ECONOMIA
Clima de Negocios: las empresas de EEUU, entre el despegue de sectores clave y la expectativa por la validación social de los cambios
El AmCham Summit, que organiza hace 8 años la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se convirtió en uno de los eventos de negocios más importantes del país. Por peso propio y convocatoria, y en medio de la muy buena relación bilateral y el feeling personal entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el encuentro reunirá el próximo martes a unos 1.500 líderes del sector privado, funcionarios nacionales y provinciales, referentes sindicales y del tercer sector, junto a representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium entre otras.
En medio de un contexto económico global cruzado por el conflicto bélico en Irán y las tensiones de la política local, el lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”.
Aunque aún no hubo confirmación oficial, los organizadores esperan que el evento sea cerrado por Milei.
En este contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en una charla con Infobae el objetivo de esta edición del encuentro empresarial, el momento económico y social del país, las condiciones para atraer inversiones y el vínculo bilateral con Estados Unidos. La cámara tiene 106 años en el país y nuclea más de 700 empresas que emplean a 420.000 personas y, afirma, aportan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.
“El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”, destacó este contador de la UBA que fue CEO de Natura y presidente de PepsiCo Argentina.
— El Gobierno parece tener muy claro cuál es ese modelo de país que quiere, aunque eso se contraste de manera muy fuerte con otras visiones.
— Sí, claro que lo tiene. Y hay contrastes visibles. Pero veníamos de una fuerte centralidad del gobierno nacional que condició desde las políticas comerciales para definir el precio de los productos de las empresas, hasta a quién se le daba el ATN.
“Hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad”
— ¿Cómo se compatibiliza ese rumbo con las fuertes demandas de sectores como el industrial?
— Este Gobierno decidió no involucrarse en la microeconomía, lo que implica que no habrá incentivos focalizados ni apoyo activo para sectores que necesitan reconvertirse. Eso deja la dinámica en manos del mercado, del crecimiento de la economía, que no sé si veremos en 2027 y 2028, y en muchos casos de los actores provinciales. Es un desafío.
— ¿Está bien que no se involucren en la micro?
— Si analizamos los últimos 20 años, donde no hubo crecimiento ni generación de empleo desde 2012 y se intervino en todas las decisiones empresariales y de mercado, me parece bien. Eso sí, hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad. El éxito dependerá de la capacidad de la sociedad para acompañar el ritmo de las transformaciones y de la aparición de consensos a largo plazo.
— ¿Qué va a pasar con esa tolerancia social?
— Dependerá de la velocidad con que llegue la recuperación y de las opciones que se ofrezcan más allá de este Gobierno. No tengo esa respuesta 100%, pero la dirección general es la correcta: la desregulación y la normalización de las políticas comerciales muestran a un país que intenta alinearse con el mundo y normalizarse. ¿La inflación a 3% es alta? Claro, ni hay que aclararlo, pero el camino es el correcto. No voy a opinar de las formas, pero está claro que el día a día muestra tensiones: el acceso a medicamentos, los problemas de movilidad por los paros de colectivos y la presión sobre los servicios sociales reflejan la profundidad del ajuste.
— ¿Cuál es su visión del escenario macroeconómico de los últimos meses, donde hay variables y cifras que comenzaron a preocupar en algunos sectores?
— Hubo una corrección importante de la política monetaria que permitió mejorar el esquema caótico de tasas de interés en pesos de los últimos meses. Hoy, hay tasas más razonables, incluso por debajo de la inflación, pero el consumo sigue segmentado. No hay mejora en los ingresos de la gente y ni señales de creación de empleo privado genuino porque las inversiones grandes están en etapas muy iniciales. Los sectores que pueden traccionar inversiones, como la minería, tienen proyectos a diez años. En AmCham tenemos 12 proyectos por USD 26.000 millones que se van a desarrollar en una década. Son procesos largos. Hoy no hay crédito para apalancar empresas y consumo y no hay muchos incentivos. Habrá crecimiento vegetativo este año y tendremos un 2026 sin grandes saltos. El Gobierno está reforzando los subsidios y los ingresos públicos en los segmentos más vulnerables, lo que contiene la conflictividad social, pero los intendentes nos cuentan que antes la gente pedía electrodomésticos y ahora pide comida.
— ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de las empresas de EEUU en el país?
— La carga tributaria es uno de los principales obstáculos. La presión total ronda el 26 a 28 % del PBI, pero por la alta informalidad, el peso sobre la economía formal puede superar el 50 por ciento. Además, la logística encarece los costos: el 85% de la carga se transporta en camiones, con impacto directo en la inflación y la competitividad. Vemos el efecto de eso estos días. Las limitaciones en infraestructura, junto a la carga fiscal y la dispersión normativa entre Nación, provincias y municipios, dificultan planificar inversiones de largo plazo.
— ¿Les preocupan los riesgos políticos?
— No, no es un tema. Se avanzó mucho y hubo decisiones políticas que parecían imposibles de realizar. La reforma laboral, por caso, más allá de los frenos judiciales y de que el tema seguramente terminará en la Corte Suprema. Se destrabaron y se avanzó en cuestiones estructurales que hace tres años eran impensadas. Hay señales y un acompañamiento de una oposición dialoguista que entiende que Argentina debe transformarse y valida políticas públicas en ese sentido.
— ¿Diría que hay optimismo entre las empresas de EEUU en el país?
— Sí… optimismo latino. No estamos en Escandinavia. Vamos bien. Las compañías que están hace décadas en Argentina han atravesado crisis profundas. Hay expectativa, pero también conciencia de que la transformación llevará años y que dependerá de la validación social y política.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne”
— ¿Cómo definiría la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Ya se ve el impacto del acuerdo comercial anunciado?
— La relación está en un momento óptimo. Está muy bien, como nunca antes. El acuerdo de comercio e inversión recíproca avanza y es algo que hubiera sido impensado hace dos años, más allá de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó algunos beneficios arancelarios y ahora el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe revisar su política para Argentina. Como sea, los pilares del acuerdo no van a cambiar. Un ejemplo claro es la reciente modificación de la ley de Glaciares y la delegación de competencias a las provincias, algo que muestra una agenda de trabajo conjunto. El acuerdo también apunta a homologar los registros de productos con Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), para agilizar el ingreso de medicamentos y tecnologías. A nivel comercial, el país pierde competitividad si no se recuperan ventajas arancelarias, por lo que el desafío es que Estados Unidos defina un esquema global y estable de beneficios.
— ¿El resultado de las elecciones de medio término en EEUU puede alterar la agenda bilateral?
— Hay una sobrevaloración de ese proceso en EEUU. Históricamente, las elecciones de medio término no cambian los vínculos de fondo. Trump, por ejemplo, no se apalancó en el Congreso para avanzar en sus políticas. Por otro lado, no es lo mismo perder 10 representantes que 80, y habrá que ver cómo se mantiene el Senado. Hay que esperar los resultados, pero no imagino un gran impacto. Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Estamos en la génesis del cambio, de la consolidación de un modelo de integración. Son saltos estructurales necesarios y de reconfiguración. Otra vez: se necesitan los avales de una sociedad que entienda que hay algunos precios que pagar para ser un país de largo plazo.
La agenda
La agenda del encuentro abordará la posición de Argentina en el escenario global, los desafíos de la infraestructura para la productividad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, la transformación sindical, la reconversión de negocios y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, habrá debates entre gobernadores, senadores, diputados y referentes empresariales sobre políticas sectoriales y provinciales, con foco en los motores clave para el desarrollo: agroindustria, energía, minería y salud.
Como se dijo, se espera que en el cierre hable el presidente Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
— ¿Qué miran los inversores internacionales de este contexto local par tomar decisiones?
— La continuidad de las reformas es clave. El inversor financiero se fija en los precios de los bonos y las tasas internacionales, pero el inversor estratégico, toma decisiones con horizontes de una década. El RIGI es un parámetro monumental porque otorga previsibilidad a largo plazo. Ahora veremos qué va a pasar con el vencimiento del año que viene y está claro que, en ese contexto, varios proyectos se apuran. Alguno podrá dudar si viene otro gobierno y lo saca, pero está claro que el régimen da una base muy importante de derechos adquiridos. No por nada el cálculo de inversión extranjera directa para la próxima década es de USD 60.000 millones, sobre todo en minería y oil & gas. Por ahora, las inversiones productivas en sectores industriales están en pausa porque las capacidades instaladas rondan el 60% en promedio, la demanda es baja y, además, se pudo trabajar en la competitividad porque ya no existen los controles que había hasta hace poco. Insisto, debemos demostrar que esto es de largo plazo y que la demanda de bienes y servicios se recupera, más allá de los sectores que empujan hoy.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país”
— ¿Cómo avanzó el acuerdo en los sectores de laboratorios medicinales y semillas, dos reclamos históricos de AmCham?
— En farmacéuticos, la eliminación del protocolo de criterios de patentabilidad nos devuelve a la ley de Patentes de los ‘90, alineándonos con los estándares internacionales. No es retroactivo, es para todo lo que se registre luego de marzo de este año, pero no veo que eso sea algo que perjudique tanto a las empresas, la verdad.
— Los laboratorios nacionales dicen que los cambios impactarán en los precios de los medicamentos.
— No voy a meterme en esa interna de laboratorios, pero no es tan lineal. Hace unos 15 años que no tenemos productos patentables en el país. El impacto se sentirá en unos 5 o 7 años recién. Hubo una sobrerreacción por algo que pasará en tiempo y una sobreestimación de la incidencia de los productos nacionales en las políticas de precios. El mercado se irá normalizando en un modelo occidental. Por otro lado, el registro PCT, que aún falta implementar, permitirá homologar inscripciones ya realizadas en otros países, abaratando costos y acelerando el proceso.
— ¿Y en semillas?
— Faltan temas de adecuación que confiamos que se resolverán. La falta de protección para las nuevas tecnologías retrasó la llegada de cuatro o cinco generaciones de innovaciones que sí tienen países como Brasil o Paraguay. Tendrán un costo para el productor, pero que se compensa con más producción. Si se corrigen las reglas, en cuatro o cinco años la productividad agropecuaria va a mejorar. Resta trabajar, además, en la protección de datos para incentivar ensayos clínicos y la actualización del marco regulatorio de semillas.
ECONOMIA
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29/06/2026 – 19:00hs
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ECONOMIA
Aceiteros y agroexportadores llegaron a un acuerdo salarial: qué aumento consiguieron para el año
Finalmente la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) alcanzaron este lunes un acuerdo salarial con los sindicatos del sector aceitero que pone fin a un conflicto abierto desde fines de mayo. Las partes lograron firmar la nueva paritaria luego de semanas de negociación y tras la jornada del jueves pasado, que se extendió por más de 15 horas.
El convenio, según comunicó Ciara-CEC, cubre la totalidad de 2026 y establece un incremento acumulado del 29,5% indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, con proyecciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
El acuerdo se firmó después de que el jueves pasado venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes hubieran llegado a un entendimiento. Empresarios y gremios optaron entonces por extender el diálogo de forma voluntaria y retomaron la negociación este lunes en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde finalmente se rubricó el entendimiento.
Según el comunicado de Ciara-CEC, la industria logró que la discusión quedara circunscripta exclusivamente a salarios, sin que prosperaran otras demandas sindicales. La fórmula acordada replica la propuesta que los empresarios habían defendido desde el inicio: actualización mes a mes según la evolución del IPC, con el argumento de que ese mecanismo preserva el poder adquisitivo de los trabajadores. La cámara destacó que el acuerdo garantiza la paz social durante el resto del año.
“Se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros. La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios. El acuerdo cubre todo el año 2026 basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación). El monto total acumulado es del 29.5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año”, sostuvo Ciara-CEC en un comunicado.
Los gremios que participaron de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), que representan a entre 10.000 y 12.000 trabajadores del sector.
El conflicto se había desatado a fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. Los sindicatos habían exigido un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazaban que la indexación por inflación fuera suficiente para recomponer lo perdido, en un sector donde el básico inicial se ubicaba en $2.344.000 frente a una canasta básica que, según los gremios, alcanzaba los $2.802.754. En ese entonces, el ministerio de Capital Humano dictó conciliación obligatoria de forma casi inmediata.
Durante el periodo que se extendió el conflicto salarial, el bloque empresario liderado por Ciara-CEC había advertido sobre el costo concreto de cada jornada de paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumulaba $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes a firmar la propuesta de indexación al IPC, que definió como “la única viable para defender los salarios aceiteros”.
La disputa se desarrolló en un contexto de tensión más amplia: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de mejoras en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador. La industria aceitera procesa y exporta cerca del 80% de la soja que produce Argentina.
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Los aceiteros y las empresas exportadoras cerraron una de las paritarias más importantes del mercado laboral argentino. Luego de días de tensas negociaciones, este lunes llegaron a un acuerdo que comprende un aumento de sueldo para todo el 2026.
Así lo confirmaron tanto las cámaras y los sindicatos, luego de una negociación que se extendió durante días y cuya resolución promete «garantizar la paz social durante todo el año», según las empresas.
Aumento de sueldo confirmado para aceiteros: cuánto cobrarán en julio
Según informó este lunes CIARA-CEC, «se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros«. «La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios. El acuerdo cubre todo el año 2026 basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación). El monto total acumulado es del 29.5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año», resaltó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
En tanto, desde los sindicatos detallaron cómo queda el salario inicial -categoría de peón-:
- A partir del 1 de julio: $2.578.400
- Desde el 1 de septiembre: $2.719.040
«Asimismo, se acordó una suma retroactiva para los meses de mayo y junio de 2026, que se pagará junto con los haberes del mes de junio de 2026″, sostuvo el sindicato.
«En la negociación defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión», agregaron.
En el comunicado también criticaron la reforma laboral: «Lo hicimos en un contexto donde el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga. Además, en nuestra actividad se le sumó una burda campaña de desinformación contra nuestras organizaciones gremiales y el legítimo reclamo a un salario digno».
«Frente a todo esto demostramos nuestra firme voluntad para defender nuestros derechos con unidad y conciencia de clase. Así lo demostramos el pasado 27 de mayo con la Huelga Nacional Aceitera que llevamos adelante de forma contundente en todo el país. Y lo volveremos a demostrar cada vez que sea necesario», agregaron.
Una tensa negociación y una oferta que puso en alerta a los sindicatos
En medio de una tensa negociación, la semana pasada los sindicatos amenazaron con huelgas luego de una oferta que rechazaron de plano. Los sindicatos revelaron que, en la última audiencia, después de «negarse sistemáticamente a otorgar una mejora salarial», los empresarios presentaron «una oferta de $15.000 de aumento» para el mes de mayo.
El secretario General de la FTCIODyARA, Daniel Yofra, sostuvo que «lamentablemente, pareciera ser que la intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras, nos va a llevar a un nuevo conflicto».
El dirigente explicó que el reclamo se fundamenta «en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas»:
- Alimentación adecuada
- Vivienda digna
- Educación
- Vestuario
- Asistencia sanitaria
- Transporte
- Esparcimiento
- Vacaciones
- Previsión
Yofra sostuvo que «tenemos que tratar de unirnos en todos los frentes, todas las centrales obreras y salir a pelear contra este gobierno, pero con un plan de lucha» y subrayó «un paro de vez en cuando a este gobierno no le hace absolutamente nada». Justamente, esa es la propuesta que tienen los gremios aceiteros si no hay acuerdo: un cese de actividades por tiempo indeterminado.
El titular de la organización gremial reconoció que «los trabajadores aceiteros no están mal como está el resto del país», al tiempo que sostuvo que cerca del 90% de los trabajadores registrados argentinos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y reiteró que «hay que enfrentar a este gobierno con paro y movilizaciones, no hay otra».
Una huelga por tiempo indeterminado no solo hubiera afectado a las empresas agroexportadoras sino también a los productores, acopiadores, camioneros y a todos los que se vinculan con el agro. Si bien la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, el acuerdo logrado este lunes puso fin a días de tensión y negociaciones paritarias, con un aumento de sueldo acordado para todo 2026 para los aceiteros.
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