INTERNACIONAL
El gobierno de Trump empieza a devolver US$166.000 millones de aranceles cobrados en el último año
Cuando el presidente Donald Trump desveló sus extensos aranceles globales en abril de 2025, se jactó de que generarían ganancias inesperadas y “harían a Estados Unidos rico de nuevo”. Pero después de sufrir una derrota significativa ante la Corte Suprema, Trump está a punto de devolver el dinero.
El gobierno de Trump tiene previsto dar los primeros pasos para reintegrar más de US$166.000 millones recaudados de aranceles que fueron anulados en febrero. Poco más de un año después de imponer muchos de los gravámenes, se espera que el gobierno empiece a aceptar solicitudes de reembolsos, renunciando a su preciada fuente de ingresos, más intereses.
Para algunas empresas estadounidenses, los muy anticipados reembolsos podrían ser sustanciales, y ofrecerían alivio financiero crítico, aunque tardío. Los aranceles son impuestos sobre las importaciones, por lo que las políticas comerciales del presidente Trump han supuesto una gran carga para las empresas que dependen de productos extranjeros. Muchas han tenido que elegir entre absorber los aranceles, recortar otros costos o traspasar los gastos a los consumidores.
Esas empresas pueden empezar a presentar documentación al gobierno para recuperar lo que pagaron en aranceles ahora revocados. Como muestra de la exigencia, más de 3000 empresas, incluidas FedEx y Costco, ya han demandado al gobierno de Trump en un intento de conseguir sus reembolsos, y algunos casos se presentaron incluso antes del fallo de la Corte Suprema.
Pero únicamente las compañías que pagaron oficialmente los aranceles tienen derecho a recuperar ese dinero. Eso significa que el universo más amplio de personas afectadas por las políticas de Trump -incluidos millones de estadounidenses que pagaron precios más altos por los productos que compraron- no pueden solicitar una reparación directa.
Que los consumidores obtengan algún beneficio depende de si las empresas comparten las ganancias, algo a lo que pocas se han comprometido públicamente a hacer. Algunas han empezado a agruparse en demandas colectivas con la esperanza de recibir un pago. El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
Muchos empresarios dijeron que no estaban seguros de la facilidad del proceso de devolución de los aranceles, sobre todo al tener en cuenta la oposición declarada de Trump a reintegrar el dinero. El gobierno ha insinuado que podrían pasar meses antes de que las empresas reciban algún dinero. Para aumentar la incertidumbre, la Casa Blanca se ha negado a confirmar si recurrirá nuevamente a los tribunales en un intento de detener algunas o todas las devoluciones.
Melkon Khosrovian, cofundador de la destilería Greenbar de Los Ángeles, se preparó para el proceso de devolución reuniendo documentos y registrándose en el nuevo portal de devoluciones del gobierno. Los aranceles de Trump habían sido una “pesadilla” para su destilería, dijo, la cual requiere ingredientes cultivados en el extranjero como vainilla, nuez moscada, bayas de enebro, café, té e hibisco.
Khosrovian, participante en We Pay the Tariffs (Pagamos los aranceles), una coalición de pequeñas empresas que se han opuesto a las políticas del presidente de EE.UU., admitió que no tenía muchas esperanzas de ver un reembolso pronto. Su empresa había pagado casi 100.000 dólares en aranceles que ahora se consideran ilegales.
“Pensamos que puede que nos lo devuelvan, puede que no. Parece un proceso muy opaco”, dijo
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que gestiona el proceso de devolución de aranceles, se negó a poner a funcionarios a disposición para una entrevista.
El meollo de la cuestión el conjunto, en constante cambio, de los llamados aranceles recíprocos que Trump impuso el año pasado al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, por su sigla en inglés.
Ningún presidente anterior había utilizado nunca esta ley de 1977 para aplicar aranceles, lo que llevó a la Corte Suprema a fallar en contra de Trump en febrero. La decisión puso fin al poder comercial más ágil y potente de Trump, que había utilizado para una vasta variedad de propósitos, desde la lucha contra las drogas ilegales hasta la protección de aliados políticos en el extranjero.
Aunque el gobierno ha perdido casos comerciales en el pasado -y se ha visto obligado a devolver dinero como consecuenci–, el proceso de devolución que ahora espera a Trump no se parece a ninguno de la historia reciente. Según el propio recuento del gobierno, en marzo había más de 330.000 importadores que habían pagado aranceles IEEPA por más de 53 millones de entradas.
El gobierno calcula que acumuló más de 166.000 millones de dólares en ingresos procedentes de esas tasas sobre las importaciones. Según Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto Cato, de tendencia libertaria, se espera que ese saldo pendiente acumule unos 650 millones de dólares adicionales en intereses cada mes, o unos 22 millones de dólares al día.
Las implicaciones fiscales por sí mismas llevaron a Trump a afirmar a lo largo de la batalla legal que una pérdida podría llevar al gobierno a una “¡GRAN DEPRESIÓN!”, afirmación que los economistas rechazan ampliamente. Una vez que la Corte Suprema falló en su contra, su gobierno intentó ralentizar el proceso hasta que la Corte de Comercio Internacional intervino en marzo y ordenó al gobierno que devolviera el dinero a los importadores.
La orden del tribunal de comercio pareció desencadenar una carrera de obstáculos entre los funcionarios federales de aduanas para armar un proceso digital que permitiera manejar la avalancha de solicitudes, según los expedientes judiciales. Estos documentos también revelaron los problemas técnicos a los que se enfrentó el gobierno de Trump al intentar devolver el dinero.
Entre los muchos obstáculos, el gobierno de Trump dijo que tuvo que poner en marcha un sistema completamente nuevo que pudiera procesar las devoluciones en bloque y separar los aranceles anulados por la Corte de los vigentes sobre esos mismos bienes. Al principio, el gobierno ni siquiera tenía forma de ingresar el dinero directamente en las cuentas bancarias de la mayoría de los importadores, dijeron los funcionarios de aduanas.
Como resultado, el sistema de devolución que se estrena, conocido como CAPE, solo podrá procesar importaciones en un punto determinado del proceso de pago de aranceles. Esto abarca aproximadamente el 63 por ciento de las entradas de importación sujetas a los aranceles del IEEPA, dijo anteriormente el gobierno, aunque tiene previsto ampliar el sistema en breve. En su orientación pública, las aduanas dijeron que esperaban tardar entre 60 y 90 días en emitir un reembolso una vez aceptada la solicitud del importador.
Katie Hilferty, quien supervisa la práctica comercial en el bufete de abogados Morgan Lewis de Washington, describió el proceso de devolución como novedoso y complejo, y añadió que estaría “gratamente sorprendida” si las devoluciones se pagaran tan rápidamente como afirmó el gobierno. El gobierno de Trump empieza a devolver los aranceles cobrados en el último año, tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló. (Mark Abramson/The New York Times)
Pero añadió que, dado el tamaño de la operación, “no me sorprendería que se produjeran fallos técnicos u otros errores de procesamiento”.
Algunos propietarios de pequeñas empresas parecían especialmente pesimistas, sobre todo después de soportar un año de presiones arancelarias siempre cambiantes por parte de Washington.
“No diría que soy en absoluto optimista respecto a que vayan a llegar a tiempo”, dijo Cassie Abel, fundadora y directora ejecutiva de Wild Rye, que fabrica ropa para mujer. Su empresa también participó en la coalición We Pay the Tariffs, que se ha opuesto al presidente. Abel dijo que esperaba unos 250.000 dólares en devoluciones, más intereses.
Incluso si consiguen recuperar sus aranceles, es probable que las mayores empresas estadounidenses se vean presionadas para compartir cualquier reembolso con los clientes, quienes han visto subir los precios como consecuencia de los aranceles de Trump.
Al menos una empresa, FedEx, ya ha dicho que intentaría devolver el dinero a los clientes. El gigante del transporte figura a menudo como importador registrado, pero traslada los aranceles adeudados a los clientes y empresas que compraron las mercancías.
Otra empresa, Costco, ha señalado que podría trasladar los beneficios de las devoluciones recibidas a los compradores, potencialmente en forma de precios más bajos. Sin embargo, el minorista de compras a granel sigue enfrentándose a una nueva demanda colectiva de compradores que creen que debería devolver el dinero directamente a los clientes.
Alex Durante, economista jefe de la Tax Foundation, una organización sin ánimo de lucro que suele estar a favor de bajar los impuestos, dijo que no esperaba que las empresas mostraran un “impulso inmediato de devolver todo eso a los consumidores”.
Por un lado, dijo, muchas empresas se preparan para que el presidente Trump finalice una serie de nuevos aranceles que sustituyan a los que la Corte Suprema invalidó. Eso, explicó, probablemente también limitaría a las empresas el gasto de gran parte de sus devoluciones en contratación o producción, y neutralizaría cualquier impacto económico.
“Siguen en un mundo de incertidumbre”, dijo Durante, en referencia a las empresas, y añadió que la dinámica “no ha cambiado tanto”.
Para imponer sus aranceles de reemplazo, el gobierno de Trump ha abierto investigaciones sobre decenas de prácticas comerciales de otros países, en virtud de una disposición de la Ley de Comercio de 1974.
Se espera que esas investigaciones resulten en aranceles de magnitud similar a los que anuló la Corte Suprema. Trump ya ha aplicado un arancel temporal del 10 por ciento a la mayoría de las importaciones, utilizando otra sección de la ley de 1974.
Las pequeñas empresas y los estados han vuelto a desafiar a Trump por su uso de esta última autoridad, conocida como Sección 122. Las empresas en ese caso están representadas por el Liberty Justice Center, el grupo jurídico que se impuso a Trump por sus aranceles de la IEEPA ante la Corte Suprema.
Sara Albrecht, presidenta del centro, se mostraba optimista antes del lunes respecto a que las devoluciones podrían avanzar a buen ritmo. Pero, añadió, no desharía el daño causado a las empresas desde que Trump anunció sus aranceles en el acto que había bautizado como “Día de la Liberación” en abril de 2025.
“Sigue sin reparar el daño que padecieron las pequeñas empresas el año pasado”, dijo Albrecht, y explicó que los despidos y otros recortes que debieron aplicar significan que “no van a quedar plenamente resarcidas”.
Por Tony Romm y Ana Swanson.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
Poco más de cinco horas antes de que iniciara el partido de cuartos de final de la Copa Mundial entre Noruega e Inglaterra el sábado, el equipo encargado de la ceremonia previa al partido en el Hard Rock Stadium, cerca de Miami, se topó con un problema inesperado.
La bandera de Inglaterra -esa enorme que se despliega antes de que los jugadores salgan a la cancha- tenía manchas de moho. Al parecer, ni siquiera una tela 100 por ciento poliéster reciclado podía escapar de los estragos del calor y la humedad del verano en el sur de Florida.
A estas alturas, el equipo de las banderas ya estaba acostumbrado a resolver problemas. Era el sexto partido en Miami Gardens y el número 99 en el extenso torneo de futbol de este año. Los equipos encargados de las ceremonias, uno en cada una de las 16 sedes de la Copa Mundial, habían superado todo tipo de obstáculos logísticos con sus banderas gigantes, incluyendo al menos una bandera a la que le pusieron la etiqueta del país equivocado durante el envío y otra infestada de ratones. Cada bandera de estadio mide unos 53 metros por 38.
El sábado por la mañana, el equipo de Miami tuvo que improvisar. Tanto los tramoyistas como los supervisores tomaron escobas y líquido limpiador y consiguieron eliminar gran parte del moho.
El equipo trabajó en el estacionamiento de un estadio rodeado de remolques de cadenas de televisión, con el espacio justo para desplegar la bandera. Aunque el día estaba nublado, el Servicio Meteorológico Nacional había advertido que la sensación térmica podría alcanzar los 43 grados Celsius, en parte debido a la humedad.
A continuación, los 22 tramoyistas se prepararon para doblar la bandera de tal forma que un pequeño ejército de abanderados voluntarios pudiera desplegarla rápida y fácilmente en la cancha. Al ritmo de la cuenta rítmica y repetitiva de “¡Uno, dos, tres… ya!”, agarraron la bandera al unísono por uno de sus extremos largos y la enrollaron. Se echaron el rollo a los hombros y lo llevaron al interior para colocarlo a lo largo de uno de los túneles de entrada del estadio, listo para más tarde..
Las banderas se han convertido en iconos instantáneos de este Mundial, y los aficionados publican fotos de ellas desde el estadio. Llevar la bandera correcta al partido adecuado -hay dos de cada una, por si acaso, que se envían en cajas de madera- y averiguar cómo desplegarlas y doblarlas rápidamente en la cancha requiere una cuidadosa coreografía por parte de los equipos de ceremonias, que, en la práctica, montan un espectáculo previo de siete u ocho minutos antes de cada partido.
Antes del torneo, el equipo de Miami organizó dos días de ensayos fuera del recinto para practicar con los voluntarios que llevan las banderas; se tomaron en cuenta sus edades, estaturas y fuerza física para decidir quién debía llevar cada parte de la bandera y se les infundió un sentido de responsabilidad y orgullo por su tarea. Cada bandera pesa unos 230 kilos (y más si llueve y se moja). Los abanderados que van en el centro tienen que cargar más peso.
Ninguna ceremonia es exactamente igual a otra. En los cuartos de final del sábado se utilizaron efectos pirotécnicos, lo que complicó los movimientos de los portabanderas. En el primer partido en Miami el mes pasado, entre Arabia Saudita y Uruguay, la amenaza de rayos casi impidió que el equipo desplegara las banderas. Durante esa ceremonia, los voluntarios sujetaron ambas banderas -en lugar de extenderlas en la cancha como se hace en la mayoría de los partidos- para seguir un estricto protocolo de respeto hacia la inscripción sagrada de la bandera de Arabia Saudita.
El sábado, los voluntarios que llevaban las banderas -unas 70 personas por cada bandera- formaron una fila en el túnel. Estaban rebosantes de emoción; al parecer, la novedad de su tarea aún no se les había pasado, a pesar de que ya era su sexto partido. Posaron para las fotos y presumieron los pines de la Copa Mundial que habían coleccionado durante el torneo.
Y entonces llegó el momento del espectáculo. Veinte minutos antes del saque inicial, programado para las 5 p. m., los voluntarios levantaron ambas banderas. A 17 minutos de que iniciara el partido, un grupo empezó a desfilar con la bandera de Inglaterra. La bandera de Noruega entró un minuto después. Exactamente a las 4:50 p. m., cuando muchos telespectadores sintonizaron el partido, los voluntarios extendieron las banderas, las sujetaron con pesos y se quedaron de pie respetuosamente. Estaban a punto de sonar los himnos nacionales.
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Patricia Mazzei es la reportera principal del Times en Miami y cubre Florida y Puerto Rico.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
INTERNACIONAL
Swing-state poll spells trouble for far-left as Schumer-backed candidate dominates with critical voting blocs
Michigan Democratic Senate primary divides party on ideological lines
Hugh Hewitt analyzes Michigan’s Democratic Senate primary, highlighting the ideological divide between moderate Haley Stevens and progressive Abdul El-Sayed. Polls reveal a split in voter demographics, with Stevens leading among Black voters while El-Sayed is favored by White and college-educated voters.
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Moderate Democratic Rep. Haley Stevens holds a seven-point lead over far-left rival Abdul El-Sayed, and leads big with working-class and Black voters, in a crucial political fight not only for the Democratic Senate nomination in battleground Michigan but potentially for the fate of the party, according to new polling.
Stevens, who is backed by longtime Senate Democratic Leader Sen. Chuck Schumer and the party establishment, stands at 48% support among Democrats likely to vote in the Aug. 4 primary, with El-Sayed, a former Wayne County Health Department director endorsed by progressive champions Sen. Bernie Sanders and Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, at 41%.
The Detroit News/WDIV poll, conducted by Glengariff Group, indicated roughly 10% of respondents remained undecided with the primary just three weeks out.
In the wake of attention-grabbing victories by socialist and far-left candidates in blue congressional districts in New York City and Colorado in recent weeks, the primary in Michigan is viewed as the biggest battle to date between the left-wing and the center-left establishment for the future of the Democratic Party.
DEMOCRATIC PARTY’S CIVIL WAR HITS PRIMARY DEBATE STAGE
Retiring Sen. Gary Peters, D-Mich., has abandoned his neutrality in Michigan’s high-stakes Democratic Senate primary, backing U.S. Rep. Haley Stevens, pictured left, as party leaders rally to stop progressive rival Abdul El-Sayed, pictured right, from winning the nomination. (AP Photo/Kristen Norman)
The poll indicates Stevens with a large 22-point lead among non-college educated voters, while El-Sayed holds a seven point advantage among those with college degrees.
El-Sayed is up by 12 points among White voters, while Stevens holds a massive 46-point advantage among Black voters in the survey, which had a margin of error of 4.4 percentage points.
The results are reminiscent of polling that came out shortly before Maine Democratic Senate candidate Graham Platner, a progressive similar to El-Sayed also endorsed by Sanders, dropped out of the race this month that showed him trailing with working class voters by a large margin.
Mallory McMorrow, a candidate for U.S. Senate, campaigns at the Michigan Democratic Nominating Convention. McMorrow is currently a member of the Michigan Senate. (Jim West/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
The poll of 500 likely voters was conducted entirely after last week’s televised debate between El-Sayed and Stevens. That showdown came just two days after progressive state Sen. Mallory McMorrow, once the third major Democrat in the primary, suspended her campaign.
McMorrow, who has seen her national profile expand in recent years and was running as a progressive in an ideological space between El-Sayed and Stevens, exited the race amid faltering poll numbers and fundraising that weren’t keeping pace with her two main rivals.
McMorrow pledged to fully support whichever Democrat wins the primary and will ultimately face off against Rogers, who is running for the Senate for a second straight cycle after losing in 2024 to now-Sen. Elissa Slotkin by a razor-thin margin.
Abdul El-Sayed, candidate for U.S. Senate in Michigan, speaks before U.S. Sen. Bernie Sanders, I-Vt., takes the stage at Mumford High School on May 3, 2026, in Detroit, Michigan. (Sarah Rice/Getty Images)
Either Stevens or El-Sayed will take on former Republican Rep. Mike Rogers, who is on a glide path to the GOP nomination, in the crucial midterm faceoff to succeed retiring Democratic Sen. Gary Peters.
The rare open Senate seat is a top Republican target and is a must-hold for the Democrats as they aim to win back the Senate majority from the GOP, which currently controls the chamber with a slim 53-47 margin.
The poll’s release comes ahead of this week’s trip to Michigan by Sanders and Ocasio-Cortez, where they are scheduled to team up with El-Sayed at three events.
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U.S. Sen. Bernie Sanders, I-Vt., stands with Senate candidate Abdul El-Sayed after speaking at Mumford High School on May 3, 2026 in Detroit, Mich. (Sarah Rice/Getty Images)
El-Sayed, who, if elected, would make history as the nation’s first Muslim senator, is an epidemiologist who unsuccessfully ran for governor as an insurgent candidate in 2018. He has made support for Medicare for all a major component of his campaign.
The far-left candidate has also called for abolishing Immigration and Customs Enforcement (ICE), and is a vocal critic of Israel amid its war with Hamas — even characterizing Israel’s actions in Gaza as «genocide» against Palestinians. And El-Sayed, who served as a top surrogate on Sanders’ 2020 presidential campaign, has vowed not to accept PAC donations.
Schumer and the party establishment view Stevens as more electable than El-Sayed, who has sparked controversy with his past comments. They worry that El-Sayed as the party’s nominee would jeopardize the Democrat-controlled Senate seat by pushing the party too far to the left in a state that President Donald Trump carried two years ago by just over one percentage point.
Earlier this week, Peters, who to date had stayed neutral in the race to succeed him, endorsed Stevens.
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Sen. Gary Peters of Michigan is interviewed by Fox News Digital, at the Democratic National Convention in Chicago, on Aug. 19, 2024 (Fox News – Paul Steinhauser)
The primary showdown has become combustible and expensive, with outside groups spending big bucks to flood the campaign trail with ads.
The biggest spending is United Democracy Project, a political action committee aligned with the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). The group reports spending nearly $15 million in support of Stevens and against El-Sayed.
«Haley is leading in this race because the stakes of this election could not be higher,» Sam Barrett, campaign manager on the Stevens campaign, told Fox News Digital in a statement in reaction to the poll.
«When Democrats win in November, we’ll keep Mike Rogers out of the Senate, and stop Donald Trump from having free rein to appoint Supreme Court justices who will ban abortion, cut health care, and strip away workers’ rights. Michigan needs a Senator who is ready on day one to fight and has won tough races before. That’s Haley, and that’s why her message of lowering costs, protecting manufacturing, and taking on Trump’s corruption and abuses of power is resonating across the state.»
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Fox News Digital reached out to the El-Sayed campaign for comment.
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El Gobierno de Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante el Decreto Ejecutivo firmado el 14 de julio de 2026 en el Palacio Nacional. El instrumento, que deroga el plan predecesor (2019-2030), traslada la conducción de la política de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar su implementación.
El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) mediante Resolución No. 01-2026, en una sesión clasificada como “secretísima” el 9 de marzo de 2026, y remitido por el Ministerio de Defensa a la Presidencia recién el 1 de julio de este año. El decreto lo enmarca explícitamente en el conflicto armado interno reconocido por el Ejecutivo mediante el Decreto del 18 de junio de 2026, y lo presenta como una hoja de ruta de “acción unificada” frente a lo que el propio documento describe como una crisis de seguridad multidimensional.
Las cifras que sustentan el plan, contenidas en su diagnóstico, describen un deterioro sostenido. La tasa de homicidios intencionales, que se mantuvo relativamente estable entre 2014 y 2020: entre 8,2 y 7,8 casos por cada 100.000 habitantes; y escaló a 27,6 en 2022, un incremento del 256,12% respecto de 2020, según cifras del propio Ministerio del Interior citadas en el documento. La escalada alcanzó su punto más crítico en 2023, con 46,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, para luego descender a un rango de entre 39,1 y 39,2 en 2024.
Sobre 2025, el plan no reporta un dato de cierre: se limita a citar una proyección del propio Ministerio del Interior, fechada en 2025, según la cual la tasa “cerrará con niveles altos”. El diagnóstico que sustenta un decreto firmado en julio de 2026 sigue anclado en una estimación de hace más de un año, sin la cifra real de homicidios de 2025, que ya está disponible.
El crimen organizado transnacional ocupa un lugar central en el diagnóstico. El plan cita 21.811 casos de extorsión reportados en 2023 y vincula la violencia con el cierre de 65.837 microempresas entre 2022 y 2023, atribuido en su mayoría a hechos de violencia, extorsión o bloqueos logísticos, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El gasto privado en seguridad superaría ya los 1.500 millones de dólares anuales, mientras que la actividad empresarial habría registrado contracciones del 0,94% en 2024 y del 0,52% en el primer semestre de 2025 atribuibles a la violencia, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. La informalidad laboral llegó al 53,5% en el primer trimestre de 2025, según el INEC.
El indicador de riesgo país (EMBI) muestra una trayectoria volátil: 1.753 puntos en 2024, más de 1.900 en abril de 2025 y una caída a 554 puntos hacia noviembre de ese mismo año, según cifras del Banco Central citadas en el plan. La minería ilegal, por su parte, habría representado un 2,5% del PIB en 2022, con una producción de oro valorada en cerca de USD 4.000 millones, de acuerdo con las cifras recogidas en el documento.
En el ámbito social, el plan reconoce que la pobreza por ingresos llegó al 24% en junio de 2025 y la pobreza extrema al 10,4%, con una brecha entre zonas urbanas y rurales de 15,7% frente a 41,7%, según el INEC. El gasto de los hogares en salud representa alrededor de un tercio del gasto total, con una reducción marginal del 32,59% al 31,27% entre 2022 y 2025. El documento también recoge una brecha de confianza institucional: la Policía Nacional concentra un 72% de respaldo ciudadano, frente a un 28% en los Ministros de Gobierno, 23% en el sistema judicial, 22% en la Asamblea Nacional y 21% en los jueces, con datos de Statista de 2024.
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JOHN REIMBERG EN X
El sistema penitenciario aparece como uno de los focos más críticos. El plan reporta una población de 34.612 personas privadas de libertad, lo que representa un hacinamiento del 29,06%, y documenta la evolución de las muertes violentas en cárceles: de un pico histórico de 321 muertes en 2021, la cifra bajó a 146 en 2022, 69 en 2023 y 46 en 2024, pero volvió a subir a 89 muertes en 2025, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
En cuanto a las metas, el plan se organiza en siete Objetivos Nacionales de Seguridad (ONS), cada uno desagregado en Estrategias de Seguridad con plazos de ejecución de uno, dos y tres años. Van desde imponer el control efectivo del territorio y neutralizar a los Grupos Armados Organizados (GAO), hasta reconstruir el sistema penitenciario, generar condiciones para el acceso a servicios esenciales y controlar el patrimonio natural.
Una de las metas con fecha específica es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) asuma para 2027 las tareas de seguridad en los Centros de Privación de Libertad que hoy cumplen otras entidades.
Entre las estrategias más sensibles figura la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, para que esa instancia asuma la competencia de juzgar a servidores públicos militares por delitos relacionados con su función —una ampliación de fuero que se plantea en simultáneo con el reconocimiento oficial de un “conflicto armado interno”.
El plan tampoco fija una cifra de presupuesto total. En sus 201 páginas no aparece una asignación fiscal global para su ejecución; el único mecanismo de financiamiento concreto que establece es que las empresas de telecomunicaciones destinen el 1% de sus ingresos facturados en zonas rurales y fronterizas a proyectos de conectividad. El resto del articulado distribuye responsabilidades institucionales, no recursos.
El documento también dimensiona la presión migratoria sobre el país: para mediados de 2024, Ecuador albergaba 77.000 personas refugiadas reconocidas y alrededor de 444.000 migrantes venezolanos bajo estatus de protección —equivalente al 3,2% de la población nacional—, a lo que se suman más de 469.000 personas en situación de desplazamiento interno, según cifras de ACNUR citadas en el plan. Frente a este panorama, el propio texto matiza que las proyecciones del Banco Central para 2025 estiman un crecimiento económico del 3,8%, cifra que el documento describe como una “señal positiva” que debe sostenerse con políticas de estabilidad institucional.
Frente a este panorama, el propio texto matiza la situación citando una proyección del Banco Central hecha en 2024: un crecimiento económico del 3,8% para 2025, cifra que el documento describe como una “señal positiva”. Pero, igual que con la tasa de homicidios, el plan no incorpora el dato real de cierre de 2025.
Defense,South America / Central America
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