ECONOMIA
Cómo la historia de un puente roto de más de 50 años puso en foco el destino de los impuestos provinciales y las tasas municipales
Construido en 1972, el puente Héctor Ligorria, sobre lo que algunos lugareños llaman arroyo y otros río Piray Miní, fue refaccionado en 1992, y tras la última crecida estaba al borde del colapso, como muestran fotografías más adelante. El hormigón sumergido sufrió 54 años de embate de crecidas, impacto de troncos, socavamiento de la corriente.
El puente está emplazado en el Municipio 9 de Julio, del Departamento de Eldorado, cerca de la Ruta Provincial 226, zona de Valle Hermoso y el río abastece de agua a Eldorado. Alfredo Gruber cuenta: “Uno de los pilotes se hundió y otro se quebró y se fue hundiendo la plataforma de hormigón, que está bien hecha”.
El arreglo correspondía al Municipios de 9 de Julio (del otro lado está la localidad de Colonia Victoria), o a la Provincia, pero hace dos años, dice Gruber, “aparecieron 5 ingenieros de Vialidad Provincial, dijeron que al puente había que hacerlo de nuevo y echaron tierra a ambos lados, para que no se pueda usar”. El tiempo pasó y del puente nuevo no hubo noticias.
Un grupo de productores autoconvocados formado a raíz del robo de ganado y otros problemas que no solucionaba la policía y -menos aún, la Justicia- juntó 150 firmas y pidió audiencia al gobernador misionero, Hugo Passalacqua, al ministro Coordinador, Carlos Sartori, y al director de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal, por el tema del puente. No tuvieron respuesta.
Cincuenta kilómetros de rodeo
”Teníamos que dar una vuelta de 50 kilómetros para llegar a nuestra chacra”, recuerda Alfredo a Infobae. “Empezaron a pasar primero motos y después se fue sacando la tierra y se volvió a usar, pero era peligroso, en cualquier momento se caía un camión o un colectivo”, dice el productor misionero, que junto a sus hermanos Aldo y Gerardo son dueños de Gruber Hermanos SRL y del Establecimientos Guillermo -productores integrados que plantan pino, tienen aserradero, producen sorgo, maíz y girasol y hacen feedlot y cría de cerdos-.
“Cada vez que bajaba el agua Aldo me presionaba para arreglar el puente”, cuenta Alfredo. Este verano los Gruber hicieron lo que por años no hicieron ninguna de las instancias estatales: pusieron maquinaria, grúas, palas, camiones, cemento, hicieron encofrados, arreglaron los pilotes y repararon lo que localmente llamaban “Puente 4 Caminos”, por el número de canales, que se redujo a tres. Ahora quieren que la provincia les reconozca la reparaciónmediante una compensación impositiva.
¿A quién le corresponde el arreglo?
Recientemente, un grupo de 20 diputados kirchneristas calculó que Economía retuvo ilegalmente 1,16 billones (esto es, millones de millones) de pesos que debería asignar por ley al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Alfredo Gruber no sabe a quién le corresponde, pero sostiene que la reparación debería estar a cargo de la Nación, que cobra impuesto a los Combustibles e IVA, o -más cerca del problema, a la Provincia (que cobra impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliarios, Patentes), o al Municipio corresponde (que cobra tasas viales).
“La zona tiene pino y yerba; ahora, por los bajos precios, los yerbales de baja producción tendrán que reconvertirse, pero para eso hacen falta créditos a tasa razonable”, señala a Infobae. Del otro lado de la frontera, compara, los productores brasileños “tienen créditos al 4%, 8% o 10% anual a 6 a 10 años, con 3 de gracia. Y no tienen IIBB”. El productor recordó además que en las últimas décadas, pese a las tasas municipales e impuestos provinciales, “muchos caminos rurales se cerraron, dejaron de existir”.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera?, pregunta el empresario y economista Gustavo Lazzari, que llamó la atención sobre el caso, ejemplo de las “peripecias” que deben atravesar las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.
La historia es aún más llamativa por ocurrir en Misiones, caso paradigmático de uso y abuso de las “retenciones” de IIBB, impuesto del que en 2023, según la última información disponible, debía devoluciones por entre 12 y 14 meses.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera? (Lázzari)
Jorge Colina, presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) dijo a Infobae: “Debe seguir siendo lo mismo, yo pude hacer ese cálculo por información que me pasaron de una Dirección de Rentas Provincial que integra la Comisión Arbitral, conformada por la mayoría de las provincias argentinas”.
La Justicia, las tasas viales y las provincias
Colina detalló que “todas las provincias tienen IIBB, con una tasa que no parece muy alta, 3%, 4% o 5%, pero al afectar todos los eslabones de la cadena productiva llega a pesar hasta 12% o 15% en el costo final de un bien o servicio. Más dañino aún es que las provincias hacen retenciones a las empresas no solo por las ventas que hagan en su territorio, sino también por ventas en otras provincias. Es el caso de Misiones, de Catamarca: a los contribuyentes inscriptos en sus direcciones de renta, aunque no sean de esas provincias, le hacen retenciones por ventas que son muchas veces fuera de la provincia. Eso genera un crédito al contribuyente, que si no tiene suficientes ventas allí no puede recuperar. Así Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia”.
Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia (Colina)
La Comisión Arbitral de rentas provinciales estableció un esquema unificado para una sola retención de IIBB que el contribuyente use en cualquier provincia. Sin embargo, provincias como Misiones retienen por su cuenta.
“Una empresa puede netear esos créditos solo si vende en la provincia; si no, se transforma en un costo. Eso disgusta a otras provincias, pero sobre todo a las empresas. Hay algunas que decidieron no operar más en Misiones”, aclaró Colina a Infobae.
Un caso significativo es el de Las Marías, productora de yerba y té y dueña de marcas de yerba mate muy conocidas presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: dice que los “anticipos de Ingresos Brutos” que le retiene Misiones superan en más de 17.000% lo que le corresponde de pago anual. La vecina Corrientes se presentó como “tercero interesado” con el argumento de que lo que hace Misiones conspira contra planes de inversión de la empresa en su territorio.
Según un estudio de Idesa, en 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de 1 mes del impuesto. En 6 equivalen a entre 1 y 2 meses y en las 8 restantes los anticipos equivalen a más de 2 meses del impuesto. Misiones y Catamarca son de lejos las provincias que más dinero se quedan, en meses de la recaudación total de IIBB.
Ordenar la anarquía
“Cuando se habla de reforma impositiva: antes de hablar de si bajamos un poco la alícuota de Ganancias o las retenciones hay que ordenar la anarquía de las provincias con IIBB. Eso quita productividad. Algunos dicen que el tipo de cambio está apreciado un 15%, pero si arregláramos IIBB los insumos bajarían el 15%, porque no habría ese efecto cadena. Ni qué hablar con las retenciones que hacen y no devuelven nunca”, dijo Colina.
El esperto considera que una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias”. Sobre el caso del puente sobre el Piray Mini, Colina acotó: “aún si la provincia le reconoce a los productores el gasto del puente, el problema sigue, porque la provincia va a seguir haciendo retenciones espurias a todos los demás”.
Una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias” (Colina)
Lo cierto es que los abusos de algunos municipios en tributos como la “tasa vial” empezaron a multiplicar reclamos y generar fallos a favor de los demandantes. Recientemente el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen dictó que el municipio bonaerense de Daireaux devuelva sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial al comprobar, tras más de dos años de pericias judiciales e ingenieriles, graves deficiencias de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines.
La sentencia, del juez Pablo Germain, un extributarista, consideró nula la tasa vial para un grupo de contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso reducciones proporcionales.
Y esta semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, falló contra el municipio de Baradero (también en territorio bonaerense), conminándolo a informar sobre el uso de $1.000 millones de tasa vial pagada por productores rurales.
Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que combate la sobre-tributación y la imposición ilegal, dijo a Infobae que el fallo de Germain es ejemplar pues reafirma 3 aspectos centrales de las tasas municipales:
- deben fundarse en una prestación efectiva,
- su monto debe basarse en el costo (proporcional) del servicio prestado, y
- su recaudación no puede asignarse a otros fines.
Las demandas de los productores, dijo, no son una “rebelión fiscal”, sino reclamos a favor de justicia fiscal.
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El consejo directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a las políticas de tercerización y despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El conflicto estalló al tiempo que renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Lamboglia, en medio de «una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo», indicaron fuentes de la actividad.
El secretario General del gremio, Guillermo Mangone, repudió «las cesantías injustificadas que se están llevando a cabo en todo el país«, señaló y subrayó que estas medidas resultan «particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros».
Cómo la tercerización amenaza la seguridad del servicio de gas
Según explicó la Federación del Gas, «en lugar de invertir en recursos humanos y capacitación, las ganancias son utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio», remarcando que «la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas».
Mangone advirtió que esta práctica «no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo» y relató que «en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial».
En este marco, manifestó su preocupación por lo que consideró una «pasividad de los organismos de control» frente a estas situaciones, apuntando que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
La FETINGRA avisó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria «pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones» y exigió:
- El cese inmediato de los despidos injustificados
- La preservación de los puestos de trabajo
- El respeto por los derechos laborales adquiridos
La pelea interna que hizo explotar al regulador del gas
En la actividad, la renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE -organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país- fue sorpresiva y algunas versiones se refieren a las constantes peleas palaciegas libertarias. A menos de un mes de asumir dejó el cargo en manos de su segundo, Vicente Serra.
Trascendió que el desencadenante de la salida de Lamboglia fue producto de una fuerte interna dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Las diferencias entre los funcionarios comenzaron con las renovaciones de contratos. Lamboglia proponía no realizarlos hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció esa solicitud y días después renovó por 6 meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio, al tiempo que impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.
También había discrepancias sobre las nuevas oficinas del ENRGE, ubicadas en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.
La semana pasada, el directorio convocó a una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que desató el enojo de Lamboglia, quien argumentó que la constante tensión estaba afectando su estado de salud por su condición de diabético.
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ECONOMIA
SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, sale a cotizar en Wall Street y busca recaudar una cifra millonaria
La empresa aeroespacial de Elon Musk presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos los términos de su debut en el Nasdaq, previsto para el 12 de junio. Con una recaudación objetivo de USD 75.000 millones, la operación apunta a convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.
SpaceX fijó el precio de sus acciones en USD 135 cada una y planea vender 555,6 millones de títulos en su Oferta Pública Inicial (OPI), según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese valor, la empresa fundada por Elon Musk alcanzaría una capitalización de mercado de USD 1,77 billones y recaudaría USD 75.000 millones, lo que convertiría al debut en el mayor de la historia bursátil, por encima del récord que en 2019 estableció la petrolera saudita Aramco con USD 29.400 millones, según informó Bloomberg.
La fijación de un precio único antes del roadshow con inversores es, en sí misma, una ruptura con la práctica habitual. Las empresas que salen a bolsa normalmente establecen un rango de precio para orientar las expectativas del mercado y ajustar la valuación en función de la demanda. SpaceX, en cambio, optó por un valor cerrado desde el inicio. “Musk simplemente está adoptando un enfoque de ‘tomarlo o dejarlo’, lo cual funciona para sus seguidores y también tiene sentido dado el estado del mercado y la falta de comparables”, dijo Weiheng Chen, socio senior de la firma legal Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Reuters. El roadshow formal arrancó este jueves.
El debut en el Nasdaq, bajo el símbolo “SPCX”, está previsto para el 12 de junio, aunque la fijación definitiva del precio de la acción se realizará el 11 de ese mes, según Bloomberg. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son los bancos coordinadores principales de la operación, que involucra a un total de 23 entidades financieras.
La OPI de SpaceX rompe el molde en varios aspectos. Se trata de una oferta primaria: todos los fondos recaudados irán directamente a la compañía y ningún accionista existente podrá vender sus títulos en el marco de esta operación. Además, hasta el 30% de las acciones podría ser asignado a inversores minoristas, una proporción inusualmente alta para una salida a bolsa de este tamaño, en línea con la estrategia de Musk de capitalizar su base de seguidores individuales.
Musk, por su parte, quedará obligado a retener sus acciones durante 366 días después del debut. Tras la operación, controlará el 84,4% del poder de voto de la empresa, frente al 85% actual.
La Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”, según Bloomberg.
Los ingresos de SpaceX alcanzaron los USD 18.670 millones en 2025. Sin embargo, la empresa registró ese año una pérdida neta de USD 4.940 millones, revirtiéndose la ganancia de USD 791 millones que había obtenido en 2024. En el primer trimestre de 2026.
Según Reuters, la firma de investigación Morningstar fijó su propia valoración de SpaceX en USD 780.000 millones, un 48% por debajo de la valuación de la OPI. La mayor parte de ese valor lo asigna al negocio de comunicaciones satelitales Starlink.
Los fondos de la OPI se destinarán, entre otros fines, a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, al lanzamiento de cohetes y satélites, y a la amortización parcial de un préstamo puente de USD 20.000 millones, parte del cual fue utilizado para financiar las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.
ECONOMIA
Plan de lucha de trabajadores de la TV Pública: peligra la transmisión del Mundial de Fútbol
La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).
Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.
¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno
Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.
Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.
Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.
Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial
Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.
Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».
Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».
En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».
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