POLITICA
La falsificación del medicamento contra el cáncer más vendido del mundo también tuvo un capítulo en Argentina
Francisco Chávez, un productor de espectáculos mexicano, se asustó cuando empezó a adelgazar en 2022. Había perdido 56 kilos y su piel había empezado a tomar un color grisáceo. A este hombre de unos 50 años, que organizaba conciertos de Ricky Martin y otros artistas en Yucatán, le diagnosticaron un tumor renal canceroso. Se lo extirparon en el quirófano, pero el cáncer ya se había extendido a sus pulmones.
Sus médicos del hospital público en Mérida le recetaron Keytruda, un medicamento que se convirtió en la salvación de miles de enfermos de cáncer porque puede prolongar la vida de algunos pacientes por años o incluso curarlos por completo.
Producido por el gigante farmacéutico Merck & Co, Keytruda es el nombre comercial del pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer – como el de mama o pulmón – que reactiva el sistema inmunitario del paciente y destruye las células cancerosas. Desde su salida, tuvo muy buenos resultados en pacientes, pero por su elevado precio, muchos de ellos no pueden acceder por su elevado precio, sin asistencia estatal. Excepto en Argentina, donde el laboratorio local ELEA desarrolló un biosimilar de nombre Pembrox igualmente efectivo, en el resto del mundo, Merck tiene el monopolio del medicamento, con la patente vigente hasta 2028.
Chávez accedió a Keytruda, pero en su cuarta dosis experimentó efectos secundarios dolorosos: temblores, parálisis y un aumento descontrolado del azúcar en la sangre.
Tomó fotos de cada caja de Keytruda que había tomado y presentó una queja ante las autoridades mexicanas. Exigió saber qué contenían esas dosis, así como ver las facturas relacionadas con la compra de Keytruda por parte del hospital público. También pidió al centro médico que revelara cuántos pacientes se habían visto afectados. Pero no recibió respuesta.
Chávez envió entonces la información a Merck. El personal de la compañía estadounidense se desplazó hasta el hospital para recoger el material sospechoso y después de analizarlo en su laboratorio le comunicaron al paciente que “se identificaron ciertas irregularidades que no se corresponden con las características de los productos fabricados o distribuidos” por la empresa.
La carta, firmada por el jefe de productos para América Latina, decía que MSD (marca comercial de Merck & Co fuera de Estados Unidos) había compartido sus hallazgos con la Fiscalía General de México. Pero todavía no se sabe cómo llegó el medicamento adulterado hasta el hospital. La investigación todavía está en curso.
Dos años después de que Chávez presentara sus denuncias, las autoridades sanitarias comunicaron públicamente una advertencia sobre varios números de lote falsos de Keytruda. Chávez tomó su teléfono y revisó las fotos que había tomado. Uno de los números de lote difundidos en la televisión, era el que había recibido, según reconstruyó la investigación del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.
Chávez, que ahora tiene 56 años, tiene su cáncer “bajo control”. Pero su vida cambió para siempre -aseguró- después de que la sustancia desconocida corriera por sus venas. Ahora sufre de dolor de espalda crónico y episodios repentinos e inexplicables de parálisis, lo que le impide trabajar. “Ya no puedo moverme como solía hacerlo”, le dijo a Univisión, socio del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida originalmente en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.
El trabajo se conoció a nivel mundial ayer en simultáneo y expuso cómo, a nivel global, Merck & Co logró consolidar una posición dominante alrededor de Keytruda, en base a la normativa de patentes, innovaciones alrededor de la droga y sus formas de presentación, y un fuerte lobby.
Infobae – junto al diario La Nación y la Red Ruido, en Argentina – reveló como el desarrollo en nuestro país del primer biosimilar del medicamento oncológico estrella de MSD, Keytruda, forzó una fuerte baja a nivel local del pembrolizumab. Bajo el nombre de Pembrox, la versión local del pembrolizumab fue desarrollada por el laboratorio ELEA, del Grupo Sigman.
La dosis de 200 miligramos de Keytruda cuesta USD 12.000 en Estados Unidos. Usualmente se administra mediante infusión intravenosa cada tres semanas y el tratamiento puede durar hasta dos años. En 2025, Keytruda representó casi la mitad de los USD 65.000 millones de ingresos de Merck, convirtiéndose en el producto estrella de la compañía.
La investigación global del ICIJ concluyó que Merck ha explotado el sistema mundial de patentes para mantener a raya a los competidores. También ha promovido el uso excesivo de Keytruda, elevando los costos para pacientes y hospitales, como parte de una agresiva campaña para impulsar ingresos.
En Argentina, por su precio, solo se puede acceder mediante la intervención del estado, las obras sociales o las prepagas. Actualmente el precio de farmacia es de unos $20 millones (alrededor de 13.000 dólares), por cada unidad de 2 viales o frascos. Pero debido al precio por dosis no se vende en mostrador, y es adquirido por el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales sindicales o las prepagas.
Pero su cobertura – si bien es al 100% – requiere de autorización y un trámite previo que, no siempre, se concretan en los tiempos que exige el avance de la enfermedad.
Mientras que, hasta enero de 2025, MSD (el nombre de Merck & Co fuera de Estados Unidos y Canadá) operaba como único oferente en el país, la irrupción de la versión local del pembrolizumab desarrollada por ELEA, forzó que el laboratorio norteamericano bajara el precio un 49%, y perdiera terreno frente a su nueva competencia nacional.
Con la entrada del biosimilar desarrollado por el laboratorio de Hugo Sigman, llamado Pembrox, el mercado local de esta droga pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año.
El Estado nacional, que solía adquirir unas 280 dosis por año, pasó a comprar casi 4.000 en 2025, según cifras oficiales revisadas por Infobae, en un salto de más del 1.300%.
El valor bajó ostensiblemente para las compras oficiales en lote: en la última contratación directa que logró MSD, en enero del año pasado, el ministerio de Salud de la Nación adquirió 3.214 unidades a un costo de 3.172 dólares cada una (en ese momento $3.381.059).
Argentina es el único país donde un laboratorio local produjo un biosimilar igualmente efectivo, y forzó esa baja en el precio del pembrolizumab.
A nivel global, el precio de Keytruda generó grandes desigualdades en el acceso, dependiendo de dónde vivan los pacientes y cuánto pueden pagar ellos, sus gobiernos, obras sociales o prepagas. Esta dinámica creó una brecha peligrosa: nuevas oportunidades para que falsificadores hagan negocios con la demanda de costosos medicamentos oncológicos, a medida que las tasas de cáncer se disparan a nivel mundial.
Por eso, el de Chavez no fue un caso aislado.
Keytruda falsificada en Chaco
Un par de años antes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre el retiro de unidades apócrifas de Keytruda, en Chaco.
Todo comenzó a mediados de julio de 2019, cuando el personal del Departamento de Farmacia de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de esa provincia, se presentó en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, sede del Banco de Drogas Oncológicas. Al verificar la existencia de medicamentos rotulados como Keytruda, se incautaron 24 unidades que no contaban con etiqueta de trazabilidad o en las que los precintos de seguridad de estuches secundarios se encontraban violados.
Habrían sido compradas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Chaco a la Droguería Psicofarm SA y TM SRL.
La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) inspeccionó el 10 de julio de ese año esa droguería y constató el ingreso de 20 unidades del producto de los cuales el responsable no pudo acreditar su procedencia, según dejó plasmado en la Disposición 6769/2019 en el Boletín Oficial.
El 22 de julio, tras la comparación visual entre las muestras cuestionadas con las contra muestras en poder del laboratorio, MSD Argentina constató que los productos en cuestión eran falsificados.
“La ANMAT informa que se han detectado unidades falsificadas del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4 ml) Lote 8302605A01 en un establecimiento asistencial de la provincia de Chaco”, informó la máxima autoridad regulatoria en materia de medicamentos tres semanas después en un comunicado oficial del 5 de agosto de 2019.
Las unidades falsificadas mostraban los precintos de seguridad de las cajas violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o sellados con pegamento, sin etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones.
Como consecuencia de ello, prohibió “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier lote del producto “Keytruda, Pembrolizumab 100 mg/4 ml, solución para infusión por 1 vial con 4 ml de solución inyectable”, que presente las siguientes características: envase secundario sin etiqueta de trazabilidad, precinto de seguridad violado, y envase primario (vial) con tapa azul con la inscripción “FLIP-OFF”.
La falsificación de Keytruda derivó en alertas en distintos países de la región.
También en una causa judicial por la que fueron imputados los responsables de las droguerías Psicofarm SA y TM SRL. Si bien sus directivos obtuvieron una falta de mérito por parte del juez federal Sebastián Ramos, resolvió enviar el expediente a la Justicia chaqueña. La disputa por la jurisdicción terminó en la Corte Suprema. El Máximo Tribunal resolvió el 9 de abril último que el caso siga siendo tramitado en la órbita Federal, en el Juzgado Criminal Correccional federal Nro 9.
Esta nota recoge información y testimonios del artículo escrito por Nicole Sadek e Isabella Cota, e integra la investigación The Cáncer Calculus liderada por ICIJ junto a otros 49 medios partners.
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POLITICA
Milei espera los pliegos del Senado para designar a 73 magistrados, pero evitará firmar el de la jueza Michelli
El Gobierno espera la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar a firmar las designaciones de jueces. En el Ejecutivo aseguran que el Congreso todavía no envió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que eso ocurra, no puede avanzar con los decretos de nombramiento.
En la Casa Rosada sostienen que los tiempos de firma se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen”, expresan en el oficialismo. Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no fueron comunicados a Nación y explican que el trámite requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.
El proceso quedó abierto después de la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que Javier Milei había pedido retirar. El Senado le dio acuerdo pese al rechazo de la Casa Rosada, pero sin el decreto presidencial la magistrada no puede asumir el cargo.
En el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 sostienen además que el tribunal para el que fue propuesta todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar de inmediato el nombramiento. En despachos del Ejecutivo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de designación no fue firmado por Cristina Kirchner. El postulante terminó renunciando a la candidatura. “Con un poco de presión, cede”, agregan.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. En el Ejecutivo preparan nuevos envíos al Senado y siguen con atención la discusión de otros pliegos que ya están en trámite en la Comisión de Acuerdos. El oficialismo quiere avanzar con cargos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.
La Comisión de Acuerdos del Senado abrió esta semana una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.
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El nombre que concentra mayor tensión es Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. El peronismo, gremios y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defenderlo durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza acompañará su pliego.
En el Senado, además, siguen sin dictamen otros nombres observados. Entre ellos aparecen los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. También permanece trabado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.
La Casa Rosada también mira el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles. El temario incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, entre ellos el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En despachos oficiales advierten que los cargos federales más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La estrategia oficial es avanzar primero con tandas menos expuestas y ordenar después los expedientes que requieren acuerdos más amplios con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores judiciales.
La agenda judicial tendrá además un capítulo internacional en los próximos días. Está confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para exponer ante el GAFI las políticas de la Argentina contra el lavado de dinero. Integrará una comitiva de la que también participarán el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la UIF, Matías Álvarez, el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, y funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.
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El capítulo judicial se cruza con la agenda legislativa de junio. El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para el jueves, en la que buscará ordenar poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada quiere avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en competencia y otros proyectos que todavía siguen en revisión.
El Ejecutivo acelera en paralelo el proyecto de juicio por jurados. En Nación sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que lo trabajan los equipos técnicos de Legal y Técnica. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno tiene en carpeta desde hace meses y que busca enviar al Congreso en el corto plazo.
La reforma de juicio por jurados ya había estado incluida en la primera versión de la Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establecía el sistema en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión, con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.
Gobierno, pliegos
POLITICA
A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner
A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.
Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.
La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.
La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.
El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.
Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.
Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.
La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.
En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.
El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu —que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentencia— pidió a la Corte que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
La tobillera
En tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.
Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
contra Cristina Kirchner,el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,Cristina Kirchner,,A un año de la condena. El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,“Siempre fui un luchador”. El productor que convirtió la defensa del campo en una causa personal y atravesó décadas de batallas
POLITICA
A un año de la condena a Cristina Kirchner: el impacto político, su caudal electoral y su liderazgo en el PJ
Un nombre propio que tiene su lugar de jerarquía en la primera línea de La Cámpora, lo que le permite tener un diálogo fluido con Cristina y Máximo Kirchner, mira en el televisor de su casa el sinfín de notas que los medios realizan en la marea callejera que hay en Avellaneda, el domingo en que el Indio Solari fue despedido por los que lo amaban sin conocerlo personalmente.
En esas voces tristes identifica un mensaje político de fondo que lo sorprende. El reclamo que él y sus compañeros de militancia intentan instalar, sin suerte, en la agenda de la mayor parte del peronismo, está presente en mucho de los fieles ricoteros que abundan en las tierras donde gobierna Ferraresi.
“Pareciera que la consigna de Cristina Libre está más presente en la sociedad que en la política. Quizá su importancia está subrepresentada en la dirigencia política”, piensa, un tanto incrédulo, frente a la pantalla. Su reflexión es la exposición de un sentimiento que atraviesa a todo el arco político que mantiene en su cabeza y en su corazón la conducción política de Cristina Kirchner.
Pero es también la expresión de una necesidad. Hay un sector del peronismo al que le falta una voz que tenga más futuro que pasado. Ahí reside uno de los problemas que arrastra el cristinismo en el debate hacia adentro de la fuerza política. Cree que el futuro tiene que tener a CFK en un rol central. Mientras que el resto del peronismo, considera que su lugar debe tener cada vez menos importancia.
Este miércoles 10 de junio se cumple un año desde que la ex presidenta de la Nación, sentada en una oficina del tercer piso de la sede del PJ Nacional, se enteró que la Corte Suprema de Justicia había hecho formal lo que era un secreto a voces: la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Esa decisión implicaba su inmediata detención y la inhabilitación, de por vida, para competir y ejercer cargos públicos.
En ese instante, mientras la militancia cantaba “No nos han vencido”, un tema icónico del cancionero kirchnerista, Cristina Kirchner empezaba a perder poder de influencia dentro del peronismo y libertad de acción en el teatro de operaciones de la política. Ese día ingresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en San José 1111 y salió en contadas ocasiones. La mayoría por problemas de salud.
En ese camino de condena y privación de la libertad, que en el cristinismo llaman proscripción y persecución, ha limitado la capacidad de acción de CFK, pero no ha disminuido el caudal electoral que tenía el 10 de junio del 2025, al momento de enterarse que su vida cambiaría radicalmente. Una semana después la justicia federal le confirmó la detención domiciliaria y la posibilidad de salir al balcón cuantas veces quisiera. El balcón que se transformó en una postal de resistencia para los kirchneristas y en una discusión sin sentido para el micromundo de la política.
La ex presidenta ha pasado el año de condena y detención recibiendo, de mayor a menor, por las restricciones que le impuso el Tribunal Federal Oral 2, a dirigentes políticos y sindicales, y a economistas y legisladores de Unión por la Patria (UP). La seguidilla de visitas y la foto que la propia CFK mostró de una reunión con nueve economistas, derrumbaron la dinámica que la ex presidenta había construido en sus metros cuadrados.
A partir de ese momento, en noviembre del año pasado, la ex presidenta empezó a tener restricciones en sus visitas. Actualmente puede recibir personas dos días a la semana, durante dos horas cada día y no pueden pasar más de tres personas. Quedan exceptuados de esos límites sus hijos, sus secretarios privados, su médico y su abogado, quienes tienen ingreso libre.
En los últimos meses el cristinismo concentró sus reclamos en las condiciones de detención de la ex mandataria. Sobre todo porque sostienen que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más beneficios en su detención que la ex presidenta. Argumento que les sirve para sostener que existe una persecución política y judicial en su contra, y restricciones desproporcionadas en comparación con otras condenas mucho más severas.
Los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados consideraron que las condiciones de detención son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” y advirtieron que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”. Este mediodía un grupo importante de legisladores dará una conferencia de prensa en el Congreso para mantener vigente el reclamo.
Ayer hubo una reunión en Matheu 130, la histórica sede del PJ Nacional, donde se terminó de delinear la convocatoria para el sábado 20 de junio, cuando se lleve a cabo un banderazo en Parque Lezama y se realice una caminata desde ese punto hasta el departamento donde pasa sus días la ex Jefa de Estado. Habrá discursos, consignas y mensajes entre líneas. La defensa a la causa de CFK sigue siendo de un sector del peronismo, no de la totalidad. Y eso se nota en cada acto y en cada foto.
La líder peronista mantiene contacto permanente con su círculo operativo. Con los dirigentes que están a cargo del PJ, de los bloques legislativos, de las intendencias que responden a la terminal K y de los que llevan adelante el dispositivo político. Mantiene el vínculo fluido con casi todos los pesos pesados del peronismo. En esa lista falta Axel Kicillof.
La relación entre ambos estaba deteriorada al momento en que CFK quedó detenida. Pero durante el último año la situación empeoró. No solo por las desavenencias del Gobernador con la ex presidenta en materia política, sino por los sinsabores de una relación personal astillada. En todos los círculos que rodean a la ex mandataria piden y exigen, según quien lo diga, que Kicillof la vaya a ver a San José 1111. Si no es por política, que sea por una cuestión humana, suelen decir,
El gobernador bonaerense está dispuesto a sentarse a hablar con ella cuando la situación lo amerite. Es decir, cuando haya un conflicto que resolver. No va a ir para acercar posiciones que están bien lejos. No va a ir para escuchar los reproches ni las quejas. No se va a acercar a negociar los límites de una convivencia que ya rompió todas las barreras. Y, sobre todo, no va a aceptar exigencias.
Sin embargo, la lógico indica que en algún momento va a tener que sentarse frente a la ex presidenta para coordinar el armado de una alternativa política. Porque el Gobernador considera que tanto ella como el resto del cristinismo deben estar adentro de un armado del peronismo. Lo que no está dispuesto es a que le impongan condiciones. De ahí proviene una parte de la tensión reinante.
“¿Quiere ser candidato a presidente y no se puede sentar con Cristina porque no quiere que le diga cosas que no le gustan?“, planteó, con una alta carga de ironía, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner. Kicillof no es lo que quieren que sea, ni hace lo que pretenden que haga. Tal vez eso tenga consecuencias políticas a futuro. O, tal vez, no. Mientras tanto, todo ese vínculo esta rodeado de un tornado de hipótesis y recuerdos añejos de un pasado ideal y un camino hasta el presente lleno de sinsentidos.
Cristina Kirchner cumple un año presa y, con dificultades y limitaciones, sigue manteniendo un magnetismo importante sobre un porcentaje importante de la población a la que no le resulta indiferente. La aman o la odia, la quieren fuera de juego o la quieren presidenta, pero no la olvidan.
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