La llegada masiva de autos importados que no provienen solo de Brasil o China, sino también desde México, Europa, Corea del Sur, Japón o Estados Unidos, se solapa con un momento de transición en la industria automotriz argentina, que tiene dos plantas trabajando a menor capacidad de producción por la inminente llegada de nuevos proyectos y otras dos con una caída de la demanda que redujo el volumen.

Así, de las ocho plantas que fabrican autos o vehículos comerciales livianos en Argentina, solo cuatro están con su capacidad por encima del 80% y son las que impulsan la industria automotriz en 2026: Toyota, Ford, Stellantis en Córdoba y Mercedes-Benz en Virrey del Pino.

Volkswagen está en pleno proceso de cambio entre el esquema de dos productos que tuvo hasta 2025, Amarok y Taos, a uno solo y completamente nuevo, la nueva Amarok, que llegará en 2027.

Renault dejó de fabricarle la pickup Frontier a Nissan y discontinuó a suya, la Renault Alaskan, pero también discontinuó Logan, Sandero y Stepway, quedándose únicamente con Kangoo mientras ajusta la línea para comenzar a producir en serie a fin de año la nueva pickup Niágara.

General Motors tiene su producción de Chevrolet Tracker en Rosario con un esquema reducido de unidades por la menor demanda de exportaciones, aunque el vehículo tiene un gran éxito en el mercado local, que sin embargo no alcanza para una escala de producción mayor.

Y finalmente, Peugeot, la planta de Stellantis en Palomar está en una situación similar, aunque con un volumen de unidades mayor por tener dos modelos en sus líneas de producción, el Peugeot 208 y el SUV 2008, que también están con caída de demanda de Brasil, el principal mercado del exterior, y mantienen solo un turno de producción para abastecer esencialmente el mercado local, donde ambos modelos están entre los 10 más vendidos.

Ante este escenario, los autos que se fabrican o ensamblan en Argentina son considerablemente menos que los de un año atrás. En julio de 2025 salían de las plantas argentinas 20 modelos distintos y hoy son 13, que se convertirán en 14 para septiembre.

Se trata de la eficiencia y la escala industrial, menos modelos utilizan menos partes distintas, diversifican menos la cantidad de proveedores y le dan más volumen a cada uno. Lo que hace poco era un mal síntoma para una fábrica, hoy parece ser lo contrario.

Y la especialización en vehículos comerciales livianos, pickup y furgones o vans, fue la llave que abrió la puerta al sostenimiento de los proyectos industriales con capacidad para exportar. Por eso, cada vez se fabrican más utilitarios y menos autos y SUV.

Tomando la misma referencia anterior, en julio de 2025, 11 de los vehículos nacionales eran utilitarios (6 pickups y 5 furgones). En julio de 2026, de los 13 autos nacionales que se fabrican, 8 son utilitarios (6 pickups y 2 furgones), y serán 9 de 14 cuando empiece Renault Niágara.

Toyota Hilux es el vehículo más vendido del semestre con 15.549 unidades vendidas entre enero y junio. El segundo lugar del ranking lo tiene otro auto nacional, el Fiat Cronos, que vendió 12.058 autos en el mismo período. En tercer lugar absoluto está el Peugeot 208, del que se patentaron 11.470 unidades. El podio es todo nacional.

El siguiente vehículo nacional está en quinta posición. Se trata de la pickup Ford Ranger, que alcanzó las 10.398 unidades. En séptimo lugar está la otra pickup mediana de gran volumen de ventas, la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 8.088 matriculaciones.

Un puesto más atrás, el novena posición, está el Chevrolet Tracker, que a su vez es el tercer SUV más vendido del mercado (lo superan Territory y Tera), con 7.603 autos vendidos. Todavía en el Top 10 absoluto de ventas de autos 0 km, el Peugeot 2008 está en el décimo puesto, con un volumen de patentamientos de 6.072 vehículos en seis meses.

Ahí se produce el salto, porque el siguiente vehículo nacional es el Renault Kangoo, que ocupa el puesto 22do con 3.380 unidades, y muy cerca aparece el siguiente, el Mercedes-Benz Sprinter, en el puesto 26to, con 3.190 unidades. Por último, quedan el Toyota SW, las pickup de Stellantis y el Toyota Hiace que se ensambla en Zárate.

El Toyota SW4 está en el puesto 33ro con 2.597 unidades, la Fiat Titano está en el puesto 34 con 2.514, la Ram Dakota, en la posición 48 con 1.605, y la Toyota Hiace en la posición 78 con 803 unidades patentadas.

En diciembre de 2001, cuando Argentina declaró el default de su deuda pública, el stock total sumaba USD 144 mil millones.

Para cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el stock de deuda pública sumaba USD 525 mil millones.

Es decir, en 22 años la deuda pública aumentó en USD 380 mil millones, equivalente a 50% del PBI. Tres de cada cuatro dólares de deuda pública se generaron en las últimas dos décadas.

El aumento de la deuda pública responde al elevado déficit fiscal del período: 7% del PBI en 2015, pero llegó a 15% del PBI en 2023, una magnitud solo comparable con países en guerra.

Los distintos gobiernos peronistas elevaron la deuda pública en USD 321 mil millones entre 2001 y 2023, aun cuando hicieron renegociaciones de deuda con importantes quitas en 2005, 2010 y 2020.

Entre 2002 y 2015 la deuda pública se elevó en USD 144 mil millones, principalmente en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y luego un total de USD 177 mil millones durante el último gobierno de Alberto Fernández.

Por su parte, el gobierno de Cambiemos elevó el stock de deuda en USD 60 mil millones durante su gestión, principalmente con el FMI.

Durante la actual presidencia de Javier Milei, el ajuste fiscal al inicio de su mandato permitió equilibrar las cuentas públicas, por lo que la deuda dejó de crecer e incluso comenzó a bajar nominalmente. Hasta mayo, la deuda pública total descendió en USD 22.000 millones.

Con el stock de deuda pública levemente a la baja, sumado a un PBI que retoma el crecimiento (4,4% el año pasado y 3,1% este año), el stock de deuda pública consolidada desciende a 67% del PBI. Una baja de 14 puntos porcentuales en tres años.

Argentina declaró el default de su deuda pública unas diez veces en su historia: 1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2001, 2014, 2019 y 2020. Después del default de 2001, en particular, el Estado argentino entró en cesación de pagos de la deuda pública tres veces más:

• En 2014: Cristina Fernández de Kirchner no reconoció el fallo del juez Griesa y dejó de pagar la deuda externa los últimos dos años de su mandato (2014-2015).
• En 2019: Mauricio Macri dejó de pagar la deuda en pesos. El Gobierno lo llamó “reperfilamiento”.
• En 2020: Alberto Fernández dejó de pagar la deuda externa y forzó una renegociación por USD 65.000 millones al inicio de su Gobierno.

Los recurrentes default de la deuda pública dejaron su registro en las notas de la deuda argentina, según las principales calificadoras de riesgo.

Mientras Chile es grado de inversión desde 1993 y Uruguay desde 2014, en igual período Argentina ingresó en default cuatro veces, sumergiendo la deuda entre las peores calificaciones de la región.

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el equilibrio fiscal y el superávit externo, sumados a un retorno de Argentina a políticas pro mercado (liberando precios y mercados), permiten un descenso del riesgo país y una mejora en su calificación. El riesgo país pasó de 2.700 puntos en 2023 a 400 puntos en la actualidad, en tanto que la calificación mejoró a “B-” según S&P.

La última vez que Argentina colocó deuda con menos de 300 puntos fue con una calificación de B+ en 2017/2018.

No deja de llamar la atención que Argentina se quedó sin reservas y entró en default en una década en la que los transgénicos permitieron cosechas récord; además, el precio de la soja alcanzó USD 650 la tonelada y las tasas de interés internacionales estuvieron prácticamente en cero. Un país que no supo administrarse ni en bonanza.

El mercado no tiene miedo alguno en prestarle al actual Gobierno, único en la historia, abiertamente pro-mercado y capitalista del último siglo.

Mientras muchos gobiernos entraron en default incluso en bonanza, Milei pagó la deuda y respetó todos los contratos, sin acceso al crédito, sin reservas, sin gobernadores ni mayorías en las Cámaras. Además, es el único gobierno con superávit fiscal y externo en un siglo.

El riesgo país del AO27, bono que vence el año entrante, es cero, con una TIR del 4,1%. Las dudas están para después de 2027.

El jueves de esta semana, el Gobierno afrontará el vencimiento más fuerte de lo que resta de 2026. Pagará unos USD 4.400 millones entre capital e intereses de Bonares y Globales. Los dólares para el pago los compró con superávit fiscal y ya están depositados en el BCRA.

Despejado 2026, el Gobierno presentó el programa financiero 2027, indicando el cronograma de vencimientos y la estrategia para financiarlo.

El Gobierno anunció que el año entrante enfrentará compromisos por USD 24.900 millones, de los cuales la mitad son vencimientos de capital e intereses con organismos internacionales y la otra mitad responde a vencimientos de capital e intereses de títulos públicos.

Respecto a la forma de pago, el superávit fiscal continuará siendo el protagonista para afrontar el servicio de la deuda pública también en 2027, ahora potenciado con privatizaciones que se esperan para el año entrante.

El Gobierno no tiene pensado colocar deuda en el exterior, aunque sí estima buscar en el mercado interno unos USD 5.000 millones.

En definitiva, con los dólares que compró este año, más lo que comprará el año entrante, más los dólares que aportarán las privatizaciones y las colocaciones de deuda en el mercado local, el Gobierno enfrentará los pagos de la deuda en el año electoral.

Por último, los dólares que aportó el FMI el año pasado están en las reservas y son de libre disponibilidad.

La deuda pública y la inflación son consecuencia directa del déficit fiscal. Pero el déficit fiscal es consecuencia directa del modelo económico del último siglo.

En efecto, la decisión de cerrar la economía lleva al estancamiento económico y la falta de actividad lleva al gasto público con la esperanza de reactivar la economía. El déficit se termina financiando con deuda o inflación, o con las dos. El resultado es una economía estancada, con problemas inflacionarios y limitado acceso al crédito, dado que el mercado sabe que es solo para financiar al Estado.

Bajo esta lógica, una vez que Argentina decidió darle la espalda al mundo, en solo 90 años sumó 16 ceros a su moneda con la estafa inflacionaria e incurrió en default casi una vez por década.

En las últimas dos décadas, en particular, sumó tres ceros a la moneda, tres defaults según las agencias internacionales de crédito y aumentó la deuda en USD 380 mil millones, equivalente a 50% del PBI. Como resultado, la última década y media el crecimiento económico fue cero.

Los últimos tres presidentes declararon el default de la deuda (CFK 2014, Macri 2019; Alberto 2020), mientras países vecinos, en igual período, llegaban a grado de inversión.

Peor aún, las ideas políticas que llevaron a sostener un modelo económico con tantos fracasos todavía continúan en la palestra política y con notable habilidad para venderlas como nuevas.

Ahora bien, mirando el vaso medio lleno, no es casualidad que por primera vez en un siglo haya equilibrio fiscal, deje de aumentar la deuda pública y las exportaciones alcancen un nuevo récord.

Desde diciembre de 2023, Argentina está volviendo a su origen: dejar el placebo del gasto público y finalmente aumentar las exportaciones como motor de desarrollo.

Dejar atrás el modelo de economía cerrada y gasto público se lleva consigo los lastres del déficit fiscal, el estancamiento, la deuda y la inflación.

El autor es Economista, director de la consultora Econométrica

La proximidad del año electoral en Argentina activó una nueva estrategia de defensa frente a la volatilidad cambiaria.

El Gobierno delineó unplan con el objetivo de evitar saltos bruscos en la cotización del dólar y asegurar el cumplimiento de los vencimientos de deuda durante 2027.

La acumulación de reservas, la diversificación de fuentes de financiamiento y la extensión de contratos clave formaron parte del menú de herramientas, mientras los analistas privados advirtieron sobre los desafíos que enfrentará el esquema en un contexto de mayor presión sobre el mercado.

El año electoral llevó al Gobierno a priorizar la acumulación de reservas como escudo ante la volatilidad cambiaria. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reforzó sus arcas para garantizar un poder de fuego superior a USD 20.000 millones. Este monto tuvo como objetivo central intervenir en el mercado cambiario ante eventuales presiones sobre el dólar. Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, precisó que la entidad fortaleció su intervención diaria en el mercado spot y reconfiguró su balance para disponer de estas herramientas de liquidez.

El informe de GMA Capital puntualizó que “el BCRA anunció la renovación de la totalidad de los REPO con bancos internacionales por USD 6.000 millones, que originalmente vencían entre octubre de 2026 y abril de 2027 y ahora fueron extendidos hasta septiembre de 2028”.

La consultora 1816 complementó que “el Gobierno dice que terminaría 2026 con un colchón de USD 3.700 millones”, saldo que funcionó como respaldo inicial para el siguiente año.

El BCRA concretó la cancelación de compromisos heredados, lo que permitió liberar la totalidad de las líneas de swaps, unos USD 8.000 millones disponibles para intervención inmediata. Esta herramienta sumó flexibilidad ante escenarios de presión cambiaria y aumentó la capacidad de respuesta del Banco Central.

El objetivo de esta maniobra consistió en garantizar que los recursos provenientes de swaps con entidades extranjeras se encontraran plenamente habilitados para fortalecer las reservas y, si resultara necesario, intervenir en el mercado para contener movimientos bruscos en la cotización del dólar.

El Gobierno avanzó en la reducción drástica de las posiciones en el mercado de futuros del dólar. Esta decisión apuntó a recuperar margen regulatorio y limitar expectativas de devaluación en períodos de incertidumbre, especialmente durante la campaña electoral. El control sobre este segmento se convirtió en un factor clave para evitar que las expectativas de los agentes económicos generaran movimientos abruptos en la demanda de divisas.

El informe de la consultora 1816 explicó que la estrategia oficial dependió de que “el año electoral no traiga demasiado nerviosismo en los inversores locales”. La reducción de la exposición en futuros, junto con la venta de bonos del Central en el mercado secundario, amplió el margen de acción para contener episodios de volatilidad.

El Gobierno priorizó la extensión de los contratos de REPO con bancos internacionales, postergando vencimientos regulatorios hasta después de las elecciones presidenciales de 2027. La renovación de estos instrumentos involucró montos por USD 6.000 millones y permitió aliviar la presión de pagos inmediatos sobre las reservas internacionales.

Esta refinanciación se sumó a la obtención de préstamos con garantía de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, por USD 3.200 millones. Ambas fuentes contribuyeron a despejar el horizonte financiero del corto plazo y a robustecer la capacidad de intervención del Tesoro y el BCRA.

La presentación de un programa financiero multianual se convirtió en un pilar clave para transparentar la hoja de ruta oficial y mostrar el origen de los fondos para cada obligación. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, estimó necesidades de financiamiento en USD 19.200 millones para 2026 y proyectó fuentes por USD 22.900 millones, generando un excedente de USD 3.700 millones. Este saldo excedente se utilizó como colchón para el inicio del año siguiente.

Para 2027, el esquema elevó las necesidades a USD 24.900 millones, sin margen excedente. Las fuentes incluyeron el saldo positivo del año previo, la compra de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, el roll over intra sector público, desembolsos de organismos internacionales, emisiones locales y privatizaciones.

GMA Capital advirtió que “el panorama cambia en 2027. Las necesidades aumentan hasta USD 24.900 millones y, aunque las fuentes alcanzarían para cubrirlas, el programa ya no contempla un excedente financiero”.

La consultora 1816 analizó: “Mecon estima que el Tesoro le comprará dólares al BCRA por USD 4.900 millones el año que viene para hacer frente a los vencimientos, de lo que se deduce que, en total, los pagos netos 2027 del fisco generarán una presión sobre las reservas netas del Central de USD 8.600 millones”. A estos compromisos se sumaron vencimientos de instrumentos como Bopreales, agregando demanda adicional sobre las reservas.

El financiamiento local desempeñó un papel central en la estrategia. El Gobierno previó la colocación de USD 5.000 millones en bonos Bonares y la emisión de un nuevo AO29 por USD 2.000 millones, después de las subastas exitosas de AO27 y AO28.

La consultora 1816 evaluó que “el supuesto del Gobierno de que emitirá un nuevo AO29 por USD 2.000 millones y colocará otros USD 5.000 millones de Bonares el año que viene no es descabellado dado el éxito de las subastas de AO27 y AO28, pero para que las cosas se den de esa manera será necesario que el año electoral no traiga demasiado nerviosismo en los inversores locales”.

Los analistas privados identificaron riesgos específicos para el próximo año. GMA Capital enfatizó que “el programa financiero despeja buena parte de las dudas sobre 2026, pero traslada el foco a 2027. No porque las cuentas no cierren, sino porque el éxito del esquema depende de que un año electoral transcurra sin alterar las condiciones financieras”.

Las principales amenazas incluyeron la capacidad de acumulación de reservas, el acceso al mercado local para refinanciar deuda y la demanda creciente de divisas provocada por los vencimientos de Bopreales.