POLITICA
Dos integrantes de grupos terroristas palestinos darán una conferencia en Rosario invitados por ATE

La filial rosarina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la participación de dos ex prisioneros terroristas palestinos -liberados tras acuerdos de intercambio por rehenes israelíes- como oradores en una jornada por el “Día de los Prisioneros Palestinos”, organizada en conjunto con agrupaciones propalestinas de la ciudad de Rosario. El evento tendrá lugar en San Lorenzo 1879 de aquella ciudad este viernes 17 de abril a las 18.
Asamblea Acción por Palestina confirmó que los convocados son Osman Bilal, integrante de Hamas condenado por múltiples atentados, y Nader Sadaqa, comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Bilal fue responsable de atentados terroristas en Israel en la década de los noventa, con saldo de decenas de muertos y heridos. Su nombre figura entre los militantes de Hamas que recibieron 27 condenas de prisión perpetua por su participación en ataques calificados como terroristas por el gobierno israelí y por organismos internacionales.
Ei 7 de diciembre último ya participó de un webinar en Canadá invitado por organizaciones activistas de aquel país. El seminario en línea “La Intifada de las Piedras” fue organizado por Masar Badil y su movimiento juvenil Tariq El-Tahrir, en colaboración con el Comité de Prisioneros Basil Al-Araj con sede en Vancouver, la organización Estudiantes Unidos por la Igualdad y el Retorno Palestino en la Universidad de Washington (SUPER UW), y las organizaciones españolas Juventud Palestina Al-Yudur y Acampada por Palestina Madrid.
Según el Centro de Información Palestino, Bilal participó en la planificación de los atentados suicidas con bomba en autobuses de julio de 1995 en Ramat Gan y de agosto de 1995, los cuales en conjunto asesinaron a 12 personas e hirieron a más de 140.
Por su parte, Nader Sadaqa ejerció funciones de comando en el FPLP, organización señalada por múltiples ataques armados y explosivos a comienzos de los años 2000 en territorio israelí, hechos que también causaron víctimas fatales y condujeron a su detención. The Jerusalem Post informó que Sadaqa estuvo implicado en atentados que motivaron su detención y posterior condena a cadena perpetua.
Ambos recuperaron la libertad tras acuerdos de intercambio vinculados a la liberación de ciudadanos israelíes secuestrados durante el ataque terrorista del 7 de octubre pasado perpetrado por Hamas. El acto en Rosario los presenta como “activistas y ex prisioneros”, en un evento que busca moderar el relato a favor de la organización extremista.
La iniciativa generó polémica en el ámbito local y nacional por la inclusión de figuras asociadas con atentados de alto impacto, así como por el respaldo institucional de ATE a la convocatoria. También causó preocupación en la comunidad judía en la Argentina, víctima de dos atentados terroristas en 1992 (Embajada de Israel) y 1994 (AMIA).
El acto forma parte de una serie de actividades internacionales en el marco del “Día de los Prisioneros Palestinos”, con manifestaciones públicas y encuentros en distintas ciudades. La participación de Bilal y Sadaqa sería mediante videollamada, ya que ambos residen actualmente fuera de Argentina tras su liberación.
Organizaciones de la comunidad judía expresaron preocupación por la plataforma otorgada a personas involucradas en hechos violentos.
Las liberaciones de Bilal y Sadaqa formaron parte de negociaciones internacionales para la liberación de rehenes tras el ataque terrorista de octubre de 2023, proceso que involucró la mediación de Egipto y Qatar. Entonces, cientos de terroristas fueron intercambiados por víctimas de Hamas.
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POLITICA
El Gobierno incluiría la ficha limpia dentro de la reforma política para vencer la resistencia opositora a derogar las PASO

Un año después de haber sido rechazada por el Senado, el Gobierno buscará reflotar la llamada “ficha limpia” para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos electivos. No presentará un nuevo proyecto, sino que lo incluirá dentro de la reforma política que en breve enviará al Congreso y que contemplará, como uno de sus puntos más conflictivos, la derogación de las elecciones primarias (PASO).
La reforma electoral integral que planea el Gobierno comenzó a cobrar forma el viernes pasado en la Casa Rosada, durante la última reunión de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa que incluirá, como novedad, la denominada “ficha limpia”, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha pero que, al mismo tiempo, se muestran reticentes a votar la eliminación de las PASO.
De hecho, en las últimas semanas distintos bloques de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, presentaron sendos proyectos para reinstalar la discusión sobre ficha limpia, largamente postergado. Toda una estrategia que pareció orquestada para apurar al Gobierno, al que nunca vieron convencido del todo de impulsar la iniciativa.
En efecto, en 2024 el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a su jefe político, Carlos Rovira, lapidaron el proyecto con su voto en contra; en medio del escándalo, Rovira adujo por entonces que respondía a un llamado del propio presidente Javier Milei.
Lo cierto es que ahora la Casa Rosada reflota la propuesta, pero la inscribe dentro de la una reforma político electoral integral que tiene como objetivo central eliminar las elecciones primarias, o al menos suspenderlas una vez más. Una herramienta que las distintas vertientes opositoras se resisten a avalar porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
Así las cosas, el Gobierno asume que le será difícil reunir la mayoría absoluta de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- parecen dispuestos a acceder.
Frente a esta situación, en la mesa política que se reunió el viernes pasado se acordó incluir en el proyecto de reforma política la propuesta de ficha limpia a manera de incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la cajoneen como sucedió en anteriores oportunidades. Allí se decidió, también, que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara a la que ven más accesible para conseguir las mayorías que la de Diputados.
Con cierta astucia, en el capítulo sobre ficha limpia que incorporará en su reforma política el Gobierno tomará varios aspectos de las las propuestas que ya se presentaron desde la oposición. En la Cámara de Diputados, ingresaron proyectos la santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas; la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. En el Senado, donde se frustró la ley el año pasado, empuja la ley el bloque PRO, comandado por el misionero Martín Goerling.
A diferencia del proyecto que fue rechazado el año pasado, las iniciativas opositoras proponen que la llamada ficha limpia no solo aplique solo a aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública (corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros) sino que incluyen un abanico de otros delitos graves.
En la propuesta del Poder Ejecutivo, según trascendió, el impedimento para competir en una elección se aplicará a todas aquellas personas condenadas por un delito doloso, siempre que la sentencia impuesta hubiese sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el impedimento tendría efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, indican las mismas fuentes.
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POLITICA
Amenazas en las escuelas de CABA: cómo es el protocolo que aplica el gobierno de la Ciudad

En las últimas semanas, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un fenómeno que instaló la preocupación en autoridades, familias y la comunidad educativa: amenazas de violencia plasmadas en pintadas y mensajes dirigidos a escuelas, cuya propagación generó la activación de protocolos de resguardo y un refuerzo sin precedentes de las medidas de supervisión en los establecimientos.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó en conferencia que la prioridad del ejecutivo porteño es erradicar este tipo de prácticas: “Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar”.
“Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito”, subrayó el alcalde porteño.
La dimensión nacional del fenómeno fue destacada por Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, quien subrayó que el “fenómeno es global: ocurre en Chile, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay y, recientemente, todas las provincias argentinas han sufrido de alguna manera este tipo de amenazas”.
El dato que diferencia la situación en Buenos Aires respecto de otros distritos es que, de los más de doscientos casos registrados en el país, más de veinticinco requirieron intervención del Ministerio Público Fiscal local, según precisó el fiscal general Martín López Zabaleta.
En este sentido, Macri amplió: “En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres”.
Protocolo, despliegue y acción

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha un protocolo para las escuelas, que establece un marco de actuación claro ante la sospecha o detección de armas —de fuego, blancas o impropias— dentro del ámbito educativo.
El protocolo define como “detección” la observación directa de un arma en la escuela y como “sospecha fundada” a cualquier denuncia —verbal, escrita o digital— con base en hechos concretos o conductas que sugieran la portación o amenaza de un arma. Para que proceda la intervención, estos elementos deben ser comprobables, y la evaluación recae sobre los equipos directivos y docentes.
El documento distingue tres tipos de armas: las armas de fuego (pistolas, revólveres, escopetas, fusiles e inclusive armas de fabricación casera), las armas blancas (objetos cortantes o punzantes, como cuchillos o navajas), y las armas impropias (herramientas, vidrios, tijeras, compases o cualquier objeto utilizado para amenazar o herir).
Ante la sospecha o presencia de un arma —en especial si se trata de una persona menor de edad—, el protocolo exige a las escuelas evitar cualquier intervención física. No se permite requisar ni manipular las pertenencias del estudiante, ni intentar quitarle el arma de forma directa. El procedimiento exige que un adulto de la institución, mejor si goza de la confianza del estudiante, lo acompañe a un ámbito reservado y seguro.
En cuanto a la revisión de objetos personales, como mochilas, el texto enfatiza que solo el adulto responsable del menor, en presencia de la conducción escolar, puede abrirlas. Frente a armas de fuego, la norma es categórica: “Solo las fuerzas de seguridad pueden manipular y retirar armas de fuego.” Por eso, cada vez que haya indicio o certeza de la presencia de un arma de fuego, es obligatorio llamar al 911 de inmediato, haya o no amenaza activa, debido al “potencial riesgo para la integridad de la comunidad educativa”.
El procedimiento es más flexible ante la presencia de armas blancas o impropias: solo se debe convocar a la policía si existe un riesgo concreto o una amenaza vigente. Si la situación no implica un peligro inminente, la escuela debe priorizar el resguardo y el abordaje institucional sin derivar el caso automáticamente a la fuerza pública.
Entre las medidas recomendadas ante la presencia de un arma de fuego se destaca “considerar toda arma de fuego como si estuviera cargada”, y procurar que la persona involucrada nunca apunte hacia otros ni manipule el objeto si no está bajo control policial. Para casos menos graves —como la detección de herramientas punzantes en un entorno técnico— el texto llama a una valoración cuidadosa y dialogada, evitando estigmatizar abusivamente a estudiantes o personal.
Procedimientos administrativos y obligación de denuncia judicial

La dimensión administrativa tiene un lugar central en el nuevo protocolo. Ante cualquier episodio, el equipo directivo debe comunicar la situación a la Supervisión Escolar o al superior jerárquico, registrar lo actuado en el Libro de Actas y confeccionar los partes correspondientes.
“Los establecimientos educativos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos hechos que configuren un ilícito penal de acción pública o que afecten los derechos y garantías del menor”, sostiene el documento.
Para casos complejos, el protocolo prevé la articulación inmediata con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), activando el procedimiento conjunto establecido en la Resolución 1-CDNNYA/24. Si se presume que la persona adulta responsable de un estudiante es quien vulnera sus derechos, el equipo escolar debe comunicarse de inmediato con dicho organismo para recibir orientación.
La influencia de las pantallas y las redes sociales
Desde el gobierno porteño indicaron que la expansión del fenómeno está íntimamente relacionada con la lógica viral de las redes sociales, donde los contenidos violentos pueden amplificarse y transformarse en tendencias que viajan de distrito en distrito en cuestión de horas. “No podemos seguir activando protocolos mientras las empresas detrás de las redes sociales no asuman la responsabilidad que les cabe. Son conscientes del daño que se está generando”, criticó Miguel.
En este contexto, Macri subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

A su vez, la administración porteña reforzó su política de prevención con aulas libres de celulares en todos los niveles educativos y fomenta la firma de un compromiso familiar: hasta la fecha, más de cuarenta y ocho mil familias porteñas firmaron el acuerdo donde postergan el acceso al celular hasta la secundaria y se comprometen a supervisar los consumos digitales de sus hijos.
El fiscal general Martín López Zabaleta subrayó en su intervención que la protección de las víctimas y la “intervención inmediata” son prioridades para el Ministerio Público Fiscal. Y expuso que, frente a este tipo de hechos, la fiscalía actúa “con rapidez y precisión” a través de un despliegue conjunto con autoridades educativas, políticas y judiciales.
Por último, Macri subrayó el rol de las familias en este tipo de situaciones y la necesidad de establecer conversaciones entre padres e hijos: “No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Necesitamos el tiempo, la atención, la dedicación, el silencio y la compañía a ellos para que nos hablen”.
Y concluyó: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En la conferencia estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.
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POLITICA
Nuevo ataque de Milei a Carlos Pagni por su editorial en LN+

En una nueva ofensiva contra la prensa, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Carlos Pagni tras su editorial de este lunes en el programa Odisea Argentina de LN+, en el que analizó la situación económica del país y habló sobre un supuesto deterioro en el salario de los trabajadores.
“Delincuente malparido”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, junto a un fragmento de la columna del periodista de .
Hace apenas una semana, Milei había apuntado contra otro periodista de . En esa oportunidad, atacó a Joaquín Morales Solá por una nota de opinión publicada en este medio. “Lo dice la basura humana que se pasó un montón de tiempo diciendo que yo tenía un acuerdo con CFK [por Cristina Kirchner]“, escribió en su cuenta de la red social X.
“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad”, añadió.
En el artículo, Morales Solá hacía alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa. De hecho, la respuesta de Milei había llegado en medio de un raid de críticas hacia que había tenido esa semana en declaraciones televisivas. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó en diálogo con Televisión Pública.
A su vez, ese mismo fin de semana de Pascuas había utilizado sistemáticamente sus redes sociales para compartir cientos de mensajes contra los periodistas. Según datos recopilados por , en cuatro días —desde el jueves hasta el domingo— escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.
“Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar…”; “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”; “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas… Parece que me quedé corto”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en su cuenta de X.
Hace meses que el presidente Milei lleva adelante ataques contra la prensa en particular y los medios de comunicación en general.
Uno de los últimos había sido desde su cuenta de X —como es habitual— al columnista de Jorge Fernández Díaz, a quien calificó de “mentiroso compulsivo”. Lo hizo sobre la base de un posteo del diputado Alberto Benegas Lynch (n): “Me adelanto a la Oficina de Respuesta Oficial para decir que Fernández Díaz dice que Karina Milei, en una reunión con los diputados de LLA, nos dijo que ´se vota primero y después se lee´. Estuve en la reunión. Eso es mentira”, afirmó Benegas Lynch.
El Presidente primero compartió el posteo de Benegas Lynch y agregó: “Desenmascarando mentirosos. Al hombre en cuestión (en alusión a Fernández Díaz) le cuesta ver la diferencia entre realidad y ficción. Obvio que el lado que elige siempre tiene un sesgo claro… Ya no hay lugar para el beneficio del error si siempre pifia para el mismo lado. Fin”.
Fernández Díaz, en realidad, había leído en su programa de Radio Mitre fragmentos de un artículo que analizaba esa exhortación atribuida a Karina Milei.
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