La Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad cordobesa de Brinkmann enfrenta su cierre inminente por quedarse sin personal para operar. Ubicado en el noreste de la provincia mediterránea, el distrito depende mayoritariamente de las actividades agropecuarias, con una marcada especialización en la lechería.

Los tres técnicos que conforman el equipo actual de la agencia, la unidad territorial encargada de llevar la investigación científica al productor, adhirieron al plan de retiro voluntario impulsado por el organismo.

Esta medida, diseñada para reducir de manera significativa la planta de personal, tenía como plazo inicial de adhesión fines de mayo, con una prórroga hasta el 10 de junio. Según el portal especializado Bichos de Campo, la amenaza de eventuales pases a disponibilidad una vez vencido ese plazo aceleró la cantidad de solicitudes, que ya totalizan 900 en el instituto.

De esta manera, la dependencia de Brinkmann quedará sin personal para atender las necesidades del sector productivo local, dejando sin asesoramiento ni acompañamiento técnico a los productores de una región con fuerte impronta agropecuaria.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, había manifestado su postura respecto a las agencias de extensión rural, afirmando que si dependiera de él cerraría todas. Sin embargo, en este caso la clausura de la agencia no responde a una orden directa sino a la falta total de recursos humanos.

El municipio de Brinkmann emitió un duro comunicado de oposición a la medida. El gobierno municipal aseguró que “durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.

Destacó el Programa Pro Huerta, “a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares”.

Asimismo, afirmó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina”.

Rechazaron “el cierre del INTA en Brinkmann, el proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina”.

Por otra parte, desde el municipio advirtieron que “si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común”.

“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, para evitar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

La decisión firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales.

Como viene ocurriendo desde la sanción de la reforma laboral a principios de 2026, los expertos del mercado de empleo acompañan las modificaciones, pero con criterio más que con euforia. La reglamentación de artículos clave este lunes, como el del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones Laborales (RIFL) y el de creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), no quebraron esta óptica. El diagnóstico es casi unánime: la Ley de Modernización Laboral es un paso más, pero sin reactivación económica no se verá su impacto en el mercado de trabajo registrado.

Vale la pena mencionar en este punto la encuesta que realizó entre casi 420 compañías la consultora WTW, sobre las opiniones que generaba en los departamentos que deciden sobre personal y compensaciones la reforma laboral: el 81% no tenían opinión formada, por ejemplo, sobre la incorporación del FAL, solo un 7% lo consideraba beneficioso y el resto solo aceptable o una preocupación (por sus costos financieros)

Y en materia de generación de empleo esas mismas firmas, que incluyen a grandes empresas locales y filiales multinacionales, también pintaron un panorama no favorable a las contrataciones de personal. 

Aun así, los expertos coinciden en que habrá ciertos sectores que puedan beneficiarse del nuevo marco legal para trabajar, como los jóvenes y aquellos que accedan a su primer empleo, así como personas que, si bien ya cuentan con experiencia, nunca tuvieron trabajo registrado.

Sin consumo ni actividad, no habrá repunte del empleo

Tras conocerse el lunes la reglamentación de estos artículos clave de la Ley de Modernización Laboral (N°27.802), los principales expertos del mercado del empleo se mostraron cautelosamente optimistas, con reservas sobre el impacto potencial.

Jorge Figueroa, Director de Public Affairs & Sostenibilidad de Randstad, remarcó que «la reforma laboral en general, y la reglamentación de medidas como el RIFL y el FAL en particular, son herramientas que pueden favorecer las contrataciones al reducir algunos de los costos asociados a la relación laboral, sin afectar las remuneraciones. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de instrumentos no suele ser, por sí mismo, el principal impulsor de nuevos puestos de trabajo, ya que la creación sostenida de empleo está vinculada principalmente al crecimiento de la inversión, la actividad económica y el desarrollo de sectores de mano de obra intensiva.«

Dicho esto, en Randstad reconocen un levemente mayor potencial de impacto en el corto y mediano plazo en lo que refiere a la formalización y en la inserción de personas que hoy se encuentran fuera del empleo registrado. «La implementación del RIFL puede constituir un incentivo para la contratación de trabajadores que no hayan tenido empleo formal previo, favoreciendo el acceso al primer empleo, el empleo joven y la incorporación al mercado laboral registrado de personas que hoy se desempeñan en la informalidad.»

«En ese sentido, es esperable que estas medidas contribuyan a dinamizar la registración y la inclusión laboral de determinados segmentos de la población, generando mayor movilidad dentro del mercado de trabajo formal. Más que una creación concreta de nuevos empleos en el corto plazo, el efecto más visible podría darse en términos de registración e incorporación de nuevos trabajadores al sistema formal», sentenció Figueroa.

Por su parte, Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro «Mi trabajo ahora», mencionó que el RIFL y el FAL apuntan a distintos momentos de la contratación -uno incentiva el ingreso de personal no registrado al mercado formal, el otro alivia el riesgo económico de tomar personal- y que el que tiene mayor potencial de generar impacto en el corto plazo es el primero de estos regímenes. «El RIFL hace una reducción importante en los costos de contratación, que es la primera barrera que tiene el empleador al contrtatar. Si bien es para un grupo determinado de trabajadores (monotributistas, empleados públicos y desempleados) si es un incentivo directo.»

«Por otro lado, el FAL es una medida que da mayor tranquilidad y previsibilidad en términos de indemnización, con lo cual es minimizar el dolor de cabeza de algunos empleadores ante una eventual indemnización. Esto tiene un impacto relativo (en el empleo) ya que casi nadie contrata a una persona con el objetivo de despedir. Por ese impacto indirecto, el RIFL contribuye más que el FAL al objetivo de movilizar el empleo registrado,» añadió.

A la vez, Jeremías González Ferioli, CEO del Grupo Consultores de Empresas, fue el más optimista: «Puede haber un impacto positivo. No creo que se genere una explosión de nuevos empleos, pero si son incentivos considerables para los empresarios al incorporar personal.»

En este sentido, coincidió en que el impulso más directo de lo recién reglamentado es el RIFL. «Para rubros donde los márgenes son acotados, una reducción de cargas sociales de alrededor de 13% es muy relevante. Considerando que para acceder se deben cumplir ciertas condiciones, creemos que va a ser más relevante para posiciones donde la experiencia y el conocimiento para la tarea no sea un limitante. Va a ayudar a muchos a conseguir su primer trabajo. Dentro de los tres (artículos de la reforma laboral reglamentados el lunes) es el que mayor impacto va a tener en la generación de empleo,» añadió.

En relación al PER, González Ferioli coincide en que será un impulso hacia la formalización más que a la generación de nuevos puestos de trabajo, «específicamente en las Pymes, donde va a reducir riesgos laborales y contingencias» también. 

«Hoy por hoy con muchos artículos de la reforma laboral discutidos y altísimos intereses sobre conflictos laborales el FAL va a ayudar. Pero personalmente no creo que nadie contrate personal solo por esto. Va a ser una herramienta para gestionar el riesgo laboral y en cierto punto disminuir el riesgo sobre todo para pymes que una sentencia laboral los complique económicamente», añadió sobre los fondos que comenzarán a cotizar en noviembre.

Y finalmente, en la misma línea que Figueroa, añadió que «la reforma por si sola no va a generar una recuperación del empleo. Sin dudas que va a ayudar, pero las decisiones de contratar van a depender de las variables clásicas de demanda, competitividad en todos los aspectos, tipo de cambio, etc.»

Reglamentaron la reforma laboral

En concreto, el lunes se reglamentaron algunos artículos que estaban pendientes tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral. Los mismos tienen que ver con el recibo de sueldo digital, la creación de los fondos para indemnizaciones laborales y el nuevo régimen con el cual el Gobierno busca una mayor formalización del empleo no registrado que ya existe en la Argentina.

Régimen de Promoción del Empleo Registrado

Por un lado, Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 409/2026, se dotó de plena operatividad al Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), contemplado originalmente en el Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. El mismo implica condonaciones de deuda por no registro o registro deficiente de relaciones laborales previas a la sanción de la reforma laboral. La quita se establece de acuerdo al tamaño de la compañía. Asimismo, la adhesión al PER produce la extinción de la acción penal por estos delitos y la baja automática de del empleador del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

El «blanqueo laboral» del PER se complementa con el RIFL, un capítulo de la reforma que intenta promover la contratación legal de trabajadores que inicien el vínculo laboral registrado a partir del pasado 1 de mayo de 2026 y hasta el 30 de abril de 2027. Está dirigido a empleadores que incorporen personas que no tuvieran empleo registrado al 10 de diciembre pasado, estuvieran desempleados hace 6 meses, fueran monotributistas o ex empleados públicos. Para estos casos el artículo propone una reducción significativa de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la relación laboral. 

Fondo de Asistencia Laboral

A partir de la reglamentación del FAL, parte de los aportes que los empleadores derivaban a la Anses quedarán en su poder, pero deben estar invertidos en instrumentos que cotizarán en el mercado de valores, creados específicamente para este fin. La meta es que los empleadores tengan un «colchón» de dinero que destinarán al pago de indemnizaciones laborales, y que ese colchón pueda mantener o incrementar su valor en el mercado. La reglamentación fue aprobada el lunes mediante el Decreto 408/2026 y pone en marcha el esquema operativo del FAL, aunque todavía quedan pendientes normas complementarias de ARCA y otros organismos. Entrarían en vigencia a partir de noviembre del corriente año. 

Está claro que con la sanción de la ley de reforma laboral y la reglamentación de los artículos necesarios para que las «modernizaciones» en esta materia comiencen a implementarse, se le da una cuota más de solidez a las mismas, algo que el mercado de trabajo y las empresas consideran una condición necesaria para apoyarse en la nueva normativa a la hora de contratar personal. Pero no se genera por ello un repunte del empleo ni inclinan la balanza a la hora de pensar el futuro de la nómina. Los actores siguen a la espera de mejores señales en el plano económico a la hora de pensar nuevas incorporaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de junio 2026, con fechas y montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes tengan DNI terminado en 2 percibirán sus haberes y prestaciones en días específicos y con los valores vigentes, que incluyen aumentos, bonos extraordinarios y aguinaldo.

El cronograma contempla el feriado nacional del 15 de junio y la actualización de los haberes para todas las prestaciones. A continuación, las fechas de cobro y los montos correspondientes para cada beneficio.

Las personas con DNI terminado en 2 que reciben jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán el miércoles 10 de junio. El monto actualizado es $403.318 (haber bruto), más un bono de $70.000. El neto aproximado es $461.218. En junio, también se abona el medio aguinaldo de $201.659, por lo que el total a cobrar ronda $674.976.

Para quienes reciben jubilaciones o pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2, el cobro será el miércoles 24 de junio. El haber máximo asciende a $2.713.948 brutos. El bono extraordinario se paga de manera proporcional, solo hasta alcanzar el piso del haber mínimo más bono. El medio aguinaldo se calcula sobre el mejor haber del semestre.

Las personas titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 cobrarán el miércoles 10 de junio. El monto actualizado de la AUH es de $144.562, mientras que el monto efectivo que perciben los titulares alcanza $115.650. Para la AUH con discapacidad, el monto es de $472.095.

Las personas beneficiarias de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 cobrarán el viernes 10 de junio. El monto actualizado es $144.984.

Quienes perciben Asignación por Prenatal o Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el jueves 11 de junio. El monto correspondiente para el primer rango de ingresos es $72.474 para cada asignación.

Las Asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se abonarán entre el 10 de junio y el 14 de julio, sin distinción de terminación de DNI. Los montos vigentes son:

• Nacimiento: $84.508
• Adopción: $505.265
• Matrimonio: $84.508 por cada cónyuge

Quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen DNI terminado en 2 cobran el martes 9 de junio. La base para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $322.654,39. El bono extraordinario suma $70.000, lo que lleva el total a $392.654,39 antes del aguinaldo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan entre el 8 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI. El monto varía según la cantidad de hijos:

• Un hijo: $72.250
• Dos hijos: $113.299
• Tres hijos o más: $149.425

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 2 podrán cobrar el 24 de junio. Tras la actualización de junio, el monto mínimo de la prestación es de $181.500 y el tope máximo general asciende a $363.000.

El monto exacto que recibe cada beneficiario se calcula individualmente, según los aportes acumulados y los mejores sueldos que haya de haber percibido durante su empleo.