Mientras Argentina busca expandir el crédito, en un contexto agravado por el aumento de la morosidad a valores récord, Chile consolidó en las últimas décadas un modelo que permitió aumentar de manera sostenida el acceso a préstamos.

Según especialistas, esa diferencia se explica por factores tales como la estabilidad macroeconómica, las reformas institucionales y la confianza en la moneda.

Chile registra un nivel de crédito al sector privado equivalente al 104% del PBI, considerando tanto bancos como Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), según estimaciones de Deloitte. En Argentina, ese porcentaje es de apenas 15%.

El crédito bancario en Chile pasó de representar el 42,6% del PBI en 1990 al 70,2% en 2025. En Argentina, en cambio, alcanzó un pico del 26,6% en 1989 y se ubicó en 14,2% del producto el año pasado.

El objetivo inicial de los bancos locales es elevar esa relación hasta el 25% del PBI, para luego acercarse al promedio regional, que ronda el 50%.

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), consideró: “No existe la bala de plata para el crédito. Es un proceso de años, donde se deben generar las condiciones para su desarrollo”.

Entre ellas, mencionó la estabilidad macroeconómica, la confianza en la moneda, un marco regulatorio adecuado y la eliminación de impuestos distorsivos en todos los niveles de gobierno, lo cual contribuirá a la baja de tasas. “Al sector privado le corresponde aportar el capital, la gestión y la innovación”, dijo Bolzico.

Y agregó: “En los próximos años, Argentina no solo debe elevar el volumen de los préstamos, sino que también debe extender los plazos. Esto requiere confianza y que el sistema financiero tenga acceso a fondos de mediano y largo plazo”.

Fuentes del sector bancario señalaron que otros puntos relevantes para la expansión son la disminución del riesgo país, que determina el costo de fondeo, y una economía abierta, integrada al mundo y a los movimientos de capitales.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, afirmó que Chile adoptó políticas de austeridad fiscal, desregulación financiera y una mayor apertura para el ingreso y egreso de capitales desde las décadas de 1970 y 1980, una estrategia que, con matices, se sostiene hasta la actualidad. Remarcó que el país vecino nunca enfrentó una crisis comparable a la de Argentina en 2002.

Según el especialista, aunque Chile tuvo un problema importante con el endeudamiento en dólares de las empresas en 1982 -por la combinación de suba de tasas de interés internacionales, recesión y devaluación del peso- el retroceso del crédito no fue tan pronunciado.

A su juicio, las caídas más abruptas en el mercado local responden, entre otras cuestiones, a la falta de mecanismos de contención como los que posee Chile, incluidas las reservas de divisas y de capitales. Al mismo tiempo, destacó el temprano desarrollo del sistema de capitalización previsional, que fomentó el ahorro de largo plazo y fortaleció al sector financiero.

Jorge Berrios, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile (Uchile), relató que a principios de los 80’ el país no estaba especialmente bancarizado ni tenía un acceso masivo de los individuos a distintas fuentes de financiamiento. Esa realidad comenzó a cambiar de manera radical desde la década de 1990.

El primer factor se vincula con la profunda reestructuración del sistema bancario, que implicó dotarlo de mayor solidez, profundidad y reglas alineadas con los estándares internacionales. “Dada la crisis que nosotros atravesamos entre 1982 y 1983, que implicó la quiebra de numerosas empresas y entidades; la banca está muy controlada, con órganos supervisores estrictos. Entonces, en general, en Chile hay mucha credibilidad tanto para suscribir deuda como para invertir”, detalló Berrios y subrayó que el país no tuvo episodios como el “Corralito” en Argentina.

El segundo elemento, y quizás el más relevante, fue el avance del crédito de las casas comerciales, una opción que hasta ese momento prácticamente no existía. Gran parte del crecimiento del financiamiento estuvo vinculado a los préstamos directos que estas empresas comenzaron a otorgar a los consumidores para la compra de ropa, muebles, electrodomésticos y otros bienes.

Eso se dio a través de un proceso de semibancarización, mediante la emisión de las denominadas tarjetas de casa propia, que se concedían con mínimos requisitos y permitían comprar en hasta 48 cuotas. “Las cadenas de retail rompieron el paradigma, porque ya no se necesitaba tener una cuenta de banco para acceder”, resaltó Berrios.

Posteriormente, en una línea paralela, creció la bancarización, que hoy abarca a más del 90% de las personas, de modo que los consumidores pudieron obtener tarjetas tradicionales. El límite resultaba equivalente a tres veces el sueldo del cliente.

En cuanto a las tasas de interés, Berrios calculó que, si se toman las últimas dos décadas y se excluye el impacto extraordinario de la pandemia, Chile registra una inflación promedio de entre 3% y 3,5% anual, por lo que “lógicamente, el costo de financiamiento también es muy bajo”. En ese contexto, recordó que hacia 2019 la tasa interbancaria se situó cerca del 0,5% anual.

Por otro lado, aseguró que actualmente en Chile predominan los créditos al consumo, mientras que los hipotecarios tienen una menor participación, debido al fuerte aumento del precio de las viviendas en los últimos años, cuyos valores subieron mucho más rápido que los salarios.

Como ejemplo, el economista contó que una propiedad que hace unos 15 años costaba alrededor de 100 millones de pesos chilenos hoy puede llegar a valer cerca de 400 millones.

En otro orden, Berrios dijo que Chile ha tenido niveles muy reducidos de morosidad, rara vez superó el 5% del total. De hecho, cuando por primera vez se autorizó el retiro de fondos de pensiones, muchas personas utilizaron esos recursos para cancelar anticipadamente sus compromisos financieros en lugar de destinarlos al consumo.

“Existe una fuerte cultura de pago y, además, la legislación favorece los procesos de cobranza. Cuando se incumplen obligaciones, los procedimientos judiciales y de embargo suelen activarse con rapidez”, indicó Berrios. Esto también se relaciona con el poder adquisitivo de la población.

Aparte, si una persona no tiene capacidad para pagar sus deudas, puede acogerse a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Se trata de una normativa que permite que el deudor notifique formalmente su quiebra, similar al procedimiento que siguen las empresas.

Para Berrios, la contracara del crecimiento del consumo motorizado por el crédito es la escasa capacidad de ahorro. Asimismo, el especialista advirtió sobre los efectos sociales y personales del sobreendeudamiento, entre ellos problemas laborales, familiares y de salud.

Jorge Selaive, profesor adjunto del Departamento de Administración de la FEN, apuntó: “El mercado de crédito a individuos y empresas en Chile empezó a desarrollarse una vez que la inflación se consolidó en torno a la meta del Banco Central (3% anual), las expectativas se anclaron y se extendió el uso de la Unidad de Fomento (UF), índice que evoluciona con el nivel general de precios, lo cual permitió otorgar préstamos de largo plazo”.

Respecto al mecanismo de fondeo de los bancos, Selaive explicó que se sustenta en la emisión de bonos en UF y depósitos a plazos nominales y a la vista.

Sobre Argentina puntualmente, el académico opinó: “Es difícil tener un mercado de crédito profundo en una economía emergente, sometida a permanentes shocks políticos y en el precio de sus materias primas, sin tener algún instrumento indexado a la inflación que funcione como un seguro para los bancos e instituciones financieras”.

Un informe privado analizó la liquidación de exportaciones agrícolas y el superávit comercial y destacó el ritmo relativamente lento de las primeras, pese a que –subraya– “a esta altura se estima que la campaña gruesa 2025/26 será mayor a la del año pasado, tanto en volumen como en valor”.

Concretamente, señala que considerando los principales cultivos –trigo, maíz y soja– la producción ascendería a 149 millones de toneladas, 30 millones de toneladas y 25% más que los 119 millones de la campaña anterior, con los mayores aumentos relativos en trigo y en maíz.

Además, señala la consultora Quantum, “también con mejores precios internacionales –salvo en el caso del maíz–, el valor de la campaña actual sería de unos USD 40.000 millones, casi USD 7.000 millones superior al del año pasado, aunque cabe aclarar que el precio recibido por los productores es menor a esa cifra, debido al efecto de los derechos de exportación, las llamadas ‘retenciones’”.

Pero he aquí que el ritmo de liquidación de las divisas de exportación es inferior al registrado en la campaña anterior y también inferior al promedio de las cinco campañas anteriores. Esa conclusión se mantiene, dice el informe, excluyendo el efecto de los momentos en donde estuvo vigente el programa “dólar soja” o estímulos puntuales transitorios a la liquidación, que introdujeron incentivos a los ritmos de liquidación que dificultan las comparaciones entre campañas.

Según la consultora, los datos a mayo de este año indican que, si bien se mantiene la estacionalidad habitual de liquidación de las divisas de exportaciones de soja y maíz, el valor de lo liquidado es algo inferior, “aun con mejores volúmenes y un valor mucho más alto que campañas pasadas”.

Al respecto, precisa que el mes pasado se liquidaron USD 2.677 millones del complejo cerealero, inferior a los USD 3.054 millones de mayo de 2025 y también inferior al promedio de USD 3.531 millones del mismo mes de los años 2020-2025.

“En el acumulado de 2026 se liquidaron USD 10.300 millones, contra USD 11.700 millones en el mismo período de 2025”, dice el informe, una brecha de nada menos que USD 1.400 millones.

Según Quantum, salvadas las comparaciones por la exclusión de los periodos anómalos, “algunos de los elementos que podrían estar incidiendo en el ritmo más lento de liquidación estarían vinculados a las condiciones logísticas y climáticas, en algunos casos asociadas a las condiciones de humedad del grano de soja, cuya reversión requiere un período de secado para mejorar el rinde y aumentar el valor de la cosecha”.

También estarían operando cuestiones financieras, “como la posibilidad de acceder a financiamiento en pesos o en dólares o a que el productor recibió ingresos suficientes para comprar insumos y el resto lo dejó en acopio, entre otros”, dice el informe.

En cualquier caso, lo cierto es que la economía está atravesando un período de abundancia de dólares por la cuenta comercial, se tome esta “en base caja” (a medida que los dólares entran) o “devengada” (a medida que las exportaciones se realizan).

Pese a la relativa lentitud de las liquidaciones de la agroexportación, el saldo del comercio exterior acumulado en el año es abundante. “Con datos a abril de 2026, el acumulado de 12 meses de las exportaciones devengadas fue de USD 92.562 millones, contra exportaciones en base caja por USD 91.587 millones. Se trata, dice Quantum, de una diferencia contable ‘muy menor’, atribuible a la normativa puntual para la liquidación de exportaciones y posibles prefinanciaciones de exportaciones que se compensan con exportaciones efectivamente realizadas dado el marco normativo”.

Por el contrario, la diferencia entre devengado y base caja es muy superior en el caso de las importaciones. En el mismo período referido (mayo 2025 a abril de 2026), las compras desde el exterior acumuladas “base caja” sumaron USD 67.683 millones, contra USD 74.238 millones en el devengado. Esta diferencia de cerca de USD 6.500 millones también se debe a cuestiones financieras. “Uno de los motivos principales es la posibilidad de acceder a financiamiento de proveedores del exterior, en distintos casos otorgado por casas matrices o por proveedores de bienes de capital, por ejemplo”, dice el informe.

La conclusión del informe es que la lentitud del ritmo de liquidación, sumada al valor estimado superior de la campaña actual, “hace presumir mayores liquidaciones en los próximos meses”, que se sumarían a los buenos resultados del balance comercial producto del crecimiento de las exportaciones y del uso del financiamiento externo para importaciones.

Un panorama así apunta a que Economía tendría todavía por delante varios meses de abundancia de dólares para administrar con relativa comodidad los movimientos del mercado cambiario.

En pocos días más empieza la segunda mitad del año, y los aumentos en servicios esenciales empezarán a golpear el bolsillo del trabajador.

Algunos de los precios regulados y servicios esenciales que van a actualizarse son el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

De esta manera, aquellos que alquilaron bajo la Ley de Alquileres deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios, mientras que quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán la inflación trimestral del 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.

Aumento del transporte

Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1 de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un costo de $1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.585,89, según Noticias Argentinas.

Este aumento en el boleto de colectivo, que regirá por doce meses, se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales, y según la administración nacional, «el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos», manteniéndose el descuento del 55% para quienes tengan la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes de hasta 3 kilómetros pasarán a costar $822,18 y en cuanto al subte, el boleto subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541.

Salud y luz

Por el lado de la salud, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%.

En cuanto a las tarifas, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.