POLITICA
El oficialismo consiguió aprobar en Diputados el Súper RIGI para atraer megainversiones en el área tecnológica
El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.
Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.
La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.
Mientras La Libertad Avanza (LLA) defendía la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, la oposición denunció un régimen de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios.
El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió el proyecto como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado reivindicó la inversión privada como motor del crecimiento, sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”, reclamó “proteger la propiedad” y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria. También pidió una “autocrítica” a quienes, a su juicio, fueron responsables del deterioro del sector productivo.
El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.
Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”.
La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. El texto habla de atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Martín Lousteau lo subrayó en su intervención. “El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, recordó. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, sumó el diputado de Provincias Unidas.
La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI.
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.
El debate
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel -CEO de Palantir- y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.
Mario Manrique, de Unión por la Patria (UP), fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”.
Desde el PJ se sumaron otros cuestionamientos. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas.
En la misma línea, Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.
Victoria Tolosa Paz (UP) reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Y agregó: “Este proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero no garantiza más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado”.
Jimena López (UP) cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación” que podrían haberse destinado a jubilaciones, discapacidad o universidades. Durante un cruce en el recinto, la diputada referenciada con Sergio Massa lanzó: “Piden solidarizarse con el compañero hipoacúsico, pero no se solidarizan con todo el colectivo”, y acusó al oficialismo de actuar con “demagogia”.
Entre los defensores del proyecto, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales y afirmó que el Súper RIGI busca captar “proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la falta de inversiones a la “presión tributaria” y la “inestabilidad normativa” y definió al régimen como la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.
June 24, 2026,pic.twitter.com/c8pYiTuHN7,June 24, 2026,June 24, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
POLITICA
Presupuesto 2027: fuerte suba del gasto en ciberseguridad, recortes en organismos técnicos y suspensión del fondo anticíclico
Más allá de las proyecciones de crecimiento, inflación y superávit fiscal, el proyecto de ley de presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso contiene una serie de decisiones que permiten reconstruir cuáles serán sus prioridades para el próximo año: una fuerte expansión de los recursos destinados a ciberseguridad y al Ministerio de Desregulación convive con recortes en organismos técnicos como el INTA, el INTI y la CONAE y cambios sensibles en materia social.
Una de las decisiones que ya generó una fuerte controversia es la propuesta de derogar artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, retornar a un sistema de pensiones por invalidez laboral y desregular el nomenclador de prestaciones del sector. El Poder Ejecutivo también propone eliminar el régimen de actualización automática de las asignaciones familiares y eliminar los aumentos automáticos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero la iniciativa introduce, además, cambios que van más allá del reparto de partidas. Uno de ellos es la suspensión durante 2027 de los aportes al Fondo Anticíclico Fiscal, creado para que el Estado ahorre recursos en períodos favorables y disponga de una reserva ante eventuales crisis o caídas de la recaudación.
La decisión cobra relevancia porque el propio Gobierno proyecta nuevamente cuentas fiscales positivas para el próximo año. Es decir, aun en un escenario en el que prevé recaudar más de lo que gasta, propone no destinar recursos a ese fondo de reserva durante 2027.
Cabe destacar que esto no es propio del gobierno libertario sino que es algo que se replicó en otras administraciones, tanto radicales como peronistas.
El Fondo Anticíclico fue concebido como un mecanismo para amortiguar los altibajos de la economía: acumular recursos cuando las cuentas públicas lo permiten para poder utilizarlos frente a un deterioro posterior de la actividad o de los ingresos del Estado.
Ciberseguridad
El reparto de las partidas permite observar un marcado contraste entre distintas áreas del Estado. Una de las mayores variaciones porcentuales aparece en los recursos destinados al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), cuya partida aumenta un 697,9% respecto de 2026.
Su presupuesto pasa de $405 millones en 2026 a $3231 millones en 2027.
El salto debe leerse, sin embargo, teniendo en cuenta la reciente puesta en marcha del organismo -en febrero de este año- y la ampliación de sus funciones. Para 2027, el área prevé avanzar en la infraestructura destinada a prevenir, detectar y responder a ataques informáticos y proteger sistemas y activos digitales considerados estratégicos.
La CNC funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que depende del jefe de Gabinete de Minstros, Diego Santilli. Está a cargo de Ariel Waissbein -doctor en ciencias matemáticas- desde febrero de este año. Previamente, Waissbein se había desempeñado como director de ciberseguridad en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), área bajo el comando del asesor Santiago Caputo.
El incremento contrasta con lo previsto para distintos organismos técnicos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasará de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027: una reducción nominal del 12,4%, incluso antes de descontar el efecto de la inflación.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sufrirá una caída nominal del 6,6%, de $207.968 millones a $194.169 millones, mientras que el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reducirá 5,2%, de $91.070 millones a $86.358 millones.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en tanto, prácticamente mantendrá congelados sus recursos en términos nominales: pasará de $297.784 millones a $298.526 millones, una suba de apenas 0,2%. Frente a la inflación prevista por el propio Gobierno, eso implica una reducción en términos reales.
El impacto de la reforma laboral
El Presupuesto también refleja el impacto sobre la seguridad social de la reforma laboral aprobada este año.
Habrá una baja en los recursos de la seguridad social por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de noviembre, un esquema de ahorro creado para financiar el pago de indemnizaciones por despidos y otras obligaciones derivadas de la finalización de los contratos de trabajo.
Para financiarlo, una parte de las contribuciones patronales que hasta ahora se destinaban al sistema de seguridad social dejará de ingresar a esos subsistemas y será derivada al FAL. La quita será equivalente al 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y al 2,5% para las MiPyMEs.
Esos recursos dejarán de financiar distintos componentes de la seguridad social, entre ellos el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares, el PAMI y el Fondo Nacional de Empleo, y pasarán a integrar cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones laborales.
El impacto ya aparece en las proyecciones para 2027. Aunque la recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social aumentará en pesos, perderá peso respecto del tamaño de la economía: pasará de representar el 5,26% del PBI en 2026 al 5,07% el próximo año.
El propio Presupuesto advierte que la comparación interanual se verá afectada negativamente por la puesta en marcha del FAL.
Desregulación
En sentido contrario, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tendrá un incremento nominal del 44,6%: su presupuesto pasará de $27.485,9 millones este año a $39.752,6 millones en 2027.
El aumento resulta particularmente llamativo por la función que cumple la cartera conducida por Federico Sturzenegger, encargada de impulsar la reducción y reorganización de estructuras estatales, la eliminación de regulaciones y la simplificación de trámites.
Buena parte de los recursos previstos para 2027 se concentra, sin embargo, en funciones vinculadas con la administración y transformación del propio Estado. El programa de Planificación Estratégica y Desarrollo de Recursos Humanos contará con $21.825 millones, mientras que otros $8.463 millones serán destinados a Transformación del Estado y Función Pública. La partida específica para Desregulación y Simplificación Normativa será considerablemente menor: $1.507 millones.
También aparece entre las partidas en alza el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dependiente de la Jefatura de Gabinete, cuyo presupuesto crecerá 35,7% en términos nominales, de $65.668 millones a $89.100 millones.
Fondos fiduciarios
El presupuesto también consolida el proceso de disolución y liquidación de una serie de fondos fiduciarios que financiaban políticas públicas en áreas muy diferentes.
La lista incluye al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras en barrios populares; el Fondo Nacional del Manejo del Fuego; fondos destinados a la promoción científica y tecnológica; el Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEP); el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Procrear.
También aparecen el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Ganaderas (FONGAN) y el Fondo para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, entre otros.
Las grandes variables
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y un incremento del salario promedio del 25,4%.
Además, vuelve a proyectar un resultado fiscal positivo, exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a US$15.000 millones.
El tipo de cambio promedio contemplado para el año es de $1728.
Entre las planillas aparecen, además, otros datos que anticipan debates durante el tratamiento legislativo.
El costo fiscal estimado del régimen promocional de Tierra del Fuego será equivalente al 0,13% del PBI, mientras que las exenciones vinculadas con el impuesto a las Ganancias del Poder Judicial representarían alrededor del 0,14%.
El proyecto comenzará ahora su recorrido por el Congreso, donde el oficialismo deberá defenderlo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch. Su debate comenzará en la primera semana de octubre con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, según confirmaron fuentes oficiales a .
Se prevé que también asistan al Congreso otros funcionarios para defender los principales lineamientos de la iniciativa y que, posteriormente, cada área del Gobierno acuda a explicar las partidas bajo su órbita.
resupuesto 2027,emergencia en discapacidad,,eliminar el régimen de actualización automática de las asignaciones familiares,@CarlosGuberman,pic.twitter.com/EhhD7AJAhA,September 16, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan
Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.
El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.
De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.
Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.
“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.
La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.
El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.
Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.
La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.
La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.
Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.
No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.
Cómo es el submarino francés que se analiza y qué formas de financiamiento se ofrecieron
Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.
En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.
El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.
La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.
En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.
También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.
Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.
Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.
Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.
La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.
“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.
El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.
La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.
El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.
La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.
POLITICA
Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas
La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.
De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.
El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.
La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.
Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.
Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.
La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.
Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.
También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.
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