provinciales) y una bonificación extraordinaria de 11,97%, que eleva el subsidio al 62% del consumo base. Según la Secretaría de Energía, este tipo de beneficio busca proteger a los sectores más vulnerables ante variaciones abruptas de precios.

Estas decisiones surgen en el contexto de la inestabilidad en Medio Oriente, que incide en la volatilidad de los valores internacionales del petróleo y el gas. Aunque estos movimientos han contribuido a la desaceleración de la inflación, también implican un mayor gasto público. La situación de YPF es distinta: la petrolera estatal-privada aplicó solo un aumento de 1% y mantiene congelados los precios del combustible por 45 días. El 15 de junio, el directorio de la empresa deberá definir si habrá un nuevo incremento o si extenderá el congelamiento, medida que impacta en toda la economía.

A pesar del panorama internacional, este domingo el barril de Brent, referencia para Argentina, cotiza a USD 92,05, mientras que en abril, cuando YPF congeló precios, estaba en 103 dólares.

En el sector de la salud, las principales empresas de medicina prepaga informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) aumentos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán un incremento de 2,6%, en línea con la inflación de abril, mientras que Omint ajustará hasta 2,9% según el plan contratado. En algunos casos, los copagos también registraron incrementos. Todas las compañías deben ahora cargar estos datos en el sistema digital de la SSS.

El ámbito educativo también experimentó ajustes en las cuotas. En la provincia de Buenos Aires, las subas promediaron entre 4% y 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rondaron el 5%. Estas actualizaciones impactan en el presupuesto de las familias con hijos en colegios privados.

En medio de una crisis de mora récord que afecta a millones de hogares y amenaza la estabilidad de la banca, el lanzamiento de un plan de rescate del Banco Nación provoca un fuerte reacomodamiento en el sistema financiero argentino. La entidad estatal propone un mecanismo abierto no solo a sus propios clientes, sino también a quienes mantienen deudas con otros bancos o fintech, lo que intensifica la competencia entre entidades y obliga a los principales actores del mercado a ajustar sus estrategias para retener usuarios y evitar la exclusión financiera. El fenómeno de la morosidad revela el impacto de la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo, con un sistema que enfrenta el desafío de atender tanto la urgencia social como su propia sustentabilidad.

El aumento de la irregularidad en créditos y préstamos personales, que trepó al 11,5% en el sector de personas físicas durante marzo de 2026, coloca a la Argentina en el nivel más alto de los últimos veinte años. El porcentaje de mora en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7%, mientras que los préstamos personales registraron un 14,2% de incumplimiento. El contexto se vuelve aún más delicado porque casi cinco millones de hogares atraviesan situaciones de deuda, y la respuesta de bancos, financieras y billeteras digitales se diversifica según el perfil de clientes, la antigüedad de los atrasos y la capacidad de pago de cada usuario.

La propuesta del Banco Nación impacta en el tablero financiero porque invita a reorganizar deudas tanto de sus propios clientes como de usuarios de otras entidades, incluidas fintech. La consolidación de obligaciones permite simplificar la gestión, acceder a plazos máximos de 72 meses y pagar tasas fijas del 65% TNA, con montos de hasta 100 millones de pesos. Para quienes presentan atrasos en tarjetas de crédito de hasta 90 días, la entidad ofrece reprogramar deudas por hasta 10 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. El programa prevé que la tarjeta continúe activa, que el pago en cuotas comience en el siguiente resumen y que los límites de compra se ajusten temporalmente.

En el caso de una mora superior a los 90 días, el Banco Nación extiende los plazos de financiamiento hasta 96 meses, siempre sujeto a evaluación crediticia y condiciones particulares. Cada solicitud pasa por una evaluación personalizada, en la que equipos de especialistas revisan el perfil, los ingresos y las características de la deuda para definir opciones a medida. El usuario puede iniciar la gestión en cualquier sucursal, donde recibe asesoramiento y conoce los requisitos actualizados para acceder a estas alternativas.

El Banco Nación pone el foco en reducir la carga mensual de los deudores, extender los plazos y facilitar el acceso a soluciones flexibles, en un contexto donde la mora bancaria creció de 3,3% a 11,5% para personas físicas en un año, con el mayor grado de incumplimiento en préstamos personales desde 2011.

El que aspire a la asistencia del Nación, tiene distintas alternativas:

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

• Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal.

El Banco Provincia opta por una estrategia centrada en la prevención del sobreendeudamiento y la detección temprana de señales de estrés financiero. La entidad prioriza el otorgamiento responsable de crédito, implementa un monitoreo activo de la cartera y reacciona con agilidad para evitar que los atrasos se vuelvan estructurales. Para quienes presentan mora temprana, de hasta 90 días, el banco ofrece una línea de refinanciación de préstamos personales de hasta 72 meses, con tasa fija del 81,78% nominal anual (vigente a marzo de 2026), anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo para quienes perciben haberes en la entidad.

Para clientes con ingresos de hasta tres salarios mínimos (menos de 1.073.400 pesos), hay un programa especial con tasa fija del 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Si la mora supera los 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% (o sin anticipo si el usuario cobra haberes en el banco) y, en situaciones críticas, opciones como quitas de capital o cancelación por saldo contable.

En el segmento de empresas, el Banco Provincia habilita líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5%, y tasas variables más spread, que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. La entidad reportó que la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre de 2026 frente a los tres años anteriores, resultado que atribuye a su política de prevención y acompañamiento.

ICBC implementó soluciones específicas según el grado de atraso en la cartera de clientes. Para usuarios sin mora pero con deudas elevadas en tarjeta de crédito (más del 30% financiado y más de 9 millones de pesos en Visa o Mastercard), se ofrece un préstamo personal para reestructuración con tasa UVA +20% y plazo de hasta 48 cuotas, aunque implica la baja del producto tarjeta. Para quienes deben menos de 9 millones, hay una opción de cuotificación en tarjeta Visa, con tasa del 39% y plazo de 24 cuotas, que permite mantener la tarjeta activa.

Para clientes con mora superior a 30 días en tarjetas, préstamos personales o cuentas corrientes sin garantía, el banco diseña acuerdos de pago personalizados, ajustando el número de cuotas y bonificando el saldo según la capacidad de pago y el nivel de morosidad. Además, ofrece planes de refinanciación que buscan aliviar la carga financiera a través de la consolidación de deudas, con la baja de todos los productos en mora y plazos de 6 a 60 meses. Las tasas disponibles son fija del 70% TNA o UVA +10% TNA. El acceso a estos planes requiere no superar la situación 4 en Veraz e implica una revisión y aprobación del área de créditos.

El Banco Macro, por su parte, despliega el programa “Gestión de Mora Temprana”, que prioriza la acción antes de que los atrasos se conviertan en casos de incobrabilidad. El equipo del banco contacta a los clientes en cuanto detecta dificultades en la gestión de las deudas, para ofrecer reestructuración con tasas diferenciales. El contacto directo permite anticipar soluciones y rescatar usuarios antes de que la situación se agrave. Voceros de la entidad remarcan que los usuarios muestran buena recepción ante la posibilidad de acceder a planes de reestructuración, lo que les brinda mayor certidumbre sobre su situación financiera.

En el área de banca empresas, la metodología incluye segmentación por actividad y herramientas adaptadas a la realidad de cada sector, con el objetivo de evitar que las empresas lleguen a situaciones críticas de atraso.

El Banco Credicoop adopta una estrategia diferenciada basada en su estructura cooperativa. La entidad desarrolla modelos de análisis para identificar de manera temprana indicadores de posibles dificultades y, frente a estos casos, ofrece líneas de crédito con tasas más bajas y plazos extendidos. Pereira explica que el objetivo es comprender la situación particular de cada socio y anticiparse a los problemas, ajustando las medidas a las necesidades específicas. El banco busca que la carga financiera afloje en el corto plazo para los asociados, adaptando las soluciones a cada situación.

El Banco Santander, por otro lado, adoptó una política de gestión individualizada ante situaciones de mora. Cuando la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago específicos para facilitar la cancelación de deudas. Durante la vigencia del plan de refinanciación, el banco suspende productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene activa la cuenta y otros servicios esenciales. Los usuarios pueden solicitar ayuda a través de los canales habituales, como el home banking, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las sucursales. Esta metodología busca acompañar al cliente durante el proceso de regularización, adaptando las alternativas a las posibilidades de cada caso.

Entre los bancos privados líderes, la reacción frente al aumento de la morosidad se apoya en la personalización y en el uso intensivo de tecnología. Fuentes de una de las principales entidades descartan campañas masivas y señalan que el monitoreo es constante y personalizado. El sistema analiza el comportamiento individual de los clientes y, cuando detecta señales de estrés financiero, ofrece refinanciaciones con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y plazos extendidos. Durante el proceso, se suspenden tarjetas de crédito y la posibilidad de nuevos créditos, hasta que el usuario regulariza su situación.

El objetivo de este enfoque es preservar la condición de sujeto de crédito y evitar que los clientes enfrenten instancias judiciales. Los canales para acceder a estos planes incluyen plataformas digitales, atención telefónica y sucursales, con esquemas adaptados al segmento y a la capacidad de pago de cada usuario.

Las billeteras digitales, como Mercado Pago, implementan modelos de gestión del riesgo basados en scoring propio, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a la capacidad de pago de los usuarios y personalizar las condiciones de refinanciación. Voceros de la fintech señalan que este proceso permite una gestión de riesgo más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, con alternativas adaptadas a la realidad de cada usuario.