POLITICA
El Gobierno presentó un recurso de queja ante la Corte para revocar la pensión de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revocar la medida cautelar que ordenó restablecer la pensión de privilegio de la ex presidenta Cristina Kirchner. La acción judicial fue interpuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a excluir a la ex mandataria de un beneficio previsional de carácter excepcional al que, según el Ejecutivo actual, no tendría derecho por su condena penal.
El movimiento se produce después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara, por mayoría, el pedido de ANSES y del Ministerio Público Fiscal para habilitar la intervención directa del máximo tribunal a través de un recurso extraordinario. Ante ese rechazo, el Ejecutivo optó por la vía de la queja, un mecanismo procesal que permite llevar el caso a la Corte Suprema cuando los tribunales inferiores deniegan el acceso a esa instancia.
La pensión en disputa corresponde al beneficio por viudez que Kirchner percibía como cónyuge del ex presidente Néstor Kirchner, otorgado en 2010 y dado de baja en noviembre de 2024, meses después de que el máximo tribunal dejara firme la sentencia condenatoria en la causa conocida como Vialidad. En ese expediente, la ex presidenta fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El comunicado del Ministerio de Capital Humano señaló que “múltiples razones legales fundamentan el recurso presentado ante la Corte para que la ex presidenta no sea beneficiada con un régimen de privilegio”. El texto oficial calificó de “especialmente inadmisible” que una persona “condenada por delitos contra el Estado” acceda a una pensión de ese tipo mientras reclama, al mismo tiempo, el cobro de una jubilación honorífica de carácter también excepcional, correspondiente al ejercicio de la primera magistratura del país.
La cartera a cargo de Pettovello anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles para impedir que Fernández de Kirchner perciba ambas asignaciones. La posición del Ejecutivo descansa en un argumento central: que una condena penal por delitos contra la Administración Pública es incompatible con el acceso a regímenes previsionales de excepción financiados por el erario público.
El trasfondo judicial de esta disputa se remonta al 12 de febrero pasado, cuando una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó suspender la baja del beneficio previsional “hasta tanto se dicte sentencia definitiva y una vez producida toda la prueba pertinente”, según consignó el fallo de mayoría. Esa cautelar fue la que ANSES y la fiscalía intentaron revertir sin éxito en la instancia previa al recurso de queja.
Al analizar la procedencia del recurso extraordinario, el juez Sebastián Eduardo Russo explicó que “los pronunciamientos sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas o equiparables a tales” y que, por tanto, no habilitan la intervención de la Corte. El tribunal recalcó el carácter “provisional” de esas decisiones, aclarando que pueden modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento.
El juez Juan A. Fantini Albarrenque, integrante de la mayoría, sostuvo que “la mera circunstancia de que una de las partes fuera la ex presidenta de la Nación no resulta determinante a la hora de resolver sobre la admisión o no de un recurso extraordinario”. En esa misma línea, el fallo precisó que el impacto mediático o en redes sociales no alcanza para configurar la gravedad institucional que la jurisprudencia de la Corte exige para admitir ese tipo de recursos.
ANSES y el Ministerio Público Fiscal habían argumentado que el caso requería intervención urgente del máximo tribunal por los intereses públicos comprometidos y por el valor de precedente que podría sentar la resolución. La mayoría del tribunal desestimó ese fundamento, al entender que la doctrina exige que la decisión tenga “un efecto que exceda el interés de las partes y alcance a la comunidad toda o afecte las instituciones básicas de la Nación”, condición que no se verificó en el expediente.
Con el rechazo de la mayoría y el expediente devuelto al juzgado de origen, el Gobierno recurrió a la queja como último carril procesal disponible antes de que la Corte Suprema deba pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. La decisión del máximo tribunal determinará si la cautelar que hoy obliga a ANSES a restablecer el pago se mantiene o cae mientras continúa el litigio principal sobre la validez del acto administrativo que dio de baja el beneficio.
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POLITICA
Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

El gobierno de la provincia de Santa Cruz mantiene desde hace más de un mes negociaciones con representantes de la Policía provincial, quienes sostienen protestas y acampes en reclamo de mejoras salariales. El conflicto continúa sin resolución.
Este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas oficiales no fueron aceptadas. Participaron del encuentro representantes del Gobierno provincial, del Servicio Penitenciario y personal policial.
Según medios locales, se presentaron dos alternativas. La primera contempla los siguientes valores punto: julio $2.310,20; agosto $2.337,92; septiembre $2.365,98; octubre $2.394,37; noviembre $2.423,18 y diciembre $2.452,18, con revisión en octubre.
El valor punto es la cifra utilizada para calcular el sueldo del personal de la Policía de Santa Cruz. Multiplicando ese valor por los puntos asignados a cada cargo se determina el salario de cada efectivo.

La segunda alternativa propone llevar el valor punto en junio a $2.116,78 y luego: julio $2.142,19; agosto $2.167,89; septiembre $2.193,91; octubre $2.220,23; noviembre $2.246,88 y diciembre $2.273,84, con revisión en octubre.
En la primera alternativa, un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, que hoy percibe $1.182.351 en los haberes de junio, pasaría a recibir aproximadamente $1.713.034 según la propuesta. Un cabo con base 4 en antigüedad, que hoy recibe $1.318.664, pasaría a percibir aproximadamente $1.773.810.
La segunda alternativa establece que un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, actualmente con un haber de $1.182.351, pasaría a cobrar aproximadamente $1.608.049. Un cabo con base 4, que percibe $1.318.664, pasaría a recibir aproximadamente $1.703.170.
Sin embargo, las propuestas presentadas no lograron satisfacer las demandas del sector policial. Según informó el diario La Opinión Austral, la expectativa de los representantes es que un agente inicie su salario en $2.200.000 y que el valor punto, actualmente fijado en $2.084, alcance una cifra cercana a los $4.000.
Al concluir la reunión, el personal policial decidió intensificar las protestas. Instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, ocuparon parte del jardín del palacio gubernamental y realizaron un corte de calle en la zona donde se ubica la Jefatura de Policía. Medios locales reportaron que también se montaron carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en el sector donde habitualmente pernocta Claudio Vidal durante su estadía en Río Gallegos.

El comunicado de la Provincia
Tras la fallida reunión del Consejo del Salario, el Gobierno provincial emitió un comunicado en el que denunció “hechos de violencia” y daños en las instalaciones de la Escuela de Policía, situaciones que, según indicó, precipitaron el cierre del encuentro.
En el documento, el Ejecutivo detalló que las propuestas salariales presentadas eran superiores a las ofrecidas en la reunión anterior y sostuvo que permitirían que un agente recién iniciado en la carrera percibiera un haber de bolsillo por encima de la Canasta Básica Total.
“Sin embargo, una vez más, prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa, sin que pudiera alcanzarse un acuerdo”, detallaron en el texto.
Asimismo, el Gobierno Provincial repudió los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Escuela de Policía. Según señalaron, se produjeron agresiones y roturas de vidrios del edificio, y adjuntaron las imágenes que ilustran esta nota.

“Pese al nuevo rechazo, el Poder Ejecutivo dejó expresamente asentada su voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo para seguir trabajando en una solución que contemple las posibilidades financieras de la Provincia y reconozca el esfuerzo cotidiano del personal policial y penitenciario”, expresaron.
Finalmente, reafirmaron que continuarán realizando “todos los esfuerzos responsables” para mejorar las condiciones salariales del sector y remarcaron: “Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional, dejando de lado posiciones inflexibles que impiden avanzar hacia acuerdos en beneficio de todos“, cerraron.
Santa Cruz,Policia
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Más pruebas podrían complicar a Martín Insaurralde: investigan si benefició a una empresa de fotomultas vinculada a la sobrina de Jesica cirio

Mientras la Justicia avanza en precisar el rol de la sobrina de Jesica Cirio, Priscila Ferrante, en el entramado de 70 propiedades y más de 200 vehículos vinculados al entorno del ex matrimonio de la modelo con Martín Insaurralde, otras pistas abren la puerta para lo que podría configurar una nueva línea de investigación sobre el origen de la fortuna del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de la difusión del video del vestidor con cajones llenos de dólares.
Hasta ahora, una de las incógnitas que rodeaban a Priscila Ferrante, señalada como la persona que presentó a Martín Insaurralde con Cirio, era cuál había sido su actividad laboral y su aumento patrimonial en los años en los que duró el vínculo.
Ex pareja de Heber Russo -procesado por fraude fiscal, lavado de dinero, y emisión de facturas truchas-, la figura de Ferrante llama cada vez más la atención de la Justicia, como posible presunta testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora.
Documentación a la que accedió ¿La Ves? en exclusiva aporta un dato revelador: entre 2016 y 2018 Ferrante trabajó en relación de dependencia para la empresa All Ways Group S.A, una firma registrada en el rubro tecnológico vinculada al desarrollo y provisión de equipos de radares y cámaras utilizados en sistemas de fotomultas, un sector que desde hace años permanece bajo la lupa judicial por distintas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y hechos de corrupción que comprometen a municipios bonaerenses y al propio gobierno de Axel Kicillof.
Uno de los hechos más elocuentes es que All Ways Group S.A. fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, apenas diez días después de que Martín Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, el 20 de septiembre de ese año.
Meses más tarde, ya durante 2022, fue el propio Insaurralde, en su carácter de jefe de Gabinete, quien firmó la homologación de equipos pertenecientes a esa empresa, trámite fundamental para que la empresa pudiera operar y ser contratada por gobiernos municipales y provinciales. Se tratan de dispositivos utilizados para el control del tránsito y las infracciones viales, entre ellos los mismos que emplea el Municipio de Lomas de Zamora para su sistema de fotomultas.
La información recolectada por este medio será entregada a la Justicia para que avance en determinar si, por ejemplo, All Ways Group fue contratada por esa y otras comunas, y por el gobierno provincial durante las distintas gestiones de Insaurralde.
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Según esta investigación, otra localidad que tiene registrada como proveedora a la empresa donde trabajó la sobrina de Cirio es Almirante Brown, gobernada por el kirchnerista Mariano Cascallares desde 2015 al 2021, y entre 2023 y 2025. Cascallares, que se desempeña ahora como diputado provincial por Unión por la Patria, tiene una histórica estrecha relación política con el dirigente lomense.

Otro dato importante que surge de la documentación es que no solo el domicilio legal de All Ways Group S.A., sino también nombres de algunos directivos, coinciden con el de otras empresas mencionadas en el denominado escándalo de las fotomultas, causa que en 2024 derivó en la salida y procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense vinculado al Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, investigado por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por irregularidades con los contratos con las empresas proveedoras de los radares de control de velocidad vial y con la Verificación Técnica Vehicular.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
POLITICA
Tras el anuncio de cambios en el Banco Central, qué piensa Milei sobre su plan para dolarizar


En su carácter de libertario, el presidente Javier Milei no cree en el rol de un Banco Central. Filosóficamente, una institución de estas características no tiene lugar en la economía, porque entiende que solamente distorsionan el mercado y facilitan la inflación, especialmente cuando son utilizadas por la política para cubrir gastos excesivos.
Durante el 2023, el entonces candidato basó gran parte de la campaña en la propuesta de cerrar definitivamente la entidad e ir hacia un sistema de competencia de monedas que, según entendía, iba a derivar inexorablemente en una dolarización, parecida a la que tienen países como Panamá, Ecuador, El Salvador o Zimbabue.
Al llegar al poder, avanzó con algunas medidas en ese sentido y emitió una normativa, a partir de la cual se posibilitó hacer casi cualquier en divisa.
“Desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos”, anunció el jefe de Estado en cadena nacional, a finales del 2024.
Sin embargo, a pesar de las flexibilizaciones y múltiples incentivos, como el régimen de inocencia fiscal, la sociedad no terminó de adoptar el uso de los billetes estadounidense, que siguen siendo para ahorrar y no tanto para gastos.
Ante esta situación, Milei busca profundizar la independencia del Banco Central mediante la modificación de su Carta Orgánica, entre otras medidas paralelas.
En primera instancia, les pidió al titular del organismo, Santiago Bausili, y a los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elaboren un nuevo reglamento para la entidad.
El martes pasado, luego del partido de la Selección Argentina, los funcionarios lo visitaron en la Quinta de Olivos y le acercaron el borrador con las propuestas.
Además de una nueva Carta Orgánica, también diseñaron un proyecto para prohibir por ley la emisión para cubrir el déficit fiscal y establecer el concepto de “Shutdown”, para que el Poder Ejecutivo tenga un mecanismo y deje de funcionar normalmente cuando se haya agotado el Presupuesto votado por el Congreso.

Tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Presidente encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que volvió a hablar sobre estos temas.
Durante el encuentro, el mandatario les brindó a los otros integrantes de su equipo los detalles sobre la reforma del Banco Central, que todavía se encuentra en elaboración y se enviará a alguna de las Cámaras próximamente.
Todavía no está totalmente definido si la iniciativa ingresará por el Senado o por Diputados, ni tampoco la fecha en la que eso ocurrirá. Se espera que esas cuestiones las analice la mesa política, que acordó reencontrarse semanalmente.
Cuando todo eso esté resuelto y el texto final esté listo, será el propio Milei el que realizará una presentación en profundidad de los alcances y objetivos de la medida.
“¿Te acordás en campaña, cuando mucho del contenido giraba en torno a la cuestión de dolarizar o no? Cuando fue electo estaba la expectativa de la competencia de monedas. Él mismo dijo siempre que lo único que no es negociable es el cierre del Banco Central y, en algún momento eso va a pasar. Ahora, cuándo va a ser, eso no lo sé“, confió un diputado libertario.

El legislador estuvo presente semanas atrás en la reunión en Balcarce 50 en la que el mandatario fijó los objetivos parlamentarios de corto y mediano plazo.
En esa oportunidad, según recuerda el dirigente, no hizo mención al cierre de la entidad monetaria, sino que se refirió en términos generales a la iniciativa para modificar la Carta Orgánica.
Puntualmente, el Gobierno quiere retrotraer a la normativa vigente hasta el 2012, cuando la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, amplió las tareas del organismo.
Fue con ese cambio que a la misión de “preservar el valor de la moneda” se le agregó la de ”promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
En el entorno de Milei consideran que la actual gestión avanzó con todas las flexibilizaciones para fomentar el uso de divisas como el dólar, pero remarcan que no van a forzar una dolarización, sino que la única forma de que suceda es que se dé naturalmente por voluntad de los individuos.
“Esto es como todo. Se me viene a la cabeza la cuestión de Aerolineas Argentinas. Yo odio cuando en las comisiones decimos que el problema es que da pérdidas, porque entonces la solución es sanearla. El argumento, en realidad, es la inconsistencia de que haya una empresa estatal“, señala un senador.
consejo de las américas,políticos
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