Estados Unidos e Irán levantaron el bloqueo en el estrecho de Ormuz: el jueves 18 de junio comenzó a ejecutarse uno de los compromisos centrales del acuerdo entre ambos países, después de que el Comando Central estadounidense confirmara el fin de las restricciones sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos iraníes.

La medida puso fin a 110 días de cierre y aceleró la baja del petróleo, con efectos esperados sobre los mercados financieros, activos argentinos y el índice de riesgo país.

El movimiento más visible se reflejó en los precios internacionales de los productos básicos. Con el fin de la guerra, el Índice Promedio de Precios de las Materias Primas del Banco Central de la República Argentina cayó en los primeros veinte días de junio 5,4% respecto del promedio de mayo, por la combinación de una baja de 5,3% en los metales, 3% en los productos agropecuarios y 16,4% en el barril del crudo.

El petróleo ya había empezado a descontar el cambio de escenario. Después de tocar máximos de USD 120 por barril, retrocedió primero hacia la zona de USD 90 y, en la última semana, perforó el piso de 80 dólares.

Esa corrección es uno de los canales más directos de impacto sobre la economía argentina. La baja del crudo le permitiría al equipo económico retomar la normalización impositiva sobre la transferencia de combustibles, nafta y gasoil, sin trasladar un aumento al precio final, porque las refinadoras volverían de manera gradual a los valores previos a la guerra en Medio Oriente.

Ese margen también abre la posibilidad de habilitar el traslado a precios de otros subsidios y valores regulados sin un salto tarifario final. El resultado esperado es una consolidación del superávit fiscal.

La energía más barata también atenuaría los aumentos en transporte y logística, en especial en los costos de fletes. A la vez, reduciría costos empresariales y aliviaría márgenes y precios finales.

En el mismo sentido, el descenso de los metales críticos y de otros insumos industriales contribuiría a abaratar costos en sectores como construcción, automóviles y maquinaria. Ese movimiento podría trasladarse a precios internos y reforzar la desinflación que comenzó en abril.

El cambio de escenario también alcanzaría al agro. Los fertilizantes retrocederían después de la suba provocada por la guerra -la urea bajó casi 45% desde el pico de USD 950 la tonelada-, lo que mejora las perspectivas para la próxima cosecha.

Sobre el frente comercial, la expectativa es que desaparezcan cuellos de botella de oferta que se habían profundizado por la fuerte demanda de cobre, litio y níquel. Ese cuadro no afectaría la balanza comercial por los avances en la explotación de litio, cobre y otros minerales, y también de la explotación del reservorio de gas y petróleo en Vaca Muerta, y sus efectos sobre toda la cadena productiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en X: “Todos los grandes rubros de las exportaciones registraron crecimiento respecto a mayo del año pasado, con subas de 167,1% en Combustibles y Energía, 22,5% en Productos Primarios, 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario y 20,1% en Manufacturas de Origen Industrial. Las exportaciones de Combustibles y Energía registraron un máximo histórico, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para mayo”.

Antes del fin del conflicto, un informe del Banco Mundial (BM) sostenía que la guerra había generado la mayor pérdida de oferta de petróleo jamás registrada. Ese shock había empujado al alza a casi todos los grupos de materias primas, con una perspectiva de aumento promedio de 16% en 2026 en el escenario base, el primer incremento anual desde 2022.

Ahora la duda para los expertos del BM se trasladó a otro punto: cuál será el valor de estabilización de las materias primas en un contexto de revaluación del dólar y debilitamiento del resto de las divisas. Para los mercados argentinos, el dato más inmediato es un mejor clima financiero, con la expectativa de una reducción adicional del riesgo país, que quedó cerca de perforar los 400 puntos básicos.

La secuencia de precios quedó registrada en el IPMP del BCRA, que sigue la evolución internacional de los productos básicos que representan cerca del 50% de las exportaciones argentinas. El índice alcanzó su máximo general el 22 de mayo, con 327,4 puntos sobre base 100 de diciembre de 2001. Dentro de esa serie, los agropecuarios tocaron un pico de 248,7 puntos el 20 de mayo. Los metales llegaron a 906,3 puntos el 3 de marzo y el petróleo, a 328,5 puntos el 8 de abril.

El indicador incorpora maíz, trigo, porotos de soja, pellets de soja, aceite de soja, cebada, carne bovina, crudo, oro, cobre, aluminio primario y acero, ponderados según su participación en las exportaciones totales. Las participaciones actuales son 9,8% para soja, 14,3% para aceite de soja, 16,9% para pellets de soja, 13,3% para maíz, 8,1% para trigo, 8,7% para carne, 1,8% para cebada, 14,4% para petróleo, 2,3% para aluminio, 0,2% para acero y 10,1% para oro.

Según los analistas del Banco Central de la República Argentina, el índice funciona como un indicador anticipado de la evolución de los precios de exportación y como una referencia diaria de alta frecuencia para la toma de decisiones. También permite seguir parte de las presiones inflacionarias externas, porque varias de esas cotizaciones impactan sobre bienes internos, en particular alimentos.

Medido desde el máximo del período de guerra en Medio Oriente, el IPMP retrocedió 7,1%, con bajas de 4,7% en agropecuarios, 13,6% en metales y 37,1% en petróleo.

Comparado con el nivel que heredó el gobierno de Javier Milei -noviembre de 2023-, el índice IPIM todavía se ubica 5,7% por encima, con baja de 2,4% en el complejo de productos del agro pampeano y subas de 96,1% en metales y 8,8% en crudo.

El nivel promedio de junio supera al de la serie de casi 29 años en 44,9%, con subas en todas las categorías: agropecuarios 31,1; metales 186,1% y petróleo 43,3 por ciento.

La plataforma de criptomonedas Binance comunicó a sus clientes en la Unión Europea que interrumpirá la prestación de servicios en la región desde la próxima semana, debido a su imposibilidad de obtener una licencia bajo el nuevo régimen de la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Esta decisión surge cuando el plazo para que todas las empresas del sector cuenten con la autorización exigida por la Unión Europea llega a su fin el 30 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, encabezada por Carlos San Basilio, confirmó que no otorgará prórrogas ni excepciones a las plataformas de criptomonedas que no hayan cumplido con los requisitos de la MiCA. En declaraciones recogidas por Reuters durante un acto en Santander, San Basilio explicó que el regulador mantiene una comunicación activa con las compañías que no obtuvieron la autorización, con el objetivo de asegurar un cierre ordenado de sus operaciones.

Según lo informado por Reuters, San Basilio remarcó que “no va a haber ni excepciones ni prórrogas” para las plataformas, y subrayó que la prioridad del regulador español es la protección de los clientes durante la transición. El funcionario aclaró que las empresas deben comunicar de manera clara sus planes de salida del mercado europeo y garantizar la salvaguarda de los derechos de los inversores.

En este contexto, Binance notificó que, tras retirar su solicitud de licencia en Grecia por no recibir una resolución formal, ya no podrá prestar servicios a sus usuarios en la Unión Europea. El intercambio más grande del mundo señaló que planea buscar la autorización a través de Francia, país donde previamente mantuvo conversaciones con las autoridades regulatorias. A pesar de este enfoque alternativo, la empresa reconoció que cualquier posible licencia llegaría después de la fecha límite, por lo que suspenderá temporalmente sus servicios a los clientes europeos.

Durante la semana previa al vencimiento del plazo, clientes de Binance en países como Polonia, Italia, España y Francia —donde la compañía cuenta con licencias locales— recibieron comunicaciones sobre el procedimiento para retirar sus fondos. La plataforma aseguró que los activos de los usuarios “permanecen seguros y protegidos”. En el mensaje enviado a los usuarios, Binance explicó que la empresa “no obtendrá una licencia MiCA para el 30 de junio de 2026”.

El fracaso en la obtención de la autorización en Grecia marcó un revés relevante para Binance, que había intentado consolidar su posición en la región tras enfrentar investigaciones y sanciones regulatorias en otros mercados. Según fuentes citadas por Reuters, la candidatura del gigante de las criptomonedas en Grecia se complicó por dudas sobre los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los requisitos para sus dirigentes, especialmente en torno a Changpeng Zhao, fundador de la compañía.

La imposibilidad de operar bajo la nueva normativa europea implica que los usuarios de plataformas que no cuenten con la licencia no podrán realizar nuevas operaciones en la región. El propio presidente de la CNMV advirtió que quienes decidan operar igualmente con plataformas no autorizadas quedarán fuera del alcance de las protecciones que ofrece la regulación MiCA.

El marco normativo MiCA, aprobado a nivel comunitario, obliga a todas las empresas del sector cripto a tramitar y obtener una licencia específica para seguir funcionando en el mercado de la Unión Europea. La aplicación de la regulación corresponde a cada Estado miembro, aunque existen propuestas para ampliar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) en el futuro.

El entorno europeo se ha mostrado especialmente estricto con el cumplimiento de las nuevas reglas. La CNMV, según palabras de San Basilio recogidas por Reuters, mantiene un diálogo continuo con las empresas afectadas para supervisar la transferencia de activos y fondos de los clientes a otros proveedores, procurando que los usuarios no sufran pérdidas ni confusiones durante el proceso de transición.

A pesar del contratiempo, Binance reiteró a través de sus portavoces que Europa sigue siendo un mercado estratégico para la compañía. La empresa manifestó su intención de seguir colaborando con los reguladores y adaptarse a un marco regulatorio “claro, justo y armonizado”. Binance espera obtener una licencia MiCA en los próximos meses y planea anunciar la jurisdicción elegida cuando el proceso esté concluido.

El caso de Binance no es aislado. La mayor presión regulatoria en la región ha impulsado a otros actores del sector a buscar licencias locales o a cesar actividades en algunos mercados. En paralelo, empresas rivales con licencias vigentes han aprovechado la salida de Binance para atraer a usuarios que buscan opciones reguladas y continuidad en sus operaciones dentro del espacio europeo.

La decisión de la CNMV y la entrada en vigor del régimen MiCA marcan un punto de inflexión para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. La transición al nuevo marco regulatorio representa un desafío tanto para las plataformas que aspiran a seguir operando de manera legal como para los usuarios, quienes deben informarse adecuadamente sobre el estatus regulatorio de los servicios que utilizan para resguardar sus activos digitales.

La empresa autopartista Unionbat, dedicada a la fabricación de baterías, decidió discontinuar su actividad productiva en una planta situada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, para concentrar su producción en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Según se comunicó, “la decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente”. En Gualeguaychú, señalaron, “permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso. La compañía agradece el aporte de quienes integraron esa operación”.

Medios entrerrianos informaron que la decisión implica el despido de cerca de un centenar de empleados. Algunas versiones aumentan la cuenta a 120 despidos.

“La empresa Unión Bat comenzó el despido de aproximadamente un centenar de trabajadores convencionados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre la situación del empleo industrial en su planta de Gualeguaychú y que también abrió interrogantes acerca de la continuidad de la firma en la localidad”, informó el medio local “Analisis Digital” en la tarde/noche del viernes.

La noticia, señaló, “generó una rápida reacción entre los empleados y representantes sindicales. Al mediodía, trabajadores y delegados gremiales se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica para desarrollar una asamblea en la que analizaron el alcance de la medida y evaluaron los pasos a seguir”.

El medio señaló que la decisión es “un nuevo golpe” al empleo industrial en la ciudad entrerriana y el aumento de la incertidumbre ante la posibilidad de que los despidos representen el inicio de un proceso de reducción o incluso de cierre de la planta incrementó la preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector gremial”.

La decisión de la autopartista se inscribe en el marco de un menor nivel de actividad de la industria automotriz, con niveles de venta inferiores a los previstos en los planes anuales de las principales automotrices del país.

Infobae recurrió al contacto de WhatsApp de la empresa, cuya respuesta fue que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17:30 y que “apenas volvamos a estar en horario laboral te responderemos”.

Ayer, en una Asamblea, los empleados locales buscaban precisiones sobre la decisión de la empresa y en diálogo con una radio local delegados del gremio definieron un escenario “incierto y angustiante”, por su impacto directo en el empleo, las familias afectadas y la economía local.

El Entre Ríos, otro medio local, señaló por su parte que en Gualeguaychú, la industria representa una importante fuente de trabajo y movimiento económico y que los despidos anunciados “no solo impactan sobre los trabajadores alcanzados, sino también sobre el entramado comercial y de servicios vinculado a la actividad fabril”.

Unionbat SA es una fabricante de baterías cuya sede central está en Villa Lynch, San Martín. Se define como “una empresa totalmente integral que inicia su proceso de fabricación en su fundición de metales no ferrosos, fabricando sus aleaciones de alta calidad y pureza” y posee dos plantas industriales, una de 9.400 metros cuadrados en San Martin, Provincia de Buenos Aires, y otra de 20.000 m2 en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en el cual se produjeron los despidos de ayer.

En su página web afirma ser “el único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949” y “la única fábrica de baterías en la Argentina que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices, superando todos los ensayos e inspecciones del proceso de fabricación”.

La empresa es más que centenaria. Su historia, según describe, se remonta a la función en 1914 de la empresa Gino Bocci y Hermano. En 1981 presentó la primera “batería intercelda, termosellada y de bajo mantenimiento” fabricada en América del Sur y en 1997 se fusionó con Baterías Wao dando origen a la sociedad actual: Unionbat S.A. En 2001 obutvo la Homologación del Sistema de Calidad bajo varias normas y como “operador de residuos peligrosos” y en 2005, reseña fue “la primera fábrica de Argentina” en producir baterías con aleación Calcio-Plata. Su más reciente hito fue el lanzamiento en 2019 de “nuevas baterías plomo-ácido Línea SOLAR, aptas para Energías renovables”.

Para Entre Ríos el cierre de planta y la reducción de su nómina a solo personal en tareas de mantenimiento se suma a la crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, que cerró la planta “La China” en la provincia, poniendo riesgo unos 950 empleos y culpó a los sindicatos de aplicar “medidas inflexibles y desproporcionadas”.

Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo pasado se perdieron 26.448 empresas en todo el país, una baja del 5,2% sobre el total.

Se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” dice el informe de Fundar, cuyo relevamiento precisa también que sólo en marzo pasado se registraron 2.011 empresas menos que en febrero. Según el documento, a marzo se acumulaban 18 meses consecutivos de caída mensual. Y en la comparación interanual la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.