Durante meses nadie sospechó de Taylor Parker. Publicaba fotos de su supuesto embarazo en las redes sociales, compartía ecografías con familiares, compraba ropa para bebés y hasta tuvo una fiesta de revelación de género. Su novio esperaba con ansiedad la llegada de la hija que, creía, iban a tener juntos.

Sin embargo, todo eso formaba parte de una mentira que salió a la luz cuando la policía encontró a Taylor al costado de una ruta de Texas, en octubre de 2020. En ese momento, la joven aseguró que acababa de dar a luz dentro de su vehículo y que el bebé había dejado de respirar.

Los agentes intentaron asistirla y trasladaron al recién nacido a un hospital. A pesar de ello, en cuestión de horas, los médicos descubrieron algo inesperado: Parker nunca había estado embarazada. Ese fue el principio de uno de los casos más estremecedores de Estados Unidos.

Una red de mentiras

Taylor Parker tenía 27 años y vivía en la zona de Texarkan, en el estado de Texas. Sus amigos de ese momento la describían como una mujer carismática, sociable y con facilidad para ganarse la confianza de los demás. Sin embargo, detrás de esa imagen escondía una larga historia de mentiras.

Antes incluso del falso embarazo, varias personas de su entorno aseguraron que Parker inventaba enfermedades graves para “llamar la atención”. A varios amigos les dijo que tenía cáncer, esclerosis múltiple, un tumor cerebral e incluso que había sufrido un accidente cerebrovascular. Con el tiempo, muchos comenzaron a tomar distancia al descubrir que aquellas historias no eran ciertas.

En julio de 2019, conoció a Wade Griffin, un cazador y criador de animales de una pequeña comunidad rural del este de Texas, y comenzaron una relación. Poco después de empezar el noviazgo, Paker le dijo que estaba embarazada.

La noticia fue celebrada por la familia y los amigos de Griffin, que nunca pensaron que todo era una puesta en escena. Durante meses, Parker utilizó almohadas y prótesis para simular el crecimiento de su panza, falsificó estudios médicos y ecografías, compró muebles y ropa para bebés. Incluso, hasta participó de una fiesta de revelación de género organizada por su pareja.

Con el correr de los meses, algunas personas empezaron a desconfiar, ya que había detalles que no cerraban. A pesar de las dudas, Taylor siempre encontraba alguna explicación convincente para cualquier pregunta.

Sin embargo, lo que nadie sabía era que años antes se había sometido a una histerectomía, una cirugía en la que le habían extirpado el útero, motivo por el cual no podía quedar embarazada.

En ese tiempo, mientras sostenía el engaño, Parker comenzó a acercarse cada vez más a otra joven que estaba a punto de ser madre: Reagan Simmons-Hancock, de 21 años. La chica estaba casada, ya tenía una nena de tres años y cursaba la semana 35 de embarazo de otra beba a la que planeaba llamar Braxlynn.

Taylor había conocido a Reagan en 2019, cuando trabajó como fotógrafa en su casamiento. Con el paso de los meses, fortalecieron el vínculo hasta convertirse en amigas: salían juntas, hablaban sobre la maternidad e incluso un día antes del crimen, Parker le llevó regalos para la futura nueva integrante de la familia Simmons-Hancock.

El crimen

El 9 de octubre de 2020, Parker fue hasta la casa de Reagan, ubicada en New Boston, Texas. Allí también se encontraba la hija mayor de la víctima.

Según la reconstrucción judicial, Taylor atacó con un martillo a la joven y luego la apuñaló decenas de veces. La autopsia reveló posteriormente que la víctima recibió más de 100 heridas cortantes y punzantes.

Cuando la embarazada ya no pudo defenderse, Parker le abrió el abdomen para extraer a la beba de manera improvisada, sin ningún tipo de conocimiento médico. Después del ataque, Taylor dejó el cuerpo de su amiga dentro de la casa y escapó con la recién nacida.

La hija de tres años de la víctima permaneció sola dentro de la propiedad hasta que horas después llegó la madre de Reagan. Alarmada porque su hija no respondía los mensajes, encontró la puerta del garaje abierta y una escena llena de sangre. Poco después encontró el cuerpo de Reagan y dio aviso a la policía.

Mientras los investigadores realizaban las primeras pericias en la escena del crimen, otro episodio ocurría a varios kilómetros de distancia. Un patrullero detuvo a Taylor Parker porque manejaba de forma errática. Al frenar, la mujer aseguró que acababa de dar a luz al costado de la ruta y que la beba había dejado de respirar.

Los policías comenzaron a practicar maniobras de reanimación y trasladaron de urgencia a ambos al hospital. Sin embargo, apenas ingresó al centro médico, detectaron algo extraño.

Taylor no presentaba ninguna señal física compatible con un parto reciente. Los exámenes confirmaron además que jamás había dado a luz y que, debido a una histerectomía practicada años antes, era imposible que hubiera estado embarazada.

Al mismo tiempo, los investigadores que trabajaban en la casa de Reagan se dieron cuenta de que la beba había sido arrancado del vientre de la víctima. Más tarde, las pruebas de ADN confirmaron lo peor: la recién nacida era hija de la mujer asesinada.

La menor murió poco después de llegar al hospital debido a las graves lesiones sufridas durante la extracción y a la falta de atención médica adecuada.

Con las evidencias acumuladas, Parker quedó acorralada y terminó confesando su participación en el crimen.

Durante la investigación también salieron a la luz búsquedas realizadas desde su computadora y su celular que demostraban la planificación del ataque. Había investigado cómo conseguir una panza falsa, cómo encontrar madres embarazadas, procesos de adopción, videos de cesáreas y distintos métodos relacionados con el embarazo.

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La condena

Taylor Parker fue juzgada por asesinato capital, uno de los delitos más graves contemplados por la legislación de Texas. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el crimen había sido cuidadosamente planificado y que el único objetivo era obtener un bebé para sostener su engaño frente a su pareja.

Durante el proceso judicial declararon familiares de la víctima, investigadores, médicos forenses y el propio Griffin, quien aseguró que jamás imaginó que el embarazo fuera una mentira.

En octubre de 2022, un jurado declaró culpable a Parker por el asesinato de Reagan Simmons-Hancock. Un mes después, tras la etapa de sentencia, fue condenada a la pena de muerte.

Los jueces consideraron especialmente agravantes la premeditación del crimen, la extrema violencia ejercida contra la víctima y la muerte de la beba, que no logró sobrevivir tras ser extraída del vientre de su madre.

En 2025, un tribunal de apelaciones confirmó la condena. Parker continúa presentando recursos judiciales, por lo que sigue alojada en el corredor de la muerte de la prisión Patrick L. O’Daniel Unit, en Gatesville, Texas, a la espera de que finalice el proceso de apelaciones.

A new Mississippi law set to take effect this week will allow the state’s top law enforcement agency to compile a list of all illegal immigrants living in the state, alarming immigrant advocates who fear it could be a new tool to target immigrants as part of President Donald Trump’s mass deportation plan.

The law, which will go into effect on Wednesday, states that the state Department of Public Safety «may use all reasonable lawful investigative means available» to determine the number of illegal immigrants residing in Mississippi and their identities, including by collecting their names, addresses, country of origin and whether they are an adult or child.

The department may also list any criminal history and the date, location and status of deportation proceedings.

The agency is instructed to share information on immigrants suspected of violating laws with state and local authorities.

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The law does not expressly require or prohibit sharing the database with federal immigration authorities, though other provisions of SB 2114 require the Department of Public Safety and county detention agencies to attempt cooperation agreements with ICE under Section 287(g).

State Sen. Angela Hill, a Republican who sponsored the bill, argued that states have a right and obligation to assist the federal government in stopping illegal immigration, which she claims contributes to crimes such as human and drug trafficking.

Hill said the new measure «seems like commonsense to me.»

«In order to address the problems caused by illegal immigration, we need to understand the magnitude of the problem. Identifying the number and identity of illegal aliens in Mississippi is a concrete way to better understand the problem,» she said.

The Mississippi law authorizes an ongoing effort to keep track of immigrants illegally in the state for the next two years, which could include people who overstay visas.

Immigrant advocates warn that the law could complicate things in Mississippi as people overstay visas, apply for new forms of legal status and move into and out of the state.

«You can be undocumented today, and then have status tomorrow, and then lose it again next month, and then regain it three months from now,» Efrén Olivares, vice president of litigation and legal strategy at the National Immigration Law Center, a nonprofit that advocates for low-income immigrants, told The Associated Press.

«It’s practically unworkable, but it’s also very worrisome, because it’s eerily reminiscent of other countries that have created lists of certain groups of people,» Olivares added.

The law does not require or restrict the sharing of the database with federal immigration authorities. (David Dee Delgado/Getty Images)

Jessica Vaughan, director of policy studies at the Center for Immigration Studies, a nonprofit think tank that supports immigration restrictions, said state officials must come up with «a credible and fairly foolproof way of correctly determining someone’s immigration status.»

However, Vaughan argued the law «makes a lot of sense,» saying that it «raises the likelihood that someone’s illegal presence is going to come to the attention of federal authorities.»

Mississippi has one of the country’s smallest percentages of illegal immigrants with fewer than 28,000 people, which amounts to less than 1% of its population, according to the American Immigration Council, citing 2023 Census Bureau data.

Victoria Francis, deputy director of state and local initiatives for the American Immigration Council, a nonprofit that advocates on behalf of immigrants, warned that the law has the potential to redirect law enforcement resources away from protecting the public in favor of investigating immigrants who may be contributing to the economy.

«A mandate like this invites profiling and turning entire communities into targets,» Francis told The Associated Press.

American Civil Liberties Union of Mississippi’s policy and advocacy manager, Lydia Grizzell, added that the law could harm the trust between police and residents.

«That increases the likelihood of individuals not reaching out to law enforcement when it’s needed – and that is opposite of the mission,» she said.

More than 100 immigration-related laws have been adopted in states across the country this year.

JUDGE ORDERS ICE TO FREE WISCONSIN MOSQUE LEADER OVER ‘SUBSTANTIAL’ FREE SPEECH CLAIM AFTER CRITICIZING ISRAEL

Immigrant advocates fear Mississippi’s law could be a new tool to target immigrants as part of President Donald Trump’s mass deportation plan. (Jacquelyn Martin/AP)

Republican-led states have sought to support Trump’s immigration crackdown by requiring local sheriffs to sign cooperative agreements with ICE, reinforcing eligibility restrictions for public benefits and instructing election clerks to check voter rolls against the federal Systematic Alien Verification for Entitlements system in an effort to identify noncitizens.

Mississippi’s new law appears to be similar to a 2021 executive order by Florida Gov. Ron DeSantis that directed the Florida Department of Law Enforcement to «use all lawful investigative means available» to determine the number and identities of all «illegal aliens» who had been transported from the nation’s southwest border to Florida during the border crisis under the Biden administration.

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Meanwhile, blue states have attempted to limit Trump’s immigration raids, including by banning cooperative pacts with ICE, prohibiting ICE from wearing masks to shield their identities and barring immigration arrests in schools, hospitals and other sensitive locations without judicial warrants.

At the federal level, the Trump administration has increased enforcement of a decades-old law that requires noncitizens to register with the U.S. government.

The Associated Press contributed to this report.