Luego de varios meses de expectativa y poco después de incluir a esta inversión dentro de los proyectos que pueden acceder al RIGI, el Gobierno autorizó a que se realice el llamado para licitar las vías del Belgrano por un periodo de 50 años, con la compra del material rodante como opción. Además, fueron incluidas las líneas San Martín y Urquiza.

A través de la publicación de la Resolución N° 1350/2026 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó que se realizara el concurso público, que estará destinado tanto a oferentes nacionales como internacionales.

Tal como había anticipado Infobae, el Gobierno autorizará a hacer uso de los recorridos y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en el marco del proceso de privatización de este ferrocarril. Además, tendrán la posibilidad de comprar el material rodante correspondiente a cada tramo.

“Hágase saber que la licitación objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR”, indicaron sobre la modalidad digital que adoptará el concurso. Allí, se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los particulares de cada una de las tres líneas.

A pesar de que el proceso de licitación habilitará a empresas internacionales a ofertar, este miércoles se firmó la versión final del documento, en donde se incorporó una cláusula que le prohíbe participar del proceso a compañías que estén controladas por Estados extranjeros. Esta medida evitaría que se presenten firmas chinas con vínculos con el Partido Comunista.

Según el texto, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.

De esta manera, las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas que se mostraron interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, pero protestaban porque el pliego estaba desintegrado.

Y es que el esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes. Mientras que la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, la venta del material rodante mediante remate público se incluyó como opción, y por último el uso de los talleres.

Además, la resolución fijó un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”. Mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”, la apertura de ofertas se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”.

Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes.

Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.

Entre los argumentos presentados por el Gobierno, indicaron que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”. Asimismo, remarcaron que se trata de un proceso que prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos. La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril.

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Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI. Al mismo tiempo que la medida enumeró los tipos de intervención admitidos, dejó afuera otras cuestiones, como el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente.

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

No obstante, el contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos. “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”, explicó el ministro de Economía.

Por este motivo, Caputo remarcó que “esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

Si bien puede haber cambios de último momento, el plan original contemplaba inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

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