ECONOMIA
Cómo la historia de un puente roto de más de 50 años puso en foco el destino de los impuestos provinciales y las tasas municipales
Construido en 1972, el puente Héctor Ligorria, sobre lo que algunos lugareños llaman arroyo y otros río Piray Miní, fue refaccionado en 1992, y tras la última crecida estaba al borde del colapso, como muestran fotografías más adelante. El hormigón sumergido sufrió 54 años de embate de crecidas, impacto de troncos, socavamiento de la corriente.
El puente está emplazado en el Municipio 9 de Julio, del Departamento de Eldorado, cerca de la Ruta Provincial 226, zona de Valle Hermoso y el río abastece de agua a Eldorado. Alfredo Gruber cuenta: “Uno de los pilotes se hundió y otro se quebró y se fue hundiendo la plataforma de hormigón, que está bien hecha”.
El arreglo correspondía al Municipios de 9 de Julio (del otro lado está la localidad de Colonia Victoria), o a la Provincia, pero hace dos años, dice Gruber, “aparecieron 5 ingenieros de Vialidad Provincial, dijeron que al puente había que hacerlo de nuevo y echaron tierra a ambos lados, para que no se pueda usar”. El tiempo pasó y del puente nuevo no hubo noticias.
Un grupo de productores autoconvocados formado a raíz del robo de ganado y otros problemas que no solucionaba la policía y -menos aún, la Justicia- juntó 150 firmas y pidió audiencia al gobernador misionero, Hugo Passalacqua, al ministro Coordinador, Carlos Sartori, y al director de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal, por el tema del puente. No tuvieron respuesta.
Cincuenta kilómetros de rodeo
”Teníamos que dar una vuelta de 50 kilómetros para llegar a nuestra chacra”, recuerda Alfredo a Infobae. “Empezaron a pasar primero motos y después se fue sacando la tierra y se volvió a usar, pero era peligroso, en cualquier momento se caía un camión o un colectivo”, dice el productor misionero, que junto a sus hermanos Aldo y Gerardo son dueños de Gruber Hermanos SRL y del Establecimientos Guillermo -productores integrados que plantan pino, tienen aserradero, producen sorgo, maíz y girasol y hacen feedlot y cría de cerdos-.
“Cada vez que bajaba el agua Aldo me presionaba para arreglar el puente”, cuenta Alfredo. Este verano los Gruber hicieron lo que por años no hicieron ninguna de las instancias estatales: pusieron maquinaria, grúas, palas, camiones, cemento, hicieron encofrados, arreglaron los pilotes y repararon lo que localmente llamaban “Puente 4 Caminos”, por el número de canales, que se redujo a tres. Ahora quieren que la provincia les reconozca la reparaciónmediante una compensación impositiva.
¿A quién le corresponde el arreglo?
Recientemente, un grupo de 20 diputados kirchneristas calculó que Economía retuvo ilegalmente 1,16 billones (esto es, millones de millones) de pesos que debería asignar por ley al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Alfredo Gruber no sabe a quién le corresponde, pero sostiene que la reparación debería estar a cargo de la Nación, que cobra impuesto a los Combustibles e IVA, o -más cerca del problema, a la Provincia (que cobra impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliarios, Patentes), o al Municipio corresponde (que cobra tasas viales).
“La zona tiene pino y yerba; ahora, por los bajos precios, los yerbales de baja producción tendrán que reconvertirse, pero para eso hacen falta créditos a tasa razonable”, señala a Infobae. Del otro lado de la frontera, compara, los productores brasileños “tienen créditos al 4%, 8% o 10% anual a 6 a 10 años, con 3 de gracia. Y no tienen IIBB”. El productor recordó además que en las últimas décadas, pese a las tasas municipales e impuestos provinciales, “muchos caminos rurales se cerraron, dejaron de existir”.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera?, pregunta el empresario y economista Gustavo Lazzari, que llamó la atención sobre el caso, ejemplo de las “peripecias” que deben atravesar las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.
La historia es aún más llamativa por ocurrir en Misiones, caso paradigmático de uso y abuso de las “retenciones” de IIBB, impuesto del que en 2023, según la última información disponible, debía devoluciones por entre 12 y 14 meses.
¿Cuántos de nuestros competidores internacionales se hacen sus propios puentes sobre ríos caudalosos en plena selva misionera? (Lázzari)
Jorge Colina, presidente del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) dijo a Infobae: “Debe seguir siendo lo mismo, yo pude hacer ese cálculo por información que me pasaron de una Dirección de Rentas Provincial que integra la Comisión Arbitral, conformada por la mayoría de las provincias argentinas”.
La Justicia, las tasas viales y las provincias
Colina detalló que “todas las provincias tienen IIBB, con una tasa que no parece muy alta, 3%, 4% o 5%, pero al afectar todos los eslabones de la cadena productiva llega a pesar hasta 12% o 15% en el costo final de un bien o servicio. Más dañino aún es que las provincias hacen retenciones a las empresas no solo por las ventas que hagan en su territorio, sino también por ventas en otras provincias. Es el caso de Misiones, de Catamarca: a los contribuyentes inscriptos en sus direcciones de renta, aunque no sean de esas provincias, le hacen retenciones por ventas que son muchas veces fuera de la provincia. Eso genera un crédito al contribuyente, que si no tiene suficientes ventas allí no puede recuperar. Así Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia”.
Misiones retiene un montón de plata, pero no la devuelve. La empresa debería tomársela a cuenta por ventas en la provincia (Colina)
La Comisión Arbitral de rentas provinciales estableció un esquema unificado para una sola retención de IIBB que el contribuyente use en cualquier provincia. Sin embargo, provincias como Misiones retienen por su cuenta.
“Una empresa puede netear esos créditos solo si vende en la provincia; si no, se transforma en un costo. Eso disgusta a otras provincias, pero sobre todo a las empresas. Hay algunas que decidieron no operar más en Misiones”, aclaró Colina a Infobae.
Un caso significativo es el de Las Marías, productora de yerba y té y dueña de marcas de yerba mate muy conocidas presentó una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: dice que los “anticipos de Ingresos Brutos” que le retiene Misiones superan en más de 17.000% lo que le corresponde de pago anual. La vecina Corrientes se presentó como “tercero interesado” con el argumento de que lo que hace Misiones conspira contra planes de inversión de la empresa en su territorio.
Según un estudio de Idesa, en 10 provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a menos de 1 mes del impuesto. En 6 equivalen a entre 1 y 2 meses y en las 8 restantes los anticipos equivalen a más de 2 meses del impuesto. Misiones y Catamarca son de lejos las provincias que más dinero se quedan, en meses de la recaudación total de IIBB.
Ordenar la anarquía
“Cuando se habla de reforma impositiva: antes de hablar de si bajamos un poco la alícuota de Ganancias o las retenciones hay que ordenar la anarquía de las provincias con IIBB. Eso quita productividad. Algunos dicen que el tipo de cambio está apreciado un 15%, pero si arregláramos IIBB los insumos bajarían el 15%, porque no habría ese efecto cadena. Ni qué hablar con las retenciones que hacen y no devuelven nunca”, dijo Colina.
El esperto considera que una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias”. Sobre el caso del puente sobre el Piray Mini, Colina acotó: “aún si la provincia le reconoce a los productores el gasto del puente, el problema sigue, porque la provincia va a seguir haciendo retenciones espurias a todos los demás”.
Una reforma tributaria podría consistir en eliminar IIBB y armar un “Súper IVA” de forma que las provincias reciban recursos directamente de ese tributo y no hagan más “retenciones espurias” (Colina)
Lo cierto es que los abusos de algunos municipios en tributos como la “tasa vial” empezaron a multiplicar reclamos y generar fallos a favor de los demandantes. Recientemente el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen dictó que el municipio bonaerense de Daireaux devuelva sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial al comprobar, tras más de dos años de pericias judiciales e ingenieriles, graves deficiencias de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines.
La sentencia, del juez Pablo Germain, un extributarista, consideró nula la tasa vial para un grupo de contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso reducciones proporcionales.
Y esta semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, falló contra el municipio de Baradero (también en territorio bonaerense), conminándolo a informar sobre el uso de $1.000 millones de tasa vial pagada por productores rurales.
Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que combate la sobre-tributación y la imposición ilegal, dijo a Infobae que el fallo de Germain es ejemplar pues reafirma 3 aspectos centrales de las tasas municipales:
- deben fundarse en una prestación efectiva,
- su monto debe basarse en el costo (proporcional) del servicio prestado, y
- su recaudación no puede asignarse a otros fines.
Las demandas de los productores, dijo, no son una “rebelión fiscal”, sino reclamos a favor de justicia fiscal.
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ECONOMIA
SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, sale a cotizar en Wall Street y busca recaudar una cifra millonaria
La empresa aeroespacial de Elon Musk presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos los términos de su debut en el Nasdaq, previsto para el 12 de junio. Con una recaudación objetivo de USD 75.000 millones, la operación apunta a convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.
SpaceX fijó el precio de sus acciones en USD 135 cada una y planea vender 555,6 millones de títulos en su Oferta Pública Inicial (OPI), según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese valor, la empresa fundada por Elon Musk alcanzaría una capitalización de mercado de USD 1,77 billones y recaudaría USD 75.000 millones, lo que convertiría al debut en el mayor de la historia bursátil, por encima del récord que en 2019 estableció la petrolera saudita Aramco con USD 29.400 millones, según informó Bloomberg.
La fijación de un precio único antes del roadshow con inversores es, en sí misma, una ruptura con la práctica habitual. Las empresas que salen a bolsa normalmente establecen un rango de precio para orientar las expectativas del mercado y ajustar la valuación en función de la demanda. SpaceX, en cambio, optó por un valor cerrado desde el inicio. “Musk simplemente está adoptando un enfoque de ‘tomarlo o dejarlo’, lo cual funciona para sus seguidores y también tiene sentido dado el estado del mercado y la falta de comparables”, dijo Weiheng Chen, socio senior de la firma legal Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Reuters. El roadshow formal arrancó este jueves.
El debut en el Nasdaq, bajo el símbolo “SPCX”, está previsto para el 12 de junio, aunque la fijación definitiva del precio de la acción se realizará el 11 de ese mes, según Bloomberg. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son los bancos coordinadores principales de la operación, que involucra a un total de 23 entidades financieras.
La OPI de SpaceX rompe el molde en varios aspectos. Se trata de una oferta primaria: todos los fondos recaudados irán directamente a la compañía y ningún accionista existente podrá vender sus títulos en el marco de esta operación. Además, hasta el 30% de las acciones podría ser asignado a inversores minoristas, una proporción inusualmente alta para una salida a bolsa de este tamaño, en línea con la estrategia de Musk de capitalizar su base de seguidores individuales.
Musk, por su parte, quedará obligado a retener sus acciones durante 366 días después del debut. Tras la operación, controlará el 84,4% del poder de voto de la empresa, frente al 85% actual.
La Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”, según Bloomberg.
Los ingresos de SpaceX alcanzaron los USD 18.670 millones en 2025. Sin embargo, la empresa registró ese año una pérdida neta de USD 4.940 millones, revirtiéndose la ganancia de USD 791 millones que había obtenido en 2024. En el primer trimestre de 2026.
Según Reuters, la firma de investigación Morningstar fijó su propia valoración de SpaceX en USD 780.000 millones, un 48% por debajo de la valuación de la OPI. La mayor parte de ese valor lo asigna al negocio de comunicaciones satelitales Starlink.
Los fondos de la OPI se destinarán, entre otros fines, a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, al lanzamiento de cohetes y satélites, y a la amortización parcial de un préstamo puente de USD 20.000 millones, parte del cual fue utilizado para financiar las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.
ECONOMIA
Plan de lucha de trabajadores de la TV Pública: peligra la transmisión del Mundial de Fútbol
La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).
Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.
¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno
Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.
Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.
Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.
Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial
Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.
Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».
Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».
En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.
Según Analytica, en el año hasta mayo, el BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos. En consecuencia, la acumulación de dólares hasta mayo, si se descuenta los pagos del BOPREAL (USD 1.267 millones) es de 4.623 millones de dólares. Pero si se suma el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, alcanza USD 7.623 millones de dólares.
El resultado no se observa de manera directa en las reservas internacionales brutas del BCRA, que aumentaron de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.414 millones este miércoles 3 de junio, impulsadas por variaciones en las cotizaciones de los activos que integran el balance de la entidad, como el oro, los encajes y los yuanes, así como el pago de deuda del gobierno nacional y las provincias, entre otros movimientos.
La consultora Analytica explicó que al inicio del programa la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. Prueba de ello es que en mayo, el Central compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones, con una diferencia mínima entre ambos montos.
En el equipo económico esperan que esta situación cambie en el segundo semestre y que el BCRA puede acumular las compras de reservas. “A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria, durante su participación el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
La clave para ello suceda serán los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno tiene que enfrentar el pago por USD 4.300 millones con bonistas, por lo que se espera que se comuniquen las garantías con organismos internacionales y que, con los nuevos prestamos con bancos, se evite el uso de las reservas del Central. Sobre todo de cara a la meta de acumulación de reservas que fijó el Gobierno con el FMI por USD 8.000 millones a diciembre de 2026.
El último acuerdo con el organismo internacional distingue entre la meta de compra de reservas y la meta de acumulación. Para 2026, el equipo económico acordó con el organismo internacional comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista. A comienzos de junio, BCRA cumplió con la meta de compras, pero sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.
Del lado de la oferta, el BCRA no tendrá problemas para continuar con las compras. Por parte del campo se espera que se aporten USD 36.000 millones mientras que aún hay giros pendientes de obligaciones negociables que colocaron las empresas y las provincias. De acuerdo con la última exposición de Werning ante inversores en Washington, a mediados de abril quedaban pendientes giros por 3.200 millones de dólares. Además, durante mayo se observó una aceleración en las colocaciones de obligaciones negociables.
La interacción entre las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y el marco regulatorio del acuerdo con el FMI estableció un escenario en el que la acumulación de reservas adquiere centralidad en la agenda económica. Las cifras hasta principios de junio evidenciaron que el cumplimiento de la meta de compras no asegura el logro de la meta de acumulación, dada la estructura de pagos y fuentes de financiamiento que intervienen en el proceso.
La declaración de Werning y los informes de las consultoras privadas coincidieron en que la atención del mercado gira en torno a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año, en un contexto de pagos externos y condicionamientos del acuerdo con el FMI.
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