INTERNACIONAL
El gobierno de Trump empieza a devolver US$166.000 millones de aranceles cobrados en el último año

Cuando el presidente Donald Trump desveló sus extensos aranceles globales en abril de 2025, se jactó de que generarían ganancias inesperadas y “harían a Estados Unidos rico de nuevo”. Pero después de sufrir una derrota significativa ante la Corte Suprema, Trump está a punto de devolver el dinero.
El gobierno de Trump tiene previsto dar los primeros pasos para reintegrar más de US$166.000 millones recaudados de aranceles que fueron anulados en febrero. Poco más de un año después de imponer muchos de los gravámenes, se espera que el gobierno empiece a aceptar solicitudes de reembolsos, renunciando a su preciada fuente de ingresos, más intereses.
Para algunas empresas estadounidenses, los muy anticipados reembolsos podrían ser sustanciales, y ofrecerían alivio financiero crítico, aunque tardío. Los aranceles son impuestos sobre las importaciones, por lo que las políticas comerciales del presidente Trump han supuesto una gran carga para las empresas que dependen de productos extranjeros. Muchas han tenido que elegir entre absorber los aranceles, recortar otros costos o traspasar los gastos a los consumidores.
Esas empresas pueden empezar a presentar documentación al gobierno para recuperar lo que pagaron en aranceles ahora revocados. Como muestra de la exigencia, más de 3000 empresas, incluidas FedEx y Costco, ya han demandado al gobierno de Trump en un intento de conseguir sus reembolsos, y algunos casos se presentaron incluso antes del fallo de la Corte Suprema.
Pero únicamente las compañías que pagaron oficialmente los aranceles tienen derecho a recuperar ese dinero. Eso significa que el universo más amplio de personas afectadas por las políticas de Trump -incluidos millones de estadounidenses que pagaron precios más altos por los productos que compraron- no pueden solicitar una reparación directa.
Que los consumidores obtengan algún beneficio depende de si las empresas comparten las ganancias, algo a lo que pocas se han comprometido públicamente a hacer. Algunas han empezado a agruparse en demandas colectivas con la esperanza de recibir un pago. El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
Muchos empresarios dijeron que no estaban seguros de la facilidad del proceso de devolución de los aranceles, sobre todo al tener en cuenta la oposición declarada de Trump a reintegrar el dinero. El gobierno ha insinuado que podrían pasar meses antes de que las empresas reciban algún dinero. Para aumentar la incertidumbre, la Casa Blanca se ha negado a confirmar si recurrirá nuevamente a los tribunales en un intento de detener algunas o todas las devoluciones.
Melkon Khosrovian, cofundador de la destilería Greenbar de Los Ángeles, se preparó para el proceso de devolución reuniendo documentos y registrándose en el nuevo portal de devoluciones del gobierno. Los aranceles de Trump habían sido una “pesadilla” para su destilería, dijo, la cual requiere ingredientes cultivados en el extranjero como vainilla, nuez moscada, bayas de enebro, café, té e hibisco.
Khosrovian, participante en We Pay the Tariffs (Pagamos los aranceles), una coalición de pequeñas empresas que se han opuesto a las políticas del presidente de EE.UU., admitió que no tenía muchas esperanzas de ver un reembolso pronto. Su empresa había pagado casi 100.000 dólares en aranceles que ahora se consideran ilegales.
“Pensamos que puede que nos lo devuelvan, puede que no. Parece un proceso muy opaco”, dijo
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que gestiona el proceso de devolución de aranceles, se negó a poner a funcionarios a disposición para una entrevista.
El meollo de la cuestión el conjunto, en constante cambio, de los llamados aranceles recíprocos que Trump impuso el año pasado al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, por su sigla en inglés.
Ningún presidente anterior había utilizado nunca esta ley de 1977 para aplicar aranceles, lo que llevó a la Corte Suprema a fallar en contra de Trump en febrero. La decisión puso fin al poder comercial más ágil y potente de Trump, que había utilizado para una vasta variedad de propósitos, desde la lucha contra las drogas ilegales hasta la protección de aliados políticos en el extranjero.
Aunque el gobierno ha perdido casos comerciales en el pasado -y se ha visto obligado a devolver dinero como consecuenci–, el proceso de devolución que ahora espera a Trump no se parece a ninguno de la historia reciente. Según el propio recuento del gobierno, en marzo había más de 330.000 importadores que habían pagado aranceles IEEPA por más de 53 millones de entradas.
El gobierno calcula que acumuló más de 166.000 millones de dólares en ingresos procedentes de esas tasas sobre las importaciones. Según Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto Cato, de tendencia libertaria, se espera que ese saldo pendiente acumule unos 650 millones de dólares adicionales en intereses cada mes, o unos 22 millones de dólares al día.
Las implicaciones fiscales por sí mismas llevaron a Trump a afirmar a lo largo de la batalla legal que una pérdida podría llevar al gobierno a una “¡GRAN DEPRESIÓN!”, afirmación que los economistas rechazan ampliamente. Una vez que la Corte Suprema falló en su contra, su gobierno intentó ralentizar el proceso hasta que la Corte de Comercio Internacional intervino en marzo y ordenó al gobierno que devolviera el dinero a los importadores.
La orden del tribunal de comercio pareció desencadenar una carrera de obstáculos entre los funcionarios federales de aduanas para armar un proceso digital que permitiera manejar la avalancha de solicitudes, según los expedientes judiciales. Estos documentos también revelaron los problemas técnicos a los que se enfrentó el gobierno de Trump al intentar devolver el dinero.
Entre los muchos obstáculos, el gobierno de Trump dijo que tuvo que poner en marcha un sistema completamente nuevo que pudiera procesar las devoluciones en bloque y separar los aranceles anulados por la Corte de los vigentes sobre esos mismos bienes. Al principio, el gobierno ni siquiera tenía forma de ingresar el dinero directamente en las cuentas bancarias de la mayoría de los importadores, dijeron los funcionarios de aduanas.
Como resultado, el sistema de devolución que se estrena, conocido como CAPE, solo podrá procesar importaciones en un punto determinado del proceso de pago de aranceles. Esto abarca aproximadamente el 63 por ciento de las entradas de importación sujetas a los aranceles del IEEPA, dijo anteriormente el gobierno, aunque tiene previsto ampliar el sistema en breve. En su orientación pública, las aduanas dijeron que esperaban tardar entre 60 y 90 días en emitir un reembolso una vez aceptada la solicitud del importador.
Katie Hilferty, quien supervisa la práctica comercial en el bufete de abogados Morgan Lewis de Washington, describió el proceso de devolución como novedoso y complejo, y añadió que estaría “gratamente sorprendida” si las devoluciones se pagaran tan rápidamente como afirmó el gobierno. El gobierno de Trump empieza a devolver los aranceles cobrados en el último año, tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló. (Mark Abramson/The New York Times)
Pero añadió que, dado el tamaño de la operación, “no me sorprendería que se produjeran fallos técnicos u otros errores de procesamiento”.
Algunos propietarios de pequeñas empresas parecían especialmente pesimistas, sobre todo después de soportar un año de presiones arancelarias siempre cambiantes por parte de Washington.
“No diría que soy en absoluto optimista respecto a que vayan a llegar a tiempo”, dijo Cassie Abel, fundadora y directora ejecutiva de Wild Rye, que fabrica ropa para mujer. Su empresa también participó en la coalición We Pay the Tariffs, que se ha opuesto al presidente. Abel dijo que esperaba unos 250.000 dólares en devoluciones, más intereses.
Incluso si consiguen recuperar sus aranceles, es probable que las mayores empresas estadounidenses se vean presionadas para compartir cualquier reembolso con los clientes, quienes han visto subir los precios como consecuencia de los aranceles de Trump.
Al menos una empresa, FedEx, ya ha dicho que intentaría devolver el dinero a los clientes. El gigante del transporte figura a menudo como importador registrado, pero traslada los aranceles adeudados a los clientes y empresas que compraron las mercancías.
Otra empresa, Costco, ha señalado que podría trasladar los beneficios de las devoluciones recibidas a los compradores, potencialmente en forma de precios más bajos. Sin embargo, el minorista de compras a granel sigue enfrentándose a una nueva demanda colectiva de compradores que creen que debería devolver el dinero directamente a los clientes.
Alex Durante, economista jefe de la Tax Foundation, una organización sin ánimo de lucro que suele estar a favor de bajar los impuestos, dijo que no esperaba que las empresas mostraran un “impulso inmediato de devolver todo eso a los consumidores”.
Por un lado, dijo, muchas empresas se preparan para que el presidente Trump finalice una serie de nuevos aranceles que sustituyan a los que la Corte Suprema invalidó. Eso, explicó, probablemente también limitaría a las empresas el gasto de gran parte de sus devoluciones en contratación o producción, y neutralizaría cualquier impacto económico.
“Siguen en un mundo de incertidumbre”, dijo Durante, en referencia a las empresas, y añadió que la dinámica “no ha cambiado tanto”.
Para imponer sus aranceles de reemplazo, el gobierno de Trump ha abierto investigaciones sobre decenas de prácticas comerciales de otros países, en virtud de una disposición de la Ley de Comercio de 1974.
Se espera que esas investigaciones resulten en aranceles de magnitud similar a los que anuló la Corte Suprema. Trump ya ha aplicado un arancel temporal del 10 por ciento a la mayoría de las importaciones, utilizando otra sección de la ley de 1974.
Las pequeñas empresas y los estados han vuelto a desafiar a Trump por su uso de esta última autoridad, conocida como Sección 122. Las empresas en ese caso están representadas por el Liberty Justice Center, el grupo jurídico que se impuso a Trump por sus aranceles de la IEEPA ante la Corte Suprema.
Sara Albrecht, presidenta del centro, se mostraba optimista antes del lunes respecto a que las devoluciones podrían avanzar a buen ritmo. Pero, añadió, no desharía el daño causado a las empresas desde que Trump anunció sus aranceles en el acto que había bautizado como “Día de la Liberación” en abril de 2025.
“Sigue sin reparar el daño que padecieron las pequeñas empresas el año pasado”, dijo Albrecht, y explicó que los despidos y otros recortes que debieron aplicar significan que “no van a quedar plenamente resarcidas”.
Por Tony Romm y Ana Swanson.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
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El agujero en el hielo al final de la Tierra

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EXCLUSIVE: SPLC’s ‘far-left’ ‘anti-racism’ curriculum found in classrooms as early as kindergarten: watchdog

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EXCLUSIVE: As the liberal activist organization Southern Poverty Law Center (SPLC) faces federal fraud charges, an education watchdog warns that the group continues to integrate its «far-left content and materials» into classrooms as early as kindergarten in more than 40 states across the U.S.
Nicole Neily, president of Defending Education, which was once labeled an «extremist» group by SPLC, told Fox News Digital that «unbeknownst to parents, the Southern Poverty Law Center has been poisoning pupils’ minds around the country for years with its toxic curriculum.»
Defending Education published a new exposé detailing how an SPLC education program called «Learning for Justice» (formerly «Teaching Tolerance») has been integrated into K-12 lesson plans and materials in 169 school districts in 42 states, plus Washington, D.C. According to the watchdog, the program reinforces «far-left cultural and political ideologies,» including «anti-racism, Black Lives Matter, gender ideology and queer theory, white privilege, white supremacy, whiteness, and transgenderism.»
Neily said that due to SPLC’s integration in schools, «issues such as queer theory, white privilege, and anti-racism have supplanted traditional coursework in history, social studies, and other core classes,» which she said is «teaching children to view themselves and others through the lens of identity politics, and that America is forever stained by its original sin.»
CRITICS SAY K-12 ETHNIC STUDIES PUSH TEACH STUDENTS ABOUT CISHETERONORMATIVITY, BLACK PANTHER PARTY
Angry parents and community members protest after a Loudoun County School Board over critical race theory. (Evelyn Hockstein via Reuters)
According to Neily, the materials «intentionally sow division and mistrust between students at a formative stage of their development,» adding that «it is deeply disappointing that administrators and educators believe this is an appropriate use of finite classroom time and resources.»
The SPLC did not respond to requests for comment on Defending Education’s report.
The report reveals that SPLC’s website and documents can be found on school district webpages, in teacher professional development and trainings, classroom lessons, district-wide curricula, Social Emotional Learning, social justice standards, and district antiracism and equity policies and resources.
SPLC’s Learning for Justice program, which the report says is focused on «education for liberation,» encourages the implementation of a set of anchor standards and «age-appropriate learning outcomes» divided into the domains of identity, diversity, justice and action.
Under the action category, students are encouraged to commit to join with «diverse people to plan and carry out collective action against exclusion, prejudice and discrimination» and to be «thoughtful and creative in our actions in order to achieve our goals.»
Defending Education said the New York State Education Department added «equity revisions» to its NY Social Emotional Learning Benchmarks that aligned the benchmarks with SPLC’s social justice standards.
The report also notes that the Smithsonian’s National Museum of the American Indian lists Learning for Justice as a recommended resource in certain lesson materials. It further points to guidance and curriculum resources from the California Department of Education and Illinois State Board of Education, as well as Chicago Public Schools, that include or reference the standards.
CHICAGO SCHOOLS BLASTED BY PARENTS’ RIGHTS WATCHDOG OVER ‘APPALLING’ LGBT AGENDA REVEALED IN UNEARTHED DOCS

Opponents of Critical Race Theory attend a packed Loudoun County School board meeting in Ashburn, Virginia, on June 22, 2021, which erupted into chaos and led to two detentions. (Evelyn Hockstein/Reuters)
According to the report, Learning for Justice materials are also incorporated into curriculum and lesson plans for younger students in several districts. The report cites examples, including Cambridge Public Schools in Massachusetts, integrating the Social Justice Standards into junior kindergarten through fifth-grade physical education, and Yonkers Public Schools in New York, using the standards in pre-kindergarten project-based learning units. It also points to Princeton Public Schools in New Jersey updating its early childhood curriculum using the framework.
Rhyen Staley, director of research at Defending Education, posited that the «amount of influence the SPLC’s programming and content has had on district policies, learning standards, curriculums, and lessons is a real concern for families who value a bias-free learning environment.»
«No organization that labels concerned parents as ‘extremists’ and members of ‘hate groups’ should have its biased content used in K-12 schools,» said Staley, adding that «district leaders should end the use of this organization’s materials and ideas.»
SPLC, an Alabama-based organization that describes itself as a «beacon of hope» for «fighting White supremacy,» was indicted late last month on federal fraud charges from a years-long alleged covert paid informant program that Justice Department officials said allocated millions of dollars in donations to a network of informants affiliated with or closely tied to White supremacist and neo-Nazi groups.
The 11-count indictment accuses the Southern Poverty Law Center (SPLC) of wire fraud, false statements to a federally insured bank and conspiracy to commit concealed money laundering. According to the Justice Department, the SPLC sent some $3 million to its paid informants between 2014 and 2023, including people affiliated with the United Klans of America, the National Socialist Party of America and the Aryan Nations-linked Sadistic Souls Motorcycle Club, among others.
NEO-NAZIS, ‘SADISTIC’ BIKERS AND CHARLOTTESVILLE ORGANIZER: 5 OF THE MOST SHOCKING SPLC INFORMANTS

Acting Attorney General Todd Blanche, left, and SPLC interim President and CEO Bryan Fair are shown in a split image as the Justice Department pursues charges against the Southern Poverty Law Center. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images; USA TODAY Network via Imagn Images)
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SPLC has denied all allegations of wrongdoing, with a spokesperson defending its work monitoring White supremacist groups and other violent extremist organizations — including via the paid informant program — telling Fox News Digital that their use has «saved lives.»
Fox News Digital reached out to the New York State Education Department, Smithsonian National Museum of the American Indian, California Department of Education, Illinois State Board of Education, Chicago Public Schools, Cambridge Public Schools, Yonkers Public Schools and Princeton Public Schools for comment.
Fox News Digital’s Breanne Deppisch and Preston Mizell contributed to this report.
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La crisis terminal de Cuba, la isla que se apaga: cortes de luz, falta de comida y basura en cada esquina

Llegamos a Cuba con el pretexto de hacer un viaje turístico. El tiempo para esta cobertura será de una semana exacta, buscando contar y documentar la crisis energética, social y económica que vive el país que vuelve a estar en los titulares de los medios del mundo. Nos recibe la desolación: una población para la cual vivir hoy es subsistir. Caminar kilómetros para buscar lo que queda en las bodegas, donde acceden a lo que les corresponde según la libreta, y luego comprar lo que puedan en algún negocio de la capital para completar, en muchos casos, apenas una comida al día.
La Habana nos recibe casi sin turismo, opacada por la suciedad y el abandono. La vieja gloria de la ciudad hoy se desmorona lentamente. Las fachadas de los solares se descascaran. De a ratos, parece la postal de un país en guerra: edificios derruidos y otros directamente reducidos a escombros. Familias que viven con el temor de ser víctimas de otro derrumbe. Otras que padecen la escasez de medicamentos, y otras que simplemente buscan planear la salida.
“¿Cómo está la situación en Cuba?”, le preguntamos a un hombre que nos invita a pasar a su casa. “De difícil a imposible en ese tramo”, indica con las manos. Nos cuenta que vive de alquilar un pequeño cuarto y que en su misma casa también vive con sus padres: su papá, de 88 años y su mamá de 76. “Ahora mismo es imposible vivir en Cuba. Imposible. Mira las calles cómo están. Todo se está cayendo, todo se está derrumbando. Todas esas epidemias, producto de todas esas cochinadas que hay en las calles. No hay medicamentos en los hospitales. Mi padre peleó por esto”.
“¿Y sigue siendo revolucionario?“, le repreguntamos. Nos dice que no con su gesto.
Documental completo: Cuba, la isla que se apaga
La incertidumbre es total. Cuando llegamos a la isla, a fines de marzo, no ingresaba petróleo desde hacía tres meses. Mientras Donald Trump repite la frase “Cuba is next” y empieza a especularse sobre cuál puede ser el destino del castrismo, los cubanos sobreviven con hambre de todo tipo. En especial, con hambre de cambio y libertad. Así lo resume una mujer de 66 años que convive hace cinco con un dolor en la rodilla producto de una caída. “Que cambie todo esto y que podamos estar como las personas”, dice ante nuestra cámara, antes de quebrarse.
Hoy, en Cuba, se habla de alumbrones, más que de apagones, dada la extensión en el tiempo que suelen tener los cortes de energía. Eso hizo que volviera ese término acuñado en el llamado Período Especial, una de las mayores crisis en la historia de la isla. “¿Hace cuánto no tienen luz?”, le preguntamos a una mujer que estaba sentada en una vereda, en medio de un apagón. “Desde las seis de la tarde”, dice. “¿Y cuántos días estuvieron así con cortes?”, repreguntamos. “¿Cuántos días? Es todos los días, mami”, contesta la señora.
La crisis energética afecta el funcionamiento de lo más básico, desde el sistema de salud, hasta la conservación de alimentos. “Vea cuántas horas nos metemos sin luz. Estamos a expensas de que nos la quiten a las seis de la tarde y no la ponen más hasta las seis de la mañana… La comida ya hay que comprarla hoy en día en Cuba a diario, para que no se eche a perder. Un paquete de picadillo (carne picada). Porque si tú compras un paquete de pollo, que está carísimo -casi es un salario hoy en día-, se echa a perder”, cuenta un hombre que se define como “un comunista más, pero diciendo la verdad”.
Los cortes de luz diarios alteraron por completo la rutina en Cuba: familias enteras pasan horas a oscuras en medio del calor y la escasez. (Foto: Juan Pablo Cháves).
Además de los recurrentes cortes de luz, muchas casas tampoco tienen agua. Circulan, a diario, camiones cisterna a los que la gente se acerca para cargar baldes y bidones. El transporte público es casi inexistente y las motos eléctricas, que funcionan con baterías recargables, y las bicicletas que empujan carros metálicos que trasladan hasta dos personas se convirtieron en los protagonistas de la calle.
Si bien todo el país está en estado crítico, lo que pasa en el sistema de salud y con el acceso a los medicamentos, es especialmente grave. Entramos a una farmacia en La Habana y lo comprobamos a simple vista. Los estantes vacíos ya indican que el panorama es desolador. Nos atiende una mujer afónica que nos confirma lo que la imagen del lugar revela por sí sola. Prácticamente, no hay nada. “Mira cómo estoy yo”, dice con una sonrisa.
A todas las adversidades, se suma el desplome del motor central de la economía cubana: el turismo. Hoteles cerrados y restaurantes vacíos son ahora el paisaje habitual de La Habana y los principales polos turísticos.
Recorrer los barrios de la capital por las noches es circular de a ratos por una ciudad fantasma, abandonada. Solo ofrece alivio la postal de alguna casa o comercio con generador o las voces de vecinos conversando y las risas de los chicos en la vereda. Todos esperando que el tiempo pase y se lleve con él la oscuridad que hoy lo inunda todo.
La Revolución impone sus símbolos, pero la realidad impone sus verdades. Cuba se está apagando. Y ya no hay relato que la engañe.
Esta es la historia de un país que se derrumba.
Pero también es la historia de un pueblo en busca de la esperanza y la dignidad perdidas.
Aura, cuba
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