Las boletas electorales no vienen con un espacio para explicar las razones del voto. Son los analistas y los propios candidatos los que se encargan de teorizar sobre el mensaje cifrado detrás de la suma de decisiones individuales que deja vencedores y derrotados. Javier Milei ha convertido en su principal arma de intervención política la interpretación del balotaje de noviembre.

Es el látigo con el que castiga a sus enemigos, ahora agrupados en el bloque de gobernadores que cuestionan la carga del ajuste fiscal que la Casa Rosada pone sobre sus espaldas. “Tienen que entender que la gente eligió un cambio”, advirtió en el comunicado que sacó el viernes, después de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazara con cortar el suministro de petróleo si no le reponen fondos coparticipables retenidos por deudas con un fondo fiduciario. El mismo texto aguijonea: “El pueblo argentino eligió al Presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder”. Y llama “degenerados fiscales” a los jefes provinciales que se le oponen.

Les plantea de manera abierta un duelo de legitimidad: los votos lo validan y los gobernadores deberían aceptar el rumbo decidido por la mayoría. Pero el argumento se topa con un obstáculo que refleja la extravagancia del proceso electoral de 2023, en medio de la crisis económica y el desprestigio del gobierno de Alberto Fernández. La población votó de manera errática entre los comicios provinciales y los nacionales. Incluso hubo giros sorpresivos en las tres instancias presidenciales (PASO, primera vuelta y balotaje).

Así los gobernadores pueden –y de hecho lo hacen– discutir la tesis libertaria de que la voluntad popular le da la razón a uno y les quita a los otros el derecho al pataleo. Casi todos los jefes provinciales elegidos en 2023 obtuvieron en sus respectivos distritos un porcentaje de votos mayor al que sacó Milei en la primera vuelta electoral de octubre. El ahora presidente los superó al mes siguiente en el balotaje, pero ninguno de los gobernadores tuvo que competir en una segunda vuelta, con su consecuente e inevitable polarización.

¿Qué voto vale más? Así como Milei ganó con la promesa explícita de eliminar la inflación a partir de un duro plan de recorte del gasto y de achicamiento del Estado, gran parte de los gobernadores se impusieron con discursos mucho menos ortodoxos. Algunos de ellos directamente opuestos.

La incógnita oculta detrás de esta batalla de narrativas es a quién va a culpar la población por las penurias del ajuste. ¿A los “gastadores seriales”, como llama Milei a los gobernadores? ¿O al gobierno nacional, integrado mayoritariamente por porteños, algo que algunos ya usan para insuflar el histórico espíritu de rechazo al centralismo?

Un análisis de los escrutinios del año pasado permite visualizar mejor la complejidad del dilema y el arma de doble filo que esgrime el Presidente. De las 22 provincias que eligieron nuevo gobierno local (Santiago del Estero y Corrientes lo harán en 2025), 17 lo hicieron en fechas despegadas de los comicios nacionales. En ninguno de esos casos La Libertad Avanza pudo presentar una candidatura competitiva. De las cinco restantes, que se resolvieron el 22 de octubre, solo en Capital, Buenos Aires y Entre Ríos hubo libertarios que consiguieron una cifra de dos dígitos en la categoría gobernador. Aun así, quedaron terceros y lejos del triunfo.

Si se compara el porcentaje de votos de cada gobernador con el que obtuvo en su distrito la boleta Milei-Victoria Villarruel en primera vuelta, el Presidente únicamente puede afirmar que sus números superaron al mandatario provincial en el caso de Mendoza. Sacó 42,3% en octubre frente a los 39,5% que llevaron al poder al radical Alfredo Cornejo en septiembre.

Otro caso en el límite es el del santacruceño Claudio Vidal, que fue elegido el mismo día de los comicios nacionales. Sacó 33,3% con su boleta, pero como hay ley de lemas se le debería computar la suma de sus otros compañeros de partido, lo que eleva su caudal al 46,6%. Milei consiguió ese mismo día en la provincia de los Kirchner el 36,3%.

Muy paradójico es el caso de Chubut, zona cero de la actual rebelión de los gobernadores. Torres, apoyado por halcones y palomas del Pro, obtuvo a fines de julio el 35,8% de los votos, mientras que Milei se quedó allí con el 35,1% en octubre. En número de votos, el libertario podría sacar pecho: acaparó 4214 más (con una participación más alta).

En Neuquén, otra de las provincias patagónicas en ebullición, también se dio una situación de “virtual empate” entre el gobernador Rolando Figueroa y Milei, contando siempre los votos de primera vuelta: 36,9% a 36,7% (con un diferencial de voto neto a favor del Presidente, producto de una mayor asistencia a las urnas en la instancia nacional).

¿Y cómo leer lo que pasó en La Rioja? Allí el kirchnerista Ricardo Quintela –convertido en archienemigo de Milei desde el día 1– ganó en mayo con el 52,6%. El actual presidente alcanzó un sorprendente 37,6% en octubre y después se impuso con el 53,7% en noviembre. Matemáticamente queda en evidencia que muchísimos ciudadanos riojanos eligieron al estatista acérrimo Quintela y al anarcocapitalista Milei con unos meses de diferencia.

En la lista de “traidores” que dispara el mileísmo por las redes tienen un lugar destacado el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. En los dos casos se hace retorcida la guerra de legitimidad. Llaryora sacó en junio 45,2%, mientras Milei alcanzó en Córdoba 33,6% en primera vuelta y arrasó con 74% en el balotaje. En Santa Fe, Pullaro se impuso con el 58,5%, casi 26 puntos más que la cosecha de Milei en octubre. En la segunda vuelta, el libertario se impuso con el 62,8%.

La discusión está planteada. Los gobernadores se escudan en sus números para posicionarse en el campo de batalla. Milei retruca con el resultado del balotaje que ganó por 11 puntos a nivel nacional (y en el que se impuso en 21 provincias). En Chubut, por ejemplo, la Casa Rosada hace flamear el 59% que sacó el Presidente en noviembre. ¿Cuánto de todo ese apoyo es identificación plena con “las ideas de la libertad” y cuánto un rechazo a la continuidad política que hubiera implicado el triunfo de la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi?

Solo en Misiones, Formosa, Tucumán y Catamarca los gobernadores ganaron con más votos que los que obtuvo Milei en segunda vuelta. Cabe insistir en que no hubo balotajes provinciales en 2023 (solo tres distritos contemplan el sistema en sus constituciones y en ninguna de ellas fue necesario aplicarlo).

Otro argumento que suele arrojar la Casa Rosada en la discusión es que “la gente votó un cambio”. Es tan cierto a nivel nacional como en muchas provincias: siete gobernadores de los que asumieron en diciembre son nuevos en la función y derrotaron a la estructura política que mandaba desde hacía años en su territorio. En total hay nueve debutantes, mientras que otros cuatro vuelven después de haber gobernado tiempo atrás.

El relato tiene límites. El esfuerzo narrativo de Javier Milei para instalar como un éxito lo que fue el traspié de la ley ómnibus en Diputados empieza a encontrar problemas. No todas son victorias pírricas de los adversarios, como la de ayer en el Senado. La palabra necesita del eco de los hechos para sostener la verosimilitud.

El sorpresivo tratamiento y el previsible rechazo al mega-DNU desregulatorio en el Senado producido ayer, abre ahora nuevas incertidumbres, dispara mayores desafíos para el Gobierno y expone importantes grietas hacia el interior del oficialismo. Tres cuestas cada vez más pronunciadas.

El indisimulable cortocircuito entre el Presidente y la vicepresidenta por la habilitación de la sesión expone con crudeza que el armado (aluvional y heterogéneo) de La Libertad Avanza necesita de bastante más cohesión, habilidad política y profesionalismo de lo que el liderazgo carismático del Presidente ha podido darle. El rey león se enfrenta a los límites que tienen los presidentes de las repúblicas. Más cuando en el Poder Legislativo los suyos son una absoluta minoría. Una jungla desconocida.

“Victoria [Villarruel] no es fácil, tiene su carácter y a veces ni contesta los mensajes. Podría haber hecho más para evitar esta sesión, pero también hay que entender que ella había asumido el compromiso de habilitar el tratamiento del DNU cuando logró los votos para derrotar al kirchnerismo en la designación de las autoridades de la Cámara y estaba sometida a una fuerte presión. Solo cuenta con siete senadores oficialistas, de los cuales menos de la mitad da la talla”, admite una importante fuente de la Casa Rosada.

“Hay que tener cierta plasticidad y sentido político. No todo se puede manejar con puño de hierro, como muchas veces hace Karina [Milei]”, completa, respecto del caso Villarruel, otro funcionario que lidia a diario con el inflexible círculo cerrado presidencial. La influencia que tiene la secretaria general de la Presidencia en la toma tanto de decisiones administrativas y políticas como en las relaciones personales no parece tener límites. Tampoco que los vaya a encontrar en algún momento en su hermano el Presidente. Es todo a resultados.

La fisura que acaba de quedar expuesta en la cima, aunque no es nueva, agrega una cuota de preocupación en el espacio oficialista frente a las muchas dificultades y problemas postergados que existen y a los que debe dar respuesta el gobierno. Nada que pueda ocultar o despejar la singular hermenéutica de las declaraciones y los comunicados presidenciales que suele practicar el locuaz vocero presidencial.

“De todas maneras, lo de Javier y Victoria no se parece a lo de Cristina [Kirchner] y [Julio] Cobos, ni a lo de Alberto [Fernández] y Cristina. Y más temprano que tarde van a tener que sentarse y acordar. Ella es parte del Gobierno y llegó con Javier”, siente la obligación de aclarar un estrecho colaborador presidencial.

La necesidad de marcar diferencias con aquellas relaciones tumultuosas recientes entre presidentes y vicepresidentes termina trayendo infaustos recuerdos y trazando analogías por la negativa. Más aún porque nadie tiene en claro quiénes podrían facilitar la reparación de ese vínculo afectado por diferencias tanto personales como de visión política.

El rechazo del DNU por parte del Senado tiene así más consecuencias políticas que efectos prácticos inmediatos para la norma, que aún continúa vigente, mientras no sea rechazada también por la Cámara de Diputados y hasta que no avancen más los planteos en la Justicia. El impacto hacia adentro del oficialismo y de la propia Casa Rosada ha sido estruendoso y habilita nuevos interrogantes.

“Uno puede instalar en los títulos que lo que los adversarios califican como fracaso del Gobierno es un triunfo, porque esos son los que ‘no la ven’, pero, al final, necesitás concreciones, no títulos en los medios. Para gobernar, sobre todo si querés hacer transformaciones profundas y duraderas, se necesitan leyes. No alcanzan los relatos, y, como queda demostrado, tampoco alcanzan los decretos”. La contundente afirmación no es el cuestionamiento de ningún opositor envalentonado sino la autocrítica de un importante oficialista dolido y, sobre todo, enojado, más con los propios que con los ajenos.

Se comprende la frustración. Para tomar dimensión de la magnitud de este primer traspié legislativo del DNU basta con reparar en el grandilocuente título que lleva (“Bases para la reconstrucción de la economía argentina”), además de las enjundiosas defensas hechas por el propio Presidente, como si de un texto sagrado se tratara, pero, sobre todo, por la cantidad de desregulaciones de las más diversas áreas que abarcaba.

Tan extenso es su alcance que para la puesta en práctica ya se han elaborado unos 8000 decretos y resoluciones reglamentarios. En eso viene trabajando a destajo el ideólogo de la normativa desreguladora (vale el oxímoron), Federico Sturzenegger, y su equipo, quienes junto con el Presidente y la diminuta mesa del poder confían en que el DNU no sea rechazado por la Cámara de Diputados.

Los pocos funcionarios duchos en política con que cuenta el oficialismo ya han advertido que el costo para que ese doble rechazo no se produzca puede ser más alto después de la negativa del Senado. Los errores se pagan caro. “Hay demasiado amateurismo y un exceso de fundamentalismo”, admiten muy por lo bajo y con pesar funcionarios que temen más problemas si no se revén algunas prácticas, admite un colaborador presidencial con inocultable preocupación.

La conjunción de elementos que llevaron a esta situación es notable. Por un lado, operó la estructural rigidez presidencial ante las demandas de la política (por convicción y construcción simbólica) y la pretensión plebiscitaria que choca contra cualquier idea de negociación para lograr la sanción de leyes. Por otro lado, está la negativa absoluta a atender algunas necesidades económicas de las provincias, que hizo que la foto de los gobernadores no se tradujera linealmente en apoyos de los senadores. Los raptos de independencia conviven con la habilidad para subirse el precio.

Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilnek (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Vidal (Santa Cruz) están ahora bajo observación. Para los mandatarios que dieron muestras de apoyo con sus legisladores ahora puede haber algunas consideraciones respecto de las necesidades que afrontan sus administraciones. Es un enorme desafío que tienen por delante los funcionarios más políticos. Saben que Milei y los dos Caputo no serán fáciles de convencer: cuidan con igual fervor los números del fisco como los de la imagen presidencial.

Las urgencias y restricciones que tiene el Gobierno eran señales de alarma que algunos funcionarios y varios interlocutores del oficialismo ya habían advertido. Pero solo ahora empiezan a asumirse con suficiente preocupación en la Casa Rosada, aunque no necesariamente demasiado cerca del despacho presidencial. Tal vez la opción para el Gobierno ahora no sea entre acelerar y pisar el freno, dilema que Milei dice no tener, sino revisar la hoja de ruta y la forma de encarar los accidentes del camino, para seguir con las metáforas presidenciales.

Los objetivos del oficialismo, como reflejan las encuestas después de los primeros 95 días de gestión, siguen gozando de una mayoritaria aceptación, a pesar de que la misma mayoría de consultados admite más penurias de las que tenía hace tres meses. Sin embargo, la incertidumbre no se disipa y, desde ayer, subió algunos grados. Las dificultades para convertir proyectos en leyes (ni hablar de que se cumplan y tengan efectos concretos) se suman a la falta de efectividad, las disputas en lo más alto del poder y la falta de cohesión en el oficialismo.

Los diálogos de pasillo de la reciente cumbre de la cámara empresaria argentino-norteamericana (AmCham) reflejaban ese escenario. Representantes de empresas, políticos, economistas y consultores expresaban ahí tanta adhesión como interrogantes.

“Respecto de hace cinco meses, para nosotros solo se disiparon las dudas sobre el rumbo y la profundidad que se pretende darle al cambio y los nombres de los que intentan llevarlo a cabo. En cambio, la incertidumbre sobre el futuro inmediato, en cuanto a capacidad de ejecución y resultados, sigue igual que entonces”, dijo el director de una consultora en economía y negocios que tiene entre sus clientes a grandes empresas. Una de ellas acaba de poner en pausa algunos negocios a la espera de que se disipen las nubes. A la recesión económica se agregaron la disfunción en la dimensión política y un poco más de inseguridad jurídica. Solo un botón de muestra.

Unos pasos más allá de ese corrillo, un alto dirigente político aliado de hecho del oficialismo y un gobernador que pocos minutos antes había anunciado desde el estrado su decisión de firmar el Pacto de Mayo que propuso Milei el 1º de marzo agregaban otras inquietudes de similar tenor. “El Presidente tiene indudablemente la claridad, la determinación y el coraje para hacer lo que el país necesita para volver a crecer, pero todavía seguimos sin saber cómo ni con quiénes lo va a hacer. O peor, tenemos más dudas”, explicó el mandatario provincial.

“No solo no hay un equipo de gobierno que entienda cómo hacer para que se concrete lo que buscan, sino que faltan hasta los funcionarios que lo ejecuten. Algunos son desautorizados desde arriba, otros son tirados por la ventana sin mucha explicación y muchos otros todavía ni siquiera tienen firma. Sin hablar de los que desconocen hasta los más elementales pasos administrativos. Y eso sin contar las designaciones que, después de tres meses, siguen sin concretarse”, agregó el político filomileísta.

El diagnóstico que en esa cumbre del súper círculo rojo compartían los políticos era avalado por experimentados hombres de negocios, que expresaban dudas, aunque mantenían su esperanza. Todos esperan los hechos. El relato tiene límites. El arte de vender derrotas como éxitos siempre es efímero.