El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.

Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.

La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) defendía la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, la oposición denunció un régimen de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios.

El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió el proyecto como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado reivindicó la inversión privada como motor del crecimiento, sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”, reclamó “proteger la propiedad” y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria. También pidió una “autocrítica” a quienes, a su juicio, fueron responsables del deterioro del sector productivo.

El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.

Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”.

La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. El texto habla de atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

Martín Lousteau lo subrayó en su intervención. “El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, recordó. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, sumó el diputado de Provincias Unidas.

La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.

Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.

El debate

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel -CEO de Palantir- y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.

Mario Manrique, de Unión por la Patria (UP), fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”.

Desde el PJ se sumaron otros cuestionamientos. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas.

En la misma línea, Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó.

Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.

Victoria Tolosa Paz (UP) reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Y agregó: “Este proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero no garantiza más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado”.

Jimena López (UP) cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación” que podrían haberse destinado a jubilaciones, discapacidad o universidades. Durante un cruce en el recinto, la diputada referenciada con Sergio Massa lanzó: “Piden solidarizarse con el compañero hipoacúsico, pero no se solidarizan con todo el colectivo”, y acusó al oficialismo de actuar con “demagogia”.

Entre los defensores del proyecto, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales y afirmó que el Súper RIGI busca captar “proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la falta de inversiones a la “presión tributaria” y la “inestabilidad normativa” y definió al régimen como la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.