Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., revealed that she believes Congress should look to break up companies like Apple amid news that the tech giant might soon raise its prices on phones and laptops due to a strained processing chip supply chain.

«We need to break up a lot of these companies that are far, far too big and we need to be instituting consumer protections for people,» Ocasio-Cortez said.

Her statements reveal one of the many ways lawmakers are grappling with the realities of the AI race as companies feel the squeeze of global demand for processing power and as local communities wrestle with the costs of their use.

Like many other progressives, Ocasio-Cortez has advocated for a more government-led response, citing a distrust of corporate influence.

THE RISE OF AI: WHEN WILL CONGRESS REGULATE IT?

«The problem that we have is that these big companies think they are governments. They want to be governments. They want to have totally unchecked power,» Ocasio-Cortez said.

In recent weeks, Apple’s outgoing CEO Tim Cook signaled that the company might soon have no choice but to pass some of its climbing costs off to consumers.

«Unfortunately, price increases are unavoidable,» Cook said in a recent interview with the Wall Street Journal.

«We’re doing our best to mitigate the huge increases that are being passed to us, and we’ve been trying to shield our customers from the increases, but the situation has become unsustainable.»

For years, companies like Apple have dominated demand for the processing chip market, the part of a computer that acts as the brain of a device. These chips, which require highly sophisticated production, allow computers to perform calculations, process data and execute commands.

AI COMES WITH A HEFTY CHARGE. ARE YOU THE ONE WHO GETS STUCK WITH THE BILL?

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., walks down the House steps after a vote at the U.S. Capitol on April 23, 2026. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc)

Now that AI companies are also adding to demand, Apple finds itself competing for a dwindling supply of processors, driving the company’s costs up.

Beyond her views on the relationship between the government and business, Ocasio-Cortez said that she believes it’s time Congress re-visit ways it can mitigate costs of the AI-race that have climbed on a local level. In particular, she believes it’s time for lawmakers to address the energy strain of data centers.

When asked if she believed Congress should consider something beyond the Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act, President Joe Biden’s signature technology investment bill that became law in 2022, Ocasio-Cortez said she thought so.

«The CHIPS Act was passed before we saw this huge development in AI, so the CHIPS Act was really passed before data centers were a thing, so it wasn’t designed to anticipate the huge amount of supply that these centers are sucking up,» Ocasio-Cortez said.

IN 2026, ENERGY WAR’S NEW FRONT IS AI, AND US MUST WIN THAT BATTLE, API CHIEF SAYS

U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks to members of the media as she arrives for the last votes of the week at the U.S. Capitol Building on May 21, 2026 in Washington, DC. Ocasio-Cortez criticized the recently released DNC autopsy of the 2024 election’s timing and its exclusion of any mention of Gaza. (Andrew Harnik/Getty Images)

Among other provisions, the CHIP act included $11.2 billion to modernize the country’s energy grid, created clean energy innovation programs and included $39 billion in domestic semiconductor production incentives.

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The bill did not address the energy consumption strain caused by data centers.

«We are subsidizing a lot of these pieces of these AI data centers,» Ocasio-Cortez said.

Esta no es la primera transición de liderazgo en el Gobierno del Reino Unido, y es poco probable que sea la última. Sin embargo, hasta hace poco estos acontecimientos eran poco frecuentes. En los 80 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, solo ha habido 18 primeros ministros. El decimonoveno, que probablemente será Andy Burnham, se convertirá en el séptimo primer ministro desde 2010. Así pues, eso suma 12 primeros ministros en 65 años, y luego siete en los últimos 16 años.

Esto supone un problema, que se ve agravado por los motivos de su salida. Seis de los 12 primeros ministros hasta 2010 simplemente perdieron unas elecciones: Attlee, Home, Heath, Callaghan, Major y Brown. Otros tres dimitieron por motivos de salud: Churchill, Macmillan y Wilson. Y dos dimitieron a causa de escándalos: el de Suez y el “partygate”.

Así pues, de los 12 primeros ministros desde 1945 hasta 2010, solo Margaret Thatcher fue destituida por su partido por razones abiertamente políticas. Ni sus diputados de a pie ni su gabinete creían ya que pudiera ganar unas elecciones, y fue destituida sin miramientos en 1990. Ella lo describió como “una traición con una sonrisa en los labios”.

El periodo desde 2010 ha sido muy diferente. El sistema británico, famoso por tener la estabilidad del Gobierno como eje central, de repente empezó a desprenderse de primeros ministros como de abrigos de invierno en pleno verano. Solo uno —David Cameron— se marchó voluntariamente tras la derrota en el referéndum del Brexit. Sunak perdió unas elecciones, mientras que al resto se les destituyó bien por escándalos (Johnson y el “partygate”) o bien por motivos de política partidista (May, Truss y ahora Starmer).

Starmer es el primer primer ministro laborista en ser destituido a mitad de camino, sin haber llegado siquiera a la mitad de la legislatura. Al observar cómo se desarrollan los acontecimientos en Westminster, la emoción predominante para alguien que no esté versado en las maquinaciones del Gobierno británico sería el desconcierto. Starmer fue elegido hace menos de dos años con una mayoría histórica y goza de buena reputación en la escena internacional. No se marcha a raíz de un escándalo, sino que su poder simplemente se ha evaporado.

La destitución de Starmer es probablemente la más parecida a las de Margaret Thatcher o Tony Blair, con una diferencia crucial. La revuelta contra Thatcher parecía surgir desde abajo. Los conservadores estaban cada vez más preocupados por su propia supervivencia y por la orientación política del Gobierno, especialmente en lo relativo al tan odiado impuesto de capitación.

El desenlace de Blair fue diferente en el sentido de que partió de arriba y fue la culminación de la campaña de una década de Gordon Brown para hacerse con la presidencia del Gobierno. Blair anunció la fecha de su salida tras una “conspiración del restaurante de curry” orquestada, cuando, según se informa, algunos miembros de las filas inferiores del Partido Laborista planearon un golpe de Estado en un restaurante de Wolverhampton, que obviamente fue inspirado desde arriba.

Cuando la amenaza de Burnham se hizo realidad

La destitución de Starmer parece situarse a medio camino entre las de Thatcher y Blair. Se complicó por el hecho de que su principal protagonista, Andy Burnham, era una figura importante del Partido Laborista —el alcalde del Gran Mánchester—, pero no era diputado ni pertenecía a la élite del partido.

Hasta que Burnham se convirtió en diputado por Makerfield, solo representaba una amenaza limitada. Pero logró aprovechar algunas de las principales preocupaciones del Grupo Parlamentario Laborista (PLP) incluso antes de llegar al Parlamento. Estas preocupaciones generales se disfrazaban de diversas formas, pero en esencia se reducían a los mismos temores que tenían los diputados conservadores en 1990: el miedo al fracaso, es decir, a no ser reelegidos. También había una pérdida tanto de confianza como de competencia.

El PLP consideraba ahora que se había producido una serie de errores políticos, más que de fracasos, así como una incompetencia y una falta de visión que habían consolidado la pérdida de confianza. Y lo que es más importante, también se había producido una racha de resultados muy malos en las encuestas de opinión que culminó con los desastrosos resultados de las elecciones locales de mayo. Teniendo en cuenta todo esto —y el enorme éxito de Makerfield—, el tiempo de Starmer había llegado a su fin y había llegado el momento de Burnham.

Queda por ver si el cambio de líder supondrá un giro en la orientación política o si se tratará más de un cambio de tono que de fondo. Es posible que la política en sí misma no cambie mucho, pero el discurso que la acompaña sí podría hacerlo. Quizá Burnham sea capaz de conectar con los corazones de sus diputados de base y, de este modo, ganarse su respaldo para las decisiones impopulares que inevitablemente se avecinan, algo que Starmer no ha logrado con frecuencia.

Burnham tendrá que decidir rápidamente cómo lidiar con un PLP que, en un principio, se mostrará entusiasmado con la transición en el liderazgo porque cree que supone esperanza, éxito y continuidad tanto para ellos como para el país. Ese mismo PLP podría mostrarse menos unido a la hora de tomar decisiones difíciles. Se enfrenta a un PLP que ya ha saboreado la victoria al forzar cambios de rumbo en políticas como el subsidio de calefacción en invierno y la revocación de los recortes en las prestaciones sociales. Como antiguo whip, sé que los diputados de a pie que han saboreado la sangre contra su propio Gobierno son difíciles de controlar.

La paciencia de los diputados de a pie de hoy en día es escasa y limitada. Y lo que es más importante, la única virtud de la que realmente andan escasos los diputados de a pie es la gratitud, especialmente hacia el líder. El comentario de pasada del exministro conservador Chris Patten sobre la desaparición de Thatcher podría aplicarse igualmente a la de Starmer. Patten dijo: “Creo que todos sabemos que muchos cocodrilos tienen un pañuelo a mano”. Quizá los cocodrilos sean los que hoy vitorean a Burnham mientras se preparan para el mañana. Quizá siempre haya sido así.

Artículo publicado originalmente en The Conversation

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió durante el 2025 un total de 29,247 casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos, problemas en la prestación de servicios públicos y solicitudes de asesoría en diversos ámbitos que afectan la vida cotidiana de la población costarricense, según el Informe Anual de Labores.

El documento, correspondiente al período 2025-2026, fue entregado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, durante una sesión del plenario legislativo, donde expuso el comportamiento de las principales denuncias recibidas por la institución y los retos que enfrentan las entidades públicas para garantizar el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las cifras reflejan un crecimiento sostenido en la demanda de los servicios de la Defensoría. Durante el año anterior las intervenciones aumentaron un 5% en comparación con 2024 y un 9.29% respecto al 2023, lo que representa aproximadamente 1,400 solicitudes adicionales en relación con los años previos.

El informe evidencia que la mayoría de las personas que acudieron a la institución tienen edades comprendidas entre los 25 y 54 años, segmento que representa cerca del 60% de quienes solicitaron acompañamiento o presentaron denuncias. Asimismo, un 12.7% de las atenciones correspondió a personas adultas mayores.

Entre los derechos más reclamados por la ciudadanía, los asuntos relacionados con la salud ocuparon el primer lugar. Cerca del 20% de las intervenciones realizadas por la Defensoría estuvieron vinculadas con situaciones que afectan el acceso o la prestación de servicios sanitarios.

Este comportamiento mantiene a la atención en salud como uno de los principales focos de inconformidad ciudadana, en un contexto donde continúan registrándose quejas por listas de espera, acceso oportuno a consultas especializadas, medicamentos y otros servicios públicos esenciales.

El informe también identifica a las instituciones públicas que concentraron la mayor cantidad de intervenciones por parte de la Defensoría durante el 2025.

Encabezan la lista el Ministerio de Justicia y Paz, seguido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Defensoría explicó que estas intervenciones abarcan procesos de investigación, seguimiento, solicitudes de información, mediaciones y otras actuaciones orientadas a garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos.

Uno de los datos que más llamó la atención del informe corresponde al incremento de los reportes relacionados con hostigamiento sexual dentro de las instituciones públicas.

Mientras durante el 2024 la Defensoría registró 410 denuncias, en el 2025 esa cifra aumentó hasta 590 casos, lo que representa un crecimiento significativo en apenas un año.

La institución considera que este comportamiento merece una atención especial desde la perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.

El informe anual también dedica un apartado al trabajo realizado con los gobiernos locales.

Durante el 2025 la Defensoría intervino en 1,189 solicitudes relacionadas con municipalidades, principalmente por problemas vinculados con infraestructura pública, procedimientos administrativos, contaminación ambiental y limitaciones en el acceso al agua potable.

Las municipalidades que registraron la mayor cantidad de intervenciones fueron San José, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos, reflejando que una parte importante de las preocupaciones ciudadanas continúa concentrándose en la gestión de los gobiernos locales.

Más demanda de acompañamiento ciudadano

El crecimiento sostenido en las intervenciones refleja una mayor utilización de los mecanismos de protección que ofrece la Defensoría, pero también pone en evidencia los desafíos que aún enfrentan distintas instituciones públicas para garantizar una prestación eficiente de los servicios.

La institución recordó que su función consiste en supervisar el actuar de la administración pública, investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales y promover soluciones cuando se detectan irregularidades que afectan a la población.

Con casi 30.000 intervenciones registradas durante el último año, el informe muestra que la Defensoría continúa siendo uno de los principales canales utilizados por la ciudadanía para denunciar presuntas violaciones de derechos y buscar acompañamiento frente a problemas con entidades estatales.

Los resultados también evidencian áreas donde persisten retos importantes para la administración pública, especialmente en sectores sensibles como salud, justicia, educación, migración y atención social, así como en la prevención del hostigamiento sexual y el fortalecimiento de la gestión municipal.