POLITICA
Círculo rojo: definiciones electorales después del Mundial y decisiones más urgentes en el universo Milei

El viernes, antes de volver a Estados Unidos, Dante Gebel tenía previsto reunirse con el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pero la entrevista se suspendió por cuestiones de agenda. Sería el último de una larga ronda de encuentros del influencer evangélico con el círculo rojo que, en menos de una semana, incluyó a parte de la cúpula de la CGT y el sindicalismo, a intendentes y gobernadores como Martín Llaryora, y a dirigentes y empresarios de primerísima línea interesados en conocer sus planes. “Fueron reuniones de Primera A”, sintetizó una fuente.
Gebel es el candidato, o el experimento, de un sector del círculo rojo en el que conviven el movimiento obrero, algunos ex dirigentes libertarios como el legislador Eugenio Casielles, que conserva una vieja amistad con Santiago Caputo, y ex funcionarios del PRO. Quién más propicia ese ensayo es todavía un misterio, pero la lista de curiosos es larga: hasta Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, intercedió ante la dirigencia del club Lanús para conseguir el microestadio que se utilizó el mes pasado para el lanzamiento de Consolidación Argentina, el espacio que promueve su postulación.
Según el propio empresario, con una fortuna envidiable y millones de seguidores en sus canales de difusión, “a Gebel lo financia Gebel”. Suficiente, dice, para costear aviones privados y la comitiva nutrida con la que se movió en estos días por Buenos Aires. Difícil creerlo. A esa incógnita se le suma una aún más importante para quienes impulsan su postulación presidencial: ¿Hay espacio para otro outsider?
Cuando llegó a la Presidencia, Javier Milei lo hizo de manera inteligente: se movió como un ciudadano común acompañado por una hermana sencilla e inexperta en aviones de línea, donó la dieta de diputado, articuló un discurso eficaz en contra de los privilegios de la “casta política”, prometió un ajuste feroz de un Estado incapaz de dar respuestas y disimuló el financiamiento opaco, y el acompañamiento, de una parte del sistema que lo apuntaló para dividir a la oferta opositora de aquel entonces. Un dirigente experimentadísimo suele decir que la política electoral está compuesta por dos instancias: “Saber ganar elecciones y elegir con quién perderlas”. “Si en el 2023 ganaba Patricia (Bullrich), tal vez varios estábamos fumando en Marcos Paz”, ejemplificó ese dirigente.

Para Gebel, ese discurso es mucho más confuso. No se trata de un posible candidato anti-sistema, más bien todo lo contrario: no hay dudas por sus impulsores. “Necesita que no lo confundan con un político”, aseguraron colaboradores. Algo así repitió el lunes, en la reunión con el sindicalismo. Pero más allá de los promotores, la aparición estelar del presentador, que, sin ningún plan ni definiciones concretas, agitó esta semana la conversación pública en Buenos Aires, exhibe el desconcierto y la preocupación de parte del establishment que no tiene claro qué pasará el próximo año si se dilata la recuperación de la economía real, castigada en actividad, en sectores dinamizadores del consumo. “El clima es de preocupación: si esto sigue así, no está claro el 2027″, deslizó una fuente calificada del círculo rojo que testeó el humor del sistema en la cena del pasado lunes de CIPPEC, el think tank que ahora lidera Luciano Laspina y que reunió a una interesantísima concurrencia multipartidaria.
No es casual, en ese sentido, que se haya publicitado esta semana la comida que compartieron varias semanas atrás el empresario Paolo Rocca, enfrentado duramente al gobierno, y Mauricio Macri, igual de disgustado con la Casa Rosada por lo que considera un trato descortés del oficialismo con el PRO. En esa comida, a la que el ex presidente llegó acompañado por Fernando de Andreis y Dario Nieto, se habló de la “necesidad” de planificar una alternativa “racional” a Milei. “¿Qué quiere Rocca? Que Mauricio sea candidato, jeje”, respondió uno de los comensales a la consulta de este medio. Cerca de Macri dicen que hoy no está en sus planes. Tiene lógica: no existe, al menos por ahora, ni una sola encuesta que lo entusiasme. Sin embargo, aportan un dato: su ex pareja, Juliana Awada, era una de las que más lo disuadía de ese proyecto. Fuentes del holding empresario abundaron en que, en el listado de potenciales experimentos, se le hizo llegar a Bullrich un mensaje para averiguar sus planes a futuro.

En ese contexto tan inquietante, el Mundial de fútbol de junio-julio aparece en el horizonte como un parteaguas. El probable punto de partida de una serie de movimientos que deberían empezar a delinear el escenario electoral del 2027. Así lo definió, por ejemplo, el influencer evangélico: dijo que, una vez finalizado el campeonato mundial, volvería a volar a la Argentina para tomar una definición. Una decisión similar se espera, para ese momento, en torno a Jorge Brito, el banquero y expresidente de River que, en privado, se mostró abierto a diferentes propuestas. Es otro de los ensayos electorales de un sector del sistema político, en particular del PJ, que le pide mayor amplitud y un corrimiento hacia el centro al gobernador Axel Kicillof. Algunos de ellos estarán el próximo viernes 1 de mayo en Parque Norte, un evento del peronismo tradicional que aglutinará a legisladores, ex dirigentes y ex funcionarios. Auguran buena convocatoria. Y un objetivo: intentar emprender un proceso de “descamporización”.
Definiciones post mundialistas. A esa acumulación de incertezas en materia de oferta electoral se le agregó esta semana otro ingrediente: la incertidumbre en torno a si habrá o no elecciones primarias el próximo año, una instancia ordenadora, tras el envío del Gobierno del proyecto de reforma política que contempla, entre otras modificaciones, la eliminación de las PASO.
El gobierno no tiene el número para avanzar en esa dirección: se necesitan mayorías especiales, y buena parte de los aliados ya manifestaron, en público y en privado, el rechazo a ese cambio. Por ejemplo, en el PRO: puertas adentro se fijó, al menos por ahora, un posicionamiento favorable a mantener las primarias. El apuro de la Casa Rosada en el despacho de esa iniciativa al Senado evidenció la necesidad del gobierno por recuperar la conversación pública, enfocada en las desprolijidades de Manuel Adorni, las internas libertarias y los datos desalentadores de la economía real.
En el Ejecutivo saben que cualquier definición tendrá lugar después de la Copa del Mundo. En algunos despachos de Casa Rosada se empezó a analizar incluso la opción de explorar un plan B: o la suspensión de las primarias o bien la posibilidad de convertir las PASO en PAS. Es decir, quitar la obligatoriedad.
A Milei no es un rubro que lo desvele, más allá de la batería de posteos que le dedicó al tema esta semana, en medio de un vendaval de publicaciones que incluyó, en un altísimo porcentaje, ataques a la prensa. Sí es un área que despierta un creciente interés en su hermana Karina, que tiene la exclusividad de la estrategia política desde que le ganó la pulseada a Santiago Caputo.

Esa relación está deteriorada por completo. No tiene vuelta atrás. Allegados muy cercanos al consultor le llegaron a plantear últimamente si no era conveniente abandonar el gobierno, un paso que el asesor presidencial no está dispuesto a dar, no solo por los resortes del poder que están bajo su administración, sino porque está convencido del daño que supondría ese movimiento, que le propinaría, al Presidente, una inestabilidad política aún mayor a la actual. Fuentes cercanas al consultor insistieron, además, en los vínculos de esa ala del gobierno con sectores ligados a la administración republicana de Donald Trump. A propósito, hay una enorme preocupación puertas adentro del gobierno por la suerte de la licitación de la hidrovía, que esta semana abrió su segundo sobre y que desde hace poco tiempo es seguida con lupa por el Departamento de Estado de Trump.
Peter Thiel, el magnate fundador de Palantir y PayPal, uno de los referentes del capitalismo digital que cuestiona el sistema democrático, visitó esta semana al presidente en Casa Rosada, pero antes mantuvo un encuentro privado con el consultor y uno de sus asesores. El viaje de Thiel despertó sospechas sobre la posible provisión de servicios al gobierno. Trascendió que se había pedido una audiencia con autoridades del Ministerio de Seguridad, una información que no fue corroborada.
En Estados Unidos, el vínculo de esos mega millonarios que controlan el negocio digital con el poder político es materia de análisis profuso y controversias en el establishment empresarial y mediático. Y se relaciona con el financiamiento partidario: según la información pública, en las elecciones norteamericanas del 2024, cien de los principales aportantes a las campañas desembolsaron USD2.600 millones, más del doble que las elecciones de cuatro años atrás. La Corte Suprema norteamericana había eliminado los límites al financiamiento político en épocas electorales. En paralelo a la eliminación de las PASO y el intento por reinstaurar el proyecto de Ficha Limpia, el gobierno introdujo en la reforma política un aumento del 2% al 35% como tope a las personas jurídicas y físicas en el financiamiento de un candidato. Es un rubro que estuvo históricamente a cargo de la Hermanísima, pero que también sedujo a Caputo a través de la fundación Faro.
Más allá del financiamiento, un rubro mucho menos relevante cuando se tiene el monopolio del Estado, la hermana del Presidente ya empezó a diseñar la estrategia electoral. Principalmente, elevó un pedido a los gobernadores aliados para unifiquen los calendarios provinciales con el nacional. Un encargo que, por ahora, nadie puede asegurar.

Será, en todo caso, una definición que, como el resto, se empezará a decidir a partir del segundo semestre, cuando se acabe la fiebre mundialista. Un parteaguas también para Kicillof, que administra una catarata de tensiones internas: desde su relación con Cristina y Máximo Kirchner, que el viernes se ausentó en la asunción del gobernador en el PJ bonaerense para participar de una recorrida por Santa Fe -“lo tenía previsto desde hace tiempo, y está recorriendo el país”, lo excusaron-, a los reclamos de mayor autonomía y la solicitud de los intendentes, que necesitan asegurar sus territorios. La falta de consenso interno abarca todos los campos: desde el terreno social, con choques por el pedido de implementación de la emergencia alimentaria, hasta el judicial. Aún no se pusieron de acuerdo en la integración de la Corte Suprema provincial, que tiene cuatro vacantes: como en el palacio nacional de la calle Talcahuano, funciona con tres. Sergio Torres, su presidente, no está disgustado con la actual nómina como tampoco lo está Horacio Rosatti. De esas cuatro vacantes, una la reclama el gobernador, otra La Cámpora, una tercera el massismo y recién quedaría una cuarta para la oposición, en este caso para LLA. Pero sin los votos del PRO y la UCR no hay negociación posible.
En ese contexto de turbulencia partidaria, toma cada vez más temperatura la chance de que el gobernador adelante el calendario provincial para los primeros meses del 2027. Va a depender, en parte, de la decisión en torno a si habrá o no PASO. Si eso ocurre, la campaña podría empezar a partir del segundo semestre. Y comenzaría una interesante disputa por la sucesión bonaerense, que ya tiene a una lista de postulados. Entre ellos, varios intendentes del socarronamente denominado “Grupo AFA”, que despuntan el vicio en partidos de fútbol y que construyeron una relación directa con la cúpula de la asociación del fútbol local.
Esa eventual definición con el calendario provincial apura los planes de Diego Santilli, en cuyo entorno dan por segura su candidatura a gobernador por La Libertad Avanza. El ministro tejió un nexo especial con Karina Milei. Ayer participó de un evento partidario junto a ella y Sebastián Pareja. Santilli pasó todos los testeos de lealtad solicitados por la secretaria General. En La Libertad Avanza, también en el PRO, incluso no descartan una futura afiliación partidaria. El ministro comprendió, desde el primer minuto, que la Hermanísima era la llave para ese proyecto bonaerense para el que trabaja a tiempo completo, a pesar de las ambiciones de Pareja: dicen que ya tiene equipos y hasta un probable gabinete en caso de ganar la elección. Y que, cuando triunfó en octubre pasado al frente de la boleta libertaria, caída la postulación de José Luis Espert, los hermanos Milei le confirmaron en una cena de celebración que tenía el camino allanado en Buenos Aires. Una vez terminado el Mundial, podría empezar a ofrecer definiciones más concretas en ese sentido.
Definiciones más urgentes. En medio de esas indecisiones en materia electoral, a las que Milei se volvió a adelantar esta semana cuando confirmó, otra vez, que tiene previsto “aplicar a otro mandato”, en la cúpula de La Libertad Avanza la disputa feroz y a cielo abierto entre su hermana y Caputo se espació en todas las áreas, pero se concentró en un terreno sensible: el de la Justicia.
El primer indicio de que esa pelea empezaría a librarse en el terreno judicial como su principal campo de batalla se dio cuando Karina Milei desplazó a Mariano Cúneo Libarona y a Sebastián Amerio del ministerio de Justicia y designó en ese lugar a Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola. Significó el corrimiento del consultor estrella en un área que, hasta ese momento, había administrado a discreción. Un área sobre la cual, además, el Presidente siempre se mantuvo ajeno, al igual que con la SIDE.
Esta semana, sin embargo, Milei tuvo un gesto protocolar pero de fuerte contenido simbólico cuando decidió embarcar en la gira por Israel a Mahiques, en una guerra que no solo exhibe el enfrentamiento entre Karina Milei y Caputo, si no que se transformó en una disputa facciosa dentro del Poder Judicial que puede tener consecuencias aún más perjudiciales para el gobierno. Mahiques se hizo cargo de Justicia por pedido de la Hermanísima, pero accedió a ese lugar sin previo aviso, cuando algunos colegas postulaban a Guillermo Montenegro. Ese movimiento dinamitó algunas relaciones.
La volatilidad de esos vínculos es muy particular porque Ariel Lijo, uno de los promotores de Montenegro, es a la vez uno de los funcionarios más fastidiados con esos movimientos, y fue hasta el año pasado uno de los dos candidatos de los Milei para la Corte Suprema. Ese nivel de interna implica, en paralelo, una pelea por la Procuración, hoy a cargo de Eduardo Casal.

Lijo es el juez que tramita las investigaciones contra Adorni -sostenido sistemáticamente por el Presidente y, en particular, por su hermana-, y delegadas en el fiscal Gerardo Pollicita. Sentimientos ambiguos para el jefe de Gabinete. El año pasado, cuando anunció el envío del pliego del juez que ahora lo investiga para la Corte, lo presentó de esta manera: “Es el único juez, en el caso de que efectivamente forme parte de la Corte, que tiene especialidad en Derecho Penal, el resto no la tiene, y es el único que ha hecho carrera en el Poder Judicial”. Y agregó: “Fueron los valores que se han puesto en el orden de aptitudes el doctor Lijo para ser uno de los dos elegidos”.
El viernes, el ministro coordinador recibió una buena noticia, esperable, en medio de un tembladeral judicial: basado en un dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, el juez Daniel Rafecas archivó el expediente por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en el avión oficial junto a la comitiva presidencial que viajó junto a Milei a Manhattan, con motivo de la “Argentina Week”. En privado, Adorni jura que puede explicar sus propiedades. Es más endeble la justificación por el viaje en un jet privado a Punta del Este junto a su amigo Marcelo Grandío. “Manuel no se deja ayudar”, aseguró un amigo del ministro. En Casa Rosada se menciona cada vez con más insistencia a Aimé Ayelén Vázquez, “Meme”, mano derecha del ministro.
Este miércoles, Adorni deberá presentarse en el Congreso. Será un test clave, mientras arrecian reproches internas y externos por su permanencia en el gabinete. Estará acompañado por el Presidente, y buena parte del gabinete. El martes, el ministro coordinador estuvo en Luján, en el aniversario por la muerte de Francisco, en una de las pocas apariciones públicas de este último mes, en un ámbito, el de la Iglesia, donde se perdonan los pecados. Milei se ausentó, por el viaje a Israel, y ofrendó un homenaje en ese país al Papa al que, en campaña, le dedicó durísimas críticas. Cuando lo visitó, ya como presidente, Francisco lo abrazó.

El vínculo del Gobierno con la Iglesia no es el mejor, pero Milei podría tener, hacia fin de año, una noticia muy auspiciosa: en fuentes eclesiásticas dan como muy avanzadas las gestiones para que el Papa León XIV visite el país, junto a Uruguay y Perú, en el último trimestre.
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POLITICA
Ley de Tierras: arrinconado, el oficialismo espera un salvataje de la Corte, mientras articula una maniobra para desactivar la sesión opositora

Ante la presión de sus aliados y acorralado por la inminencia de una megasesión que amenaza con voltear el DNU 70/23, una de las banderas políticas del Gobierno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y en el que se apresta a incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras, como anticipó .
Eso sí, con la mirada puesta en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Según pudo saber , la definición podría llegar mañana mismo: el máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9. Un win-win para el oficialismo, que encontraría así la forma de atender el reclamo de sus aliados sin pagar el costo político de volver sobre sus pasos.
Los libertarios ya sufrieron una derrota legislativa en el Senado, cuando debieron eliminar del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Por entonces, el debate quedó atravesado por una fuerte discusión sobre soberanía tras el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol, que reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas.
Pero la intención explícita del Gobierno era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una medida inicialmente frenada por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 tras cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas.
El timming de su resolución complicó al Gobierno en momentos en que los libertarios pretenden darle curso al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y mientras intentan esquivar cualquier golpe político por los proyectos de discapacidad y morosidad que empuja la oposición y que fueron incluidos en el temario de la sesión del próximo jueves.
No obstante, el máximo tribunal dio esta semana una señal que podría dar vuelta el tablero. Por un lado, convocó a dos conjueces designados por sorteo —los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras.
La ONG ambientalista reclama que la Corte precise si su reciente fallo tiene algún efecto sobre el expediente que impulsa, al sostener que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes, dado que invoca una legitimación diferente.
A ello se suma que ayer el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que en menos de 24 horas estaría en condiciones de resolver el pedido de cautelar. Una decisión favorable abriría la puerta a restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Frente a este escenario, el Gobierno quedaría exento de retomar un debate incómodo durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo miércoles a las 16, tras su giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En concreto, se ahorraría la difícil tarea de negociar no solo con sus aliados, sino también con la oposición más dura los topes máximos a la compra de tierras por parte personas físicas o jurídicas extranjeras.
La propuesta original contemplaba elevar ese límite del 15% al 25%, pero no prosperó en la Cámara alta. Y nada indica que hoy tenga margen para insistir con la misma fórmula. “El problema es que no puede ofrecer algo muy distinto de lo que ya ofreció en el Senado”, advierte un diputado ávido en estrategia parlamentaria.
Dentro de la oposición hay quienes están seguros que a más tardar el martes llegará un “salvataje” de la Corte al Gobierno. Mientras tanto, insisten, los libertarios ensayan un “plan b”, a modo “preventivo” con la inclusión del debate de Ley de Tierras en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Si bien el oficialismo ya había dejado entrever que exploraba esta alternativa, la decisión terminó de tomar forma ayer, tras la presión de sus aliados del PRO, Provincias Unidas y el MID, que le exigieron una respuesta inmediata durante una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.
Pese a que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, dentro de estos bloques no había consenso para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Incluso, algunos legisladores mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.
Aunque los bloques críticos todavía estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, en medio de la presión política por otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad, y la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento prevista para ese mismo día.
De todas formas, pese al intento oficialista de desactivar la convocatoria, representantes de UP y Provincias Unidas ratificaron a este medio que bajarán al recinto para insistir con la sesión. “No podemos, no debemos bajarnos”, sostienen.
Además, hay quienes se ilusionan con reunir los apoyos necesarios para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad, aun cuando no alcancen los votos para rechazar el DNU 70/23. Esto último representaba, en cualquier caso, un escenario casi imposible por la resistencia de los gobernadores a dar marcha atrás con otras medidas incluidas en el megadecreto.
una megasesión,incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras,,podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar,pic.twitter.com/YfG09kQb3Z,October 8, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
“No nos quedan más opciones”: habló una de las estudiantes universitarias que participó de la sentada en el Palacio Pizzurno

La protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno sumó un nuevo capítulo al conflicto universitario. Agostina Olivera, consejera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de La Mella, explicó en diálogo con Infobae al Regreso por qué decidieron ingresar a la sede de la Secretaría de Educación y defendió la sentada como una forma de reclamar respuestas al Gobierno.
La manifestación ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declarara inconstitucional el decreto que había frenado su implementación. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una “toma violenta” y anticipó una denuncia judicial.
El encuentro con Carlos Torrendell y la llamada de Sandra Pettovello
Olivera sostuvo que la protesta permitió concretar una reunión que, según afirmó, los estudiantes no habían conseguido desde el inicio de la actual gestión. “Lo que logramos ayer fue que por primera vez desde que asumió este gobierno, el secretario Carlos Torrendell nos reciba a los estudiantes. No había sucedido nunca”, señaló.
De acuerdo con su relato, los manifestantes realizaron una sentada y, tras conversar con integrantes de la Policía Federal y funcionarios de la dependencia, aceptaron trasladarse a una sala para dialogar con el secretario. Sin embargo, el encuentro no avanzó como esperaban.
La estudiante aseguró que Pettovello llamó por teléfono a Torrendell y le pidió que interrumpiera la reunión. “Le dijo que no podía negociar con nosotras, que no podía hablar con nosotras, que si no nos echaba en cinco minutos, él era el que iba a terminar echado del gobierno”, relató.
Según Olivera, la conversación se desarrollaba mientras los estudiantes planteaban sus reclamos. Uno de los temas abordados fue el monto de las Becas Progresar, que consideró insuficiente frente a las necesidades de quienes cursan en la universidad pública. “Ellos dicen en 35 mil pesos, pero son 28 mil los que les llegan a los estudiantes hoy en día, a los pocos que les llega esa beca”, afirmó.
También cuestionó la falta de información sobre un petitorio presentado semanas antes. Según contó, cuando consultaron por el trámite, les dijeron que el expediente ya no figuraba en la Secretaría de Educación. Además, acusó al subsecretario de Políticas Universitarias de increpar a los manifestantes y grabar un video antes de retirarse.
Olivera agregó que, después de la reunión, los estudiantes tuvieron dificultades para comunicarse porque les habían pedido dejar sus teléfonos antes de ingresar. “Nos estaban dejando básicamente privar de nuestra libertad dentro de una Secretaría de Educación”, denunció.
La discusión por la modalidad de la protesta
Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron el ingreso de los manifestantes al edificio público y advirtieron que las imágenes de los incidentes podían desplazar del centro de la discusión el reclamo por los fondos universitarios.
Consultada por la rotura de un blindex que aparecía en los registros audiovisuales, Olivera dijo que no podía precisar qué había ocurrido porque había ingresado por otra puerta. “Yo lo que sucedió con esa puerta no lo sé”, respondió.
La estudiante defendió el comportamiento de quienes participaron de la sentada y aseguró que la medida se desarrolló sin agresiones. Según su versión, los manifestantes permanecieron sentados, leyeron apuntes y confeccionaron carteles, mientras que los trabajadores que querían salir pudieron hacerlo.
Frente al planteo de que la protesta podía perjudicar la legitimidad del reclamo, Olivera insistió en que el objetivo era conseguir una instancia de diálogo. “Fuimos al Congreso, nos dio la razón. Vamos a la Justicia, nos da la razón. Vamos a la calle, la sociedad acompaña. ¿Qué más uno puede hacer que ir a tocarle la puerta?”, sostuvo.
Otro contrapunto surgió en torno a la representación estudiantil. El economista Martín Tetaz cuestionó que un grupo autoconvocado pudiera representar al conjunto de los universitarios y defendió el papel de las federaciones y las organizaciones institucionales.
Olivera respondió que su participación también tenía respaldo institucional, ya que fue elegida consejera directiva por el claustro estudiantil de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, señaló que la convocatoria reunió a alumnos de distintas facultades de la UBA y del conurbano bonaerense. “Lo autoconvocado existe y funciona”, afirmó.
Qué reclaman los estudiantes y cómo seguirá el conflicto
Olivera enumeró los principales reclamos que buscaban plantear ante las autoridades: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, recursos para comedores y residencias, políticas de salud mental y medidas vinculadas con el boleto educativo y el transporte.
También se refirió a la situación salarial de docentes y no docentes. Aunque respaldó sus demandas, reconoció que las medidas de fuerza afectan las cursadas y las trayectorias académicas. “Los paros docentes para nosotros son un problema”, afirmó. Además, aseguró que 11.000 docentes habían dejado el sistema universitario público.
Olivera estudia Trabajo Social en la UBA. Comenzó la carrera en 2022 y, según contó, le faltan seis materias y la tesis para recibirse. Desde esa experiencia, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener sus estudios en un contexto de conflicto presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.
La estudiante también criticó a las distintas administraciones nacionales por la falta de soluciones al problema universitario. “Desde que yo tengo memoria, hasta el día de hoy, ninguna dirigencia política nos pudo dar respuestas”, expresó.
La continuidad del conflicto dependerá de la implementación de la ley, la respuesta oficial a los reclamos presupuestarios y salariales y las próximas medidas de las organizaciones universitarias. Mientras el Gobierno cuestionó la modalidad de la protesta y anticipó acciones judiciales, los estudiantes sostienen que la falta de avances los llevó a intensificar sus reclamos.
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“Repudiamos todo acto de terrorismo”: el mensaje del Colegio de Abogados de la Ciudad a tres años de la masacre del 7 de octubre

A tres años de la masacre del 7 de octubre perpetuada por Hamas en Israel, el Colegio de Abogados de la Ciudad (Cacba) repudió “todo acto de terrorismo” y realizó un llamamiento a la “paz”.
Por medio de un comunicado, la entidad que preside María Fernanda Mierez manifestó que el 7 de octubre de 2023 un grupo de terroristas mató a sangre fría y secuestró a hombres, mujeres y niños judíos, “incluyendo dentro de tal atrocidad a ciudadanos argentinos por su sola condición religiosa”.
“En esta fecha honramos su memoria y nos solidarizamos con todos los sobrevivientes y sus familias”, expresó.
A su vez, el Colegio de Abogados consideró que en tiempos en los cuales se incrementó el sentimiento antisemita y aumentó la propagación de discursos de odio, su deber institucional es “alzar la voz, hacer un llamado a recordar lo sucedido y procurar obtener de ello un aprendizaje”.
“Repudiamos todo acto de terrorismo y toda forma de violencia contra la población -cualquiera sea credo, raza o religión-, incompatibles con los principios esenciales de la existencia humana y con la idea de pluralidad”, afirmó.
Además, resaltó que la sociedad argentina sufrió los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), por lo que “conoce el costo del terrorismo y sabe que la memoria y la justicia son deberes que no admiten indiferencia”.
“Por eso hacemos un llamado a la paz, a la unidad y a dejar atrás el odio y las diferencias religiosas, culturales o políticas. La verdadera integración consiste en reconocer la existencia del otro, su dignidad y su derecho a la vida. La civilización es poder convivir respetando nuestras diferencias. Sin ese reconocimiento no hay convivencia posible, y sin convivencia no hay paz duradera”, afirmó.
Y completó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida humana, con la libertad de culto, y la promoción de una cultura de diálogo, tolerancia y respeto mutuo”.
La masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas dejó un saldo de 1200 personas muertas, entre ellas 27 argentinas. Además, 251 fueron secuestradas.
Los últimos rehenes recuperaron su libertad en octubre de 2025, luego de una extensa serie de negociaciones de alto el fuego que los líderes de la organización palestina mantuvieron con Israel, y con Estados Unidos como intermediario.
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