ECONOMIA
El Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y vender el 90% de las acciones estatales

Tal como lo anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, el Gobierno nacional lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado. La convocatoria se enmarcó en el programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó a incorporar capital privado en la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.
La medida formalizó el proceso que Caputo había anticipado. En ese posteo, el funcionario informó que el Gobierno publicaría los pliegos para avanzar con la privatización de la empresa y sostuvo que la operación permitiría mejorar la calidad del servicio y promover inversiones.
Según el comunicado difundido hoy, el procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional “de etapa múltiple”, con criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales. El Gobierno indicó que el esquema buscará garantizar un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado para el Estado Nacional.
La coordinación del proceso quedó a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. El comunicado oficial sostuvo que el objetivo de esa estructura consiste en llevar adelante el proceso “de manera profesional y transparente”.
El cronograma oficial estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes.

Luego de esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
La convocatoria prevé la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
El comunicado sostuvo que la incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.
Además, el Gobierno afirmó que el ingreso de capital privado garantizará la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio. En el texto difundido también se señaló que el proceso se encuadró en el ordenamiento y eficientización de AySA desarrollado durante los últimos años. Según el documento oficial, ese proceso permitió consolidar “una empresa con infraestructura estratégica y potencial de crecimiento”, en condiciones de recibir inversión privada y encarar una nueva etapa de expansión y modernización.
Con la publicación de la convocatoria, el Gobierno avanzó formalmente en uno de los proyectos de privatización más relevantes del esquema de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. En el comunicado, la Casa Rosada reafirmó que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios.
Con la privatización del 90% de Aysa, el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones. Se prevé además que el esquema contemple una concesión de 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.
La privatización de AySA se integró al programa económico que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo avanzó con iniciativas orientadas a reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.
En el comunicado, el Gobierno remarcó que el programa de privatizaciones continuará “de manera concreta y sostenida”. También sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá promover inversiones y mejorar la prestación de servicios públicos.
ECONOMIA
Cambio tecnológico y de régimen económico: ¿vendrán del rubro de servicios los empleos que necesita la Argentina?

Datos recientes mostraron que hay al menos un sector de la economía en el que simultáneamente aumentaron el empleo y las exportaciones. Se trata de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), que según datos de Argencon, la cámara que agrupa a las empresas del sector, exportaron en los doce meses que van de abril de 2025 a marzo de este año por valor de USD 10.085 millones, consolidándose como el tercer rubro exportador de la Argentina, detrás del oleaginoso-cerealero y del petrolero-petroquímico.
Las exportaciones de los SBC se habían casi cuadruplicado entre 2006 y 2025, período en el que pasaron de USD 2.441 a USD 9.460 millones anuales, con las ventas de software multiplicándose casi por ocho (de USD 338 millones a USD 2.651 millones) y las de servicios de Investigación y Desarrollo (I&D) casi por siete (de USD 123 millones a USD 838 millones).
Un dato particularmente esperanzador es el dinamismo en el empleo del sector, que según datos oficiales ocupa hoy a 285.000 personas, 9.000 más que en 2025 y 17.000 más que en 2023, antes de que asumiera el actual gobierno.
El sector cupa hoy a 285.000 personas, 9.000 más que en 2025 y 17.000 más que en 2023
El de Servicios Basados en el Conocimiento es un sector pequeño, de mano de obra altamente calificada, pero es una señal de que la economía tiene la potencialidad de crear empleos de servicios, algo de suma importancia pues la ocupación en sectores productores de bienes está cada vez más comprometida, tanto por tratarse de una tendencia mundial, debido al avance de la tecnología y la aplicación de procesos de automatización a todo nivel, como de una característica del “cambio de régimen” por el que atraviesa la economía local.
Sectores que tradicionalmente explicaron el grueso del empleo, como el comercio, la construcción y la industria manufacturera, han perdido incidencia tanto en el PBI como en el empleo.
Los servicios son el principal empleador de la economía argentina, concentran el 74%, once puntos más que el 63% que aportan al PBI, pero de modo muy heterogéneo. “Algunas ramas ocupan a millones de personas con baja productividad y altos niveles de informalidad, mientras que otras requieren trabajadores calificados, pagan salarios por encima del promedio y compiten en los mercados internacionales”, dice un estudio de Fundar que precisa que, contando asalariados registrados, no registrados y no asalariados, los servicios son actividades “empleo intensivas”, aunque heterogéneos.
El rubro que más trabajadores emplea es Comercio con 4,1 millones de puestos (24,5% de todo el empleo en servicios y uno de cada cinco de toda la economía), seguido por Enseñanza, con 2,3 millones y Administración pública, con 1,7 millones (contando Nación, Provincias y Municipios).


“Por debajo, se encuentran una serie de ramas con tamaños parecidos, de entre 1,3 y 1,6 millones de puestos cada una: el servicio doméstico, los servicios empresariales, salud, transporte y comunicaciones, y los servicios comunitarios. Rezagados en cuanto al total de empleo generado quedan actividades como los servicios financieros, el alojamiento y la gastronomía que en conjunto suman 1,18 millones de puestos, el 7% de los servicios”, precisa el estudio de Fundar.
Hay allí un colectivo que va desde el dinamismo de los SBC hasta la muy baja productividad de otros rubros, algo acentuado en los países en desarrollo, donde muchas ramas absorben empleo de baja remuneración y altísima informalidad, como el caso del servicio doméstico en la Argentina, ciertos sectores del comercio y rubros como gastronomía. De hecho, el grado de formalización laboral va del 100% en la Administración pública y el 91% en Enseñanza hasta el 32% en el comercio y apenas 29% en el Servicio doméstico.
Empleo no asalariado no necesariamente implica mayor precariedad (Fundar)
Sin embargo, aclara el estudio de Fundar, empleo no asalariado no necesariamente implica mayor precariedad. Por caso, los “servicios empresariales” tienen un 34% de no asalariados, pero apenas un 8% en negro. Ahí aparecen profesiones de “autónomos”, como contadores y abogados, mientras en Comercio el 46% cuentapropismo coincide con alta informalidad asalariada y empleo de subsistencia.
“Una misma proporción de no asalariados, entonces, puede reflejar profesionales independientes o trabajadores empujados a la informalidad, según la rama”, dice un pasaje del estudio de Fundar.
La creación de empleo es uno de los puntos débiles de -al menos- la actual etapa del cambio de régimen económico en la Argentina, en la que conviven la pérdida de puestos de trabajo en sectores industriales expuestos a la competencia externa y también en sectores de servicios, como el comercio, muy dependientes de los niveles de empleo e ingresos del resto, y un ritmo de creación mucho más lento, una de cuyas consecuencias es el aumento del cuentapropismo y la informalidad, a la espera de que los sectores en expansión, como el agro, el sector energético, la minería y los SBC provean las oportunidades que van desapareciendo en otros rubros.


Esa metamorfosis laboral es compleja. De un lado, porque en algunos sectores, como los hidrocarburos y la minería, implica no solo un cambio de capacidades, sino también un traslado geográfico y porque además son actividades capital-intensivas, en las que la creación de empleo es relativamente baja en comparación con la inversión necesaria, que además ya chocó con límites de capacidad de absorción.
Según los datos que provee Economía, bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas oficiales para fomentar la inversión en sectores de alta capacidad de generación de divisas (histórico cuello de botella del crecimiento argentino), hay a la fecha 16 proyectos aprobados, con una inversión comprometida de USD 29.985 millones, que generarían 52.495 puestos de trabajo directos e indirectos.
Bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones hay a la fecha 16 proyectos aprobados, con una inversión comprometida de USD 29.985 millones, que generarían 52.495 puestos de trabajo directos e indirectos
Esto es casi USD 570.000 de capital por cada nuevo empleo, cifra que en los 25 proyectos “en evaluación” se eleva a casi USD 780.000 por nuevo empleo. Esas cifras incluso subestiman la relación, porque es esperable que los sectores en que se genere empleo indirecto también deberán aumentar su dotación de capital.
El otro sector que creció en los últimos años, el financiero, ocupa poca gente (307.000, según datos de 2025) y, de hecho, cada vez menos, tendencia que ya lleva varios años, por la creciente automatización y digitalización, que hace que una parte cada vez mayor del trabajo que antes hacía el personal bancario lo hagan ahora los propios usuarios.
Dani Rodrik, un profesor de Harvard y durante décadas reputado profeta de las “políticas industriales”, confesó haberse vuelto un “escéptico de las manufacturas” y subrayó que la creación de empleo, en particular en el mundo en desarrollo, deberá inevitablemente provenir de los servicios, para lo cual sugirió “promover iniciativas que incentiven a las empresas de plataformas a emplear mano de obra y recursos locales, brindar asistencia a las microempresas con capacitación y certificación, y ofrecer herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial personalizadas y adaptadas a las circunstancias de los países en desarrollo”.
En definitiva, un desafío que apela doblemente a la economía argentina actual, en la que a las oportunidades, ajustes y temores que despierta el cambio tecnológico y la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial se suma el cambio de régimen económico impulsado por un gobierno que el año próximo afrontará su primer examen de continuidad o rechazo.
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ECONOMIA
Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en julio

Julio arranca con una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos. Desde el transporte público hasta las cuotas de medicina prepaga, pasando por las tarifas de luz, gas y agua, una serie de aumentos entrará en vigencia a partir del 1° de julio y se sumará a la carga mensual que enfrentan los hogares argentinos. Algunos de esos incrementos ya fueron confirmados por las empresas y el Estado; otros aún esperan la publicación oficial en el Boletín Oficial.
Los mecanismos que activan cada suba son distintos: esquemas de indexación mensual atados a la inflación, cláusulas contractuales pactadas entre privados, o decisiones tarifarias tomadas por las autoridades de regulación. En la mayoría de los casos, el dato de inflación de mayo —2,1% según el Indec— funciona como referencia para el cálculo de los ajustes.
En julio entrarán en vigencia nuevas tarifas para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán un 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3 por ciento.
Con esos valores, el boleto mínimo en CABA, correspondiente a recorridos de hasta tres kilómetros, pasará a costar 820,60 pesos. En la Provincia, ese mismo tramo ascenderá a $1.059,28, con tarifas más altas para distancias mayores.
El subte porteño también ajustará un 4,1 por ciento. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para quienes cuenten con SUBE registrada, mientras que los usuarios sin tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará fijada en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema de ajuste diferente. La Secretaría de Transporte definió aumentos escalonados durante tres meses consecutivos. En julio, el incremento será del 8,6%, con lo que el boleto de primera sección pasará a $380,10. En agosto subirá un 10,5%, hasta $420,01, y en septiembre habrá una nueva suba del 7,1%, que llevará la tarifa a 449,83 pesos.
Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1 por ciento.
En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21, según el horario.
Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo.
Otras empresas, como Omint, tendrán un incremento más pronunciado el mes próximo, con subas que llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.
En julio también se actualizarán miles de contratos de alquiler, aunque el porcentaje de suba varía según el índice pactado y la fecha de firma. Los contratos con ajuste anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54 por ciento.

Para quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral, el incremento será del 16,7 por ciento. Los que actualicen en forma trimestral enfrentarán subas del 8,1 por ciento.
Claro está, que cada inquilino debe revisar su situación particular, ya que los porcentajes de ajuste varían de forma significativa dependiendo de la fecha y la modalidad del contrato firmado.
Las distribuidoras de electricidad del AMBA, Edenor y Edesur, aplicarán en julio un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas de energía eléctrica correspondientes al período de junio. La actualización responde al esquema de indexación mensual vigente, atado a la evolución de los índices de precios. Un dato a tener en cuenta, es que la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.
Por su parte, los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban también verán incrementos en sus boletas de gas en julio. Aunque el cuadro tarifario exacto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial —los nuevos valores suelen conocerse en los últimos días del mes previo—, las facturas correspondientes al período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad invernal añade un factor adicional: julio es históricamente uno de los meses de mayor consumo, lo que se traduce en boletas más elevadas con independencia del porcentaje de ajuste.

En lo que respecta al agua, AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. La empresa estatal mantiene un plan de indexación mensualizada y confirmó que seguirán vigentes las tarifas sociales y los descuentos para sectores de menores recursos.
Aunque aún no han sido oficializados los aumentos en las cuotas de los colegios privados, se esperan incrementos que acompañen las subas salariales establecidas por paritarias. En detalle, se determinó un ajuste del 5% en CABA y del 3,5% en la provincia de Buenos Aires.
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ECONOMIA
El salto que les falta a las pymes: claves para profesionalizar la gestión y crecer

En Argentina existen actualmente 485.909 empresas formales con al menos un trabajador registrado, según los últimos datos disponibles publicados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Sin embargo, los datos oficiales advierten que, si se tienen en cuenta sociedades, autónomos, cooperativas y monotributistas, el número asciende a casi 1,8 millones de unidades productivas.
Más allá de un número que admite varias interpretaciones, es que la proporción de pyme en relación al total del universo empresario argentino es enorme. Un informe de Banco Comafi afirma que el 99% de las compañías son pequeñas y medianas empresas, mientras que un estudio de Ucema ubica el número en 98% del total.
Con motivo del Día de las Pyme, que se celebra mundialmente el 27 de junio, Infobae dialogó con referentes de diferentes áreas estratégicas que se vinculan con el desarrollo económico y productivo de las pequeñas y medianas empresas sobre los problemas y oportunidades para el sector.
El diagnóstico de partida es compartido: las pyme argentinas operan en un entorno que exige atender simultáneamente el corto y el largo plazo, algo que en la práctica resulta difícil de sostener. Sebastian Lemos Briones, Head de Segmento y Productos Empresas en Supervielle, describió el momento como “una etapa exigente, pero también con oportunidades muy concretas”.
El principal desafío, según su lectura, sigue siendo administrar la coyuntura: sostener la demanda, cuidar los márgenes, ordenar el capital de trabajo y acceder a financiamiento oportuno en un contexto que “todavía requiere mucha prudencia”.

Irene Alfiz, Directora de Planificación Estratégica de LUC, advirtió que cualquier diagnóstico general sobre las pyme tiene un límite: la diversidad del universo pyme complejiza las conclusiones. Los desafíos difieren según el rubro, el tamaño, la región y la historia de cada empresa. Mientras algunas tienen por delante el reto de crecer para atender mercados en proceso de profesionalización, otras enfrentan la necesidad de reconvertirse para llegar a una próxima etapa.
Fernando Esperon, Gerente General de Asociart ART, aportó: “Las pyme deben hoy equilibrar múltiples variables al mismo tiempo, entre ellas la generación de ventas, la gestión eficiente de costos y el acceso a recursos para financiar el desarrollo”.
Dentro de ese panorama heterogéneo, hay segmentos donde las oportunidades son más visibles. Alfiz contó que en verticales como el agro, la minería y los combustibles, las empresas que integran esas cadenas de valor “tienen muchas oportunidades de crecimiento en la medida que la producción y las inversiones crecen”. El desafío no es la demanda, sino estar a la altura de las nuevas exigencias que ese crecimiento impone en términos de gestión y profesionalización.
El desafío no es la demanda, sino estar a la altura de las nuevas exigencias que ese crecimiento impone en términos de gestión y profesionalización (Alfiz)
Lemos Briones sumó una dimensión geográfica: la nueva coyuntura económica está generando demanda en plazas vinculadas al oil and gas y a la minería, con un “potencial de crecimiento enorme”. Para las pymes que aún no exportan, señaló que iniciar ese camino debería estar entre las prioridades. La apertura de nuevos mercados, tanto geográficos como sectoriales, aparece así como una de las vías más concretas de crecimiento disponibles hoy.
Más allá de los sectores dinámicos, los referentes coincidieron en que la profesionalización de la gestión es el factor que más diferencia a las empresas que crecen de las que se estancan. No es un problema nuevo, pero sí uno que el contexto actual vuelve más urgente.

Alfiz fue directa: “El crecimiento sin una buena planificación puede resultar costoso”. En materia económico-financiera, enumeró variables que hoy exigen atención rigurosa: el costo del financiamiento, la estructura impositiva y los costos de producción. “Todos los aspectos que hacen a la eficiencia requieren un planeamiento riguroso y a la vez flexible”, destacó.
Paula Chmielnicki, CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de pyme, trazó una distinción que considera central para entender por qué tantas empresas no logran escalar. Hay una diferencia, planteó, entre tener un estilo de vida y tener una empresa. El primero es “un autoempleo con buena prensa”: una estructura armada alrededor de una persona que funciona mientras esa persona esté. La segunda es aquella que sigue funcionando cuando el fundador no está en la habitación.
La mayoría de las pyme argentinas no fracasan por un problema de negocio: tienen demanda, producto, mercado. Fracasan porque nunca cruzaron esa línea (Chmielnicki)
Su diagnóstico es contundente: “La mayoría de las pyme argentinas no fracasan por un problema de negocio: tienen demanda, producto, mercado. Fracasan porque nunca cruzaron esa línea”.
El obstáculo, agregó, no es macroeconómico: “Es un problema de gestión disfrazado de problema de plata. Y el de gestión, a diferencia del macroeconómico, no se arregla esperando al próximo gobierno”.
Uno de los cambios más nítidos en el entorno pyme de los últimos años es el lugar que ocupa la tecnología en la estrategia de crecimiento. Natalia Jiménez, Directora Regional de Deel para Latinoamérica, planteó que el desafío central de las pyme argentinas es, antes que operativo, de mentalidad: “El mercado laboral es global, y la competencia también”. Las empresas que siguen mirando solo su entorno local, advirtió, están resignando terreno sin saberlo.
La barrera para operar globalmente, explicó Jiménez, era hasta hace poco de orden estructural: contratar en otro país implicaba meses de trámites y una inversión que pocas pymes podían asumir. Hoy esa barrera prácticamente desapareció. “El límite es casi siempre una decisión, no un impedimento operativo”, resaltó. La decisión más importante que puede tomar una pyme, sintetizó, es “dejar de tratar la tecnología como un gasto y empezar a verla como infraestructura para crecer”.

Lemos Briones reforzó esa idea desde el ángulo financiero: digitalizar no es solo operar por canales online, sino simplificar cobros, pagos, administración y acceso al crédito. “Una pyme que reduce fricciones operativas gana tiempo, eficiencia y capacidad para enfocarse en su negocio”, afirmó.
La brecha entre las empresas que avanzaron en ese camino y las que no lo hicieron, advirtió Jiménez, “se está ampliando, y eso genera una presión real que antes no existía”.
Ligado a la tecnología aparece otro eje que los referentes identificaron como decisivo: el acceso al talento. Natalia Jiménez dijo que las empresas que escalan más rápido son las que resolvieron cómo gestionar ese recurso: saben qué capacidades necesitan, dónde conseguirlas y cómo incorporarlas sin que la complejidad operativa frene el negocio. Muchas están recurriendo al mercado internacional no solo por una cuestión de costos, sino porque hay perfiles -en tecnología, diseño y finanzas- que “simplemente no abundan en el mercado local”. Acceder a ese talento de forma ágil, dijo, “ya es una ventaja competitiva real”.
Hay perfiles -en tecnología, diseño y finanzas- que simplemente no abundan en el mercado local (Jiménez)
Ese cambio de mirada se refleja también en cómo las pymes perciben su propio horizonte. Según Jiménez, hace unos años el foco estaba en resolver la coyuntura. Hoy las conversaciones cambiaron: hay más empresas preguntando cómo escalar, cómo entrar a nuevos mercados, cómo sumar capacidades que antes creían fuera de su alcance. Lo que más preocupa ahora, sintetizó, es no quedarse atrás.
“Las pyme que están creciendo hoy tienen algo en común: no esperaron las condiciones perfectas para profesionalizar su operación”, dijo la especialista.
Fernando Esperon aportó una perspectiva menos habitual en el debate sobre pymes la protección del capital humano como variable de sustentabilidad. Lo que observa en el contacto diario con empresas es una ampliación de la mirada sobre el riesgo. Históricamente, la prioridad estaba en proteger los activos físicos del negocio. Hoy crece con fuerza la preocupación por las personas que hacen posible la operación.

Los datos de su cartera reflejan ese giro: en el último año, las coberturas vinculadas al capital humano crecieron muy por encima del promedio del mercado. Vida Colectivo aumentó cerca de un 300% interanual, Accidentes Personales – Salud – Sepelio creció un 116% y Riesgos del Trabajo se expandió cerca de un 60%. “Las empresas entienden cada vez más que la ausencia de un empleado clave puede afectar directamente la continuidad del negocio”, explicó Esperon.
El fenómeno responde a una combinación de factores: el costo laboral aumentó y reemplazar talento calificado se volvió más complejo y costoso. Además, en empresas de menos de diez empleados -que representan dos tercios del universo pyme argentino- la ausencia de una persona tiene un impacto operativo inmediato.
Las empresas entienden cada vez más que la ausencia de un empleado clave puede afectar directamente la continuidad del negocio (Esperon)
Lo que cambió, en la lectura de Esperon, no es la preocupación en sí, sino la valoración económica de ese riesgo: las pymes están incorporando la protección de su capital humano como un componente central de la continuidad del negocio.
El crédito es otro de los ejes donde los referentes ven tanto un desafío como una oportunidad en ciernes. Irene Alfiz planteó que, a medida que se normalice el acceso al financiamiento para las pyme, surgirán más oportunidades de fondear el crecimiento, y que la clave estará en estar preparado cuando lleguen. Lo ilustró con una analogía: tener los documentos en orden es como tener el pasaporte al día por si surge un viaje. “Puede ser tarde” para tramitarlo cuando la oportunidad ya apareció.
Lemos Briones aportó el contexto de fondo: lo que más preocupa hoy a las pymes es la productividad del capital. “Cada peso cuenta, cada dólar cuenta y cada decisión financiera puede impactar en la competitividad de la empresa”, afirmó. En ese marco, las empresas buscan soluciones que les permitan mantener liquidez y al mismo tiempo generar valor, y valoran cada vez más poder resolver más necesidades de forma integrada, con agilidad y sin perder tiempo en gestiones que no hacen al negocio central.
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