INTERNACIONAL
El chavismo criminal que destruye familias
La muerte de Carmen Teresa Navas debería estremecer a toda América Latina. Y especialmente a la Argentina.
No murió dentro de una cárcel. No fue ejecutada frente a cámaras. No apareció en una lista oficial de víctimas. Pero su muerte también es consecuencia directa de la barbarie chavista. De un aparato de poder que destruye familias enteras, administra el dolor y convierte la incertidumbre en un mecanismo de tortura.
Carmen Teresa Navas murió apenas diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, había muerto bajo custodia del régimen venezolano. Durante meses lo buscó desesperadamente. Recorrió centros de detención, tribunales y organismos del Estado exigiendo una fe de vida mientras quienes ocupan el poder ya sabían que él estaba muerto. Y aun así la hicieron seguir buscando por meses, mientras ocultaban que su hijo ya había sido enterrado en una fosa. Fue crueldad deliberada.
Lo ocurrido con esta madre venezolana es parte de un patrón.
En enero murió Omaira Navas, apenas quince días después de la liberación de su hijo Ramón. También murió Yarelis Salas esperando la liberación de su hijo Kevin, quien fue excarcelado apenas cuatro días después de su fallecimiento. Ahora murió Carmen Teresa Navas. Y hace pocos días también falleció Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, secuestrado por la dictadura chavista desde hace casi un año.
Carlos murió esperando volver a abrazar a su hijo.
Y esto es importante decirlo en Argentina, porque muchas veces el horror venezolano se observa desde lejos, como si fuera una tragedia ajena, como si se tratara de una crisis política abstracta y no de una maquinaria humana de destrucción. Pero hoy hay un ciudadano argentino secuestrado en Venezuela, como lo estuvieron varios durante mucho tiempo.
Germán Giuliani tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene incluso una boleta de excarcelación desde febrero. Y aun así continúa preso. Injustamente preso. Separado de su familia. Sin garantías. Sin debido proceso. Convertido en rehén político de una estructura criminal que utiliza seres humanos como fichas de negociación y mecanismos de terror.
Su padre murió esperando verlo libre.
¿Cuántas familias más tienen que ser destruidas para que algunos reaccionen?
Porque también hay un silencio que se ha vuelto insoportable. El silencio de quienes todavía relativizan lo que ocurre en Venezuela. El de quienes siguen hablando de “tensiones”, “polarización” o “problemas institucionales” frente a un sistema que desaparece personas, tortura presos políticos y deja morir madres consumidas por el dolor.
Hay demasiada gente cómoda mirando hacia otro lado.
Demasiados dirigentes, intelectuales, activistas y referentes internacionales que encuentran siempre una excusa para callar. Porque denunciar ciertas dictaduras pareciera incomodar más que denunciar otras. Porque todavía hay quienes intentan maquillar esta barbarie bajo discursos ideológicos, geopolíticos o partidistas.
Pero no hay narrativa capaz de justificar que una madre recorra cárceles buscando a un hijo que ya estaba muerto. No hay relato político capaz de explicar que un padre argentino muera sin poder abrazar nuevamente a su hijo secuestrado. No hay causa revolucionaria, antiimperialista o progresista que pueda limpiar semejante degradación humana.
Lo que existe hoy en Venezuela es una estructura de poder profundamente deshumanizada. Un sistema que utiliza el miedo, la desaparición forzada, la prisión política y el sufrimiento familiar como herramientas de control social. Y por eso el silencio también termina siendo una forma de complicidad.
La muerte de Carmen Teresa Navas no puede convertirse en otra noticia fugaz dentro de la tragedia venezolana. Tiene que convertirse en memoria. En denuncia. En conciencia.
Y algún día, debe haber justicia. Judicial, histórica y moral. Un día cercano. Para Víctor Hugo Quero Navas. Para Germán Giuliani. Para Carlos Giuliani. Para Carmen Teresa Navas. Para todas las familias destruidas por esta maquinaria de crueldad.
Y también para quienes hoy siguen esperando, en silencio, que alguien los ayude a volver a abrazar a sus hijos.
¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA!
* La autora es defensora de derechos humanos. Secretaria General Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y miembro fundadora del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA).-
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INTERNACIONAL
Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico
El fin de una era espacial llegará en menos de cinco años. La NASA y sus socios internacionales confirmaron que la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), uno de los mayores logros de la cooperación científica y tecnológica global, terminará su misión a principios de la próxima década con una maniobra planeada para sumergir sus restos en el océano Pacífico.
El proceso, previsto para fines de 2030 o principios de 2031, será histórico por la magnitud del aparato a desorbitar —del tamaño de un campo de fútbol— y por el modo en que la comunidad internacional enfrenta la transición hacia nuevas plataformas orbitales privadas.
Sin embargo, la decisión de dirigir los escombros al Punto Nemo, una zona remota del Pacífico, ya genera cuestionamientos de expertos en derecho espacial y grupos de defensa de los océanos, que advierten sobre un vacío legal y la falta de estudios sobre el efecto en los ecosistemas marinos.
El plan técnico es claro: la ISS perderá altura en etapas, primero por fricción atmosférica y maniobras del segmento ruso, y luego mediante el acople de un Vehículo de Desorbitación Estadounidense (USDV) construido por SpaceX.
Este vehículo, equipado con 46 propulsores Draco, será el encargado de guiar la estación hacia su reingreso controlado en la atmósfera terrestre.
Según la NASA, la Estación Espacial Internacional será desorbitada mediante una serie de acciones. En primer lugar, entre principios y mediados de 2028, la ISS comenzará a descender debido a la fricción atmosférica natural de la Tierra y a las maniobras de reentrada del segmento ruso de la ISS.
Posteriormente, a mediados de 2029, la NASA planea lanzar un Vehículo de Desorbitación Estadounidense (USDV), suministrado por SpaceX y financiado por el gobierno, acoplarlo a la ISS. Este vehículo encenderá sus 46 propulsores Draco y empujará la estación hacia su destino final en el océano”.
Para la NASA, la ISS representa “uno de los mayores logros de cooperación e ingeniería de la humanidad”. Durante casi 30 años, más de 265 personas de 20 países habitaron la estación, que funcionó como plataforma para miles de experimentos en microgravedad, medicina, tecnología y ciencias de la vida. Las tripulaciones se ofrecieron como sujetos de prueba para estudios sobre adaptación humana al espacio, mientras que instrumentos y sensores desplegados a bordo aportaron datos valiosos sobre el clima terrestre, la materia oscura y el comportamiento de las estrellas de neutrones.
Según la agencia, la misión de la estación espacial es llevar a cabo investigación y desarrollo en órbita terrestre baja (LEO) para aprender cómo la humanidad puede vivir y trabajar mejor en el espacio y devolver los beneficios de esta investigación a las personas en la Tierra.
Sin embargo, el final planificado para la estación genera “serias preocupaciones para la salud de los océanos”, según Mark Spalding, presidente de la Ocean Foundation, organización con sede en Washington, D.C.
Spalding advierte que “la planeada desorbitación de la Estación Espacial Internacional plantea serias preocupaciones para la salud de los océanos que la comunidad espacial no ha abordado adecuadamente”.
El temor radica en la falta de información sobre qué materiales sobrevivirán al reingreso y cómo impactarán en el fondo marino. “La verdad es que no lo sabemos con certeza. Eso es muy preocupante para una estructura del tamaño de un campo de fútbol. Sabemos que no todo se quema al reingresar a la atmósfera. Los componentes más densos sobrevivirán y llegarán al fondo marino”, señaló Spalding.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) publicó un informe donde también apunta a una “brecha preocupante” en el derecho internacional. El Convenio sobre Responsabilidad Espacial de 1972 obliga a indemnizar por daños en tierra firme o territorios nacionales, pero no contempla los daños ambientales en alta mar.
“Como resultado, cuando las agencias espaciales controlan dónde caen los desechos, apuntan a alta mar y, al hacerlo, no contraen ninguna obligación legal de pagar por la limpieza o la remediación ambiental”, explicó Spalding. La remota ubicación del Punto Nemo, elegida para minimizar riesgos a la población, no elimina el valor ecológico de los océanos ni su vulnerabilidad.
La Ocean Foundation reclama una evaluación completa del impacto ambiental del campo de escombros del fondo marino previsto y de los efectos atmosféricos y la divulgación pública de todos los materiales que sobrevivirán a la reentrada y llegarán al fondo del océano.
También pide un análisis jurídico riguroso de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Protocolo de Londres de 1996 y el Acuerdo BBNJ, que exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades con efectos inciertos en el mar.
Spalding concluye: “En alta mar no existe un soberano que pueda exigir responsabilidades. Creemos que es necesario subsanar esta laguna en el derecho internacional, y la desorbitación de la ISS es un claro ejemplo de por qué”.
La NASA justifica la decisión de desorbitar la ISS en la seguridad y en la necesidad de liberar el espacio para futuras estaciones comerciales, pero reafirma el valor científico de sus casi tres décadas de operación. “Sin la continuación de estas demostraciones y experimentos de larga duración en el sistema conjunto humano-vehículo, la exploración humana del sistema solar no será posible”, subraya la agencia.
Los sensores climáticos validaron modelos globales y aportaron información sobre el clima cambiante, mientras que la colaboración internacional permitió avances en medicina, materiales y biología que impactan en la vida cotidiana en la Tierra.
La transición hacia nuevas plataformas orbitales implica riesgos y desafíos regulatorios. El informe de la GAO advierte sobre la posibilidad de un “vacío” en la presencia humana continua en la órbita terrestre baja, ya que la transición de la ISS a estaciones comerciales aún no está asegurada. La NASA y sus socios —CSA, ESA, JAXA y Roscosmos— aceleran los acuerdos y el desarrollo de infraestructuras privadas, pero la pregunta sobre el legado de la ISS y el futuro de la cooperación internacional en el espacio sigue abierta.
El debate por la caída controlada de la ISS revela la necesidad de actualizar el marco legal internacional para proteger los océanos como un bien común.
El Acuerdo BBNJ recién negociado en la ONU establece que “las partes realicen evaluaciones de impacto ambiental para las actividades que puedan afectar el medio marino más allá de la jurisdicción nacional cuando se desconozcan o no se comprendan bien los efectos”.
Spalding plantea: “Cabe preguntarse si la desorbitación de la ISS —la mayor reentrada de este tipo en la historia, dirigida a alta mar— debería activar esa obligación”.
El destino de la ISS será observado como un caso de estudio para el futuro de la basura espacial y la protección de los océanos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de equilibrar los logros de la ciencia con la preservación de los ecosistemas marinos, en un contexto donde la lejanía del océano no debe confundirse con falta de valor o vulnerabilidad.
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INTERNACIONAL
South Korea’s proposed platform law could cost US states $525B over the next decade, model estimates
NEWYou can now listen to Fox News articles!
A new model shows devastating economic losses for U.S. companies if South Korea adopts controversial legislation that would regulate transactions with some American firms, and lawmakers warn that the country’s leadership is now «closely aligned with China.»
The Online Platform Fairness Act, which is spearheaded by the Korea Fair Trade Commission (KFTC), has gained steam in the Asian nation and is backed by far-left South Korean President Lee Jae-myung.
A Competere Foundation model estimates a $525 billion loss in economic activity in U.S. states over the next decade, including a $123 billion loss for California, a $48.7 billion loss for Texas, a $33.9 billion loss for New York and a $27.4 billion loss for Washington.
«South Korea is an American ally and an economic success story, which is why its recent and continuing actions restricting American companies — like its 20-year ban on Google Maps — are so troubling,» Rep. Darrell Issa, R-Calif., told Fox News Digital. «I remain concerned that its current trade commission resembles the worst of Lina Khan’s FTC, not the free market tradition that has helped to bring Seoul and Washington together.»
South Korean President Lee Jae-myung and his wife Kim Hea Kyung arrive at Seoul airport to depart for China on Jan. 4, 2026. (Lee Jin-man/AP Photo)
OVER 50 HOUSE MEMBERS ACCUSE SOUTH KOREA’S NEW LEFT-WING GOVERNMENT OF ATTACKING US COMPANIES, FAVORING CHINA
Issa told Fox News Digital in April that South Korean leadership and the nature of the Democratic majority in the country is «closely aligned with China.»
Yoon Suk-yeol, a conservative from the People Power Party, was elected president of South Korea in 2022 but was impeached in December 2024. His decision to impose martial law was a key factor in his ouster.
Lee narrowly lost to Yoon in the 2022 presidential election but won the presidency in 2025. The Democratic Party in South Korea already holds a substantial majority in the National Assembly. The country is now operating at a full Democratic majority.
SOUTH KOREA FLIPS LEFT IN PRESIDENTIAL RACE; LEE SECURES VICTORY AFTER CONSERVATIVE OPPONENT CONCEDES
Trump is expected to press Xi on China’s economic and strategic support for both Iran and Russia, including oil revenue, dual-use components and potential weapons transfers, according to senior administration officials. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
The Democratic Party is the main liberal force party in the country and favors progressive domestic policies as opposed to the conservative beliefs that have previously reduced political engagement with North Korea and promoted relations with the U.S.
The proposed bill, which remains pending in South Korea’s assembly, would broaden the power of the KFTC, the same agency members of Congress are criticizing for unfairly treating U.S. companies.
Shanker Singham, international trade and competition economist and CEO of the Competere Foundation, said, «Korea is already an increasingly unfriendly place for U.S. companies to do business,» adding the «looming regulations will make that environment even worse.»
SOUTH KOREA’S NEW LEFTIST PRESIDENT PULLS A FAST ONE ON DONALD TRUMP
Supporters of former South Korean President Yoon Suk Yeol stage a rally outside the Seoul High Court in Seoul on April 29, 2026. (Ahn Young-joon/AP)
Former Utah Republican Rep. Chris Stewart also warned of South Korea’s posture to increase regulatory burdens for U.S. companies, telling Fox News Digital it could be devastating for more than just tech companies.
«South Korea’s campaign against American companies isn’t just a trade issue. It’s a strategic mistake that benefits China,» Stewart said. «Every time Korean regulators make it harder for U.S. innovators like Coupang, Google or Meta to compete, they create more room for Chinese companies to gain market share and influence in one of the world’s most important digital economies.»
Stewart noted that the cost would affect more than just Silicon Valley, tying the economic losses to a Chinese win, since Beijing would likely take up lost market share in South Korea if American companies were to reduce investment.
BEYOND MISPERCEPTION: A RENEWED KOREAN DEMOCRACY AND A RENEWED ALLIANCE
In early June, foreign policy experts Nicholas Eberstadt and Lawrence Peck published an editorial in the Wall Street Journal titled, «South Korea Takes a Hard Left Turn Against America,» which alleged that South Korean officials «stormed» U.S. air force bases as part of a domestic investigation.
Logos of internet company Coupang and security company SentinelOne are displayed on their shared headquarters in Mountain View, Calif., on Oct. 28, 2018. (Smith Collection/Gado/Sipa USA)
The investigation focused on Coupang, a U.S. tech company similar to Amazon. In early June, South Korea fined Coupang roughly $410 million for a data breach, the largest fine the country has ever issued for a similar charge.
South Korea’s science ministry said a Chinese national and former Coupang employee stole data and customer information from the American company, including information about South Korean citizens.
WILL SOUTH KOREA EXPEL THE US?
«The investigation into the case of Coupang is proportionate to the nature of the data breach and consistent with those applied to Korean companies in comparable cases,» South Korean embassy spokesperson Minseong Seo told Semafor.
In April, 50 members of the House of Representatives expressed their concern in a letter to Republic of Korea (ROK) Ambassador to the United States Kyung-wha Kang over what they deemed to be «discriminatory» business practices.
Supporters of former South Korean President Yoon Suk Yeol stage a rally outside the Seoul High Court in Seoul, South Korea, on April 29, 2026. (Ahn Young-joon/AP)
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The letter referenced a previous report from Competere that also addressed economic losses in the U.S. as a result of tighter regulations from South Korea.
«Many American tech companies have faced a range of regulatory actions that seek to punish them while shielding Korean domestic competition,» the letter reads. «Recent research by think tank Competere shows such regulatory actions by the ROK government will cost $1 trillion in combined economic damage to the U.S. and Korean economies over the next 10 years, with the U.S. economy losing $525 billion and American households losing nearly $4,000 each.»
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