POLITICA
El oficialismo consiguió aprobar en Diputados el Súper RIGI para atraer megainversiones en el área tecnológica
El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.
Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.
La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.
Mientras La Libertad Avanza (LLA) defendía la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, la oposición denunció un régimen de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios.
El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió el proyecto como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado reivindicó la inversión privada como motor del crecimiento, sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”, reclamó “proteger la propiedad” y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria. También pidió una “autocrítica” a quienes, a su juicio, fueron responsables del deterioro del sector productivo.
El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.
Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”.
La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. El texto habla de atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Martín Lousteau lo subrayó en su intervención. “El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, recordó. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, sumó el diputado de Provincias Unidas.
La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI.
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.
El debate
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel -CEO de Palantir- y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.
Mario Manrique, de Unión por la Patria (UP), fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”.
Desde el PJ se sumaron otros cuestionamientos. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas.
En la misma línea, Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó.
Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.
Victoria Tolosa Paz (UP) reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Y agregó: “Este proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero no garantiza más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado”.
Jimena López (UP) cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación” que podrían haberse destinado a jubilaciones, discapacidad o universidades. Durante un cruce en el recinto, la diputada referenciada con Sergio Massa lanzó: “Piden solidarizarse con el compañero hipoacúsico, pero no se solidarizan con todo el colectivo”, y acusó al oficialismo de actuar con “demagogia”.
Entre los defensores del proyecto, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales y afirmó que el Súper RIGI busca captar “proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la falta de inversiones a la “presión tributaria” y la “inestabilidad normativa” y definió al régimen como la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.
June 24, 2026,pic.twitter.com/c8pYiTuHN7,June 24, 2026,June 24, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
POLITICA
Diego Santilli explicó por qué Flávio Bolsonaro pudo salir de la Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol” – Nexofin
Diego Santilli se refirió a la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina y defendió el accionar de las autoridades migratorias que permitieron que el senador brasileño viajara rumbo a Estados Unidos.
El jefe de Gabinete explicó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ingresó al país cumpliendo con los requisitos establecidos y que, al momento de abandonar el territorio argentino, no figuraba ningún impedimento que le impidiera continuar con su viaje.
“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, sostuvo el funcionario al ser consultado por la situación.
Un fiscal federal inició una investigación por el ingreso de Flávio Bolsonaro al país
Qué dijo Santilli sobre los controles migratorios
Ante la consulta sobre si la maniobra le había resultado llamativa, Santilli insistió en que las autoridades actuaron de acuerdo con los controles habituales y remarcó que no existía una restricción registrada por Interpol.
“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, afirmó.
El jefe de Gabinete también sostuvo que Migraciones no tenía motivos para impedir la salida del senador brasileño, ya que no figuraba ninguna limitación al momento de realizar el trámite correspondiente.
Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras salir de Argentina en un vuelo que evitó el espacio aéreo brasileño
“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, agregó.
De esta manera, Santilli respaldó la actuación de los organismos argentinos y sostuvo que Bolsonaro pudo ingresar y posteriormente abandonar el país porque, según los controles migratorios, cumplía con las condiciones necesarias para hacerlo.
El senador brasileño había llegado a la Argentina junto con integrantes de su familia y posteriormente partió desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos. El vuelo realizó una escala técnica en Guayaquil antes de continuar hacia Miami.
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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó este miércoles que su gestión decidió adelantar las elecciones provinciales de 2027 y separarlas así de los comicios nacionales que se celebrarán en octubre del año que viene. A su vez, el funcionario respaldó la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el gobierno de Javier Milei.
“Por tradición, yo creo que lo mejor que le puede pasar al sistema democrático es que cada vez que votemos lo hagamos por algo puntual y que no haya ningún tipo de distorsión. Que cuando discutamos el proyecto de país, sea en julio o en octubre, discutamos los temas nacionales, y cuando discutamos los temas provinciales sea en una fecha individual”, diferenció Weretilneck.
Lo mismo consideró para los temas locales y municipales, que también adelantó que se votarán en una fecha diferenciada, que aún no fue definida por las autoridades provinciales.
Por otro lado, el gobernador de Juntos Somos Río Negro explicó los motivos por los que adhiere al proyecto oficialista acerca de eliminar o suspender la etapa de las elecciones primarias. “Yo creo que no tenemos por qué obligar a todos los argentinos a ir a una elección en la que tienen que elegir a los candidatos de un partido político”, consideró este miércoles en TN.
“Soy partidario de que hay que derogarlas. Cada partido tiene que buscar el mejor sistema interno que considere para poder elegir a sus candidatos, pero me parece que esto de someter a una elección obligatoria a todo el país para elegir a los candidatos de un partido no tiene sentido”, subrayó.
Hasta ahora, la administración libertaria no consiguió los votos necesarios para debatir este tema en la Cámara alta y la cifra no alcanza el respaldo de la mayoría absoluta. En el caso del Senado, el número que debe marcar el tablero es de 37 votos afirmativos.
Por otro lado, Weretilneck evaluó cómo ve el desempeño del gobierno de Milei en los últimos tres años y marcó los puntos a favor y en contra: “¿En qué no estoy de acuerdo? En la situación de la infraestructura en el interior del país; yo mañana estoy recibiendo, porque no tengo otra opción, las Rutas Nacionales 22 y 151, que no de este Gobierno sino de todos los anteriores, están absolutamente abandonadas y son directamente intransitables. No estamos de acuerdo tampoco con la situación del PAMI, por ejemplo«.
“Hay cosas que en el interior del país duelen mucho. Pero, por otro lado, tengo que reconocer la baja de la inflación. Algunos aspectos centrales de la reducción del déficit fiscal, la no emisión monetaria, la baja del nivel de endeudamiento del país… Me parece que también hay cosas que la Argentina necesitaba desde hace muchísimos años para ser competitiva y que hay que rescatarlas”, resaltó también.
En esta línea, el gobernador rionegrino se refirió directamente a la situación productiva que viven en el interior del país y habló sobre el trabajo en la provincia. “Somos dos las provincias que hemos creado empleo privado en el gobierno de Milei, tanto Neuquén como Río Negro. Solamente una obra, el VEMOS (Vaca Muerta Oil Sur), generó diez mil puestos de trabajo privado”, destacó.
“Yo creo que el error conceptual es pensar que los argentinos que no tienen trabajo en los grandes centros urbanos van a encontrar trabajo en la minería, el gas y el petróleo. No es así. Primero, porque nosotros lo que hacemos es defender a nuestra gente”, explicó.
Weretilneck explicó que en Río Negro existe una ley en la que les exigen a empresas que el 80% de los empleos sea otorgado a rionegrinos. “Primero está nuestra gente. El 60% de los proveedores tienen que ser empresas locales y trabajamos para eso”, dijo y advirtió a los que quieren mudarse a las provincias para “probar suerte”: “Yo les sugeriría que no, porque no es una cuestión masiva de creación de empleo. Tenemos leyes que son restrictivas”.
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POLITICA
Un ex embajador argentino en el Reino Unido criticó las sanciones a empresas por las Islas Malvinas: "Hay que salir de la nostalgia"
El ex embajador argentino en el Reino Unido durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Sersale di Cerisano, criticó las sanciones que aplica el Gobierno a las empresas petroleras en las Islas Malvinas. Durante una entrevista en Infobae a las Nueve, se refirió a la alternativa controversial que propuso en una columna de opinión: que exista una presencia militar conjunta de Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido en el archipiélago.
Con 41 años de carrera en puestos multilaterales y bilaterales, Sersale di Cerisano afirmó que el debate suele quedar atrapado entre la reivindicación emocional y medidas sin una proyección diplomática sobre la cuestión de la soberanía. “Hay que diferenciar lo que es el sentimiento, que es válido, con pensar en términos estratégicos como para que haya toda una negociación sobre las cuestiones de fondo”, dijo.
Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el ex embajador sostuvo que la Argentina puede “ir identificando temas que permitan avanzar en cuestiones que hacen a la soberanía, aunque no discutas soberanía como fin último”.
“Las sanciones están bien si se utilizan como una instancia negociadora. Ya existían desde 2013, con las limitaciones que tienen. Pero si abrís mucho el juego, puede empezar a afectar otros sectores y eso es lo que implica tener una estrategia integral. Hay que evitar la utopía retrospectiva”, definió.
Desde su mirada, el diplomático propuso que la disputa de soberanía debe abordarse de forma integral, vinculando las islas con el desarrollo de la Patagonia continental, la plataforma marítima y los recursos energéticos del país, utilizando el ‘soft power’ y la diplomacia profesional.
“Las propuestas nuestras de entre 2018 y 2019 -que ya se habían hecho en los años 90 aunque después fue imposible aplicar- era ver una zona conjunta donde la Secretaría de Energía de ambos países, Reino Unido y Argentina, pudieran ver la aprobación de proyectos en su conjunto. Con lo cual, le das seguridad jurídica a otras inversiones en el sector hidrocarburos que tenés en las región. La Argentina tiene 18 licitaciones offshore en la zona económica exclusiva”, ilustró.
En ese marco, planteó que la discusión por Malvinas exige una estrategia “integral” que incluya a toda el área en discusión y que se ve afectada por la ocupación británica. “No es sólo Malvinas, un archipiélago olvidado allá en el fin del mundo. Es todo un sistema, que incluye las costas de la Patagonia, las tierras de la Patagonia y la plataforma marítima continental”, sostuvo.
Sersale di Cerisano enumeró los campos que, según su visión, deberían formar parte de ese enfoque, como “política, infraestructura, logística y eliminar normas que afectan a lo que vos como país puedas hacer. Tener mayor conectividad con las islas desde el punto de vista de ofrecer alternativas”, deslizó.
Además, el ex embajador cuestionó la eficacia de los reclamos formales como recurso frente a compañías que operan sin autorización argentina. “Los problemas que tenés hoy -que están impulsando todo tipo de sanciones inclusive para empresas de terceros países- no lo solucionás con una nota verbal. Lo solucionás generando opciones propias”, explicó.
A partir de ese dato, advirtió sobre el impacto que puede tener una sanción que alcance a “cadenas de proveedores”, lo cual “afecta todo el conjunto”, afirmó. Por lo tanto, la sanción debería concentrarse en actividades concretas desarrolladas sin consentimiento argentino, sin extender sus consecuencias sobre el resto.
En esa línea, pidió apartarse de expectativas que ubiquen la resolución del conflicto fuera de la capacidad de decisión nacional. “Hay que salir de la nostalgia o del pensamiento mágico que alguien te lo va a resolver de afuera, sino utilizar el contexto internacional para vos poder realmente”, expresó.
El diplomático sostuvo que una discusión abstracta sobre la soberanía bloquea cualquier posibilidad de contacto. “Si es todo o nada, ni siquiera se sientan a discutir”, afirmó. Como alternativa, citó los Acuerdos de Madrid de 1989 y la fórmula que permitió retomar contactos después de la guerra. “La Declaración Conjunta de Madrid establece que vos podés discutir cualquiera sea los temas aplicando el artículo dos, que es congelar el reclamo de soberanía de ambas partes y podés avanzar en los temas”, explicó.
Con respecto a la base militar con presencia conjunta de tres países en las Islas Malvinas , Sersale di Cerisano explicó: “Se supone que nosotros tenemos con Estados Unidos, con el Reino Unido y con la Argentina intereses comunes en conservar el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, y acceso a la Antártida”. Para el exembajador, esa agenda permitiría volver a discutir fórmulas que fueron analizadas antes del conflicto bélico.
Durante la entrevista, el diplomático recordó que existen antecedentes de entendimientos sobre asuntos específicos, aun cuando el desacuerdo de fondo permaneció sin resolución. En ese marco, recordó la misión humanitaria de identificación de caídos y la cooperación en el cementerio de Darwin, los vuelos con escala en Córdoba y el subcomité científico de pesca, como ejemplos de medidas que abrieron canales de diálogo.
Para Sersale di Cerisano, esos mecanismos se ajustan a la disposición transitoria de la Constitución Nacional sobre la recuperación de las islas y el respeto por el modo de vida de sus habitantes. “No discutís el tema de soberanía, discutís el tema específico aislando el problema”, planteó.
También se refirió a la estructura política británica y al peso de los representantes vinculados con las islas. “Hay un lobby bastante fuerte de las islas y de parlamentarios que impiden todo tipo de discusión sobre soberanía”, aseguró. Sin embargo, insistió en que la diplomacia puede obtener resultados cuando concentra la negociación en aspectos prácticos, y aclaró que la cuestión Malvinas, desde su experiencia, no ocupa un lugar central en la agenda cotidiana del Reino Unido. “No es un tema popular allá. Es un tema que importa a ciertos parlamentarios. Es la prioridad número 178″, consideró.
A partir de esa evaluación, propuso articular al cuerpo diplomático con empresas argentinas y sectores económicos que mantienen vínculos con actores británicos. “La diplomacia profesional es la que tiene un rol en combinación con los intereses del sector privado argentino”, sostuvo, y remarcó la necesidad de que haya respaldo interno de la sociedad para avanzar en este tipo de iniciativas. “Creo que necesita un gran programa de comunicación y explicar que la solución no es el conflicto”, concluyó.
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