Todos en la city porteña recuerdan la escena: Martín Redrado, atrincherado en su oficina de la calle San Martin, recibía a su esposa e hijos, que le llevaban comida y ropa para que pasara el fin de semana en su resistencia contra el kirchnerismo que quería obligarlo a renunciar. Era el verano de 2010 y Redrado se empeñaba en que Cristina Kirchner no tenía derecho a obligarlo a vender las reservas del Banco Central ni a echarlo de su cargo.

La épica de Redrado duró poco: lo suficiente como para que sus abogados le aseguraran que no tendría responsabilidad legal. Pero fue sustituido rápidamente y Cristina se hizo de las reservas.

La sucesora de Redrado, Mercedes Marcó del Pont, dijo que su primer día en el cargo vio con disgusto que en la entrada del edificio estaba escrito en grandes caracteres el artículo de la Carta Orgánica que disponía que la función primaria y fundamental del BCRA era «preservar el valor de la moneda», algo que consideraba una aberración de la política económica.

A partir de allí impulsó la reforma, que se aprobó por ley dos años después, donde se estableció que el Central debería «promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social». Una declaración con la que, en principio, nadie discrepaba, pero que se reveló como una hendija para que se generase una bomba inflacionaria.

El mecanismo llegó a su máxima expresión durante el gobierno de Alberto Fernández: el BCRA asistía al Tesoro con «adelantos transitorios» y con transferencia de ganancias contables. Así, el gobierno financiaba su déficit fiscal, y luego el propio BCRA reabsorbía la liquidez sobrante emitiendo letras -las famosas Leliqs- que crecieron a tal punto que, sólo por el pago de intereses, generaban un efecto de bola de nieve en la base monetaria. Hablando en plata, los pasivos del BCRA ascendían a $31,5 billones, más de cuatro veces la base monetaria.

Pero no sólo en gobiernos peronistas se violentó en Central: también durante el macrismo hubo injerencias del gobierno. Ya el primer mes, hubo presión para que se pusiera tope a un movimiento alcista del dólar. Y a los dos años, el jefe de gabinete, Marcos Peña, sentado al lado de Federico Sturzenegger -entonces presidente del BCRA- anunció el fin del régimen de metas de inflación.

Independencia estilo Caputo

Entre quienes más duramente criticaron esa falta de independencia del Central estuvo Javier Milei, quien durante la campaña electoral dijo que la institución era la culpable de la inflación crónica en Argentina, y que la mejor solución sería cerrarlo.

Pero sus promesas de reforma radical, eliminación del peso y sustitución por el dólar chocaron contra la realidad. Luis Caputo no estaba de acuerdo con la propuesta de Emilio Ocampo, que terminó renunciando, mientras el nuevo ministro impusaba otro plan.

Un plan, por cierto, en las antípodas de lo que Milei había propuesto. De hecho, pocas veces se ha visto un Banco Central tan poco independiente del ministerio de Economía. No solamente el presidente, Santiago Bausili, era socio del ministro en la consultora Anker, sino que Caputo ni siquiera disimula que él es quien da las indicaciones sobre qué debe hacer el BCRA.

En varios discursos y entrevistas habló sobre temas del Central -como la compra de reservas, la suba de tasas, la modificación de encajes bancarios, lo acuerdos de swap de monedas- como si fueran asuntos de su propio ámbito de decisión.

¿La «maquinita» maquillada?

En la gestión libertaria, tampoco cambió una de las prácticas más criticadas al BCRA peronista: la transferencia al Tesoro de «utilidades» que eran reales sino sólo contables, por efecto de la inflación. Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el «clavo» de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.

Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese «activo».

Como el propio ministro Toto Caputo reconoció en su comunicado, las letras intransferibles son, en realidad, un activo ilíquido y sin valor de mercado, que el BCRA había sido forzado a recibir, a cambio de dólares, que son un activo líquido y valioso.

Los economistas críticos hablaron de «maquillaje contable» y de un regreso de la «maquinita de emitir pesos». Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.

Primera reacción: pesimismo

Con semejantes antecedentes, resultó inevitable que se levantaran voces de escepticismo ante el anuncio de Milei sobre un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del BCRA y dotarlo de autonomía.

El argumento de los pesimistas es que la Carta Orgánica ha sido ignorada o malinterpretada varias veces, sin que ningún funcionario haya respondido en el plano político ni en el judicial.

«Lamentablemente la carta orgánica del BCRA no significa nada, para bien o para mal. El peronismo destruirá la moneda apenas pueda: es por eso que nadie quiere ni querrá pesos», apunta Marcos Falcone, economista de la Ucema.

Y, en ese sentido, varios analistas destacaron que la historia ya demostró que el marco legal del Central es fácilmente modificable, y que no tiene un blindaje jurídico real. Por caso, Nicolás Cachanosky recordó que la Carta Orgánica ya fue modificada en 1946, 1957, 1992 y 2012. «El problema es que no le ata las manos al gobierno», apunta.

Y sostiene que ni siquiera una autonomía establecida por la constitución -algo sugerido por varios analistas- sería una garantía. Más bien al contrario, advierte que un conflicto que tuviera en el centro al BCRA en esa situación donde deba intervenir la Corte Suprema podría ser más dañina que si el tema se tratara en las cortes.

En definitiva, lo que destacan los escépticos es que el problema con el Central nunca fue la Carta Orgánica, sino la facilidad con la que la clase política puede violentar a esa institución y verla como una «caja» de recursos fiscales.

«El fin de la convertibilidad demostró que al cambiar la composición del Congreso, pueden revertir cualquier ley, y la Corte Suprema no ha dado indicios de proteger el derecho de propiedad», afirmó Agustín Etchebarne, uno de los economistas más afines al gobierno. Desde su punto de vista, lo único que dará garantía sobre que se terminará la «maquinita» será la dolarización.

Mirando el caso peruano

En el debate resulta inevitable la referencia al modelo que ha sido observado y elogiado en los últimos años, el del Banco de Reserva del Perú, que se las arregló para mantener una llamativa estabilidad financiera en un país donde la norma es la inestabilidad política, en donde es casi imposible que un presidente termine su mandato en tiempo y forma. De hecho, Keiko Fujimori será la novena mandataria en una década.

Mientras en Argentina el gobierno celebra que el índice de riesgo país cayó al entorno de 440 puntos, en Perú hace años que el spread de deuda está alrededor de 120 puntos. Y en marzo pasado salió a buscar deuda en el mercado internacional, con un bono denominado en moneda nacional, por el equivalente a u$s2.000 millones. La tasa de interés fue 6,85% en soles.

En el Banco Central peruano hay reservas por u$s98.000 millones, equivalente a un 36% del PBI, una notable diferencia con el BCRA, cuyas reservas brutas no llegan al 6% del PBI. Muchos atribuyen ese hecho a que, en contraste con la alta rotatividad de los presidentes, en el Banco Central peruano hace 19 años que está la misma persona al mando, el economista Julio Velarde, quien varias veces ha sido invitado a disertar en Argentina.

Velarde, que conoció como funcionario los tiempos hiperinflacionarios de fines de los años 80, se fijó una estricta disciplina monetaria, con metas de inflación, y una independencia total de la tesorería. Por la carta orgánica, no puede endeudarse ni asistir financieramente al gobierno en caso de problemas fiscales. El punto de inflexión para la independencia del Banco Central llegó en un contexto político especial, tras el autogolpe de Estado hecho en la década de los ’90 por Alberto Fujimori, que disolvió el parlamento y puso en práctica una nueva constitución.

Como resultado de esta situación, Perú cerró el 2025 con una inflación anual de 1,5%, la menor en ocho años. El peor año de su gestión fue el 2022, cuando el IPC dio 8,4%. En cuanto al plano cambiario, la moneda se ha robustecido frente al dólar, desde una paridad de 4,11 soles por dólar en 2021 hasta un nivel actual de 3,40 soles.

¿Un modelo adaptable a Argentina?

Sin embargo, no todos ven que el «modelo peruano» sea la panacea, ni mucho menos que sea replicable en Argentina. Entre quienes hacen esa advertencia se destaca nada menos que Emilio Ocampo, que insiste con la dolarización a ultranza.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la fortaleza del Banco Central peruano no ocurre «a pesar de» la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

«La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables», afirma.

En todo caso, lo que queda en evidencia es que el tratamiento parlamentario por la nueva Carta Orgánica del BCRA promete ser entretenida: para empezar, les dará argumento como para intercambiar acusaciones a todas las bancadas del Congreso. Y, sobre todo, se verá qué tan confiable resulta la reforma para el gobierno, y si los partidarios de la dolarizacion vuelven a ganar fuerza en el debate.

La reciente Carta Encíclica Papal del santo padre León XIV (Magnifica Humanitas), fechada en Roma el día 15 de mayo de 2026 y titulada “La custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial”, sirve como puntapié para traer a debate en Argentina un tema de máxima actualidad a nivel mundial: la mirada de un país frente a la inteligencia artificial como tecnología transformadora dentro de una economía digital en la que, la persona humana, ocupa múltiples y antagónicos roles (de proveedor de tecnología versus usuario de tecnología).

La Encíclica grafica –de manera bíblica– cómo el desarrollo tecnológico podría traer progreso, o por el contrario, daño a la humanidad. Y para ello, sitúa del lado de la imagen de la torre de Babel a la deshumanización, y del lado de la reconstrucción de Jerusalén a la humanización. No propicia la elección entre un ‘sí’ o un ‘no’ respecto del uso de la tecnología sino, por el contrario, plantea la discusión entre construir Babel o Jerusalén al momento de discernir sobre cómo vivir con responsabilidad en la era de la inteligencia artificial (IA).

Las inquietudes más relevantes que creo plantea la encíclica sobre la inteligencia artificial son: a) la IA está más “cultivada” que “construida”; b) la IA no debe equipararse a la “inteligencia humana” ya que no vive una experiencia, ni percibe dolor ni tampoco siente alegría; c) la IA no tiene una conciencia moral; d) la IA nunca es un hecho puramente técnico; e) la IA no es moralmente neutra; f) es necesario delimitar la responsabilidad de quienes intervienen en todas las etapas; y g) es preciso identificar quién debe “rendir cuentas” de las decisiones, así como motivarlas, controlarlas y cuestionarlas, y remediar los daños que deriven de ellas.

Ahora bien, uno de los retos que desde el punto de vista regulatorio plantea la encíclica es la necesidad de adoptar instrumentos normativos adecuados capaces de salvaguardar la justicia y que permitan contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. En este punto surge el interrogante sobre qué postura podría la Argentina adoptar, en función de la recomendación papal, ya que actualmente estamos ante un vacío legal en materia regulatoria por no existir una ley nacional sobre Inteligencia Artificial (más allá de la existencia de la Disposición n.º 2/2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros denominada “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, la que tiene carácter de soft law).

Ahora bien, limitar el debate a la mera necesidad de sancionar una ley nacional sería quedarnos en la superficie de la advertencia papal. El desafío de construir “Jerusalén” en lugar de “Babel” exige ir un paso más allá de la técnica jurídica y plantear una pregunta que cala hondo en la organización misma del Estado: ¿puede la estructura institucional actual afrontar los desafíos que plantea la IA?

En sintonía con las inquietudes de la encíclica, la Unión Europea adoptó un marco jurídico uniforme para sus Estados miembros: el Reglamento de Inteligencia Artificial (UE) 2024/1689. Su premisa rectora es promover la adopción de sistemas de inteligencia artificial que se centren prioritariamente en el ser humano, que resulten fiables y que, por sobre todas las cosas, garanticen la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Para lograrlo, el Reglamento estructura las obligaciones en función de cuatro niveles de riesgo —inaceptable, alto, limitado y mínimo—, de modo que las exigencias legales se endurecen a medida que aumenta el peligro potencial del sistema.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿es realmente eficaz regular la Inteligencia Artificial basándose en una categorización estática del riesgo? Para abordar este interrogante resulta sumamente ilustrativo recurrir a Friedrich Hayek. El Premio Nobel de Economía revolucionó la teoría institucional al advertir sobre el problema del “conocimiento disperso”: los legisladores no poseen, ni pueden concentrar, la infinidad de información y variables que se generan dinámicamente en la sociedad como para realizar un cálculo ético y regulatorio eficiente sobre lo que está bien y lo que está mal.

Si extrapolamos este postulado a la complejidad de la Inteligencia Artificial, la limitación del Estado se hace aún más evidente. La realidad es que ningún organismo centralizado puede asegurar que una etiqueta estática como “alto riesgo” se condiga de manera invariable con la amenaza real del sistema, la cual muta según el contexto específico en el que se aplique.

Sin lugar a dudas, el foco del Reglamento está basado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, un enfoque que se alinea en definitiva con las recomendaciones humanistas de la encíclica. Sin embargo, surgen dilemas operativos insoslayables: ¿cómo garantizar el cumplimiento simultáneo de todos los derechos de la Carta en cada sistema de IA? ¿Cómo ponderar o hacer un cálculo ético, por ejemplo, entre el derecho a la vida y la protección de datos personales? Estas complejas encrucijadas son las que configuran el núcleo de lo que hoy conocemos como la ética de la IA.

La recomendación papal de adoptar instrumentos normativos adecuados junto con las premisas europeas, podrían resultar sumamente orientativas –en materia de adopción regulatoria para Argentina– a efectos de hacer efectiva la protección de la dignidad humana frente a la revolución de las infraestructuras digitales. En concreto, una de las medidas preventivas papales que se propone, sería la clara asignación de las responsabilidades que tendrá cada uno de los actores que intervienen en todo el proceso de desarrollo de un sistema de IA, lo que se traduce en: lograr identificar quiénes deberán rendir cuentas, y quiénes tendrán que remediar un daño cuando el mismo se ha producido por distintos factores (por ejemplo, cuando existe un error en el funcionamiento del sistema lo que provoca un output equivocado, defectos en el diseño del algoritmo, sesgos discriminatorios, comportamientos autónomos no previstos combinado con el uso de cajas negras, brindar información falsa, uso incorrecto del operador, delegación total en el sistema, fallas de ciberseguridad, etc.).

Identificar a los responsables y reparar los daños causados por estas tecnologías exige, sin embargo, desentrañar una complejidad técnica que desafía las capacidades del derecho tradicional. Dentro del campo de la IA, en una relación de género a especie, encontramos el aprendizaje automático o Machine Learning (ML) —con sus métodos supervisados, no supervisados y por refuerzo— y, en su núcleo más complejo, el aprendizaje profundo o Deep Learning (DL). Este último utiliza redes neuronales profundas que operan bajo el fenómeno de las “cajas negras” (Cfr. Alfonso Delgado de Molina Rius).

Como sostiene calificada doctrina local, comprender la distinción entre ML y DL es crucial, ya que la naturaleza de las cajas negras dinamita la posibilidad de dar una trazabilidad absoluta al proceso que genera un resultado, volviendo la tarea de “rendir cuentas” un verdadero laberinto técnico (Cfr. Corvalán, Nanclares, Díaz Dávila, Simari). Esta opacidad algorítmica nos devuelve inevitablemente a la advertencia de Hayek: si los operadores y diseñadores se enfrentan a un proceso que no pueden auditar enteramente en tiempo real, el legislador centralizado queda completamente a ciegas, desprovisto del conocimiento necesario para dictar una regulación estática y eficaz.

Sin lugar a dudas, el desafío que enfrenta la Argentina para garantizar un uso ético de la IA radica en no caer en la trampa de los catálogos estáticos de riesgo que ya criticamos, sino en combinar de forma armónica dos pilares esenciales: por un lado, el compromiso de diseñar marcos jurídicos adaptables y dinámicos y, por el otro, el compromiso indeclinable de una supervisión humana y profesional continua desde el diseño inicial del sistema hasta su puesta en marcha.

Para ello, calificada doctrina extranjera (Elen Irazabal Arana) advierte la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios de profesionales (tales como Head of Data, Data Scientists, Data Engineers, Data Architects, Data Visualization Specialists y Lawyers). Esta aproximación es, fundamentalmente, la respuesta institucional y práctica a la tesis de Friedrich Hayek en su célebre ensayo “The Use of Knowledge in Society” (El uso del conocimiento en la sociedad). Si el regulador centralizado es incapaz de encasillar el riesgo real de un algoritmo debido a la opacidad de las cajas negras, la solución no es una etiqueta legislativa fija, sino el aprovechamiento del conocimiento disperso y especializado de estos expertos, quienes deben intervenir tanto en la fase de desarrollo del plan y creación del modelo, como en el seguimiento continuo del proyecto.

El desarrollo de la IA no tiene por qué enfrentar la regulación con la innovación. En el escenario global contemporáneo, las reglas claras, la previsibilidad y los marcos jurídicos competitivos no ahuyentan el capital; al contrario, atraen la inversión de calidad. La seguridad jurídica genera una doble ventaja: protege a la persona frente a la incertidumbre de un sistema tecnológico que el propio Estado no puede predecir y, simultáneamente, le ofrece al inversor el terreno firme que toda decisión de largo plazo necesita. Un marco enfocado en la gobernanza dinámica y la responsabilidad profesional no es, entonces, un freno al progreso, sino la única vía para poner la innovación al servicio de la dignidad humana. Es, en definitiva, la herramienta institucional para asegurar que el desarrollo tecnológico en nuestro país sea el andamiaje de nuestra propia Jerusalén, y nunca los cimientos de una nueva Babel.

El autor es abogado, LLM –Master of Laws– y especialista en Derecho Empresario, Nuevas Tecnologías y Finanzas

La economía muestra señales de recuperación en el agregado: según estimaciones preliminares del Indec, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, este repunte coexiste con un consumo masivo y ventas minoristas que continúan debilitados, lo que genera una recuperación “en K” o heterogénea.

La inversión privada bruta (medida a través de la formación bruta de capital fijo) cayó un 11,6% interanual en el mismo período, según el mismo organismo, mientras la mora en el crédito a familias se mantuvo en niveles elevados.

Los datos privados de consultoras especializadas confirman el contraste. Según la consultora Scentia, el consumo masivo acumuló una caída del 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026. En abril, la contracción fue del 3,8% interanual (y del 4,7% mensual), con los supermercados liderando las bajas (4,5% interanual y un acumulado de 5,2% en el cuatrimestre). Canales como autoservicios independientes y mayoristas también registraron retrocesos. Otros indicadores, como el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP), mostraron una baja interanual del 2,2% en mayo y un acumulado negativo del 1,8% en lo que va del año.

Esta debilidad del consumo de bienes básicos contrasta con un consumo privado agregado que, según las cuentas nacionales, mostró mayor resiliencia, impulsado por bienes durables, importados y financiados con crédito.

La explicación central radica en la caída de la inversión: la formación bruta de capital fijo representa un motor clave del empleo y los ingresos permanentes. Su contracción del 11,6% en el primer trimestre limitó la generación de puestos de trabajo de calidad y la expansión de la capacidad productiva, lo que afectó directamente el poder de compra de los hogares de ingresos medios y bajos.

A esto se suma la elevada mora crediticia. Según el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad en los créditos a personas físicas alcanzó niveles récord en los primeros meses de 2026 y llegó a 11,5% (casi triplicó el registro de un año atrás, que rondaba el 3%). Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraron los mayores incumplimientos. Esta situación restringió el acceso al financiamiento para el consumo y la inversión de las familias, lo que perpetuó un círculo vicioso de bajo gasto y cautela.

El panorama no es enteramente negativo. La inflación continuó su tendencia a la baja. En mayo de 2026, el IPC registró un alza mensual del 2,1%, con un acumulado del año del 14,7% y una variación interanual del 33,2%, según el Indec. Las expectativas de mercado (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) apuntaron a una continuidad de la desaceleración, y con la posibilidad de perforar el umbral del 2% mensual.

En simultáneo, los salarios nominales mostraron incrementos significativos. El índice de salarios del Indec registró subas mensuales del orden del 3,4-3,7% en los primeros meses de 2026 y variaciones interanuales superiores al 36%. Con la inflación desacelerándose, los salarios reales comenzaron a mostrar señales de recuperación, o al menos de menor erosión, en los últimos períodos. Eso sentó las bases para un repunte gradual del poder adquisitivo si esta tendencia se consolida.

Para que el crecimiento del PBI se traduzca en un consumo masivo más dinámico y sostenido, se requieren acciones en varios frentes interrelacionados:

1. Consolidación de la desinflación y recuperación real de los salarios: la baja de la inflación es condición necesaria, pero no suficiente. Se necesita que los ingresos laborales (especialmente en sectores formales y de menor calificación) ganen terreno de manera sostenida frente a los precios. Esto implica mantener la disciplina fiscal y monetaria para anclar expectativas y evitar reversiones.
2. Reactivación de la inversión privada como motor de empleo e ingresos: la caída de la formación bruta de capital fijo es el principal lastre. Para revertirla se requieren incentivos claros: reducción de la carga impositiva (especialmente distorsiva), desregulación de trámites y sectores clave, y estabilidad macroeconómica (equilibrio fiscal primario sostenido, política monetaria creíble y tipo de cambio predecible). La inversión genera empleo directo e indirecto, eleva la productividad y expande la base de ingresos permanentes que sustentan el consumo.
3. Normalización del crédito al consumo: la alta mora (récord en más de 20 años para las familias) limita el apalancamiento sano del gasto. Una combinación de crecimiento económico, mayor confianza institucional y eventuales mecanismos de reestructuración ordenada podría reducir los niveles de irregularidad, lo que liberaría capacidad de endeudamiento productivo sin generar burbujas.
4. Reducción de la incertidumbre electoral y construcción de consensos institucionales: Argentina enfrenta un período de transición de aproximadamente 18 meses hasta las próximas elecciones presidenciales. Esta ventana genera cautela en decisiones de inversión y consumo de mediano plazo. El desafío central es transformar este “puente” en una oportunidad para consolidar reglas de juego estables que trasciendan a un solo gobierno.

El objetivo deseable es escapar del péndulo histórico de cambios abruptos de signo político que erosionan la confianza. Esto requiere consensos básicos transversales sobre:

• Orden fiscal (superávit primario estructural y deuda sostenible)
• Estabilidad monetaria y cambiaria (con reglas claras que minimicen la volatilidad)
• Reducción sostenida de impuestos y regulaciones excesivas que desalientan la formalidad y la inversión
• Incentivos explícitos a la inversión privada (seguridad jurídica, protección de derechos de propiedad y apertura selectiva)

Estos pilares permitirían atraer capitales de largo plazo, elevar la productividad y generar un círculo virtuoso en el que el crecimiento se distribuya más ampliamente hacia el consumo masivo. Sin ellos, el riesgo es que la recuperación siga siendo parcial, concentrada en sectores específicos y vulnerable a shocks.

En síntesis, el consumo doméstico necesita más que una baja de la inflación: requiere inversión que genere empleos de calidad, crédito accesible y, fundamentalmente, un marco institucional que reduzca la incertidumbre y privilegie la continuidad de políticas de Estado básicas.

Los próximos meses serán clave para avanzar en reformas que transformen el actual crecimiento macro en bienestar microeconómico tangible para la mayoría de los hogares. La evidencia histórica y comparada muestra que los países que lograron escapes sostenidos de ciclos de inestabilidad combinaron estabilización macro con instituciones creíbles y consensos mínimos que perduran más allá de los ciclos electorales.

Argentina tiene la oportunidad de construir ese puente hacia una senda de mayor previsibilidad y desarrollo inclusivo.

El autor es Analista Económico y director de la Consultora Focus Market