POLITICA
El Gobierno enviará al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los dólares del colchón
El Gobierno planea enviar la semana que viene al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para intentar atraer los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que las modificaciones se impulsarán por ley y sostienen que los equipos técnicos están ultimando detalles para remitir el proyecto en los próximos días.
En la Casa Rosada reconocen que el régimen no obtuvo el resultado que esperaban. La lectura interna es que la herramienta generó adhesiones, pero todavía no produjo el volumen de exteriorización ni de ingreso de fondos al circuito formal que buscaba el Ministerio de Economía. Es por eso que Luis Caputo decidió avanzar con cambios después de reunirse con contadores y tributaristas que marcaron objeciones técnicas sobre el alcance del esquema.
En Balcarce 50 apuntan a reforzar la seguridad jurídica del régimen y ampliar los incentivos para que los contribuyentes usen fondos no declarados o fuera del sistema sin quedar expuestos a revisiones fiscales hacia atrás. En Economía insisten en que no se trata de un blanqueo tradicional ni de una amnistía, sino de un sistema que cambia la lógica de fiscalización: menos “presunción de culpabilidad fiscal” y más confianza en la declaración del contribuyente.
La base de la Ley de Inocencia Fiscal es el Régimen Simplificado de Ganancias. Bajo ese esquema, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible, el contribuyente puede aceptar o corregir los datos y el cálculo se concentra en ingresos y gastos deducibles, sin poner el foco inicial en la evolución patrimonial ni en consumos personales.
El beneficio central es el llamado “tapón fiscal”. Si el contribuyente adhiere al régimen, presenta la declaración y paga en término, obtiene efecto liberatorio por el período fiscal base y una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. En la práctica, eso limita la posibilidad de que el fisco vuelva sobre ejercicios anteriores, salvo que detecte inconsistencias relevantes.
Entre los puntos que se analizan en la discusión técnica aparece el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del régimen. En el Gobierno reconocen que parte de las dudas de contadores y tributaristas pasa por el riesgo de que una inconsistencia formal, una diferencia de criterio o un error detectado por ARCA termine dejando al contribuyente fuera del esquema y habilite revisiones más amplias sobre períodos anteriores.
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La normativa vigente prevé la caída de beneficios si el organismo detecta una discrepancia significativa. Por eso, una de las alternativas bajo estudio es ampliar las instancias de rectificación y pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio. En Economía creen que ese punto puede ser clave para reducir el temor de quienes tienen fondos fuera del sistema.
Otro eje bajo revisión es el alcance del universo de contribuyentes que puede adherir. El régimen vigente fija topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. En los equipos que siguen la discusión admiten que esos límites forman parte de los puntos observados por especialistas, aunque todavía evitan confirmar cuál será la redacción final del proyecto.
También aparece en análisis la actualización de umbrales vinculados a reclamos o discusiones tributarias, con el argumento de que algunos montos quedaron desactualizados por la inflación. En Economía buscan que la reforma reduzca zonas de incertidumbre y mejore los incentivos para que más contribuyentes entren al régimen, pero remarcan que los detalles técnicos todavía están siendo terminados.
ARCA ya había instrumentado la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y habilitó el trámite online para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos. El mecanismo se realiza con clave fiscal, a través del Sistema Registral, y debe ratificarse para el período fiscal correspondiente. Además, el organismo prorrogó los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular hasta fines de julio.
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Esa prórroga le dio al Gobierno más tiempo para enviar la reforma al Congreso y buscar su tratamiento antes de que venza el plazo operativo del régimen. Caputo ya había anticipado públicamente que ARCA extendería los vencimientos después de una reunión con contadores, que reclamaban más tiempo para revisar la información precargada y evaluar el impacto del sistema sobre cada contribuyente.
El Ministerio de Economía considera que la reforma puede ayudar a relanzar una de sus apuestas para los próximos meses: que una parte de los dólares guardados fuera del sistema vuelva al circuito formal y empuje actividad. En el equipo económico vinculan ese objetivo con otras medidas orientadas a sostener el crecimiento, como la obra privada en rutas, el avance de concesiones y la implementación de reformas productivas.
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POLITICA
El Gobierno aprobó un nuevo aumento en las prestaciones básicas para personas con discapacidad
Esta madrugada, el Gobierno resolvió una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. Estos comenzarán a regir a partir de junio y, al mismo tiempo, se aplicará una suba diferencia para la zona patagónica.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 1297/2026 en el Boletín Oficial, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, dispuso un incremento del 2,10% para todos los tipos de prestaciones. Asimismo, comunicaron que la medida fue adoptada tras evaluar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026.
En línea con esto, reconocieron un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden en las provincias de la zona patagónica. Este plus se aplicará exclusivamente por tratarse de una zona considerada desfavorable, lo que buscará equiparar los costos de prestación en regiones con condiciones geográficas y logísticas complejas.
Así, el valor por un centro de día para una jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92 y de $551.687,35 a $563.272,78 por una jornada simple. Mientras que por un centro educativo terapéutico los costos ascenderán a $1.189.351,59 por una jornada doble y a $649.532,62 por una jornada simple.
De la misma manera, desde junio las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, una rehabilitación de tipo módulo integral intensivo costará $173.795,66 y una que incluya hospitalización de día por jornada simple $624.939,96. Además, se destinará $865,07 por cada km de transporte recorrido y $4.740,29 en concepto de alimentación.
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La actualización de los costos se dio en un contexto donde los beneficiarios y sus familias mantienen un reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado.
A pesar de esto, a mediados de abril, el Gobierno envió un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar de manera sustancial el contenido de la norma tras abrirse investigaciones por el presunto pago de coimas a prestadores y la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Como parte de la propuesta, las autoridades plantearon derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley vigente, lo que implica un retroceso respecto al alcance universal de la ayuda estatal y regresa al modelo previo a la sanción de la emergencia. Además, se incorporarían nuevas restricciones para acceder a pensiones por invalidez, se redefinirían los criterios para la ayuda estatal y se endurecerían los controles sobre los beneficiarios.
Entre los principales cambios, se exigió un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
Según el texto al que tuvo acceso Infobae, “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”. Incluso, se prevé la posibilidad de realizar un proceso de fiscalización por medio del entrecruzamiento de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
De esta manera, el sistema permitiría la suspensión preventiva de la pensión ante cualquier inconsistencia detectada en los pedidos de ayuda estatal, con derecho a defensa y proceso. El “incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”, propusieron.
El nuevo proyecto establecería que la pensión no contributiva pasaría a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, eliminaría la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos por invalidez laboral y por zona geográfica desfavorable, lo que implicaría la eliminación de los beneficios adicionales que existían en la normativa previa.
También plantea el concepto de “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En este sentido, de aprobarse, la norma impediría que una persona con discapacidad mantenga la pensión si accede a un trabajo registrado. Además, se eliminarían los incentivos a empresas y organizaciones que contraten personas con discapacidad.
Por último, se eliminaría el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos y autorizaría convenios entre la Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. Esto implica, de hecho, la eliminación del nomenclador y la desregulación de la negociación por obra social o prepaga.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Manuel Adorni y la licitación de la Hidrovía
El Gobierno confirmó a través de la Resolución 36/2026 publicada en el Boletín Oficial este viernes que la empresa belga Jan De Nul, que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT), ganó la licitación de la Hidrovía y se queda con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus.
“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. – SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito». Con este párrafo, y con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la Resolución 36/2026 da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.
POLITICA
Javier Milei se mostrará con Manuel Adorni en Rosario mientras el Congreso avanza con el pedido de interpelación
En medio de la amenaza de una interpelación en el Congreso y la presión de los aliados, Manuel Adorni volverá a mostrarse junto a Javier Milei y todos los ministros este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, a poco más de una semana de su informe de gestión en el Senado.
Consultados por este medio, allegados al ministro coordinador descartaron considerar cualquier posibilidad de renuncia. También fue rechazada la alternativa de recurrir a una licencia, una versión que había circulado en distintos medios. “Fake total», sentenciaron a TN.
En su lugar, en Balcarce 50 sostienen que el funcionario trabaja en el informe que dará sobre el rumbo del Gobierno en la Cámara Alta el próximo 2 de julio. La presentación transcurrirá en un clima aún más tenso que la edición anterior en Diputados, ya que podría coincidir con una interpelación y una moción de censura.
En ese contexto, con el objetivo de dar una muestra de unidad interna, el Gobierno convocó al Gabinete ampliado al Monumento a la Bandera de Rosario para participar junto al Presidente del homenaje por el fallecimiento de Manuel Belgrano.
La postal, similar a la del Tedeum del 25 de mayo, servirá no solo para mostrar el respaldo de Milei a su ministro coordinador, sino también para reunir a la plana mayor del Gobierno tras los recientes episodios de tensión interna.
Para reforzar ese punto, esta vez sí fue invitada a sumarse al grupo principal Patricia Bullrich, quien viene de despegarse de Adorni al calificar su evasión tributaria como una “omisión ética”.
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Junto a ella, también destacan la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo Menem, otro de los focos de conflicto interno del Gobierno que pasó a segundo plano por el escándalo alrededor del jefe de Gabinete.
En paralelo, pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que participará del acto en el Monumento a la Bandera. Debido a que el protocolo corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, hay dudas sobre si se le dará un lugar junto a los funcionarios nacionales.
Entre el respaldo de Milei y la amenaza de la interpelación: la encrucijada de Adorni
Las presiones alrededor del jefe de Gabinete no son pocas. Desde impugnaciones internas encabezadas por Patricia Bullrich hasta los pedidos de renuncia por parte de los aliados en el Congreso, el Gobierno no logra dejar atrás el escándalo político.
En ese contexto, las principales espadas parlamentarias del oficialismo se concentraron esta semana en desactivar la amenaza de una moción de censura en ambas cámaras del Congreso.
En ese sentido, Patricia Bullrich logró ganar tiempo y postergar una sesión originalmente prevista para este jueves, donde la oposición buscaba interpelar a Adorni. Sin embargo, la exministra de Seguridad no pudo evitar que el tema sea incluido en una sesión planificada para la próxima semana.
En caso de que la interpelación a Adorni sea aprobada, el funcionario deberá acudir al recinto a dar explicaciones el 2 de julio, el mismo día en que presentará su segundo informe de gestión ante la cámara alta.
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“Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura”, analizó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, en diálogo con la prensa a la salida de la labor parlamentaria. Y agregó: “Yo informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman”.
En ese contexto, en Casa Rosada no comunicaron otras actividades del ministro coordinador por fuera del acto en Rosario y parecen determinados a que Adorni defienda su cargo el 2 de julio en el Senado.
Manuel Adorni, Javier Milei, Gabinete
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