POLITICA
Círculo rojo: las mil y una discusiones por el modelo peronista y las negociaciones bonaerenses
“Hay que aprovechar el Mundial para empezar a ordenarse”, asegura un altísimo dirigente del peronismo con ambiciones presidenciales. Pareciera ser un objetivo casi tan complejo como la obtención del bicampeonato por parte del seleccionado de Lionel Scaloni, aunque con una diferencia sustancial: el liderazgo indiscutible del técnico argentino. Sin embargo, la discusión en el seno del peronismo ya no es solo por el candidato si no más bien por el modelo y, algo aún más relevante, quién lo lidera. Es decir, no solo por el DT si no por la estrategia que ejecute en la cancha de cara a las elecciones del año próximo.
Ese debate se adelantó en el feriado del 1 de Mayo, en el acto de Parque Norte encabezado por dirigentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel e intendentes del interior y del Gran Buenos Aires, que postularon la necesidad de recuperar la doctrina de Néstor Kirchner de crecimiento sin déficit fiscal, el término maldito que Javier Milei introdujo en estos años con éxito en la agenda pública y que ahora interpela a un PJ que quiere saldar cuentas antes de la campaña del 2027 para no repetir los errores de la fallida experiencia del Frente de Todos. “Es importante ganar, pero también llegar con un plan discutido, que fue lo que no tuvimos en el 2019″, admite uno de esos dirigentes.
Esa postulación de Parque Norte se interpretó no solo como un mensaje a Axel Kicillof, que no suele ponderar en sus discursos el equilibrio de las cuentas públicas más allá de que alcanzó el superávit fiscal en la provincia de Buenos Aires hasta la irrupción de Milei en la escena nacional –“Axel no es un talibán del superávit, pero tampoco es un fanático del déficit: hay momentos en los que se puede, y momentos en los que no se puede”, respondieron desde La Plata-, sino como un aviso al kirchnerismo duro, y una señal al círculo rojo, ávido, en un sector, por una propuesta de continuidad programática con algo más de racionalidad que el esquema actual libertario. “El círculo rojo tomó nota, nos preguntan ‘¿es en serio esto del equilibrio fiscal…?’“, admitió un dirigente que encabezó el lanzamiento de Parque Norte.
La semana pasada, en una entrevista con El Destape, la diputada Paula Penacca, de La Cámpora, muy cercana a Máximo Kirchner, metió el dedo en la llaga. “Ese verso no hay que comérselo más, nos empiezan a meter en una discusión en la que nos moderan los términos, y cuando nos moderan los términos nos moderan las acciones. El peronismo no puede ser un peronismo modesto, condescendiente, que habla de equilibrio fiscal. Está bien, todos creemos que hay que tener una macro estable en la Argentina, ahora, eso no puede ser a condición de dejar para último minuto la distribución del ingreso”, dijo. Le respondió Tolosa Paz, a través de un posteo en X titulado “escuchar a Néstor, SIEMPRE”, en el que publicó un fragmento de un discurso de Kirchner en el que el ex presidente se refería al “cuidado del gasto”, y que “el equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental”.
Fue Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, abiertamente enemistado con La Cámpora, el que, de todos modos, ofreció durante la semana una versión mucho más audaz. Cuando Pedro Rosemblat, en su programa de Gelatina, le preguntó qué dejaría de la gestión Milei, la respuesta del ex funcionario lo tomó por sorpresa. “¿Vos querés saber si yo dejo algo de lo que hizo Milei? Todo… Todo, no toco nada, y empiezo a mirar pedacito por pedacito, porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar, no se puede dejar de costado», sorprendió. El quilmeño dijo que el peronismo no debería correr el péndulo en materia de gestión si le toca volver al poder el próximo año: “Tenés que ponerte en condiciones para saber lo que vas a hacer”.
Esa frase es la que, en parte, atraviesa al peronismo: qué modelo ofrecer a la sociedad para ser atractivos tras el fiasco del Frente de Todos, una coalición exitosa electoralmente pero muy defectuosa en términos de gestión y del programa, que terminó con el triunfo de Milei en el 2023, un outsider que llegó a la Presidencia con una inflación desbocada, un hartazgo generalizado en la “casta política” y un nuevo sujeto social que la propia Cristina Kirchner, en su rol de vicepresidenta, catalogó como “trabajadores asalariados pobres”, según remarcó, una experiencia inédita para el peronismo.
En junio del 2021, en una de sus clases magistrales en Avellaneda, en un plenario de la CTA junto al intendente Jorge Ferraresi -uno de los más entusiastas hoy en el proyecto presidencial de Kicillof-, la ex presidenta hizo una larga presentación económica en la que incluyó gráficos con información del G20 en los que se exhibía a Estados Unidos al tope de un ranking de países desarrollados en materia de desequilibrio fiscal. “Fíjense -pedía, mientras se sucedían filminas y gráficos-, Estados Unidos récord en materia de déficit fiscal total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué el déficit fiscal es bueno? No, no quiere decir que es bueno. Estoy tratando de buscar las causas por las que la inflación acá es única en el mundo, por el déficit fiscal no es. El déficit, que es un concepto económico, no matemática, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la súper inflación», planteó frente a una platea que aplaudía a rabiar. Enseguida, hizo alusión a la oferta y la demanda, a los postulados de Milei, que empezaba a hacerse notar cada vez más desde el Congreso, e hizo hincapié en la supuesta evasión y las ganancias de las empresas, en la formación de activos en el exterior y en lo que denominó “festival de importaciones”, un latiguillo que hizo mucho ruido hacia adentro del gabinete de Alberto Fernández.
Según datos recopilados por la consultora Equilibra, de Diego Bossio y Martín Rapetti, el último año con superávit financiero durante el kirchnerismo fue en el 2008, en el segundo año del primer gobierno de Cristina Kirchner: el ex presidente había llegado a ese objetivo durante toda su gestión, apalancado, en buena medida, por el viento de cola del valor de los commodities como la soja. El 2009 fue el último año de superávit primario, es decir, sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública.
Cuando Milei llegó al gobierno, colocó un ancla inflacionaria a su programa y basó toda su administración en el equilibrio de las cuentas públicas hasta convertirlo en un dogma. Era una discusión que ya se había instalado en el seno del Frente de Todos en la campaña del 2023, y que desde el equipo de Sergio Massa proponían como posible programa de gobierno, aunque desde las oficinas del propio candidato admitirían, una vez asumido Milei, que la base electoral del peronismo, y los integrantes de la coalición peronista, no hubieran tolerado un ajuste de estas magnitudes. Lo sufrió en carne propia Martín Guzmán, que no pudo aumentar las tarifas de los servicios públicos por el rechazo interno del cristinismo: el ex ministro de Economía ni siquiera pudo correr de su cargo a Federico Basualdo, que se opuso a esa decisión por sobre su propio jefe.
Massa deshoja ahora su propia margarita de cara al 2027. En su entorno se dividen las aguas, entre los que piensan que tiene “una bala más en la recamara”, en referencia a una hipotética nueva postulación nacional, y los que consideran que tiene que volver a reconstruir su vínculo con la sociedad desde una postulación a gobernador. Están, por último, los que creen que es mejor así: ejecutar la influencia que ejerce desde su oficina de Libertador, con redes en todo el círculo rojo.
El ex ministro mantiene intacta su sociedad con el kirchnerismo, y una buena relación con Kicillof. Ayer, Sergio Uñac, que se lanzó a la Presidencia, reunió a referentes del PJ en su provincia. Se postuló con el guiño de la ex presidenta, interpretado como una señal, tibia por el momento, a Kicillof.
Lo cierto es que, en el debate fiscal, dentro del propio Gobierno se inquietan ahora por el ajuste de Luis Caputo, “Toto”, que hasta él mismo cuestionó hace dos semanas, en una entrevista televisiva, cuando se sinceró: “Tenemos que recaudar más, seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Más directo fue un altísimo dirigente del oficialismo, que planteó: “Es fácil tener superávit a lo ‘Toto’ si no le pagás a nadie”.
Por eso Vaca Muerta se transformó, transversal a todos los gobiernos, desde CFK -el kicillofismo saca pecho con la estatización- hasta Milei, en una política de Estado que puede ser la llave de esa disyuntiva para las próximas administraciones, con una generación de divisas fenomenal en un mundo, como el actual, que demanda energía. Algo similar sucede con la minería, en particular con el cobre: las grandes compañías a nivel global, desde Glencore y Río Tinto hasta BHP/Lundin, ya pusieron un pie en el país, con inversiones a largo plazo que, según los proyectos presentados en el RIGI, ascienden a más de USD40.000 millones. Según los expertos del sector, la minería podría convertirse, en unos 10 años, en un rubro tan trascendental para el desarrollo del país como el campo o Vaca Muerta.
El mes pasado, cuando se sancionaron en el Congreso las modificaciones a la Ley de Glaciares que reclamaban las empresas y las provincias mineras, los representantes de la cámara sectorial pidieron una reunión con Kicillof mientras se discutía el proyecto en audiencia pública. Dos días antes, la dieron de baja: la ministra de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, de La Cámpora, expuso en el Congreso con argumentos durísimos contra la iniciativa, lo que motivó la suspensión. Fastidiados, desde el sector explicaron que les hicieron llegar el mensaje de que, por ser de La Cámpora, el gobernador no tenía herramientas para dar de baja la exposición de su ministra. Desde La Plata lo desmienten: “Axel sí la podía bajar, pero no quiso, como tampoco rosqueó con el resto de los gobernadores para que no salga la ley, más allá de algunos reparos”. En Provincia explicaron, por caso, que nunca pusieron reparos a la minería para operar en ese distrito.
PBA en el ojo de la tormenta. El debate en torno a la minería y sus eventuales implicancias ambientales es uno de los temas que divide al peronismo. Durante la discusión en el Congreso, hubo innumerables posiciones de rechazo, desde La Cámpora hasta destacadas figuras del espacio y del kicillofismo, más allá de Vilar, y definiciones a favor. La UOCRA, por ejemplo, marchó en torno al Parlamento para apoyar la iniciativa.
La posición del gobernador bonaerense, y su hipotético modelo económico, es motivo de análisis en el círculo rojo y entre los inversores, que suelen formular dos preguntas a sus interlocutores domésticos: qué posibilidades tiene Milei de ser reelecto y, por el contrario, cuántas chances reales tiene el peronismo de volver al poder. En este último caso, la figura de Kicillof genera algún tipo de alarma en algunos sectores, a pesar de que un buen número de empresarios que se entrevistaron con él en estos meses salieron mucho menos espantados de lo que preveían antes de verlo.
Pero si existe cierta preocupación en el establishment, dentro del propio peronismo, en particular en territorio bonaerense, la situación es más bien parecida a la de la guerra feroz y a cielo abierto entre las dos facciones del gobierno lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo. En la provincia de Buenos Aires, esos dos bandos están representados por el gobernador y por Cristina y Máximo Kirchner.
El vínculo entre Kicillof y el jefe de La Cámpora no tiene retorno en términos personales, y desde lo político cada uno inició su camino. Circularon incluso en estas semanas versiones en torno a que el diputado había pedido una reunión mano a mano, pero fueron desmentidas: por el momento, no pasó ni pasará. Tampoco con la ex presidenta, a pesar de los esfuerzos de algunas figuras como Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora que quiere ser gobernador, que tiene buena relación con todos los sectores y que suele aconsejarle a Kicillof que intente visitar nuevamente a CFK. “En las últimas reuniones, Cristina le pidió lo mismo: que Axel valide todas y cada una de sus decisiones con Máximo, y eso no va a pasar”, respondieron desde La Plata. En el 2021, cuando el peronismo perdió las elecciones intermedias, la ex presidenta autorizó una intervención del gabinete provincial con el desembarco de Martín Insaurralde, socio del jefe de La Cámpora. Tanto el ex intendente de Lomas como Kirchner aspiraban a quedarse con la Provincia en el 2023, cuando desde el dispositivo cristinista se le pidió al gobernador que fuera el candidato presidencial para correrlo de ese territorio. Kicillof se negó, y esa negativa terminó por dinamitar los puentes, incluso antes de que CFK fuera por el PJ, ante la falta de apoyo de su ex ministro, y de que fuera presa, y desde ese sector se le achacara públicamente al gobernador que no se pronunció de manera enfática por ella.
La disputa se trasladó más tarde al gabinete y a la Legislatura, con epicentro en el Senado, desde donde el kirchnerismo entabló una guerra despiadada contra Verónica Magario por el control de la caja y el reparto de comisiones, recién saldado. En Diputados aún hay tierra fértil para La Cámpora y para que Insaurralde, desde la clandestinidad pública, ejerza todavía una influencia decisiva.
En esa Legislatura se debate, por ejemplo, la re-reelección de los intendentes. También la postulación de los cuatro aspirantes a la Corte Suprema provincial, que funciona con tres integrantes, como la Corte nacional. Es una negociación que está empantanada. De esas cuatro vacantes, tres les corresponden, según el peronismo, a ellos, y otra a la oposición. El problema es que no hay una sola oposición, tampoco un solo peronismo. Según trascendió, sería uno para Kicillof, uno para Massa y otro para el cristinismo, aunque desde la gobernación reclamaron dos para sentarse con más aire a la mesa de negociaciones: “Si vamos con uno, terminamos con nada”.
La Justicia es un rubro al que el gobernador no le dedica demasiado tiempo, pero hay funcionarios y operadores que empezaron a abrirle algunas relaciones.
Existieron, en los últimos meses, conversaciones subterráneas con la Corte, que acumula ocho demandas millonarias de la Provincia contra Milei por transferencias interrumpidas. Tuvo lugar, además, una cumbre reservada en Avellaneda, con Ferraresi como anfitrión, que convocó a los jueces Ariel Lijo, María Servini, Jorge Rodríguez, Diego Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El gobernador llegó con el ministro Javier Alonso y Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores judiciales, y no conocía el detalle de la convocatoria. No participó Juan Martín Mena, el ministro de Justicia provincial, que tiene buen diálogo con el gobernador pero responde directamente a San José 1111. Los asistentes le preguntaron a Kicillof por su visión sobre la Justicia. “No les voy a pedir nada para no deberles nada”, respondió, según sus colaboradores.
Esa displicencia en un rubro tan sensible evidencia, según algunos dirigentes del peronismo, cierta debilidad en la construcción del proyecto presidencial de Kicillof. Es algo que ahora compromete al Presidente, inmerso en un pleito judicial entre dos bandos que se dirime en Comodoro Py. En el PJ apuntan, en ese sentido, a su temperamento, y a su estilo de conducción: para algunos sectores, no conduce, aunque tenga un diálogo fluido con otros gobernadores. La independencia definitiva de Cristina Kirchner es otra de las inquietudes, igual que la herramienta para determinar al candidato: no es lo mismo con o sin PASO. Una vez culminado el Mundial comenzarán algunas revelaciones. La eliminación o no de las primarias es una de ellas. El casi seguro adelantamiento del calendario provincial también cautiva a inquietos: algunos probables postulantes trabajan con la hipótesis de una elección posible en mayo.
“Axel no tiene que ser el candidato de la rosca, tiene que ser el candidato de la gente”, aseguraron en La Plata. Cualquier candidatura, de todos modos, está atada no solo a la rosca, las negociaciones y el debate por el modelo, si no también por la situación socioeconómica bonaerense. El programa de Milei ofrece, en ese sentido, una novedad: es la primera vez, en los últimos veinte años, que Buenos Aires no es un eje central de los proyectos nacionales porque es la primera vez que la conducción provincial no coincide con el poder central. En el 2015, con el triunfo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la Casa Rosada privilegió las transferencias a ese distrito, a pesar de que los tarifazos en los servicios públicos impactaron fuertemente en el Gran Buenos Aires. En el gobierno del Frente de Todos, esas transferencias se multiplicaron. En plena pandemia, Alberto Fernández recortó la coparticipación que Macri le había aumentado a la capital en el 2016 por el traspaso de la Policía y se la giró a Kicillof, presionado por un acuartelamiento de la fuerza provincial por demandas salariales. El experimento Milei, de asfixia a la principal provincia del país, pone al gobernador a prueba a diario: desde el año pasado, las cuentas bonaerenses cerraron con déficit. Una situación aún más acuciante puede tirar por la borda cualquier proyecto presidencial.
En la reunión de hace algunas semanas de intendentes del conurbano con la cúpula de la Iglesia se hizo especial hincapié en esa cuestión: “No hay explosión, pero no sabemos si mañana no puede llegar a haberla”, fue el mensaje de los jefes comunales. La jefatura eclesiástica pidió mayor cohesión en el peronismo, hasta que uno de los intendentes señaló: “Si llegó Milei es por culpa nuestra”.
La crisis en el conurbano es algo que se sigue con interés también desde la Casa Rosada, más precisamente en el despacho de Diego Santilli, que ya trabaja para ser gobernador, impulsado, según su entorno, por los hermanos Milei, que le hicieron saber de esa intención finalizadas las elecciones de octubre pasado. Sebastián Pareja, que intenta negociar con funcionarios bonaerenses por las vacantes en la Corte, ya tiene el dato.
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La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.
El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.
En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
La Ley de Alquileres
Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.
Medicina prepaga
El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.
Privatizaciones
El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.
Abastecimiento y Góndolas
Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.
Servicios de internet satelital
El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.
Ley de Compre Nacional
Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.
La política de cielos abiertos
La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.
Comercio exterior
En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado
El Instituto Nacional de la Yerba Mate
El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.
El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la arremetida. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Milei para reunirse con los gobernadores aliados y acelerar acuerdos electorales que consoliden los votos necesarios para frenar la sesión.
En paralelo al debate por el DNU, el oficialismo regresa de París con optimismo en otro frente. Tras reunirse con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week, en La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos para eliminar las PASO. La clave, según el propio entorno de Karina Milei, fue la promesa de no presentar candidatos libertarios en los distritos provinciales a cambio de apoyo a la reforma política.
POLITICA
Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en París: conversaron sobre inversiones, inteligencia artificial y geopolítica
En medio de la Argentina Week que encabeza en París, Javier Milei se reunió este miércoles por la tarde con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La bilateral abordó temas de interés común como el escenario geopolítico, el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo de las inversiones galas en el país.
Alrededor de las 18.30 (hora local), el mandatario llegó a la sede del Gobierno francés acompañado por su hermana, Karina Milei, donde ambos fueron recibidos personalmente por Macron y la primera dama, Brigitte Claude-Macron. De fondo, los uniformados de la Guardia Republicana los recibieron con sables en mano y un coro de trompetas.
Según pudo saber TN de fuentes de la delegación, la bilateral entre ambos jefes de Estado consistió en dos partes. La primera fue un encuentro a puertas cerradas entre los hermanos Milei, Macron y su esposa. Allí los cuatro conversaron brevemente sobre la situación geopolítica global y el fenómeno de la inteligencia artificial.
Sobre ese punto, Milei es un firme defensor de la desregulación y el aliento a ese desarrollo tecnológico como un gran potenciador económico, tal como expresó en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada y luego ratificó esta mañana en su exposición en la Argentina Week. “Somos conscientes de que estamos en el umbral de la tecnología más revolucionaria que haya conocido el humano hasta ahora. La inteligencia artificial va a cambiar el paradigma de lo conocido y quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera”, remarcó el mandatario, y agregó: “Nos puede permitir una aceleración del crecimiento que va a derivar en gran prosperidad”.
A su vez, la bilateral también abordó el desarrollo del foro argentino para atraer capitales que continúa en París hasta el viernes, con especial atención en las inversiones de origen francés que se llevan adelante en la Argentina.
Entre ellas destacó la cartera de proyectos que presentó horas atrás la compañía energética TotalEnergies, por montos totales cercanos a los US$10 mil millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Durante su exposición, el presidente y CEO de la firma francesa, Patrick Pouyanné, vinculó esos planes con las reformas impulsadas por la gestión de Milei y alentó a sus pares a invertir en la Argentina.
Luego, en una segunda etapa, los mandatarios pasaron a un salón mayor donde los esperaba un público de alrededor de un centenar de dirigentes y empresarios argentinos y franceses, entre ellos los 13 gobernadores que viajaron a París, los miembros del Gabinete que integraron la comitiva presidencial y representantes del sector privado como Martín Migoya (Globant), José Luis Manzano, Francisco De Narvaez, Manuel Antelo, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Marcos Bulgheroni (PAE), entre otros.
Allí, tanto Milei como Macron realizaron un discurso cada uno y se abrieron a preguntas del auditorio. En ese sentido, el argentino recibió consultas de empresarios sobre cómo se sostiene el superávit fiscal y cómo realizó el ajuste del gasto de las cuentas públicas en su gestión.
“Por primera vez en Argentina se hizo un programa de estabilización y no se violó los derechos de propiedad, y eso ha constituido un punto de partida que hace que sin lugar a dudas este programa económico sea el más exitoso de la historia argentina”, había dicho Milei durante su discurso en la Argentina Week, donde destacó “el ajuste de 15 puntos del PBI en tan solo 6 meses de gestión”. “Sostenían que mi propuesta de hacerlo en un año era una locura, que era literalmente imposible, pero como decía Picasso: para lo posible están los demás, a mí denme lo imposible que lo voy a hacer posible y lo hicimos en tan solo un mes”, remarcó entonces.
Se trata de una discusión especialmente actual para Francia, que esta semana fue escenario de una movilización de alrededor de 200 mil manifestantes en reclamo por mejoras salariales para los empleados públicos, mientras la administración de Macron propone un plan para congelar los sueldos de los funcionarios y aplicar un plan de ahorro de 54.000 millones de euros en los próximos presupuestos.
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El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado se debe expresar de forma sencilla para garantizar derechos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, defendió el lenguaje claro como una condición para que las personas puedan comprender las decisiones del Estado y ejercer sus derechos. Fue en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en La Plata. Un evento del que también participaron el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.El encuentro fue organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona. La agenda incluye debates sobre la comunicación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la inteligencia artificial y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.
En ese marco, Torres definió el lenguaje claro como una herramienta para los tres poderes del Estado. Planteó que las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser comprendidas por las personas a las que están dirigidas.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, afirmó el titular del máximo tribunal de Justicia bonaerense en diálogo con Infobae.
El magistrado también sostuvo que la publicación formal de una norma no garantiza que sea accesible. Una ley puede estar disponible para su consulta, pero resultar difícil de entender para quienes deben utilizarla. “Publicar una ley no equivale necesariamente a hacerla accesible”, planteó Torres en la apertura del encuentro. Desde su perspectiva, comprender una norma permite aplicarla, reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión. Ese derecho a comprender también funciona como un límite frente al poder estatal. Si una persona no puede interpretar el contenido de una ley, una sentencia o una resolución administrativa, su acceso formal a la información no alcanza para ejercer sus derechos.
El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, coincidió con ese planteo. En una reciente entrevista con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es una condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades. Muñoz Machado afirmó que la exigencia de claridad no alcanza únicamente a los organismos públicos. También incluyó a empresas de sectores que prestan servicios esenciales o tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías eléctricas.
Torres explicó a este medio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convirtió el lenguaje claro en una política institucional en agosto de 2019 y que desde entonces, el tema forma parte de los ejes de trabajo del Poder Judicial bonaerense.
El objetivo es que los operadores se expresen con claridad en documentos escritos y en intervenciones orales. Aclaró que el lenguaje claro no supone abandonar la precisión técnica. “Simplificar una frase no debe alterar el contenido jurídico de una decisión ni eliminar los elementos necesarios para interpretarla”, consideró.
Las mesas de la III Convención abordarán la claridad en la Justicia, la administración pública y la comunicación electoral. También analizarán el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y distintas experiencias parlamentarias. El programa incluye además debates sobre instrucciones para jurados populares, el alcance de la tutela judicial, la oralidad, la escucha, los entornos digitales, la comunicación multiplataforma y las respuestas institucionales ante situaciones de crisis.
En diálogo con este medio, Torres recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que estableció la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en las resoluciones del Poder Ejecutivo y en las leyes del Poder Legislativo. La norma extiende la discusión más allá del sistema judicial. “La claridad se vincula así con la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional”, señaló Torres al referirse a la relación entre el lenguaje y el funcionamiento de los poderes públicos. El magistrado planteó que una comunicación debe responder preguntas concretas: qué se decidió, por qué se tomó esa decisión, qué debe hacer la persona destinataria y qué recursos tiene disponibles.
“No se trata solamente de producir mensajes más sencillos, sino de preguntarnos quién necesita esa información, para qué la necesita y en qué condiciones debe poder utilizarla”, afirmó Torres. El juez propuso que las instituciones revisen sus comunicaciones con tres objetivos: comprobar si la persona puede encontrar la información, verificar si entiende qué se espera de ella y determinar si cuenta con elementos para actuar. La claridad, según el planteo del titular de la Suprema Corte, no consiste únicamente en reemplazar palabras complejas. También exige analizar la situación concreta de quien recibe una resolución y las consecuencias que puede tener para su vida.
Por su parte, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, advirtió durante la inauguración que los lenguajes especializados pueden convertirse en una barrera para quienes no tienen formación en una determinada materia. Oteriño describió esa dificultad como “un muro infranqueable” para quienes reciben una instrucción que no pueden interpretar. También pidió que la tecnología conserve una función de apoyo y no reemplace la reflexión humana. “Que su aporte sea una ayuda para pensar y no una delegación cognitiva”, expresó el presidente de la Academia Argentina de Letras al referirse al uso de la inteligencia artificial.
Respecto al uso de la IA, Torres sostuvo que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta. A su entender, la discusión no consiste en determinar si esa tecnología debe existir, sino en definir cómo se la va a utilizar dentro de las instituciones.
El magistrado también planteó que las herramientas de inteligencia artificial deben recibir instrucciones específicas para trabajar con ese criterio. El debate incluye el uso de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la legislación y para adaptar documentos jurídicos a distintos destinatarios.
Muñoz Machado consideró que la inteligencia artificial puede mejorar el uso de la lengua, aunque advirtió sobre los riesgos de una regulación insuficiente. El director de la RAE señaló que la falta de reglas puede favorecer la aparición de “dialectos digitales” alejados de las normas lingüísticas compartidas. También sostuvo que las autoridades públicas deberán atender los desafíos que surjan de la expansión de estas herramientas. Torres insistió en que la transformación digital no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones judiciales y administrativas. “La claridad no puede reducirse a una operación sobre las palabras”, afirmó. “También exige reconocer a la persona que está del otro lado”, agregó.
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluirá este viernes 2 de octubre con dos sesiones plenarias, las conclusiones de Santiago Muñoz Machado y un acto de clausura con autoridades de las instituciones organizadoras. El encuentro reúne a más de 275 disertantes y cerca de 1.200 inscriptos en modalidades presencial y virtual. La agenda se extiende entre el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con actividades en cinco sedes y paneles sobre lenguaje claro y accesible en ámbitos judiciales, institucionales y públicos.
En la apertura también participaron Autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones iberoamericanas, junto con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.
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Pilar Sordo, psicóloga: “La incomodidad es la única invitación al crecimiento”
Qué leyes volverían a regir si Diputados deroga el DNU 70 de Javier Milei
Se aprobó otro RIGI para minería de cobre: Glencore invertirá USD 4.000 millones
La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”
El riesgo país vuelve a subir y llega a su nivel máximo en lo que va del año
Cayó la confianza en el Gobierno e igualó la peor medición de la era Milei
Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”
Vuelve a caer fuerte el Índice de Confianza en el Gobierno hasta el nivel más bajo de la gestión Milei
POLITICA3 días agoAntes de viajar a París, Milei les envió un mensaje a inversores franceses: “Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos”
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Bombshell report exposes healthcare fraud schemes as taxpayers lose up to $521 billion annually
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
