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Brasil: un escándalo bancario y de coimas golpea a un importante aliado de Jair y Flavio Bolsonaro

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El senador Ciro Nogueira se enfrenta a nuevas acusaciones de irregularidades relacionadas con Banco Master, un banco ya desaparecido que se encuentra en el centro de una extensa investigación por fraude. Según los investigadores, Nogueira utilizó su influencia para ayudar al ex director ejecutivo de Master, Daniel Vorcaro, a expandir el negocio del banco a cambio de sobornos y comisiones ilegales.

El caso contra Nogueira está suponiendo un riesgo para el candidato de derecha Flavio Bolsonaro, hijo mayor de Jair y principal rival de Lula en las elecciones presidenciales.

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En el turbulento Congreso brasileño, el senador Ciro Nogueira alcanzó un estatus casi intocable gracias a su habilidad para forjar alianzas políticas y cerrar tratos, mientras se defendía de las acusaciones de corrupción que han empañado su dilatada carrera. Ahora, nuevas acusaciones amenazan con hundirlo.

El jueves, las autoridades federales ejecutaron órdenes de registro e incautación contra Nogueira, convirtiéndolo en el funcionario electo de más alto perfil en enfrentar acusaciones de irregularidades relacionadas con Banco Master, un banco ahora desaparecido que se encuentra en el centro de una extensa investigación por fraude.

Según los investigadores, Nogueira, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Jair Bolsonaro, utilizó su influencia para ayudar al exdirector ejecutivo de Master, Daniel Vorcaro, a expandir el negocio del banco a cambio de sobornos y comisiones ilegales.

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El senador niega haber cometido irregularidades, «especialmente en sus actividades parlamentarias», según sus abogados. Sin embargo, la investigación formal contra Nogueira —quien ha sido objeto de meses de escrutinio por sus aparentes vínculos con Vorcaro— produjo un nuevo giro dramático en el escándalo que ya sacudía a la élite política brasileña de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Las revelaciones sobre los vínculos de Vorcaro con las altas esferas del sistema político del país han afectado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y sus opositores intentan canalizar la ira de los votantes por la corrupción, aunque el líder de izquierda no haya sido vinculado con Master.

El caso contra Nogueira, uno de los conservadores más prominentes del país, está suponiendo ahora un riesgo para el candidato de derecha Flavio Bolsonaro, hijo mayor de Jair y principal rival de Lula en la contienda.

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Flavio Bolsonaro calificó las acusaciones de «graves» en un comunicado emitido el jueves, y afirmó que respaldaba una investigación exhaustiva. Sin embargo, en privado, sus aliados en el Congreso han expresado su preocupación por las repercusiones políticas que podría tener la investigación en un año electoral, según una persona familiarizada con la situación, que solicitó el anonimato para hablar con libertad.

“Es una jugada que obliga a replantearse las cosas para todos los actores principales en el tablero de ajedrez de 2026”, dijo Marcio Coimbra, director de la firma de lobby Casa Política. “Nogueira es el principal nexo entre la base conservadora y la maquinaria legislativa pragmática”.

Durante sus más de tres décadas en Brasilia, Nogueira se ha labrado una reputación por su habilidad para forjar alianzas dentro de una legislatura fragmentada. Descendiente de una familia adinerada del estado costero de Piauí, este político de 57 años siguió los pasos de su padre en la política, sirviendo cuatro legislaturas en el Congreso antes de ser elegido senador en 2010.

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Nogueira es ahora el líder de Progresistas, un partido de centroderecha, y una figura representativa del Centrao, el bloque de legisladores ideológicamente fluido que desde hace tiempo está asociado con la política transaccional de Brasilia.

Sus lealtades han cambiado con frecuencia: tras apoyar a la protegida de Lula, la expresidenta Dilma Rousseff, votó a favor de su destitución en 2016. Apoyó alternativas más moderadas a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, antes de incorporarse finalmente a su gabinete. Desde entonces, Nogueira ha mantenido una estrecha relación con el expresidente y su influyente familia conservadora.

Según documentos judiciales publicados el jueves, la policía afirma que aprovechó su influencia para ayudar a Vorcaro, quien permanece encarcelado desde su segundo arresto en marzo, a cambio de «ventajas económicas indebidas».

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Según las autoridades, Nogueira recibía pagos mensuales recurrentes de hasta 500.000 reales (102.280 dólares) del banco, y también mencionó el préstamo de una propiedad de lujo, junto con beneficios como viajes internacionales, alojamiento y el uso de aviones privados.

También alegaron que el personal de Master redactó una enmienda propuesta por Nogueira en 2024 que habría cuadruplicado la cobertura del seguro de depósitos de Brasil a 1 millón de reales, un cambio constitucional que se consideró tan beneficioso para la entidad crediticia que llegó a conocerse como «la enmienda Master».

La propuesta, que nunca fue aprobada, habría sextuplicado el negocio de Master, lo que habría supuesto «una verdadera catástrofe en el mercado», según consta en los documentos judiciales.

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En los mensajes de texto revelados anteriormente en la investigación, Vorcaro describió a Nogueira como «un gran amigo», aunque el senador ha restado importancia a su relación.

Al ser consultado el viernes, el abogado de Nogueira calificó la acusación de pagos de «ridícula» y expresó su esperanza de que las autoridades levantaran las disposiciones de secreto bancario «para demostrar que el senador no recibió ningún tipo de compensación». El abogado afirmó que Nogueira nunca realizó un viaje pagado por Vorcaro o Master.

En una publicación en sus redes sociales, Nogueira describió el caso como un intento con motivaciones políticas para «manchar mi honor personal», calificándolo de «ataque malicioso e infundado».

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Los abogados de Nogueira anunciaron el lunes por la mañana que ya no lo representan en el caso, indicando en un comunicado que habían rescindido el acuerdo de mutuo acuerdo. Nogueira no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Nogueira ya se había enfrentado a acusaciones de corrupción anteriormente, pero salió ileso. En 2020, el fiscal general de Brasil lo acusó de recibir 7,3 millones de reales en pagos ilegales de la constructora Odebrecht —ahora conocida como Novonor—, la empresa que se encuentra en el centro del enorme escándalo de la Operación Lava Jato.

Nogueira negó las acusaciones. El caso llegó al Tribunal Supremo, pero no resultó en su condena.

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Pero los riesgos del caso Master van más allá del legislador de cabello canoso, cuya afición por el lujo a menudo lo ha convertido en objeto de intriga en la capital.

El escándalo de Master ya ha conllevado la detención de empleados del banco central y ha puesto bajo la lupa al Tribunal Supremo de Brasil por los aparentes vínculos entre varios magistrados y Vorcaro.

Eso ha contribuido a mermar la popularidad de Lula de cara a las elecciones, debido a la percepción de que el líder de izquierda, que pasó un tiempo en prisión por condenas por corrupción que posteriormente fueron anuladas, es ahora un estrecho aliado del tribunal supremo.

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La relación de Nogueira con el banquero puede ser incluso más notoria, mientras que sus vínculos con los Bolsonaro son más profundos que los que existen entre Lula y los magistrados que enfrentan preguntas sobre el escándalo.

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Chaotic car chase ends with ICE nabbing alleged foreign terrorist leader accused of holding wife captive

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

FIRST ON FOX: Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrested a Brazilian illegal immigrant, who authorities say previously served as the commander of two designated Foreign Terrorist Organizations, after allegedly attempting to flee a North Carolina traffic stop while preparing to escape to Mexico.

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Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, known as «Don,» was arrested June 5 in Mooresville, North Carolina, after allegedly leading law enforcement on a vehicle pursuit that ended in a crash before his arrest, according to a Department of Homeland Security press release obtained by Fox News Digital.

Federal authorities say Dell Aquilla was wanted in Brazil on charges of criminal association and extortion and had been preparing to leave the United States for Mexico.

Dell Aquilla previously served as a commander within the Primeiro Comando da Capital (PCC) and Comando Vermelho (CV), two Brazil-based criminal organizations that were recently designated Foreign Terrorist Organizations by the Trump administration, according to DHS.

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ICE ARRESTS ILLEGAL IMMIGRANT WITH ALLEGED TERROR TIES IN CALIFORNIA, ONE OF THE MOST WANTED MEN IN INDIA

ICE said they arrested Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, a Brazilian illegal immigrant and former commander of two foreign terrorist organizations, on June 5 in North Carolina. (DHS)

«This arrest demonstrates the unwavering commitment of HSI to protect our communities from dangerous international criminals,» Mark M. Zito, special agent in charge of HSI in North and South Carolina, said in an exclusive statement to Fox News Digital.

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«By removing a known leader of violent foreign terrorist organizations — wanted for serious crimes including criminal association and extortion — we have prevented further harm to innocent people here and abroad,» Zito said.

EXCLUSIVE: ICE NABS MULTIPLE CONVICTED KILLERS IN SINGLE DAY AMID NATIONWIDE IMMIGRATION SWEEP

ICE agents and federal law enforcement officers attending a meeting in a garage

ICE agents and other federal law enforcement officials attend a pre-enforcement meeting in Chicago, Illinois, on Jan. 26, 2025. (Christopher Dilts/Bloomberg via Getty Images)

Law enforcement intelligence indicated Dell Aquilla was holding his wife against her will as he plotted his escape to Mexico. Authorities said investigators later interviewed his wife, who confirmed she had been held against her will.

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Investigators said Dell Aquilla led authorities on a pursuit after officers initiated a traffic stop. The chase ended when he crashed into stopped traffic and allegedly attempted to flee on foot before being taken into custody.

A search of the vehicle resulted in the seizure of multiple cellphones, laptops, cash and a 9 mm handgun, according to DHS.

FIVE ANTI-ICE AGITATORS ARRESTED DURING CHAOTIC DELANEY HALL CONFRONTATIONS CAUGHT ON VIDEO

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DHS arrest

Authorities recovered multiple cell phones, laptops, cash and a 9 mm handgun from Dell Aquilla’s vehicle following his arrest. (DHS)

«Our agents, working alongside dedicated state and local law enforcement partners, acted swiftly and decisively to ensure this individual will no longer threaten the safety of our neighborhoods,» Zito said.

«HSI will continue to pursue those who endanger our communities and bring them to justice.»

Dell Aquilla was transported to a county jail and faces a state felony charge of fleeing to elude arrest. HSI is pursuing additional charges of kidnapping and being an alien in possession of a firearm, according to DHS. ICE has also lodged a detainer on him.

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Dell Aquilla illegally entered the United States «at an unknown date and location,» according to federal authorities.

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HSI Greensboro and HSI Charlotte worked alongside HSI New England, the Iredell County Sheriff’s Office and the Mooresville Police Department in the operation.

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Perú: ligera pero «segura» ventaja en el escrutinio para Keiko Fujimori

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Con el 98,30 % de las actas escrutadas, Keiko Fujimori reunía este lunes el 50,010 % de los votos frente al 49,990 % de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. Impulsada por sufragios de peruanos en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por unos 3.500 votos a Sánchez, de 57, con más de 18 millones de votos contabilizados.

El viernes, Roberto Sánchez propuso a Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el entorno de la candidata de derecha, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

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«La tendencia electoral se inclina hacia Fujimori», dijo a RFI Ricardo Alva, periodista de Radio Nacional del Perú. «Las tendencias de las que hablan los expertos en estadísticas señalan que todo apunta a que, cuando falte aproximadamente un pequeño porcentaje del conteo de votos, sea la candidata del partido derechista Fuerza Popular quien asuma el poder», dice.

Y agrega que «están solamente por contabilizarse actas que pertenecen en su mayoría a Lima, la capital. Pero sabemos que Lima es un bolsón importante para Keiko Fujimori», agrega.

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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Alva estima que este estrecho margen ilustra la crisis política que atraviesa Perú desde hace varios años.

«La clase política peruana está muy deteriorada. El hecho de que hayamos tenido ocho presidentes en diez años demuestra claramente que el nivel de los políticos no ha sido el mejor. Estamos atravesando la peor crisis porque a la crisis política se le suma el alto grado de corrupción en el que han estado y están involucrados numerosos partidos políticos, incluso llegando ahora también a formar parte de las economías ilegales, como la minería ilegal», dice.

Y sostiene que «ese es otro de los problemas, sumado al del crimen organizado que enfrenta el Perú y frente a los cuales el Congreso ha mirado un poco de reojo: no lo ha enfrentado de frente, sino que se han tomado medidas más contundentes para penalizar, para hacer más graves las penas. Pero no se ha trabajado directamente con acciones para combatir flagelos como el crimen organizado, el sicariato, la minería ilegal y la seguridad alimentaria, entre otros».

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El escrutinio está en su fase final, con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales. Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo podría conocerse en aproximadamente dos semanas, debido al tiempo requerido para revisar los recursos.

Otro aspecto de la crisis es la polarización del país, explica la periodista Adriana León, directora del área Libertades del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

País polarizado pero no como en Colombia

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«La diferencia es realmente muy estrecha, es casi un empate técnico. El resultado es un escenario muy complicado. Es polarizante, extremadamente polarizado. Pero no es un nivel de polarización como en Colombia, por ejemplo, donde hay dos candidatos de extremos cuyos votos suman más del 80 %. En cambio, acá en Perú tienes a dos candidatos que no llegan ni al 30 %. Esto pone de relieve el problema de la poca representatividad, lo cual le suma más gravedad e intensidad al escenario político que venimos viviendo desde hace diez años», señala.

Sesenta jurados electorales especiales deben dirimir, en primera instancia, la validez de miles de votos impugnados por los delegados de los partidos de cada candidato, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Consultada sobre un eventual gobierno de Fujimori, León considera que podría derivar en una deriva autoritaria y cita como ejemplo reciente la sanción a un juez.

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«En Perú acaban de sancionar a un juez, Richard Concepción Carhuancho, que fue el juez que la metió presa a Keiko, que luego fue liberada. Hoy lo han amonestado y lo han destituido permanentemente por haber sido filmado en un concierto y por haber cantado una canción en sus ratos libres», señala.

«Fujimori tiene mucho poder, tiene el control de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso, y ahora va a tener el Legislativo, va a tener la Presidencia. Entonces realmente tiene un control muy amplio. Tiene la Policía, las Fuerzas Armadas y también un sector de los medios», concluye.

El escrutinio ha ingresado a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días. Si bien forma parte del proceso habitual, en esta ocasión ha cobrado especial relevancia debido a la ajustada diferencia en el resultado.

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El proceso se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación: Castillo obtuvo el 50,12 % frente al 49,87 % de Fujimori.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década.

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Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

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FOTO DE ARCHIVO. Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, asiste a una ceremonia en el palacio presidencial de La Paz, Bolivia. March 13, 2020. REUTERS/David Mercado/File Photo

El Gobierno de Bolivia descartó realizar el pago retroactivo por cinco años de renta para expresidentes a la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020). A través de un comunicado público, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que no existe un respaldo legal para realizar el desembolso.

En la nota, esa cartera explica que el trámite para solicitar el pago vitalicio consiste en presentar una solicitud acompañada de una certificación emitida por el Ministerio de la Presidencia que acredite el periodo de ejercicio de sus funciones.

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Añez habría realizado solicitudes de certificación durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), sin lograr obtenerlas y, por lo tanto, no pudo presentar la solicitud del pago.

Recién el 12 de diciembre de 2026, cuando el presidente Rodrigo Paz llevaba un mes en funciones, lo hizo cumpliendo con los requisitos establecidos por ley. En ese sentido, el Gobierno emitió una resolución ministerial mediante la cual se autorizó el pago de la renta vitalicia.

juicio jeanine añez portada
Jeanine Añez estuvo encarcelada cuatro años por acusaciones de corrupción y sobre la forma en la que asumió el Gobierno. (Photo by DANIEL MIRANDA / AFP)

Posteriormente, el 6 de enero, la expresidenta solicitó desembolsos retroactivos. “Corresponde aclarar que el Ministerio de Economía no puede autorizar pagos retroactivos que no estén expresamente respaldados por la normativa vigente”, señala la nota en la que remarca que la Ley 376, que regula el beneficio, no contempla pagos por periodos anteriores a su reconocimiento.

“Este Gobierno reconoció y autorizó el beneficio que no fue otorgado durante la anterior administración, pero no existe respaldo legal para efectuar pagos por periodos que no fueron reconocidos ni habilitados conforme a ley”, señala el comunicado.

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En respuesta, la expresidenta manifestó que no está pidiendo un privilegio sino el cumplimiento de un derecho que le fue negado. “¿Debe una persona perder años de un derecho que le corresponde porque el Estado le impidió ejercerlo? Yo sostengo que no”, escribió en su cuenta de X en referencia a la imposibilidad de obtener antes los requisitos para el pago.

“No pido privilegios. Pido que se respete la ley y que se reconozcan plenamente los derechos que me corresponden como expresidenta constitucional de Bolivia”, escribió.

Añez, en el balcón presidencial, tras asumir la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019. REUTERS/Marco Bello
Añez, en el balcón presidencial, tras asumir la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019. REUTERS/Marco Bello

Añez asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) durante los convulsos días de noviembre de 2019. Morales, que intentaba asumir ilegalmente un cuarto mandato, huyó del país en medio de protestas sociales que exigían su renuncia y lo acusaban de haber cometido fraude electoral.

Con su dimisión cayeron también quienes lo seguían en la línea de sucesión constitucional: el vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.

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Añez, que hasta entonces había sido una senadora de bajo perfil por el departamento amazónico, ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. El 12 de noviembre, en una sesión sin quórum y cuestionada por el incumplimiento del reglamento interno, asumió la presidencia del Senado primero y la del Estado después.

Su mandato transitorio, que debía durar tres meses y solo convocar a elecciones, duró casi un año, debido a que la elección sufrió postergaciones por la pandemia de Covid-19.

Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales retornó al poder con la candidatura de su sucesor, el expresidente Luis Arce, se abrieron múltiples procesos judiciales contra Añez por la forma en la que asumió el Gobierno y por denuncias de corrupción. La exmandataria estuvo encarcelada cuatro años y recuperó su libertad en noviembre de 2025, cuando la Justicia resolvió anular una sentencia de diez años en su contra.

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