INTERNACIONAL
El gobierno de Trump empieza a devolver US$166.000 millones de aranceles cobrados en el último año
Cuando el presidente Donald Trump desveló sus extensos aranceles globales en abril de 2025, se jactó de que generarían ganancias inesperadas y “harían a Estados Unidos rico de nuevo”. Pero después de sufrir una derrota significativa ante la Corte Suprema, Trump está a punto de devolver el dinero.
El gobierno de Trump tiene previsto dar los primeros pasos para reintegrar más de US$166.000 millones recaudados de aranceles que fueron anulados en febrero. Poco más de un año después de imponer muchos de los gravámenes, se espera que el gobierno empiece a aceptar solicitudes de reembolsos, renunciando a su preciada fuente de ingresos, más intereses.
Para algunas empresas estadounidenses, los muy anticipados reembolsos podrían ser sustanciales, y ofrecerían alivio financiero crítico, aunque tardío. Los aranceles son impuestos sobre las importaciones, por lo que las políticas comerciales del presidente Trump han supuesto una gran carga para las empresas que dependen de productos extranjeros. Muchas han tenido que elegir entre absorber los aranceles, recortar otros costos o traspasar los gastos a los consumidores.
Esas empresas pueden empezar a presentar documentación al gobierno para recuperar lo que pagaron en aranceles ahora revocados. Como muestra de la exigencia, más de 3000 empresas, incluidas FedEx y Costco, ya han demandado al gobierno de Trump en un intento de conseguir sus reembolsos, y algunos casos se presentaron incluso antes del fallo de la Corte Suprema.
Pero únicamente las compañías que pagaron oficialmente los aranceles tienen derecho a recuperar ese dinero. Eso significa que el universo más amplio de personas afectadas por las políticas de Trump -incluidos millones de estadounidenses que pagaron precios más altos por los productos que compraron- no pueden solicitar una reparación directa.
Que los consumidores obtengan algún beneficio depende de si las empresas comparten las ganancias, algo a lo que pocas se han comprometido públicamente a hacer. Algunas han empezado a agruparse en demandas colectivas con la esperanza de recibir un pago. El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
Muchos empresarios dijeron que no estaban seguros de la facilidad del proceso de devolución de los aranceles, sobre todo al tener en cuenta la oposición declarada de Trump a reintegrar el dinero. El gobierno ha insinuado que podrían pasar meses antes de que las empresas reciban algún dinero. Para aumentar la incertidumbre, la Casa Blanca se ha negado a confirmar si recurrirá nuevamente a los tribunales en un intento de detener algunas o todas las devoluciones.
Melkon Khosrovian, cofundador de la destilería Greenbar de Los Ángeles, se preparó para el proceso de devolución reuniendo documentos y registrándose en el nuevo portal de devoluciones del gobierno. Los aranceles de Trump habían sido una “pesadilla” para su destilería, dijo, la cual requiere ingredientes cultivados en el extranjero como vainilla, nuez moscada, bayas de enebro, café, té e hibisco.
Khosrovian, participante en We Pay the Tariffs (Pagamos los aranceles), una coalición de pequeñas empresas que se han opuesto a las políticas del presidente de EE.UU., admitió que no tenía muchas esperanzas de ver un reembolso pronto. Su empresa había pagado casi 100.000 dólares en aranceles que ahora se consideran ilegales.
“Pensamos que puede que nos lo devuelvan, puede que no. Parece un proceso muy opaco”, dijo
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que gestiona el proceso de devolución de aranceles, se negó a poner a funcionarios a disposición para una entrevista.
El meollo de la cuestión el conjunto, en constante cambio, de los llamados aranceles recíprocos que Trump impuso el año pasado al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, por su sigla en inglés.
Ningún presidente anterior había utilizado nunca esta ley de 1977 para aplicar aranceles, lo que llevó a la Corte Suprema a fallar en contra de Trump en febrero. La decisión puso fin al poder comercial más ágil y potente de Trump, que había utilizado para una vasta variedad de propósitos, desde la lucha contra las drogas ilegales hasta la protección de aliados políticos en el extranjero.
Aunque el gobierno ha perdido casos comerciales en el pasado -y se ha visto obligado a devolver dinero como consecuenci–, el proceso de devolución que ahora espera a Trump no se parece a ninguno de la historia reciente. Según el propio recuento del gobierno, en marzo había más de 330.000 importadores que habían pagado aranceles IEEPA por más de 53 millones de entradas.
El gobierno calcula que acumuló más de 166.000 millones de dólares en ingresos procedentes de esas tasas sobre las importaciones. Según Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto Cato, de tendencia libertaria, se espera que ese saldo pendiente acumule unos 650 millones de dólares adicionales en intereses cada mes, o unos 22 millones de dólares al día.
Las implicaciones fiscales por sí mismas llevaron a Trump a afirmar a lo largo de la batalla legal que una pérdida podría llevar al gobierno a una “¡GRAN DEPRESIÓN!”, afirmación que los economistas rechazan ampliamente. Una vez que la Corte Suprema falló en su contra, su gobierno intentó ralentizar el proceso hasta que la Corte de Comercio Internacional intervino en marzo y ordenó al gobierno que devolviera el dinero a los importadores.
La orden del tribunal de comercio pareció desencadenar una carrera de obstáculos entre los funcionarios federales de aduanas para armar un proceso digital que permitiera manejar la avalancha de solicitudes, según los expedientes judiciales. Estos documentos también revelaron los problemas técnicos a los que se enfrentó el gobierno de Trump al intentar devolver el dinero.
Entre los muchos obstáculos, el gobierno de Trump dijo que tuvo que poner en marcha un sistema completamente nuevo que pudiera procesar las devoluciones en bloque y separar los aranceles anulados por la Corte de los vigentes sobre esos mismos bienes. Al principio, el gobierno ni siquiera tenía forma de ingresar el dinero directamente en las cuentas bancarias de la mayoría de los importadores, dijeron los funcionarios de aduanas.
Como resultado, el sistema de devolución que se estrena, conocido como CAPE, solo podrá procesar importaciones en un punto determinado del proceso de pago de aranceles. Esto abarca aproximadamente el 63 por ciento de las entradas de importación sujetas a los aranceles del IEEPA, dijo anteriormente el gobierno, aunque tiene previsto ampliar el sistema en breve. En su orientación pública, las aduanas dijeron que esperaban tardar entre 60 y 90 días en emitir un reembolso una vez aceptada la solicitud del importador.
Katie Hilferty, quien supervisa la práctica comercial en el bufete de abogados Morgan Lewis de Washington, describió el proceso de devolución como novedoso y complejo, y añadió que estaría “gratamente sorprendida” si las devoluciones se pagaran tan rápidamente como afirmó el gobierno. El gobierno de Trump empieza a devolver los aranceles cobrados en el último año, tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló. (Mark Abramson/The New York Times)
Pero añadió que, dado el tamaño de la operación, “no me sorprendería que se produjeran fallos técnicos u otros errores de procesamiento”.
Algunos propietarios de pequeñas empresas parecían especialmente pesimistas, sobre todo después de soportar un año de presiones arancelarias siempre cambiantes por parte de Washington.
“No diría que soy en absoluto optimista respecto a que vayan a llegar a tiempo”, dijo Cassie Abel, fundadora y directora ejecutiva de Wild Rye, que fabrica ropa para mujer. Su empresa también participó en la coalición We Pay the Tariffs, que se ha opuesto al presidente. Abel dijo que esperaba unos 250.000 dólares en devoluciones, más intereses.
Incluso si consiguen recuperar sus aranceles, es probable que las mayores empresas estadounidenses se vean presionadas para compartir cualquier reembolso con los clientes, quienes han visto subir los precios como consecuencia de los aranceles de Trump.
Al menos una empresa, FedEx, ya ha dicho que intentaría devolver el dinero a los clientes. El gigante del transporte figura a menudo como importador registrado, pero traslada los aranceles adeudados a los clientes y empresas que compraron las mercancías.
Otra empresa, Costco, ha señalado que podría trasladar los beneficios de las devoluciones recibidas a los compradores, potencialmente en forma de precios más bajos. Sin embargo, el minorista de compras a granel sigue enfrentándose a una nueva demanda colectiva de compradores que creen que debería devolver el dinero directamente a los clientes.
Alex Durante, economista jefe de la Tax Foundation, una organización sin ánimo de lucro que suele estar a favor de bajar los impuestos, dijo que no esperaba que las empresas mostraran un “impulso inmediato de devolver todo eso a los consumidores”.
Por un lado, dijo, muchas empresas se preparan para que el presidente Trump finalice una serie de nuevos aranceles que sustituyan a los que la Corte Suprema invalidó. Eso, explicó, probablemente también limitaría a las empresas el gasto de gran parte de sus devoluciones en contratación o producción, y neutralizaría cualquier impacto económico.
“Siguen en un mundo de incertidumbre”, dijo Durante, en referencia a las empresas, y añadió que la dinámica “no ha cambiado tanto”.
Para imponer sus aranceles de reemplazo, el gobierno de Trump ha abierto investigaciones sobre decenas de prácticas comerciales de otros países, en virtud de una disposición de la Ley de Comercio de 1974.
Se espera que esas investigaciones resulten en aranceles de magnitud similar a los que anuló la Corte Suprema. Trump ya ha aplicado un arancel temporal del 10 por ciento a la mayoría de las importaciones, utilizando otra sección de la ley de 1974.
Las pequeñas empresas y los estados han vuelto a desafiar a Trump por su uso de esta última autoridad, conocida como Sección 122. Las empresas en ese caso están representadas por el Liberty Justice Center, el grupo jurídico que se impuso a Trump por sus aranceles de la IEEPA ante la Corte Suprema.
Sara Albrecht, presidenta del centro, se mostraba optimista antes del lunes respecto a que las devoluciones podrían avanzar a buen ritmo. Pero, añadió, no desharía el daño causado a las empresas desde que Trump anunció sus aranceles en el acto que había bautizado como “Día de la Liberación” en abril de 2025.
“Sigue sin reparar el daño que padecieron las pequeñas empresas el año pasado”, dijo Albrecht, y explicó que los despidos y otros recortes que debieron aplicar significan que “no van a quedar plenamente resarcidas”.
Por Tony Romm y Ana Swanson.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
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INTERNACIONAL
FIRST ON FOX: ActBlue board members in hot seat as GOP probes ‘serious’ misconduct allegations
NEWYou can now listen to Fox News articles!
FIRST ON FOX: Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue, seeking interviews with board members as scrutiny intensifies over the platform’s handling of foreign donations.
The GOP chairs of three House committees are requesting that five members of ActBlue’s board sit for transcribed interviews and produce a slew of documents related to their involvement in the payment processor’s response to allegations of donor fraud.
The board members have until June 16 to voluntarily comply with the Republicans’ invitation, according to a copy of the letters reviewed by Fox News Digital.
The letters come as ActBlue is under intense pressure over whether it accurately represented its fraud-prevention practices and handling of foreign donations that may have been routed through the platform into U.S. elections. The Republican-led committees have accused the platform of stonewalling their investigation by withholding documents subpoenaed by the panel and failing to be transparent after learning about the potential misrepresentation of facts.
Congressional investigators are expanding their probe into Democratic fundraising giant ActBlue. (Getty Images)
DEM FUNDRAISING GIANT IN THE HOT SEAT AS GOP LAWMAKERS DEMAND ANSWERS OVER DODGED SUBPOENA
«Information produced to the Committees and public reporting indicate that ActBlue’s Board of Directors may have participated in or been aware of this misconduct,» House Administration Committee Chairman Brian Steil, R-Wis., House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan, R-Ohio, wrote in the letters. «Accordingly, we write to request your voluntary cooperation with our oversight.»
A spokesperson for ActBlue did not immediately respond to a request for comment.
House Republicans’ widening probe into ActBlue comes as the group’s embattled CEO, Regina Wallace-Jones, is expected to testify before the House Administration Committee about the platform’s vetting of foreign donations at a June 10 hearing.
«Ms. Wallace-Jones allegedly misled our committee at the outset of our investigation into ActBlue’s fraud prevention standards,» Steil previously told Fox News Digital. «It’s past time we set the record straight and got answers for the American people.»
Central to those concerns is reporting that ActBlue’s own attorneys questioned whether the organization had accurately described some of its fraud-prevention practices to Congress.
According to The New York Times, Covington & Burling, ActBlue’s then-outside counsel, warned Wallace-Jones in early 2025 that she may have given misleading comments to Steil’s committee about how the platform screened potentially illegal contributions, including those from foreign donors.
ActBlue did not immediately clarify that some of its screening procedures for fraudulent donations were not always followed as described to congressional investigators, the outlet reported.
House Oversight Committee Chairman James Comer, Committee on House Administration Chairman Bryan Steil and House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan are leading investigations into ActBlue. (AP)
ACTBLUE SCRUTINY FUELS NEW GOP BILLS TO TIGHTEN ELECTION DONATION RULES
ActBlue’s new outside counsel later acknowledged in a June 2025 letter that the payment processor strengthened certain donor-screening procedures, months after the board learned of the concerns raised by Covington.
«We saw it as we weren’t going to poke the bear by issuing a correction for things that, frankly, the committee hadn’t necessarily looked at more closely,» Kimberly Peeler-Allen, chairwoman of the ActBlue board of directors, told The Times in April.
Peeler-Allen is among the targets of the new round of interview requests.
The Republican chairs are also scrutinizing the board’s response to a wave of high-profile departures and alleged retaliation that occurred following internal concerns that ActBlue may have provided misleading information to Congress.
An ActBlue lawyer had his access to ActBlue’s computer networks cut off after he tried to warn the board about the group’s potential legal jeopardy, The Times reported. According to the outlet, two ActBlue unions later warned the board about current leadership’s association with a «growing pattern of volatility and toxicity» and asserted that the constant turnover was «eroding our confidence in the stability of the organization.»
ActBlue CEO Regina Wallace-Jones, a delegate from California, wears a U.S.-flag themed outfit ahead of the Democratic National Convention at the United Center in Chicago on Aug. 19, 2024. (Vincent Alban/Reuters)
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«The union noted that ActBlue’s legal and compliance functions had been compromised,» the group of Republicans said in the letter. «It is unclear what actions the Board took in response to these serious allegations.»
ActBlue has consistently denied any wrongdoing and has not been criminally charged. Spokespersons for the payment processor have previously cast the congressional probe as an attempt by Republicans to undermine the group — a key plank of the Democratic Party’s financial infrastructure — ahead of November’s midterm elections.
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El presidente Donald Trump dejó claro lo que quería cuando reunió a líderes conservadores latinoamericanos en Florida el pasado mes de marzo. Al prometer que, juntos, habrían de “erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región”, Trump dijo a los líderes que solo necesitaba una cosa.
“Necesitamos su ayuda”, dijo. “Díganos dónde están”.
Trump podría ganar ahora un aliado en un país que, según los expertos, es el más importante para esa misión fuera de México: Colombia.
Abelardo de la Espriella, un abogado penalista sin experiencia política que se hace llamar “El Tigre”, aventajó el domingo a su rival conservador en las elecciones presidenciales de Colombia y pasó a la segunda vuelta.
Se enfrentará el 21 de junio a un senador de izquierda del partido del presidente Gustavo Petro. Además de construir 10 megacárceles, De la Espriella ha prometido que aplastará a los grupos de traficantes armados de su país.
“Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria”, dijo De la Espriella en un discurso pronunciado en Barranquilla tras los resultados.
Por el contrario, su oponente político de izquierda, Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, ha advertido contra el uso excesivo de la fuerza militar y ha denunciado lo que denomina “la fracasada guerra contra el narcotráfico”, que, según dijo, ha hecho poco por frenar el comercio mundial.
Si gana De la Espriella, sería un triunfo para Trump en la región, dijo Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, que calificó a Colombia de “aliado número uno para Estados Unidos”.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y el hogar de varios grupos de traficantes importantes que el gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas.
A medida que los grupos armados luchan por el control de las rutas de la cocaína y las minas de oro ilegales, también se han desbordado a través de las fronteras de Colombia hacia Venezuela, Ecuador y Brasil, países de tránsito clave para la cocaína.
De la Espriella enfocó su campaña en la promesa de tomar medidas drásticas contra los grupos, así como de reprimir la delincuencia urbana, en lo que, según los expertos, equivale a una mezcla de Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Ha propuesto construir 10 megacárceles privadas «en la mitad de la nada» y ha planteado la idea de promulgar una legislación “temporal” que otorgue a su gobierno amplios poderes para encerrar a más delincuentes, lo que ha provocado comparaciones con el estado de excepción que El Salvador y Ecuador han utilizado para desplegar al ejército contra los miembros de las bandas.
De la Espriella ha prometido bombardear los “campamentos narcoterroristas” el primer día y recuperar el control del gobierno en las zonas de conflicto en un plazo de 90 días.
También ha prometido perseguir la producción de coca, y calificó a la cocaína de “fuente primigenia de todas las formas de violencia”, y ha dicho que erradicará más de 330.000 hectáreas de plantaciones de coca -una superficie del tamaño de Rhode Island- con la reanudación de la fumigación aérea, una técnica que se prohibió después de que fuera relacionada con riesgos para la salud. (Ha dicho que utilizará un producto químico más seguro).
Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en América Latina. Aunque la colaboración ha continuado, los expertos afirman que Petro, el primer dirigente de izquierda de Colombia, tensó esa relación, al denunciar como “asesinato” los ataques de Trump a barcos frente a las costas de Sudamérica que, según él, transportan drogas.
“Estados Unidos no hizo muy privado que quiere un nuevo presidente en Colombia que siga lo que Estados Unidos quiere en la región”, dijo Sánchez, al describir que la prioridad del gobierno de Trump es conseguir nuevos socios en un “esfuerzo de cooperación en materia de narcoseguridad” en toda la región.
A través de una coalición militar recién formada para erradicar los cárteles, Estados Unidos está tratando de persuadir a sus aliados en Latinoamérica para que permitan ataques militares en conjunto con Estados Unidos contra grupos delictivos dentro de sus territorios, según ha informado The New York Times.
De la Espriella ha sugerido que, aunque no permitiría operaciones militares estadounidenses en suelo colombiano -una línea roja para muchos gobiernos de la región-, sí incluiría a Colombia en la alianza, que incluye a casi 20 países latinoamericanos.
El ascenso de De la Espriella representa un desplazamiento en la región de los políticos conservadores tradicionales hacia figuras alineadas con el movimiento MAGA, que promueven la militarización de las fuerzas del orden para responder a la preocupación de los votantes por la delincuencia, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution en Washington.
En la segunda vuelta de Colombia, se preguntará a los votantes: “¿Quieren ir esencialmente a toda marcha en la dirección MAGA? ¿Y a toda marcha en la dirección Bukele?”, dijo Felbab-Brown.
“De la Espriella”, añadió, “está en la extrema derecha de la derecha”.
Sus estrictas propuestas en materia de seguridad preocupan a algunos analistas, quienes afirman que políticas similares en El Salvador y Ecuador han dado lugar a abusos contra los derechos humanos.
De la Espriella también ha adoptado una postura contraria a los migrantes, y prometió deportar a los migrantes que cometan delitos en un país en el que ahora viven hasta tres millones de venezolanos. También ha adoptado posturas sociales conservadoras que resuenan entre muchos votantes de Colombia, un país de mayoría católica, como oponerse al aborto y al derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.
Se ha presentado a sí mismo como partidario de las empresas y del gobierno pequeño, al prometer -al igual que el presidente Javier Milei de Argentina- reducir de manera drástica el gasto público, recortar las normativas, eliminar los organismos gubernamentales “inútiles” y erradicar la corrupción.
El rival de De la Espriella, Cepeda, propone un enfoque totalmente diferente en materia de seguridad.
Cepeda, conocido sobre todo por su labor en la defensa de las víctimas del largo conflicto armado colombiano, ha dicho que protegerá a los colombianos de la violencia. Pero cerró su campaña diciendo que buscaría la paz y la reconciliación y detendría “el ciclo de las violencias” que durante décadas ha visto a las fuerzas de seguridad colombianas atacar a los grupos armados, con bajas masivas en ambos bandos.
No ha dicho que vaya a archivar el muy criticado plan de paz de Petro, “Paz Total”, y ha sostenido que los acuerdos negociados con los actores armados son la única forma de evitar más derramamientos de sangre. Los críticos han dicho que aliviar la presión militar sobre los grupos les había permitido expandirse.
Cepeda ha dicho que su propio plan de seguridad implicará una mayor inversión en las zonas de conflicto, el apoyo a los pequeños agricultores, la creación de empleo y la ayuda a las escuelas para evitar el reclutamiento de niños.
Al enfrentarse a Estados Unidos, Cepeda se aleja de Petro.
Petro discutió a menudo con Trump, pero al final le aseguró que su gobierno estaba llevando a cabo un ataque militar total contra los grupos armados. En una reunión en la Casa Blanca a principios de este año, transmitió que trabajar con Colombia era la mejor apuesta de Trump para lograr sus objetivos antinarcóticos en la región.
De la Espriella se ha inclinado por una imagen de línea dura, y ha dado discursos con el puño en alto. Pero ha rechazado las etiquetas ideológicas y ha dicho que no era “extremo” de la derecha, sino de “extrema coherencia”.
“Al final del día yo no estoy defendiendo ideologías. Yo estoy defendiendo valores y principios”, dijo en una entrevista reciente con un influente colombiano, y citó la familia, la libertad y la seguridad como pilares de su campaña.
Cepeda, por su parte, ha intentado poner en duda el mensaje de ley y orden de De la Espriella.
Al referirse a la carrera de De la Espriella como abogado penalista que representaba con frecuencia a clientes implicados en polémicas relacionadas con la corrupción y las drogas, Cepeda lo calificó de “estafador de estafadores”, que representa un “pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto”.
De la Espriella ha hecho caso omiso del escrutinio de su pasado y ha afirmado de manera repetida que nunca ha sido acusado de ningún delito y ha citado su carrera jurídica como prueba de su compromiso con el Estado de derecho.
Algunos colombianos dijeron estar preocupados por sus mensajes. Juli Salamanca, directora de un grupo de salud trans de Bogotá, dijo que apoyaba a Cepeda por temor a que De la Espriella pudiera erosionar las libertades civiles y poner en peligro derechos que tanto había costado conseguir.
“Representa todos los odios de la sociedad”, dijo.
Otros votantes no estaban de acuerdo. William Bohorquez, quien asistió a un acto de campaña de De la Espriella en Barranquilla el domingo por la noche, dijo que su candidato reconduciría el rumbo de Colombia tras años de liderazgo “a la deriva” bajo Petro, especialmente en su relación con Estados Unidos.
“Donald Trump ve que no hay interés del actual gobierno en acabar con el narcotráfico ni con los criminales”, dijo Bohorquez.
Y añadió: “Por eso, queremos que Abelardo actúe con mano dura contra la delincuencia y contra los grupos armados”.
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Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.
Annie Correal es corresponsal de Latinoamérica para el Times.
Luis Ferré-Sadurní es reportero del Times radicado en Bogotá, Colombia.
Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá.
The New York Times, data-cc, data-cc-nyt
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