En medio de vaivenes y complicaciones, el segmento lechero busca recuperar su mejor forma y, a través de experiencias como La Suipachense y Sudamericana de Lácteos, la recuperación de un nicho histórico de negocios parece comenzar a tomar forma en el horizonte cercano. En línea con estos dos casos, la planta de la extinta Sociedad Cooperativa de Tamberos de Rosario Limitada (Cotar) en Rosario ingresó en una cuenta regresiva institucional y financiera que determinará el control definitivo de sus instalaciones y la continuidad de sus operaciones industriales. Agrupados bajo la estructura de Nueva Cotar, los trabajadores de la firma buscan dar el paso definitivo para transformarse en los propietarios formales de la usina lechera. Se trata de un espacio industrial que vienen gestionando de forma ininterrumpida desde 2022, momento en que tomaron las riendas del establecimiento ante el colapso financiero y operativo de la cooperativa original. Suman alrededor de 80 los empleos que genera la láctea.

El proceso legal alcanzó una instancia bisagra con la intervención de la Justicia. Tras el quiebre de la firma histórica y la acumulación de un pasivo que superó los $1.500 millones, a partir de deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acreedores comerciales y salarios caídos de más de 120 familias, la sindicatura avanza en la etapa final del proceso de enajenación y tasación de los bienes inmuebles y la maquinaria.

En ese marco, la estrategia de los trabajadores busca replicar la fórmula de rescate y preservación de fuentes de trabajo que otras cooperativas lácteas del país vienen impulsando para quedarse con activos paralizados. El objetivo central de asumir el control legal de la planta es blindar a más de 80 trabajadores directos y decenas de puestos indirectos que hoy dependen de que las instalaciones lecheras sigan en funcionamiento.

Desde la conducción del espacio autogestionado remarcan la urgencia de cerrar el capítulo judicial para obtener previsibilidad operativa.

«Nosotros demostramos que la planta es viable y que pudimos sostenerla abierta en los peores momentos. Ahora necesitamos que la Justicia nos reconozca los créditos laborales para ser dueños legítimos del predio y dejar de vivir con la incertidumbre de un desalojo o un remate», afirmaron fuentes ligadas a los operarios de la ex Cotar.

Cotar y un endeudamiento crónico

Para entender cómo una marca emblemática rozó el cierre definitivo hay que reconstruir una cadena de desaciertos gerenciales y desbalances estructurales que se arrastraron durante casi dos décadas.

El deterioro de la vieja cooperativa no respondió a un hecho fortuito, sino a una combinación fatal: pérdida constante de socios tamberos, acumulación de deudas previsionales e impositivas, y la firma de acuerdos comerciales desfavorables que ahogaron el flujo de caja.

El evento que precipitó el derrumbe definitivo fue la cesación de pagos y la posterior rescisión de contratos de fasón clave con firmas nacionales y regionales. Tras perder el flujo de materia prima que aportaban los tamberos asociados, quienes migraron sus entregas hacia otras usinas ante los atrasos en los cobros, la planta pasó a operar a una fracción mínima de su potencial.

Esa capacidad ociosa transformó los costos fijos de la firma en una bola de nieve inmanejable que terminó por disparar la quiebra judicial y la interrupción de la cadena de pagos salariales.

A ese cuadro se sumó la falta de inversión en aspectos como la reconversión tecnológica. Así, mientras la competencia fue modernizando sus líneas de envasado y logística para ganar presencia en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, la conducción tradicional de Cotar se apoyó en esquemas comerciales obsoletos que derrumbaron la rentabilidad.

«Acá no hay especulación inmobiliaria ni financiera; hay familias enteras que se pusieron la fábrica al hombro cuando los antiguos dueños la abandonaron. Pasar la propiedad a manos de la cooperativa es la única garantía de que este predio siga produciendo y se preserve el trabajo local«, señalaron respecto del proceso actual sendos voceros del gremio ATILRA.

La ex Cotar y la perspectiva de negocios de la nueva etapa

En el plano estrictamente comercial, el horizonte de Nueva Cotar dependerá directamente del éxito de la maniobra judicial para obtener la titularidad de la planta. De consolidarse como dueños del activo, los trabajadores proyectan encarar un plan de negocios centrado en tres pilares: reconversión operativa, diversificación de productos de valor agregado y «captura de liquidez mediante créditos bancarios de desarrollo industrial».

Hoy por hoy, y procesando entre 30.000 y 50.000 litros diarios bajo acuerdos de fasón para terceros, la cooperativa funciona con un margen justo para cubrir costos operativos y salarios. Sin embargo, la proyección técnica contempla duplicar ese volumen en una primera fase, apuntando a recuperar una escala de 100.000 litros diarios.

Según pudo saber iProfesional, el foco de negocios estará puesto en abastecer el canal de cercanía en el Gran Rosario con leche fluida en sachet, yogures y quesos blandos a precios competitivos, esquivando la intermediación de grandes distribuidores.

La clave financiera de este modelo radicará en el acceso al financiamiento. Hoy, al no poseer el título de propiedad, la cooperativa está imposibilitada de ofrecer garantías reales para tomar préstamos a tasa subsidiada. La adjudicación del predio, cuya superficie supera los 15.000 metros cuadrados y ostenta una infraestructura codiciada, transformaría el balance de la cooperativa, permitiéndole apalancarse para renovar equipamiento y expandir su red logística.

En paralelo, el apetito de los inversores privados y desarrolladores inmobiliarios por el terreno donde se levanta la planta, valuado en unos u$s4 millones, expone el valor estratégico del inmueble. De ocurrir el traspaso en los tribunales santafesinos, la ex Cotar buscará consolidar un modelo de empresa recuperada capaz de demostrar rentabilidad y blindar empleos.

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires volverán a actualizarse en agosto y septiembre, luego de que el Gobierno bonaerense aprobara nuevos cuadros arancelarios para cubrir parte de los costos de funcionamiento de las instituciones.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que la Dirección General de Cultura y Educación autorizó un incremento del 5,5% para agosto y otro del 2,5% para septiembre para los establecimientos de gestión privada que reciben subsidios estatales.

De esta manera, los nuevos valores reemplazarán al esquema vigente hasta el momento y acumularán una suba del 8,1% en el bimestre, según precisó la entidad que nuclea a los institutos de enseñanza privada de todo el país.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones”.

“Esos costos extras deben ser financiados con recursos de los institutos, sobre todo en un contexto donde el sector tiene dificultades con la morosidad en el pago de cuotas, reducción de la matrícula por el descenso de la natalidad, mayores erogaciones por el mantenimiento de los edificios escolares, problemas financieros por aumentos salariales cuyos incrementos de aranceles no fueron autorizados en el momento correspondiente, entre otras cuestiones”, explicó.

Y agregó: “Estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”.

El último aumento había sido en mayo, con una suba de 3,5%, por encima de la inflación de ese mes que alcanzó el 2,1%.

Para agosto, en el nivel Inicial y Primario, las escuelas con 100% de subvención podrán cobrar hasta $37.150; con 80%, $68.550; con 70%, $87.690; con 60%, $131.320; con 50%, $152.800; y con 40%, $167.990.

En el nivel Secundario, los valores máximos serán de $40.960 para las instituciones con 100% de aporte estatal; $77.610 (80%); $107.670 (70%); $158.310 (60%); $174.650 (50%); y $218.290 (40%).

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los topes quedarán en $47.220 (100%); $88.840 (80%); $122.470 (70%); $181.310 (60%); $204.500 (50%); y $249.820 (40%).

En el nivel Superior, los aranceles máximos serán de $53.520 para las instituciones con 100% de subvención; $93.340 (80%); $119.800 (70%); $151.970 (60%); $170.250 (50%); y $213.220 (40%).

En septiembre, los establecimientos de Inicial y Primario podrán cobrar hasta $38.070 con 100% de aporte estatal; $70.260 (80%); $89.880 (70%); $134.600 (60%); $156.620 (50%); y $172.180 (40%).

Para el nivel Secundario, los topes pasarán a $41.980 (100%); $79.550 (80%); $110.360 (70%); $162.260 (60%); $179.010 (50%); y $223.740 (40%).

En las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los nuevos valores serán de $48.400 para las instituciones con 100% de subvención; $91.060 (80%); $125.530 (70%); $185.840 (60%); $209.610 (50%); y $256.060 (40%).

Por último, en el nivel Superior, los aranceles máximos se fijaron en $54.850 para las escuelas con 100% de aporte estatal; $95.670 (80%); $122.790 (70%); $155.760 (60%); $174.500 (50%); y $218.550 (40%).

Los montos corresponden exclusivamente al arancel de enseñanza curricular mensual para establecimientos que cobran diez cuotas y varían de acuerdo con el porcentaje de subvención estatal que recibe cada colegio.

El ajuste de cuotas impacta directamente en las familias, que en muchos casos ya enfrentan dificultades económicas para sostener la escolaridad privada.

Mientras tanto, para el sector, el aumento autorizado no alcanza para cubrir la totalidad de los costos y subas salariales que enfrentan los institutos privados, por lo que muchas instituciones deben afrontar gastos adicionales con recursos propios.

El aumento de la informalidad, el envegecimiento de la población, son algunas de las tendencias que están afectando cada vez más la sostenibilidad del sistema previsional argentino. De acuerdo a un informe de Fundación Mediterránea, Se necesitan 34 monotributistas para que con su aporte el día de hoy al sistema se financie una jubilación ordinaria promedio. 

Para las investigadoras Laura Caullo y Guadalupe Galíndez que firman el mencionado reporte, el financiamiento del sistema previsional enfrenta una presión creciente, en principio porque el 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales.

Entre quienes sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende sólo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan. En los últimos años, disminuye el peso del empleo asalariado registrado, que históricamente fue el principal sostén del financiamiento previsional.

Cada vez menos peso del trabajo en relación de dependencia

Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. De los aportantes, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia, y el 26% restante corresponde a independientes. Dentro de ellos, 2,2 millones corresponden al régimen de monotributo y la gran mayoría de ellos (54,8%) aporta en la categoría A, que es la de menores ingresos.

Pero las investigadoras destacan que la participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas con aportes al sistema aumentó de 513 mil a 2,2 millones, un incremento del 331%.

«Si bien este cambio amplió la cantidad de trabajadores que realizan aportes, también modificó la estructura de financiamiento del sistema», apuntan. Es que la brecha contributiva entre las dos modalidades de trabajo es muy significativa. El aporte promedio de un monotributista equivale apenas al 2,9% del haber jubilatorio promedio del SIPA.

Así las cosas, mientras que el aporte previsional de un trabajador asalariado registrado del régimen general promediaba en marzo 2026 los $187.098, el aporte promedio de un monotributista es casi 10 veces menor, rondando apenas los $19.215 mensuales. Como resultado, el informe concluye hoy se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación ordinaria promedio del sistema previsional argentino, pero solo se necesitarían 3,5 trabajadores registrados en relación de dependencia para ofrecer el mismo monto de la prestación. 

En el caso de la jubilación mínima, la comparación es de entre 2,4 asalariados formales frente a casi 23 monotributistas.

Reforma previsional

«Estos resultados no implican que el monotributo sea un problema en sí mismo. El régimen permitió incorporar al sistema previsional a millones de trabajadores independientes que, de otro modo, probablemente permanecerían fuera de la formalidad. Sin embargo, el escenario cambia cuando su creciente participación se combina con una elevada informalidad y con el envejecimiento de la población. En ese contexto, el sistema no solo enfrenta menos aportantes en relación con la cantidad de jubilados, sino también una mayor proporción de trabajadores que realizan aportes de menor magnitud», advierten las investigadoras que se meten así en el debate que enmarca la próxima sanción de la reforma previsional.

Consideran que la reforma previsional deberá abordar la edad de retiro, las trayectorias laborales, los requisitos de acceso, la determinación de los haberes y el envejecimiento de la población, pero también deberá revisar las bases de financiamiento del sistema. 

«El desafío excede a la cuestión demográfica. La sostenibilidad del sistema depende tanto de ampliar la base de aportantes como de mejorar la capacidad contributiva de quienes hoy financian las jubilaciones», concluyen Caullo y Galíndez.