La orden, tajante, llegó desde Buenos Aires. La Casa Central del Banco Nación promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. ¿La beneficiaria? Una sociedad sin obras previas, constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y balance en rojo. Pero el gerente zonal se negó por escrito a firmar. Y seis días después de negarse, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia.

El gerente se llama Pablo Pourrere y su traslado quedó en suspenso por orden judicial. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, concedió una medida cautelar porque el traslado “prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas”. Lo decidió tras repasar las “múltiples inconsistencias”, “groseras y de suma gravedad” que denunció Pourrere, “las deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental” del crédito detectadas por la auditoría interna del propio banco y las “presuntas presiones indebidas” para que firmara el crédito por más de $52.600 millones.

La empresa que debió recibir el crédito de Jardines de Chauvín SA y el socio mayoritario es Mariano Jinkis. Es decir, el empresario que junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos, el 26 de agosto pasado, que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. Lo admitieron en Nueva York, tras once años en la Argentina resistiendo su extradición, tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que evita la declaración formal de culpabilidad, pero contempla el pago de US$ 50 millones, como parte de la investigación global FIFAgate.

Consultado por , el Banco defendió el proceder interno, remarcó que no se otorgó el crédito y rechazó que el traslado de Pourrere responda a sus objeciones. Son, indicó, “actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.

En Jardines de Chauvin SA, Jinkis como el dueño del 90% de las acciones. El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y también garante solidario para el emprendimiento con que pretenden construir dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.

Primer movimiento: Buenos Aires

Pero no fue Jinkis, ni Murgier quienes pidieron el crédito; por el contrario, el Nación fue a buscarlos. Según verificó un informe de auditoría interna del propio banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos, el 23 de enero de 2025, para que le facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin, aunque ante la consulta de , la entidad dio otra versión. Sostuvo que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.

A cargo de la eventual construcción de las dos torres, el estudio de arquitectos sobrelleva sus propias turbulencias. Entre otros motivos, por la cuestionada construcción de otra torre, de 35 pisos, en una zona histórica de Mar del Plata, la residencial bahía Varese. Desde referentes sociales hasta el Distrito IX del Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires levantaron su voz ante el proyecto, que cosechó la venia del Concejo Deliberante pero quedó bajo la lupa judicial.

En el emprendimiento de Jardines de Chauvin SA, en tanto, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron un ida y vuelta constante con los arquitectos durante 2025, estimaron que tenían entre manos un proyecto con “una factibilidad financiera favorable” y un crédito potencial por $35.600 millones, con “capacidad de repago consistente”, según la documentación disponible.

Con ese contexto, el lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una “memoria descriptiva” del proyecto inmobiliario y le indicaron que “el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente”.

Objeción inicial

Tras Nochebuena y Navidad, Pourrere planteó la primera objeción el viernes 26, según verificó el área de auditoría interna del Nación. “Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado -remarcó-. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio”.

Pourrere fue más lejos. Alertó que al consignar los antecedentes de Jardines de Chauvin en el rubro de la construcción, en la documentación que le habían pasado desde Buenos Aires habían consignado obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba imposible porque la sociedad se constituyó en 2024. También, requirió que una evaluadora externa analizara el proyecto.

La evaluadora fue Serinco SRL, que tasó el proyecto en US$35,6 millones, lo que equivalía a $52.638 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Pero desde Buenos Aires cometieron un error: en otro documento que remitieron a Mar del Plata el 25 de febrero de este año indicaron tomaron los dólares por pesos y plantearon que el proyecto costaría $35.600 millones.

Los responsables en Buenos Aires se percataron del error y ese mismo día emitieron una segunda acta, con el costo correcto en pesos -$52.600 millones-, pero por motivos que se ignoran no remitieron ese documento a Mar del Plata durante semanas, como tampoco enviaron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertó sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendó imponer un “criterio reforzado de debida diligencia” si otorgarían el crédito.

Así, según cotejó , el acta del 25 de febrero con el monto erróneo en pesos se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, también emitida el 25 de febrero con el monto correcto de $52.600 millones, recién el 19 de marzo. Y el informe de “debida diligencia” sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

“Avanzar con la propuesta formal”

¿Qué pasó entre las fechas en que se emitieron y enviaron esos documentos? El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios, en Buenos Aires, le envió a Pourrere un “modelo de resolución” para que firmara el crédito. “Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, “capitas”, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes”, plantearon desde “Área Central”, según verificó el área de Auditoría Interna.

Pourrere, sin embargo, se negó. Y sólo en los días que siguieron le remitieron el acta de los $35.600 millones; la segunda con la corrección a $52.600 millones, el informe de “debida diligencia” y, de manera sorpresa, la orden de traslado que él no había pedido, a una sucursal de categoría inferior. Firmada por todo el directorio del BNA, la resolución se fechó el 20 de febrero, pero recién lo notificaron 33 días después, el 25 de marzo.

La resolución, cuya copia entregó el banco a requerimiento de , también determinó el traslado de otros dos empleados jerárquicos de la entidad. Pero con características opuestas: al primero lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría; al otro, lo mantuvieron en la categoría máxima. Y ambos dieron su visto bueno al traslado. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno al destino impuesto y lo descendieron de nivel, aunque con la misma retribución.

Apenas un día después, Pourrere presentó su descargo. Rechazó el traslado impuesto desde Buenos Aires, denunció presiones para que impulsara el crédito a Jardines de Chauvin SA y alegó que obedecía a represalias vinculadas con su negativa a validarlo, lo que provocó un efecto dominó. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.

Ante la consulta de , desde el BNA defendieron su proceder. “Las afirmaciones efectuadas por el Sr. Pourrere en torno a una supuesta vinculación entre su traslado y la tramitación de la solicitud de financiamiento de Jardines de Chauvin SA carecen de sustento fáctico y no se corresponden con la realidad de los hechos”.

“Deficiencias” e “inconsistencias”

Con la auditoría abierta, en tanto, llegó el final para el crédito. El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad sobre los que estaba al tanto desde hacía meses.

El 8 de junio, el informe de auditoría interno estuvo listo. Detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, identificó “deficiencias” e “inconsistencias” en el procedimiento, “debilidades en la documentación de respaldo”, “ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas” e, incluso, “falta de documentación” que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata, ni tampoco lo pidieron los desarrolladores inmobiliarios, sino que lo había iniciado Buenos Aires, lo que sólo quedó autorizado en el procedimiento interno del Banco mediante una reforma que se instrumentó el 29 de mayo. Es decir, ex post.

En ese contexto, los auditores alimentaron los argumentos de Mar del Plata y Buenos Aires. Por un lado, plantearon que el Banco corría el riesgo de “posible inadecuado otorgamiento de préstamo” y “eventuales pérdidas económicas para la institución”, además de “posible riesgo reputacional”. Pero también aclaró que todo lo anterior, “no invalida el proceso en su conjunto” porque era subsanable. Pero ya era tarde. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista, distante 1300 kilómetros de Mar del Plata. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.

Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. Y tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, el juez Bibel ordenó la cautelar. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, “lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas”. Y consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación, cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.

La posición del Banco

Ahora, abogados del Banco deberán presentarse ante la Justicia federal en Mar del Plata, dar su versión sobre lo ocurrido. Ante la consulta de , desde la entidad facilitaron toda la documentación interna requerida e indicaron que de ese material “surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud”.

“Del mismo modo -abundó-, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.

En ese sentido, el BNA planteó que “la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado [de Pourrere] respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada”.