POLITICA
El oficialismo consiguió aprobar en Diputados el Súper RIGI para atraer megainversiones en el área tecnológica

El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.
Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.
La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.
Mientras La Libertad Avanza (LLA) defendía la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, la oposición denunció un régimen de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios.
El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió el proyecto como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado reivindicó la inversión privada como motor del crecimiento, sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”, reclamó “proteger la propiedad” y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria. También pidió una “autocrítica” a quienes, a su juicio, fueron responsables del deterioro del sector productivo.
El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.
Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”.
La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. El texto habla de atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Martín Lousteau lo subrayó en su intervención. “El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, recordó. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, sumó el diputado de Provincias Unidas.
La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI.
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.
El debate
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel -CEO de Palantir- y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.
Mario Manrique, de Unión por la Patria (UP), fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”.
Desde el PJ se sumaron otros cuestionamientos. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas.
En la misma línea, Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.
Victoria Tolosa Paz (UP) reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Y agregó: “Este proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero no garantiza más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado”.
Jimena López (UP) cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación” que podrían haberse destinado a jubilaciones, discapacidad o universidades. Durante un cruce en el recinto, la diputada referenciada con Sergio Massa lanzó: “Piden solidarizarse con el compañero hipoacúsico, pero no se solidarizan con todo el colectivo”, y acusó al oficialismo de actuar con “demagogia”.
Entre los defensores del proyecto, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales y afirmó que el Súper RIGI busca captar “proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la falta de inversiones a la “presión tributaria” y la “inestabilidad normativa” y definió al régimen como la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.
June 24, 2026,pic.twitter.com/c8pYiTuHN7,June 24, 2026,June 24, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
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"Nos falta una maestra": los sindicatos docentes se movilizan hoy a la casa de Corrientes en el centro porteño

Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocaron para este jueves a un paro, duelo y movilización por el asesinato de Nancy Godoy, una docente correntina de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer tras haber estado desaparecida casi veinte días en esa provincia.
A través de un comunicado en la red social X, la organización gremial llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de una acción sindical para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen. Esta mañana, a las 8.30, maestros y afiliados nucleados en los sindicatos del sector concentrarán en la casa de la provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271.
“CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo con paro nacional, con acciones en las provincias. Llamamos también a adherir a la comunidad educativa, a los otros sindicatos y a los papás. Ha sido asesinada una maestra rural en el marco de desarrollar su tarea. Venimos bregando por justicia, venimos luchando contra los femicidios. Este año llevamos asesinadas 129 mujeres”, expresó en las redes sociales Sonia Alesso, secretaria general de la confederación docente.
Godoy era directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Asumió en ese cargo en agosto de 2026. Llevaba diez años sin conseguir un cargo docente estable. La institución tenía ocho alumnos matriculados.
Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.
El cuerpo de la docente fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.
“Como miles de maestras que trabajan en la ruralidad, que recorren caminos y horas para llegar a su lugar de trabajo, Nancy fue a trabajar y fue asesinada. Es inaceptable el asesinato de un maestro. Para nosotros, para CTERA, para las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras, la muerte es un límite”, reclamó Alesso.

En el comunicado sindical, desde CTERA reclamaron “al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional” que “asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección” que afrontan los maestros como Godoy.
El femicidio de Godoy se suma a la historia de otras víctimas fatales que impactaron en el ámbito educativo y que, en respuesta, desataron acciones sindicales de huelga a nivel nacional, como el de Carlos Fuentealba, asesinado en una represión policial en 2007 en la provincia de Neuquén, o el de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que fallecieron en una escuela de Moreno por una explosión de gas en 2018.

Con esos antecedentes, se espera que la huelga nacional tenga un fuerte impacto y haya ausencia de clases en todo el país.
Hasta el momento hay cinco detenidos: el capataz Ireneo Zarza, en cuya tapera donde vivía apareció el cuerpo de Nancy, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Los tres están imputados por el delito de femicidio. También está sospechada Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.
El cuerpo de Godoy fue localizado semi-sumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias.

La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.
“No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó uno de los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera.
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POLITICA
En medio de la tensión diplomática y la fuga de Bolsonaro, Quirno coincidirá con su par de Brasil en una reunión de cancilleres del G20

El Gobierno tiene previsto enviar al canciller Pablo Quirno a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se realizará este viernes 30 y sábado 31 de octubre en Atlanta. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y contará con la presencia del canciller brasileño, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Miami a través de la Argentina.
La Cancillería brasileña confirmó que está prevista la participación de Vieira en la cumbre, mientras que en el Gobierno argentino ratifican que Quirno proyecta viajar, aunque todavía no tiene una agenda bilateral cerrada. La coincidencia abre la posibilidad de un contacto entre ambos representantes después del episodio de Puerto Iguazú. Por el momento, ninguna de las dos administraciones confirmó que haya solicitado una reunión para abordar la situación del senador brasileño.
El encuentro tendrá lugar después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. En una carta difundida este miércoles desde Miami, el dirigente destacó el coraje, el sentido de la justicia y el respeto por la legalidad del Presidente argentino. También agradeció al mandatario estadounidense por recibirlo junto con su familia. La Casa Rosada todavía no respondió institucionalmente a esas declaraciones ni precisó qué colaboración brindó durante el traslado.
La declaración del senador tuvo además una modificación significativa después de su primera difusión. Bolsonaro reemplazó la presentación inicial como verdadero presidente electo de Brasil por una referencia a sí mismo como líder del país, aunque mantuvo más adelante su afirmación de que ganó las elecciones. La carta también fue corregida después de que circulara una versión con una inscripción incorrecta en el escudo brasileño. El asesor presidencial Santiago Caputo republicó desde su cuenta de X la versión modificada del documento.
Bolsonaro reiteró sus acusaciones de fraude en el balotaje del domingo, en el que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sin presentar pruebas que respaldaran su denuncia. El excandidato cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y anunció que pretende conducir la oposición desde Estados Unidos. La modificación de la carta no implicó que reconociera el resultado electoral ni que abandonara sus cuestionamientos a las autoridades brasileñas.
Trump también se pronunció sobre la llegada del senador y confirmó que su administración autorizó su ingreso a Estados Unidos. El mandatario afirmó que le permitieron entrar al país, pero aseguró que no pretende intervenir en la controversia brasileña. Además, volvió a cuestionar las circunstancias de las elecciones presidenciales. La declaración constituye un reconocimiento público de la autorización estadounidense, aunque no confirma una coordinación operativa con la Argentina ni la concesión de asilo político.
La Cancillería de Brasil evitó anticipar medidas diplomáticas contra la Argentina ante una consulta sobre posibles pedidos de explicaciones, protestas formales o una reducción de las relaciones bilaterales. Itamaraty respondió que la situación jurídica del senador fue determinada por una decisión del Supremo Tribunal Federal y recomendó consultar a ese organismo. La respuesta no anunció ninguna medida contra el Gobierno argentino, pero tampoco descartó expresamente esa posibilidad.
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Macri y Bullrich desafían a Milei: la línea de acción que vuelve a acercar a los ex aliados

El balotaje en Brasil, los insultos de Javier Milei a periodistas en la cena de la Fundación Faro, la negativa presidencial a reconocer el triunfo de Lula da Silva y la negociación en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comprimieron en una semana todas las tensiones que el PRO acumula: ser oficialismo y ser oposición. El resultado –o el efecto colateral-, fue una convergencia discursiva con Patricia Bullrich que, pragmática, comenzó un operativo para diferenciarse de las posiciones más extremas del Presidente.
La señal más reciente llegó el domingo, horas después del balotaje en Brasil. Mientras Javier Milei —que había respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña y compartido publicaciones que cuestionaban el proceso electoral— guardaba silencio, la cuenta oficial del PRO en X fue una de las primeras voces de la dirigencia argentina en reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.
“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”, publicó el partido. El texto concluyó con una felicitación directa al mandatario reelecto y con una declaración de vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.
A título personal, Mauricio Macri también se pronunció el lunes: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. En otro comunicado, elaborado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, conducida por Fulvio Pompeo, se advirtió que “los resultados electorales importan: cambian prioridades, alianzas y rumbos”.

“Para Argentina consideramos que es estratégico el vinculo con Brasil. Tenemos muchos temas de interés común y de largo plazo. También compartimos desafíos”, señaló Pompeo a Infobae. El contraste con Milei y el gobierno nacional quedó evidente en varios planos. Milei todavía se niega a reconocer el triunfo de Lula y colaboró para que Flávio Bolsonaro viaje rumbo a Estados Unidos, desde donde se autoproclamó “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció a Donald Trump y al mandatario argentino.
Desde el PRO, además, ampliaron el análisis a un contexto regional más amplio, como los procesos electorales en Israel, Estados Unidos y España: “Hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”.
En la misma línea se manifestó Bullrich. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia, escribió la senadora y excandidata presidencial por Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad reconoció las profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero las subordinó a una lectura pragmática: países que comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. La declaración se alineó punto por punto con los comunicados del PRO, y contrasta con el silencio —y los antecedentes— del Presidente.
Bullrich también dedicó un párrafo a Bolsonaro, el candidato derrotado al que Milei había apoyado abiertamente, para deslizar una advertencia sobre la calidad democrática: “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

La semana pasada el partido ya se había desmarcado de Milei tras las descalificaciones del Presidente hacia su par de España, Pedro Sánchez, y una periodista durante su visita a Madrid, y los agravios contra la prensa en la cena de la Fundación Faro, donde sostuvo que los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA “se tienen que quemar en la hoguera” y los llamó “hijos de puta”, “ensobrados” y “mercenarios de la mentira”.
La conducción nacional del partido trabajó un borrador con una postura más fuerte contra Milei. Finalmente, se resolvió difundir un texto más moderado: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores que se cuidan todos los días, no solo durante una elección”.
Las críticas más duras quedaron a cargo de dirigentes que, en su mayoría, prefieren trazar una distancia mayor con el oficialismo. María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, advirtió que el Presidente “cruza un límite” y que “la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia”. Silvia Lospennato opinó que “normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”. Martín Goerling, titular del bloque PRO en el Senado, y el precandidato presidencial Hernán Lacunza también expresaron sus reparos.
Un mes antes, el 23 de septiembre, otra llamada de atención. Esta vez, el contexto fue la política en materia de discapacidad: el PRO cuestionó de forma directa al Gobierno por incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que, según el partido, “debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó”, afirmó el texto, que concluyó con una frase que sintetiza la postura del partido frente a la alianza con LLA: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos.”
El encuadre doctrinario de todos estos movimientos lo dio el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los colaboradores más cercanos a Macri. En una extensa publicación en X, explicó que las intervenciones públicas del PRO responden a una decisión consciente de abrir debates de largo plazo que la “urgencia de la coyuntura” desplaza de la agenda. “Brasil, por su historia y su peso estratégico, es un socio clave: cuidar ese vínculo requiere diálogo, cooperación y una mirada práctica sobre los desafíos comunes”, escribió.
En esta línea, el partido ahora podría abrir otra ventana de diferenciación: el estado de la infraestructura y la paralización de la obra pública. Mientras tanto, tiene que definirse la organización de los acuerdos electorales de cara a 2027, con la mesa que coordina el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde Casa Rosada.
El partido a dos velocidades
El contraste entre la retórica pública y doctrinaria y la práctica parlamentaria, las dos velocidades que configura al partido en su relación con LLA, quedó en evidencia con la negociación en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo anunció por cadena nacional y pretendía dictaminar con urgencia.
Después de semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó modificaciones sustanciales para sumar las 60 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, celebrado este martes. El PRO, que reclamó cambios, y la Unión Cívica Radical (UCR) fueron decisivos para alcanzar ese número.
Son diferencias de práctica y de tono, sobre todo entre dirigentes como Vidal, Lacunza o Lospennato, quienes priorizan la preservación de una identidad republicana e institucional que los distinga del estilo y los excesos de LLA de cara a las legislativas de 2027, y el ala ejecutiva, encabezada por De Andreis y Cristian Ritondo, que garantiza la gobernabilidad de Milei en Diputados.
En cuanto a Bullrich, en el PRO reconocen como “una buena noticia” los últimos movimientos de la senadora, aunque los circunscriben a una clave electoral. “Le habla a nuestro electorado, al que votó a Milei en segunda vuelta pero hoy no está conforme con el Gobierno”, admitió un importante dirigente a Infobae. De todas formas, aseguran, no hay relación entre los ex aliados, salvo a nivel institucional, en el Senado, a través de Goerling. El propio Macri, y muchos en el partido, no cicatrizan que la exministra haya negociado en soledad su incorporación el gobierno de Milei, y renunciado a la identidad amarilla para sumarse a las filas de LLA. Es una herida que aún no cierra.
Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza
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