El gobierno de Javier Milei impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para recuperar la iniciativa política y volver a marcar agenda, con un temario que incluye la reforma del Régimen de Zonas Frías que reformula los subsidios al gas para regiones de bajas temperaturas y excluye del beneficio a más de 130 municipios y numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre otras.
La sesión fue convocada por el oficialismo para el próximo miércoles a las 10:00, en el marco de una pulseada política con la oposición. No obstante, los libertarios armaron una larga lista de proyectos entre los que se destacan la llamada «Ley Hojarascas» para derogar más de 70 normas y decretos que consideran «obsoletos» y el cambio en el régimen de Zonas Frías.
El oficialismo confía en que tiene «alrededor de 131 o 132» votos para abrir la sesión y aprobar todo el temario, según precisaron fuentes parlamentarias a iProfesional. El proyecto sobre Zonas Frías es el de mayor impacto directo sobre los ciudadanos porque afecta a unos 3 millones de usuarios de gas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Si Diputados lo aprueba, luego definirá el Senado.
El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, busca revertir la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que dispuso la Ley 27.637, sancionada en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.
La normativa original (sancionada en 2002) establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, por su clima más hostil. En 2021 el régimen se extendió de forma masiva con la incorporación de más provincias y municipios de climas templados-fríos.
Con ese cambio, estableció un descuento del 30% (y 50% para sectores vulnerables) y los beneficiarios pasaron de 950.000 a más de 4 millones, al incluirse la Costa Atlántica, la zona sur de Santa Fe, parte de Córdoba, así como localidades de La Pampa o Catamarca.
El proyecto que el oficialismo quiere aprobar en Diputados vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.
Con la iniciativa del Gobierno, esas zonas perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000.
El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.
También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.
En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.
Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.
En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.
Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.
El oficialismo considera que la ampliación del Régimen de Zonas Frías generó una «distorsión» porque incluyó en el descuento a casi la mitad de los usuarios residenciales de la red de gas, sin distinguir tampoco a los hogares de más alto poder adquisitivo.
Sobre esa base, el gobierno de Milei argumenta que el beneficio debe enfocarse solo en las regiones tradicionalmente alcanzadas por el régimen y apuntar a que la asistencia llegue solo a los hogares más vulnerables.
Por ese motivo, además de los hogares inscriptos en el SEF (que incluye a quienes poseen el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP y beneficiarios de la pensión vitalicia a veteranos de la Guerra de Malvinas) el subsidio también se mantendría para familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El oficialismo logró darle dictamen de mayoría al proyecto la semana pasada en un plenario de comisiones donde la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, señaló que «los recursos económicos son escasos» y que la «forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita».
Tettamanti señaló que el régimen hoy «subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo» y que esa es «la primera injusticia» que justifica su reforma. «El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante», remarcó.
Con el dictamen firmado, el gobierno de Javier Milei apunta a aprobar la reforma del Régimen de Zonas Frías en la sesión que se realizará el miércoles en la Cámara de Diputados y girar el proyecto al Senado para su sanción final, de ser posible antes del Mundial. Confía en tener los votos, pero está por verse qué tan sólido es el respaldo de los gobernadores de las zonas afectadas.
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Con una producción que se desplomó casi 21% interanual, seis de cada diez máquinas paradas y miles de puestos de trabajo perdidos, la industria textil argentina atraviesa una profunda crisis que encendió las alarmas entre los empresarios del sector. “La viabilidad del sector textil es una decisión política”, advirtió Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, al presentar los últimos indicadores de una actividad que acumula una contracción del 33,9% respecto de 2023 y enfrenta un fuerte avance de las importaciones.
Los datos fueron difundidos este jueves por la Fundación Pro Tejer, en la previa de una nueva edición de ProTextil 2026, el encuentro de la cadena de valor que se realizará desde las 15 en La Herencia, en Pilar. Los empresarios expusieron un diagnóstico sobre el deterioro de la actividad y plantearon la necesidad de adoptar medidas para sostener la producción nacional, en un contexto de retracción del consumo, mayor participación de los productos importados y dificultades de competitividad.
“Para crecer y desarrollarnos en un país de casi 50 millones de habitantes necesitamos a todos los sectores: no podemos sostener al país con una economía de nicho o basada en sectores extractivos”, afirmó Galfione, al cuestionar la posibilidad de sostener el desarrollo económico únicamente sobre determinadas actividades.
En ese marco, la Fundación Pro Tejer planteó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero insuficiente para impulsar el desarrollo industrial, y reclamó medidas específicas para contener la crisis que atraviesan las empresas después de tres años consecutivos de caída de la actividad.
Entre los principales pedidos de los empresarios figuraron la regulación de las plataformas digitales y del régimen courier, mayores controles aduaneros para combatir el contrabando y medidas para mejorar la competitividad de la producción nacional. También reclamaron una reducción de la carga tributaria, mejores condiciones de financiamiento, menores costos logísticos y políticas específicas para las pymes y las economías regionales.
La advertencia se produjo en medio de un escenario de deterioro que, según las estadísticas presentadas por la entidad, afecta a los distintos eslabones de la cadena productiva. La caída de la actividad no se limita a las fábricas textiles, sino que también alcanza a la confección de prendas de vestir y a la fabricación de calzado, aunque con diferentes niveles de contracción.
Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de producción. De acuerdo con los datos del Indec incluidos en la presentación, la industria textil produjo 33,9% menos que en 2023, mientras que la comparación interanual mostró una caída del 20,8% durante los primeros ocho meses de 2026.
El deterioro también se refleja en la continuidad de los resultados negativos. De los 32 meses transcurridos desde enero de 2024 hasta agosto de este año, en 31 la producción textil se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023.
La situación se trasladó directamente al funcionamiento de las plantas industriales. Durante los primeros ocho meses del año, el sector utilizó en promedio apenas 40,6% de su capacidad instalada, el registro más bajo de la serie, con excepción de 2020. Esto implica que alrededor del 60% de la capacidad productiva permaneció sin utilizarse, en un contexto de menor demanda y retroceso de la fabricación nacional.
El panorama también es negativo para los otros segmentos de la cadena. La producción de indumentaria cayó 11,5% interanual entre enero y agosto, mientras que frente a 2023 acumuló una contracción del 13,7%. En el caso del calzado, la baja fue todavía más pronunciada: 24,8% respecto de 2025 y 41,3% en comparación con 2023.
En el conjunto de la industria manufacturera, la situación también presenta dificultades. Según los datos correspondientes al acumulado entre enero y septiembre, 12 de las 16 ramas industriales produjeron menos que en 2023 y la misma cantidad registró caídas frente a 2025. Dentro de ese universo, los textiles se ubicaron entre las actividades con mayores retrocesos, junto con maquinaria y equipo, que acumuló una contracción del 35,2% respecto de 2023.
La contracción de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo formal. Según las cifras de la Secretaría de Trabajo presentadas por Pro Tejer, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026.
La cantidad de trabajadores pasó de 120.810 a 91.992, lo que representa una disminución del 23,9%. La pérdida de puestos laborales en estas actividades explicó aproximadamente un tercio de los 89.209 empleos industriales que desaparecieron durante el mismo período.
El cierre de establecimientos constituye otro de los indicadores del deterioro sectorial. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de registrarse 1.090 empleadores industriales vinculados con textiles, indumentaria y calzado, equivalentes al 17,7% del total inicial.
La cantidad de establecimientos pasó de 6.142 a 5.052. Dentro de ese conjunto, la industria textil perdió 285 empleadores, una reducción del 12,9%, mientras que en indumentaria desaparecieron 524, equivalentes al 18,4%. En cuero y calzado, la disminución alcanzó a 281 establecimientos, con una caída del 25,8%.
El retroceso también se extendió a los comercios vinculados con la cadena. En ese segmento, la cantidad de empleadores registrados pasó de 21.362 a 17.558, lo que representa 3.804 establecimientos menos, una baja del 17,8%. Al sumar los segmentos industriales y comerciales, la cadena perdió 4.894 empleadores desde diciembre de 2023.
En este contexto, Galfione también hizo referencia a la dimensión social de la actividad económica. “El equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”, sostuvo el presidente de Pro Tejer.
La Fundación Pro Tejer identificó a la caída del consumo interno como uno de los principales factores detrás de la contracción productiva. Según los datos presentados, el poder adquisitivo de distintos sectores de la población permanece por debajo de los niveles de 2023, mientras que las ventas comerciales también muestran retrocesos significativos.
Entre enero y agosto de 2026, el salario registrado privado perdió 4% de poder adquisitivo respecto del mismo período de 2023. En el caso del salario público, la disminución alcanzó el 25%, mientras que el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. En paralelo, las ventas en supermercados acumularon una caída del 16,2% frente a 2023, mientras que en los shoppings la contracción llegó al 28,5%.
A esta situación se sumó el incremento del costo de los servicios públicos, que redujo los ingresos disponibles de los hogares. Según la información presentada, la canasta de luz, gas, agua y transporte sin subsidios en el AMBA aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%.
El otro fenómeno que destacó la entidad fue el avance de las importaciones sobre el mercado interno. De acuerdo con sus estimaciones, los productos importados pasaron de representar históricamente alrededor del 50% del abastecimiento a explicar cerca del 70%, mientras que la participación de la producción nacional se redujo al 30%.
El comportamiento del comercio exterior mostró, además, cambios importantes durante los últimos dos años. Según las estadísticas difundidas, las importaciones de toda la cadena de valor crecieron 95% en toneladas entre enero y septiembre de 2025 respecto del mismo período de 2024. En cambio, durante los primeros nueve meses de 2026 registraron una caída del 21% interanual.
En el caso específico de la indumentaria, las importaciones aumentaron 144% en toneladas durante 2025 y retrocedieron 46% en los primeros nueve meses de 2026. La evolución también fue dispar en materias primas, hilados y tejidos.
Para Pro Tejer, el avance de los productos extranjeros se produjo sobre un mercado interno de menor tamaño, lo que modificó la participación relativa de la fabricación nacional y las importaciones.
Otro de los puntos abordados por la entidad fue el incremento de las compras al exterior mediante el régimen de courier, junto con la expansión de las plataformas digitales internacionales.
De acuerdo con los datos presentados, las importaciones realizadas por courier alcanzaron los USD 960 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a USD 602 millones durante el mismo período de 2025 y USD 153 millones en 2024. Esto representa un crecimiento del 60% interanual y un volumen 6,3 veces superior al registrado dos años atrás.
La entidad vinculó esta expansión con los cambios normativos introducidos desde diciembre de 2024, cuando el límite por envío courier aumentó de USD 1.000 a USD 3.000, con franquicias específicas para compras de menor valor.
En julio de 2026 también se modificaron las condiciones para los envíos puerta a puerta mediante Correo Argentino, con una ampliación de los montos permitidos.
En paralelo, Pro Tejer puso el foco en el crecimiento de plataformas como Temu y Shein, que comenzaron a ganar participación entre los consumidores argentinos.
Según los datos correspondientes al primer semestre de 2025 incluidos en la presentación, el 10% de los compradores utilizó Temu y el 8% recurrió a Shein, dos plataformas que no figuraban en el relevamiento de 2024. La entidad también planteó cuestionamientos sobre las condiciones de competencia y los controles aplicados a los productos importados.
En ese sentido, señaló que el valor FOB por kilo de la indumentaria importada cayó 37% respecto de 2023, mientras que en las confecciones la disminución alcanzó el 46%. Además, citó un estudio sobre comercio ilícito que estimó una penetración superior al 45% en indumentaria y calzado. Ese indicador contempla contrabando, falsificación, piratería y venta informal, entre otras modalidades, y no representa directamente el valor económico de las operaciones.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de reducción de multas previsto por la Ley de Inocencia Fiscal II, que establece una rebaja del 50% para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro alcanzadas por determinadas infracciones formales.
Con esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno finalizó la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso en septiembre con el objetivo de que los “dólares del colchón” de los argentinos ingresen al sistema financiero formal. En octubre pasado, un decreto había modificado la Declaración Jurada Simplificada, el requisito clave para acceder a los beneficios de la ley.
La reducción de las multas incluye a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de este año. Según precisó ARCA en el comunicado, el beneficio “consiste en una quita del 50% en el monto de las infracciones para aquellas obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.”
En los casos en que la multa esté bajo discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes deberán realizar una presentación antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive a través del servicio web “Presentaciones Digitales”. Para solicitar el beneficio, deberán seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” e identificar la sanción alcanzada mediante el número de sumario, resolución u otro instrumento que hubiera dispuesto su aplicación.
Si la multa no está bajo discusión, no hará falta ese trámite. Pero la pyme deberá cumplir con otro requisito: antes del 18 de diciembre, tendrán que regularizar “los deberes formales omitidos que originaron la multa”. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima. Vencido ese plazo sin haber subsanado la obligación formal, no se obtiene la reducción de la multa.
La reducción dispuesta por la ley y su reglamentación abarca únicamente al importe de las multas, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses. Aplica únicamente a micro, pequeñas y medianas empresas con Certificado MiPyME, personas humanas y entidades sin fines de lucro, por lo que quedan excluidos los Grandes Contribuyentes. Y quién la utilice, ya no puede volver a reclamarle a ARCA por el monto de la multa aplicada.
Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la reducción sancionada hoy puede combinarse con otra ya existente en el artículo 49 bis de la Ley 11.683. Al respecto, puso como ejemplo: la multa por no presentar en término el Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $10.000.000. “Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, la ley de Inocencia Fiscal II la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $3.750.000. La reducción total es del 62,5%”, señaló.
Domínguez consideró que “una reducción de multas por incumplimientos formales es bienvenida”, aún cuando el monto de esa quita, a su juicio, “resulta insuficiente”, ya que “la mayoría de las pymes no puede afrontar” una multa de $3.750.000 tal como la explicitada en el ejemplo anterior.
“Es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa”, afirmó Domínguez.
El especialista recomendó a los contribuyentes revisar las multas por incumplimientos formales generadas desde el 2 de enero de 2026 e identificar su situación: si no están firmes, si fueron confirmadas pero siguen impagas, si integran un plan de pagos o si continúan en discusión.
También aconsejó comprobar si el contribuyente reúne las condiciones para acceder al régimen al momento de la infracción, en particular la vigencia del Certificado MiPyME y su registración en el Sistema Registral. A su vez, plantea verificar si corresponde aplicar el descuento adicional ya mencionado del 25% previsto en el artículo 49 bis de la Ley 11.683.
Por último, recomienda regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre de 2026. Cuando las multas estén bajo discusión, dentro de ARCA o incluso en una instancia judicial, sugiere “evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha”.
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