Después de un corto período de fuerte crecimiento, entre fines de 2024 y mediados del 2025, los créditos hipotecarios volvieron a caer a una mínima expresión. Ante las dificultades de los bancos para prestar a largo plazo, la propuesta de que empieza a crecer es que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quien aporte recursos para dinamizar el mercado.

Uno de los que lanzó esta propuesta fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss: “El FGS estuvo comprando acciones en el mercado, aumentando su tenencia respecto a lo que había heredado de anteriores gobiernos. Pero no tiene mucho sentido siendo un gobierno liberal que justamente no quiere intervenir en empresas. Nuestra propuesta es que esos fondos sean aplicados a la compra de hipotecas que generen los bancos”.

En el mismo sentido opinó el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, en su participación en el congreso organizado por FIBA (Financial and International Business Association): “El FGS tiene USD 20.000 millones invertidos en acciones. Sería razonable que gradualmente se desprenda de esta posición para ayudar a los bancos a descargar los créditos hipotecarios que generen”.

El ex presidente del BCRA alertó sobre la falta de inversores institucionales en Argentina, que son los que permitirán desarrollar un mercado de crédito de largo plazo. “Los bancos tienen fondeo a 30 días. No pueden generar préstamos a 20 ó 30 años si no tienen dónde colocarlos, algo que sucede en cualquier mercado del mundo”, destacó.

El último informe de compraventa de inmuebles que presentó el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires mostró que solo 10% de las operaciones se realizaron con crédito hipotecario. El año pasado llegó a rozar el 25%, lo que muestra el retroceso de esta opción de financiamiento para la mayoría de las familias.

El Banco Nación es el que se muestra más activo en el mercado y representa más del 70% del total de préstamos hipotecarios que se otorgan. Banco Ciudad y algunas entidades provinciales también mantienen sus líneas pero el nivel de otorgamiento es acotado. Los bancos privados las mantienen, pero son prácticamente testimoniales. Las tasas son muy altas (más de 10% anual sobre inflación) y los requisitos de otorgamiento son inalcanzables para la mayoría de las familias.

El objetivo de involucrar al FGS es que actúe como una entidad secundaria para que los bancos puedan desprenderse de sus créditos a largo plazo. “Si el deudor no paga igual el riesgo sería asumido por el banco, no recae en el FGS”, explica Redrado.

Un dato relevante es que la morosidad entre quienes tomaron un préstamo para la compra de vivienda es bajísimo y no supera el 1,5 por ciento. En el caso de préstamos personales se produjo un fuerte aumento del incumplimiento, que hoy supera el 12% ante la suba de tasas que se produjo el año pasado y la caída del poder de compra.

También hay expectativa que el Fondo de Asistencia Laboral, que entrará en vigor en el último trimestre de este año, también empiece a actuar en la misma dirección. Pero si bien se estima que podrían recibir hasta USD 2.000 millones por año, todavía no está claro si habría margen para comprarle cartera hipotecaria a los bancos. En una primera etapa lo más probable es que se vuelquen por instrumentos financieros clásicos, como bonos, plazos fijos, fideicomisos y acciones.

Otra posibilidad para regenerar el mercado de créditos hipotecarios es que los bancos puedan prestarle a las familias en dólares. “Hay muchos dólares ociosos en el sistema financiero. Yo fui un gran impulsor para evitar descalces de monedas. Pero los tiempos cambian y no estaría mal que puedan prestar para hipotecas, teniendo en cuenta que hay USD 40.000 millones en depósitos”, insistió Redrado.

La misma idea es sostenida por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo: “Tendríamos que funcionar como sucede en países bimonetarios como Perú o Uruguay, que otorgan préstamos en dólares a las familias y a tasas mucho más bajas que en las monedas locales”.

La plaza financiera de Argentina se movió a la baja este miércoles, una tendencia que también tuvo correlato en los mercados globales.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 4,3%, a 3.110.490 puntos, por la debilidad en el sector bancario y el retroceso de los ADR. En el exterior encabezan las bajas Satellogic (-9,6%), Bioceres (-7,6%), Banco Francés (-7,3%) y Banco Supervielle (-7,3%).

MSCI informó el martes al cierre de la operatoria que la Argentina continuará clasificada como mercado “Standalone“ o ”aislado», una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera.

La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero, el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

“El índice Merval opera por debajo de los USD 2.200 en un contexto de toma de ganancias. Los activos bancarios, como Galicia y Supervielle, anotaron retrocesos tras alcanzar la menor probabilidad de una reclasificación por parte de MSCI. El sector petrolero siente el impacto de la baja en el precio internacional del crudo, lo cual afecta el desempeño de firmas como YPF y Vista”, consignó Rava Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron negociados con una mínima baja promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió cuatro unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei viene de autorizar en la víspera la toma de deuda con entidades internacionales por hasta USD 5.000 millones con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro.

Cubiertos los vencimientos de deuda soberana para el 2026, el Gobierno busca dar señales de tranquilidad al mercado de cara a los compromisos del 2027 cuando habrá elecciones presidenciales y el oficialismo buscará una reelección.

El martes, el INDEC reportó que el PBI (Producto Interno Bruto) al primer trimestre del año tuvo un avance firme del 2,3% interanual, frente al 1,7% previsto según la mediana de un sondeo de Reuters.

Este contexto se genera mientras que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó para junio un ligero rebote, tras seis caídas mensuales consecutivas previas.

En Wall Street los principales indicadores terminaron mixtos: el panel tecnológico Nasdaq bajó 0,5$, el Dow Jones de Industriales ganó 0,4% y el promedio S&P 500 recortó 0,1 por ciento.

El crudo Brent del Mar del Norte restó 5%, a USD 73,26 el barril para los contratos con entrega en agosto. El WTI en Nueva York cedió 4,7%, a 70 dólares. Asimismo el oro resignó un 3,5%, en los USD 4.003 la onza. Space X bajó 1,1%, a USD 154,35 por acción.

Por otra parte, los inversores temen por medidas más agresivas desde la Fed (Reserva Federal estadounidense) para combatir la inflación y que arrastre a una mayor firmeza del dólar en el mundo.

Esto acelera la especulación para que, ante de un posible giro desde la Fed, los operadores en Buenos Aires no descarten la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

“Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 70% a una subida de tasas en septiembre y mantiene abiertas las expectativas para un movimiento adicional en diciembre”, explicó Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group.

“La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed también ha contribuido a modificar la percepción de los inversionistas. Sus primeras intervenciones han reforzado la idea de que la lucha contra la inflación continúa siendo la principal prioridad del banco central, incluso en un contexto donde la actividad económica comienza a mostrar señales de desaceleración”, añadió Cisternas.

El gobierno de Javier Milei logró destrabar su agenda en la Cámara de Diputados y se llevó la sanción de la ley que avala pago de u$s171 millones a los holdouts por los bonos en defult desde 2001, un tema que tiene implicancias significativas para la estrategia económica del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y también una lectura favorable al discurso político del líder libertario.

La iniciativa tuvo media sanción del Senado el 4 de junio pasado y la Cámara baja la convirtió en ley con 139 votos a favor y 97 en contra. Milei puede presentarlo como un hito de su gestión, dado que el acuerdo cierra un conflicto judicial por la deuda externa Argentina luego de 25 años, dado que se trata de los últimos dos «fondos buitre» que no aceptaron ninguno de los canjes anteriores y seguían en litigio con el país.

Se trata de Bainbridge Ltd. y del grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que arribaron a un acuerdo con la Argentina en abril pasado. El proyecto está en el Congreso hace varios meses pero tuvo varias demoras, lo que puso nervioso al oficialismo porque si la ley no se aprobaba antes del 30 de junio el acuerdo se caída.

Finalmente el Gobierno cumplió con ese plazo que se acordó con los acreedores, aunque el mayor logro para la gestión de Milei pasa por las consecuencias de la ley. El pago a los holdouts juega a favor de la estrategia financiera de Caputo porque que el acuerdo incluye el levantamiento de trabas en operaciones de deuda futuras que interponían los acreedores, además de enviar una señal positiva al mercado.

Esto último es especialmente importante para Milei y Caputo luego de que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) que elabora índices bursátiles decidiera el último martes mantener a la Argentina en la categoría «standalone» -la más baja de todas- a la que descendió en 2021, lo que afecta a las acciones nacionales.

¿Qué dice el proyecto de pago a los holdouts que Milei logró aprobar en Diputados?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. Ahora Milei puede celebrar el haber resuelto definitivamente el tema.

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Poder Ejecutivo quería blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» estaban atentos hace varios meses al avance del tema en el Congreso y habían acordado un plazo con el Gobierno, que tuvo que ser prorrogado tres veces: inicialmente Argentina tenía hata el 30 de abril para sancionar la ley, luego se corrió al 30 de mayo y finalmente al 31 de junio.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y también de YPF, según precisó durante el debate el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante de La Libertad Avanza sobre el tema.

Esa hostilidad hacia los activos argentinos quedó en pausa a la espera de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto judicial (caro en términos financiros para la Argentina) que llevaba 25 años, y enviarle una señal al mercado financiero para que vuelva a confiar en el país.

¿Cómo fue el debate entre los diputados sobre el pago a los holdouts?

La discusión sobre el proyecto estuvo atravesada por el interés de los libertarios en poner de relieve ese logro del gobierno de Milei y marcar el contraste con las gestiones anteriores del kirchnerismo, mientras ese sector salió en defensa del «desendeudamiento» que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner y apuntó contra los funcionarios actuales que integraron el gobierno de Fernando de la Rúa, cuya crisis derivó en el default de 2001-2002.

Al inicio del debate, Benegas Lynch destacó «las condiciones que se negociaron» como «un 30% de quita del remanente, que es importante» y también la exención para el país «de pagar honorarios legales, que no son poca cosa y que generalmente los tiene que pagar el deudor». Además remarcó que «se comprometen los acreedores a no hacer nuevas acciones legales» que «pueden impactar en Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación».

No obstante, el tono fue subiendo con el correr de las horas, principalmente a partir de las críticas del kirchnerismo al proyecto. «Hoy gobierna la Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis de deuda», lanzó Itaí Hagman, de Unión por la Patria.

Vanesa Siley siguió la misma línea al recordar que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger «formaron parte del gobierno de La Alianza» y apuntó: «Esto es importante remarcarlo porque si no no se sabe quién tomó la deuda que hoy se pretende saldar y parece ser que fue el espíritu santo». Además resaltó la reestructuración con quita impulsada por Néstor Kirchner en 2005 y sentenció: «Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien».

En tanto, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la defensa del proyecto que hizo LLA. «Dijeron que nos estamos ahorrando 390 millones de dólares. Respecto a la sentencia, en ningún momento quisieron informar cuál es el monto original de los bonos con los cuales hay que comparar estos 170 millones de dólares».

Además, chicaneó: «Escuchenlo a Milei, vean el video en el programa Conexión Abierta, que dice ‘podés decir lo que quieras del kirchnerismo pero la deuda reestructurada la pago y también pagó los intereses’, lo dice el Presidente de ustedes».

En el final del debate, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, realizó una encendida defensa del pago a los holdouts y una fuerte crítica a la postura del bloque kirchnerista. «Nadie dice cómo puede el país salir adelante sin honrar los compromisos, incluso los que no querríamos tener. Es muy fácil decir ‘no paguemos la deuda, hablemos como en el siglo pasado en contra del capitalismo’, y es muy fácil decir ‘todo eso háganlo sin inflación, sin déficit’», inició.

Seguidamente, la diputada libertaria remarcó que el Gobierno está «tratando de arreglar los conflictos de los últimos cuatro gobiernos kirchneristas, de los que no se hacen cargo» y puso de relieve que gracias al acuerdo «nos van a devolver acciones de YPF», entre críticas a la forma en la que Cristina Kirchner y Axel Kicillof expropiaron la compañía y dieron inicio a un litigio que terminó recién este año. «¿Cuál es el obstáculo para que voten con nosotros?», remató Giudici.

Finalmente, el oficialismo se llevó la ley. Con ello, Javier Milei consiguió un triunfo político en medio de la crisis por el «Adornigate» que le permitirá decir que su gestión terminó con el conflicto por los holdouts y los bonos en default desde 2001, pero que en los hechos además es configura un avance importante para el programa financiero de Luis Caputo.