El AmCham Summit, que organiza hace 8 años la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se convirtió en uno de los eventos de negocios más importantes del país. Por peso propio y convocatoria, y en medio de la muy buena relación bilateral y el feeling personal entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el encuentro reunirá el próximo martes a unos 1.500 líderes del sector privado, funcionarios nacionales y provinciales, referentes sindicales y del tercer sector, junto a representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium entre otras.

En medio de un contexto económico global cruzado por el conflicto bélico en Irán y las tensiones de la política local, el lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”.

Aunque aún no hubo confirmación oficial, los organizadores esperan que el evento sea cerrado por Milei.

En este contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en una charla con Infobae el objetivo de esta edición del encuentro empresarial, el momento económico y social del país, las condiciones para atraer inversiones y el vínculo bilateral con Estados Unidos. La cámara tiene 106 años en el país y nuclea más de 700 empresas que emplean a 420.000 personas y, afirma, aportan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.

“El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”, destacó este contador de la UBA que fue CEO de Natura y presidente de PepsiCo Argentina.

— El Gobierno parece tener muy claro cuál es ese modelo de país que quiere, aunque eso se contraste de manera muy fuerte con otras visiones.

— Sí, claro que lo tiene. Y hay contrastes visibles. Pero veníamos de una fuerte centralidad del gobierno nacional que condició desde las políticas comerciales para definir el precio de los productos de las empresas, hasta a quién se le daba el ATN.

— ¿Cómo se compatibiliza ese rumbo con las fuertes demandas de sectores como el industrial?

— Este Gobierno decidió no involucrarse en la microeconomía, lo que implica que no habrá incentivos focalizados ni apoyo activo para sectores que necesitan reconvertirse. Eso deja la dinámica en manos del mercado, del crecimiento de la economía, que no sé si veremos en 2027 y 2028, y en muchos casos de los actores provinciales. Es un desafío.

— ¿Está bien que no se involucren en la micro?

— Si analizamos los últimos 20 años, donde no hubo crecimiento ni generación de empleo desde 2012 y se intervino en todas las decisiones empresariales y de mercado, me parece bien. Eso sí, hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad. El éxito dependerá de la capacidad de la sociedad para acompañar el ritmo de las transformaciones y de la aparición de consensos a largo plazo.

— ¿Qué va a pasar con esa tolerancia social?

— Dependerá de la velocidad con que llegue la recuperación y de las opciones que se ofrezcan más allá de este Gobierno. No tengo esa respuesta 100%, pero la dirección general es la correcta: la desregulación y la normalización de las políticas comerciales muestran a un país que intenta alinearse con el mundo y normalizarse. ¿La inflación a 3% es alta? Claro, ni hay que aclararlo, pero el camino es el correcto. No voy a opinar de las formas, pero está claro que el día a día muestra tensiones: el acceso a medicamentos, los problemas de movilidad por los paros de colectivos y la presión sobre los servicios sociales reflejan la profundidad del ajuste.

— ¿Cuál es su visión del escenario macroeconómico de los últimos meses, donde hay variables y cifras que comenzaron a preocupar en algunos sectores?

— Hubo una corrección importante de la política monetaria que permitió mejorar el esquema caótico de tasas de interés en pesos de los últimos meses. Hoy, hay tasas más razonables, incluso por debajo de la inflación, pero el consumo sigue segmentado. No hay mejora en los ingresos de la gente y ni señales de creación de empleo privado genuino porque las inversiones grandes están en etapas muy iniciales. Los sectores que pueden traccionar inversiones, como la minería, tienen proyectos a diez años. En AmCham tenemos 12 proyectos por USD 26.000 millones que se van a desarrollar en una década. Son procesos largos. Hoy no hay crédito para apalancar empresas y consumo y no hay muchos incentivos. Habrá crecimiento vegetativo este año y tendremos un 2026 sin grandes saltos. El Gobierno está reforzando los subsidios y los ingresos públicos en los segmentos más vulnerables, lo que contiene la conflictividad social, pero los intendentes nos cuentan que antes la gente pedía electrodomésticos y ahora pide comida.

— ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de las empresas de EEUU en el país?

— La carga tributaria es uno de los principales obstáculos. La presión total ronda el 26 a 28 % del PBI, pero por la alta informalidad, el peso sobre la economía formal puede superar el 50 por ciento. Además, la logística encarece los costos: el 85% de la carga se transporta en camiones, con impacto directo en la inflación y la competitividad. Vemos el efecto de eso estos días. Las limitaciones en infraestructura, junto a la carga fiscal y la dispersión normativa entre Nación, provincias y municipios, dificultan planificar inversiones de largo plazo.

— ¿Les preocupan los riesgos políticos?

— No, no es un tema. Se avanzó mucho y hubo decisiones políticas que parecían imposibles de realizar. La reforma laboral, por caso, más allá de los frenos judiciales y de que el tema seguramente terminará en la Corte Suprema. Se destrabaron y se avanzó en cuestiones estructurales que hace tres años eran impensadas. Hay señales y un acompañamiento de una oposición dialoguista que entiende que Argentina debe transformarse y valida políticas públicas en ese sentido.

— ¿Diría que hay optimismo entre las empresas de EEUU en el país?

— Sí… optimismo latino. No estamos en Escandinavia. Vamos bien. Las compañías que están hace décadas en Argentina han atravesado crisis profundas. Hay expectativa, pero también conciencia de que la transformación llevará años y que dependerá de la validación social y política.

— ¿Cómo definiría la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Ya se ve el impacto del acuerdo comercial anunciado?

— La relación está en un momento óptimo. Está muy bien, como nunca antes. El acuerdo de comercio e inversión recíproca avanza y es algo que hubiera sido impensado hace dos años, más allá de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó algunos beneficios arancelarios y ahora el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe revisar su política para Argentina. Como sea, los pilares del acuerdo no van a cambiar. Un ejemplo claro es la reciente modificación de la ley de Glaciares y la delegación de competencias a las provincias, algo que muestra una agenda de trabajo conjunto. El acuerdo también apunta a homologar los registros de productos con Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), para agilizar el ingreso de medicamentos y tecnologías. A nivel comercial, el país pierde competitividad si no se recuperan ventajas arancelarias, por lo que el desafío es que Estados Unidos defina un esquema global y estable de beneficios.

— ¿El resultado de las elecciones de medio término en EEUU puede alterar la agenda bilateral?

— Hay una sobrevaloración de ese proceso en EEUU. Históricamente, las elecciones de medio término no cambian los vínculos de fondo. Trump, por ejemplo, no se apalancó en el Congreso para avanzar en sus políticas. Por otro lado, no es lo mismo perder 10 representantes que 80, y habrá que ver cómo se mantiene el Senado. Hay que esperar los resultados, pero no imagino un gran impacto. Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Estamos en la génesis del cambio, de la consolidación de un modelo de integración. Son saltos estructurales necesarios y de reconfiguración. Otra vez: se necesitan los avales de una sociedad que entienda que hay algunos precios que pagar para ser un país de largo plazo.

La agenda

La agenda del encuentro abordará la posición de Argentina en el escenario global, los desafíos de la infraestructura para la productividad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, la transformación sindical, la reconversión de negocios y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, habrá debates entre gobernadores, senadores, diputados y referentes empresariales sobre políticas sectoriales y provinciales, con foco en los motores clave para el desarrollo: agroindustria, energía, minería y salud.

Como se dijo, se espera que en el cierre hable el presidente Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

— ¿Qué miran los inversores internacionales de este contexto local par tomar decisiones?

— La continuidad de las reformas es clave. El inversor financiero se fija en los precios de los bonos y las tasas internacionales, pero el inversor estratégico, toma decisiones con horizontes de una década. El RIGI es un parámetro monumental porque otorga previsibilidad a largo plazo. Ahora veremos qué va a pasar con el vencimiento del año que viene y está claro que, en ese contexto, varios proyectos se apuran. Alguno podrá dudar si viene otro gobierno y lo saca, pero está claro que el régimen da una base muy importante de derechos adquiridos. No por nada el cálculo de inversión extranjera directa para la próxima década es de USD 60.000 millones, sobre todo en minería y oil & gas. Por ahora, las inversiones productivas en sectores industriales están en pausa porque las capacidades instaladas rondan el 60% en promedio, la demanda es baja y, además, se pudo trabajar en la competitividad porque ya no existen los controles que había hasta hace poco. Insisto, debemos demostrar que esto es de largo plazo y que la demanda de bienes y servicios se recupera, más allá de los sectores que empujan hoy.

— ¿Cómo avanzó el acuerdo en los sectores de laboratorios medicinales y semillas, dos reclamos históricos de AmCham?

— En farmacéuticos, la eliminación del protocolo de criterios de patentabilidad nos devuelve a la ley de Patentes de los ‘90, alineándonos con los estándares internacionales. No es retroactivo, es para todo lo que se registre luego de marzo de este año, pero no veo que eso sea algo que perjudique tanto a las empresas, la verdad.

— Los laboratorios nacionales dicen que los cambios impactarán en los precios de los medicamentos.

— No voy a meterme en esa interna de laboratorios, pero no es tan lineal. Hace unos 15 años que no tenemos productos patentables en el país. El impacto se sentirá en unos 5 o 7 años recién. Hubo una sobrerreacción por algo que pasará en tiempo y una sobreestimación de la incidencia de los productos nacionales en las políticas de precios. El mercado se irá normalizando en un modelo occidental. Por otro lado, el registro PCT, que aún falta implementar, permitirá homologar inscripciones ya realizadas en otros países, abaratando costos y acelerando el proceso.

— ¿Y en semillas?

— Faltan temas de adecuación que confiamos que se resolverán. La falta de protección para las nuevas tecnologías retrasó la llegada de cuatro o cinco generaciones de innovaciones que sí tienen países como Brasil o Paraguay. Tendrán un costo para el productor, pero que se compensa con más producción. Si se corrigen las reglas, en cuatro o cinco años la productividad agropecuaria va a mejorar. Resta trabajar, además, en la protección de datos para incentivar ensayos clínicos y la actualización del marco regulatorio de semillas.