El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, pero pidió al Servicio Penitenciario Federal que mantenga y asegure los controles médicos necesarios para la atención integral de su salud en el penal de Ezeiza, donde el exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once.

El rechazo fue acompañado por extensos informes médicos sobre la salud de De Vido y los argumentos de la fiscalía, que también se oponían a beneficiarlo con el arresto domiciliario.

En esencia, el juez de ejecución Ricardo Basílico consideró que los problemas de salud de Julio De Vido pueden ser tratados en el penal.

De todas formas, Basílico ordenó garantizar el control clínico y cardiológico permanente del exministro de Planificación, la realización de análisis de laboratorio y estudios complementarios, así como las consultas de especialidades que indiquen los médicos tratantes.

Frente al argumento de la edad, el juez también puntualizó que en el Servicio Penitenciario hay actualmente unos 144 reclusos mayores de 70 años y subrayó que la edad “por sí sola” no es un motivo suficiente para otorgar en forma automática el beneficio.

La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, acompañó su pedido con una carta firmada por senadores y diputados peronistas, quienes expresaron su “profunda preocupación por la salud” de De Vido y las “tortuosas condiciones de detención que viene sufriendo”.

“De Vido tiene 76 años, es diabético, insulino dependiente y tiene lesiones coronarias severas, por lo que su delicada salud se ve agravada por las condiciones de detención en una Unidad Penitenciaria”, agregaron las cartas, que firman entre otros, los diputados Luana Volnovich, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto, y los senadores Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.

Desde diciembre pasado, el exministro y exdiputado del kirchnerismo cumple su pena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel.

De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.

El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.

“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.

De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, ubicada dentro del country Puerto Panal, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.

Fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

En este causa se consideró probado que De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.

La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 52 personas.

El juez Basilico consideró que “el derecho a la salud del condenado se encuentra adecuadamente garantizado” porque tiene “asistencia médica en el ámbito penitenciario, sin que se haya demostrado que la privación de la libertad conlleve un menoscabo ilegítimo o desproporcionado de su integridad física”.

El magistrado destacó la cantidad de causas que tiene De Vido, entre ellas el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No encuentro justificación alguna que permita otorgar la prisión domiciliaria aquí solicitada”, dijo el juez.

Y mencionó que, ante “la contundencia de los informes periciales producidos”, no se advertía “situación alguna de razón humanitaria que justifique que el causante cumpla la detención producto de la sentencia condenatoria firme en la modalidad domiciliaria”.

CÓRDOBA.- Las fuerzas políticas en Córdoba empezaron sus movimientos de cara a la elección de gobernador de 2027. En el oficialismo provincial, donde se profundizó la tensión entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti, habrá internas, solo en algunos departamentos, el 3 de mayo, ya que con negociaciones lograron una “unidad” para evitar exponer las fricciones.

Por el lado de la oposición, el radical Marcos Ferrer, quien responde al exdiputado nacional Rodrigo de Loredo, propuso una interna abierta entre libertarios, la UCR, el juecismo, Pro y Encuentro Vecinal para definir candidatos. Una iniciativa que difícilmente acepten los mileístas.

Los roces entre Llaryora y Schiaretti se acrecentaron con el paso de los meses, después de que La Libertad Avanza (LLA) ganara con comodidad las elecciones legislativas del año pasado. Esas diferencias ya se exponen en las posiciones del cordobesismo en Diputados.

Schiaretti mantiene un perfil bajo, lejos del que se proyectaba cuando decidió ser candidato a legislador nacional y el impulsor de Provincias Unidas, fuerza que tampoco logró los resultados esperados. Por un problema de salud recién asumió formalmente su banca en el inicio del período extraordinario; antes había mediado para que Miguel Pichetto (quien incluso quiere que los cordobeses se sumen al armado que impulsa para el PJ nacional) y Nicolás Massot no dejaran el interbloque Unidos.

Ya en el armado de la lista para Diputados hubo diferencias entre los dos líderes del peronismo cordobés, mientras que Llaryora intentó que Natalia de la Sota no abandonara el espacio, Schiaretti no mostró interés en retenerla. A eso se suman desacuerdos por la estrategia y la gestión del mandatario. En lo que ya es un hábito, el exgobernador no habla con la prensa y solo se pronuncia por sus redes sociales.

A mediados del año pasado, Schiaretti -siguiendo una ley no escrita de la fuerza- dejó la presidencia del partido en manos de Llaryora, quien resolvió avanzar con listas únicas en la mayoría de los distritos y evitar una confrontación abierta.

Todo ocurre en un momento en que los ciudadanos no quieren escuchar de estos temas y en que la administración provincial atraviesa una coyuntura bien complicada, con una paritaria sin cerrar con los docentes, caída de ingresos y ralentización de la obra pública. La interna, en cambio, se trasladó al terreno de las negociaciones previas, donde se definieron lugares y equilibrios.

El actual gobernador presidirá el Consejo Provincial, y el legislador Facundo Torres (que tuvo un rol clave en el ordenamiento de la tropa) se mantendrá como alterno. El schiarettismo mantuvo presencia en la estructura -tanto en cargos partidarios como en referencias departamentales-, lo hizo en un rol más acotado, cediendo centralidad frente a una nueva camada de dirigentes alineados con la gestión actual.

Para Llaryora el control del PJ no es un objetivo menor, se trata de una herramienta estratégica para gestionar la política provincial, ordenar la dirigencia y proyectar el futuro electoral. Busca construir una estructura propia que le permita no sólo sostener la gobernabilidad, sino también definir candidaturas y alianzas hacia 2027.

Desde su espacio, Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota también hará su apuesta en las elecciones del año próximo.

Los libertarios están convencidos de que, mientras la buena imagen y la intención de voto acompañen al presidente Javier Milei, es un “puro” quien debe ser el candidato a gobernador. Ahí, de manera indiscutible, las miradas convergen en Gabriel Bornoroni. El jefe de la bancada oficialista en Diputados trabaja en sumar intendentes del interior al armado para ganar territorialidad y, por el momento, no habla públicamente del 2027.

El aliado libertario Luis Juez siempre dijo que volvería a postularse, con lo que -si el contexto no cambia- deberá repensar su estrategia. Una posibilidad que algunos referentes nacionales de LLA deslizan es que podría acompañar a Bornoroni en la fórmula. “Falta mucho”, agregan inmediatamente después.

Otro anotado es el radical De Loredo. Ayer Ferrer su socio político y presidente del comité provincial de la UCR, planteó una interna abierta para definir el candidato: “Creemos que una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: 1) es democrática; 2) permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos; 3) puede hacerse una campaña breve y austera. La unidad llevará al cambio que piden y necesitan los cordobeses. El diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad”.