Una granada política acaba de caer en manos de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

El miércoles, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra uno de los políticos más destacados de su partido –Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa– en la que se decía que durante mucho tiempo había apoyado a un poderoso cártel de la droga que ha aterrorizado a los mismos ciudadanos a los que juró proteger.

Estados Unidos pidió al gobierno de Sheinbaum que lo detuviera rápidamente, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos mencionados en la acusación.

Esto ha hecho que Sheinbaum tenga poco tiempo para tomar una decisión importante.

Podría detener a uno de los aliados de su partido y extraditarlo a Estados Unidos, una medida que probablemente reforzaría su vínculo con el presidente Donald Trump pero que también molestaría a los políticos de su partido que sostienen que el gobierno estadounidense ha estado presionando a Sheinbaum.

O podría desafiar la solicitud estadounidense y proteger a Rocha, lo que podría reforzar su posición dentro de su partido, pero fracturaría su relación con Estados Unidos.

“Estás en un momento político en donde, si entregas a Rocha Moya, te avientas todo el pleito político que eso supone en lo nacional”, dijo Lisa María Sánchez, analista de seguridad mexicana. “O lo proteges y entonces sigues dando elementos para siguientes casos de que efectivamente el gobierno mexicano sí protege la vinculación político-criminal”.

El jueves, Sheinbaum habló por primera vez públicamente desde que se hizo pública la acusación, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo en una declaración con la que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para apoyar la detención de los funcionarios acusados y que la fiscalía mexicana abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas detendrían a Rocha solo si concluyen de forma independiente que ha cometido un delito, dijo, o si reciben “pruebas contundentes e irrefutables” de Estados Unidos.

En un momento dado, mostró una parte del acta de acusación que incluía una imagen de un documento manuscrito que, según los fiscales, era una lista de sobornos a funcionarios mexicanos. “Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba”, dijo, leyendo una línea en la que figuraban 30.000 pesos junto a un nombre, Juanito, el apodo de uno de los funcionarios acusados. “Digo, al menos es de llamar la atención, ¿no? Es una hoja de papel”.

Señaló que la acusación de 34 páginas contra Rocha y otros funcionarios, entre los que se encuentran un senador y un alcalde en funciones, también narraba años de presunta corrupción por parte de los funcionarios, pero dijo que se basaba en el testimonio de testigos “que no sabemos quiénes son”.

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Los fiscales de Manhattan acusan a Rocha y a otros funcionarios de un plan de años de duración para proteger al cártel de Sinaloa –la organización criminal dominante en su estado y principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos– a cambio de sobornos y ayuda para ser elegido.

Rocha describió las acusaciones como un complot de Estados Unidos para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional” de México, dijo en un comunicado.

La crisis política llega en un mal momento para Sheinbaum.

El jueves, datos del gobierno mostraron que, en el primer trimestre, la economía mexicana registró su mayor caída en más de un año. Y las encuestas de opinión han mostrado constantemente un descenso en sus índices de aprobación, aunque sigue siendo una de las líderes más populares de Latinoamérica.

Con pocas buenas opciones políticas en el caso Rocha, Sheinbaum parece estar ganando algo de tiempo. No ha respaldado plenamente a Rocha, pero tampoco ha cedido inmediatamente a la solicitud del gobierno de Trump; en lugar de eso, ha dicho que los investigadores mexicanos deben determinar por sí mismos el siguiente paso.

Sin embargo, los expertos jurídicos dijeron que la exigencia de Sheinbaum de más pruebas para detener a Rocha no era necesaria de inmediato en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos solicitó la llamada detención provisional de Rocha y de los otros funcionarios acusados, una medida utilizada en casos en que una nación teme que los sospechosos puedan huir. En esos casos, según el tratado, si una de las dos naciones recibe una orden de detención válida de la otra, “tomará las medidas necesarias para asegurar la detención”. La nación que solicita la detención dispondría entonces de 60 días para aportar sus pruebas.

Pero Rocha también cuenta con otra capa de protección: el Congreso de México tendría que retirarle la inmunidad penal de la que goza como funcionario electo. Además, existen algunos precedentes legales que sugieren que el Congreso estatal de Sinaloa también tendría que retirar la inmunidad a Rocha para que pudiera ser detenido. Ambas legislaturas están controladas por Morena.

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Los senadores federales de Morena se reunieron el miércoles para discutir la acusación, que también incluía a su colega, otro senador de Morena llamado Enrique Inzunza Cázares, quien ha negado las acusaciones, según dos personas presentes que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas. No se pusieron de acuerdo, ya que algunos senadores querían respaldar a sus aliados acosados y otros querían distanciar al partido de cualquier posible vínculo con los cárteles, según dijeron las personas.

El debate sobre si despojar o no a Rocha de su inmunidad comenzó de manera informal en el pleno del Senado pocas horas después de que se hiciera pública la acusación. “Ustedes van a decidir y aquí no habrá, concluyo, más que dos posibilidades: impunidad o justicia”, dijo en el pleno del Senado Ricardo Anaya, uno de los principales senadores de la oposición. “Que la historia los juzgue por el sentido de su voto”.

Manuel Huerta, senador de Morena, respondió que el gobierno no debería apresurarse a detener a los funcionarios acusados. “Aquí no encubrimos a delincuentes”, dijo. “Y ahora nada más se está procesando esa investigación conforme a derecho”.

El dilema de Sheinbaum es, en parte, fruto de una estrategia de años dirigida por su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para construir una amplia coalición populista llamada Morena que atrajera a políticos de todo el espectro.

La estrategia ha tenido un enorme éxito. En solo unos años, el joven partido ha aplastado a su oposición, se ha asegurado dos presidencias consecutivas, ha tomado el control del Congreso y de muchos gobiernos estatales e incluso ha instalado a sus leales en magistraturas de todo el país. No obstante, el movimiento político de izquierda –cuyas políticas para ayudar a los pobres, erradicar la corrupción y defender a la clase trabajadora resonaron entre millones de mexicanos– también se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que implican a algunos de sus miembros más destacados.

Varios funcionarios han sido acusados de posibles vínculos con organizaciones delictivas. Otros se han enfrentado a polémicas relacionadas con sus lujosos estilos de vida. Y, ahora, Rocha y otros están imputados por Estados Unidos.

Los analistas afirman que era inevitable, dada la estrategia de Morena de abarcar a un abanico tan amplio de políticos y los largos tentáculos de los cárteles mexicanos de la droga en los gobiernos de todo el país. Ahora la situación ha alcanzado a Sheinbaum, quien tiene que liderar Morena y también –bajo la intensa presión del gobierno de Trump– investigar a algunos de sus principales nombres.

“Esto ya no es Estados Unidos ayudando a México a luchar contra el narcotráfico. Es Estados Unidos diciendo que tu partido político es parte del problema que se supone que debemos combatir juntos”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano en México. “La cuestión ahora es qué hará el gobierno mexicano”.

El jueves, Sheinbaum dijo que no había hablado con el embajador de Estados Unidos en México desde que se hizo pública la acusación, pero sí con Rocha. “Le manifesté lo que manifiesto aquí”, dijo. “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”.

*Por Jack Nicas, jefe de la oficina del Times en Ciudad de México que dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe, y Emiliano Rodríguez Mega, reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Paulina Villegas, Miriam Castillo y Cyntia Barrera Díaz colaboraron con reportería.