POLITICA
El Gobierno quiere refundar los tribunales federales de Comodoro Py 2002
El Gobierno se imagina refundando los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el fuero estratégico donde se tramitan las causas por corrupción de los funcionarios. Nunca un gobierno tuvo tantas posibilidades como el actual para ocupar vacantes con candidatos propios, que le den una nueva impronta al fuero federal porteño.
Esta semana, según adelantaron fuentes oficiales a , el Gobierno enviará al Senado 60 nuevos pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales, cuyos concursos ya fueron aprobados y cuyos lugares están vacantes.
La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia aceleró el envío al Senado de un centenar de pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes que llegan a casi el 40% de la Justicia nacional y federal, lo que la dejaba al borde de la parálisis.
Entre los nuevos pliegos que serán enviados al Senado hay camaristas del interior del país, cuyos nombres fueron acordados con gobernadores para facilitar su votación, y muchos fiscales federales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.
Los pliegos que tienen mayor significación política son los de los candidatos a ocupar los tribunales orales federales, que son los que dictan sentencia en los casos de corrupción luego de los juicios orales y públicos de funcionarios y exfuncionarios.
“Nunca tuvimos tantos caramelos para repartir como ahora”, se entusiasman en el Gobierno.
Hay seis vacantes en los tribunales orales federales, lo que provoca que los jueces deban turnarse entre ellos para cubrirse y se demora la realización de los juicios. Uno de los tribunales orales federales, el 6, no tiene ningún juez titular; son todos suplentes.
Así, actualmente hay importantes juicios donde los jueces solo tienen audiencias una vez a la semana, pues deben repartirse con otros juicios y otros tribunales.
En el caso de los Cuadernos de las Coimas, las audiencias son dos veces por semana, por ejemplo.
Entre los tribunales que van a completarse con los pliegos que envíe la semana próxima el Senado está el Tribunal Oral Federal N° 5, donde está radicada la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo, entre otros acusados de supuesto lavado de dinero.
Hoy integran ese tribunal la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado. Subroga como suplente el juez Juan Michilini.
El juez Obligado fue separado de la causa Hotesur, pues sobreseyó a Cristina Kirchner sin juzgarla, y su colega Fernando Machado Pelloni ocupa su lugar.
Ahora se enviará el pliego del titular que complete el tribunal que juzgue a Cristina Kirchner, en lugar de Michilini, quien es suplente.
Los ternados para estos tribunales orales federales de los cuales saldrán seis candidatos son en la primera terna: Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Pacilio, Mariano Cartolano; en la segunda terna: Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico; en la tercera terna: Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón; en la cuarta terna; Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone; en la quinta terna: Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios y en la sexta terna: Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.
Además, el Gobierno ya tomó la decisión de renovar la mitad de la Cámara Federal porteña. Se decidió a no enviar al Senado el pliego del camarista Martín Irurzun para darle un nuevo acuerdo por cinco años, dijeron altas fuentes oficiales a .
Es que Irurzun es un histórico de la Cámara Federal, que cumple 75 años el 18 de julio y, según la Constitución, si no logra un nuevo acuerdo, debe jubilarse.
Con la salida de Irurzun se acaba una época en los tribunales de Comodoro Py 2002 que comenzó en la década del 90 con la inauguración del edificio judicial
Irurzun presidió la Cámara Federal y tuvo ascendencia sobre sus colegas de la primera instancia. Manejó asuntos disciplinarios y no dudó en apartar de un caso a un juez ante la sospecha de que no lo guiaba la recta administración de justicia. Manejó no solo la cuestión administrativa, sino la gestión política del tribunal.
Era la cara de los jueces federales ante la Corte Suprema de Justicia cuando la presidía el juez de la Corte Ricardo Lorezetti.
Orientó la jurisprudencia de la Cámara Federal, por ejemplo con su doctrina, donde entendía que se debía ser restrictivo negando las excarcelaciones de exfuncionarios, pues sostenía que tenían un poder residual que podía entorpecer la búsqueda de evidencias en las causas en su contra.
El voto de Irurzun, acompañando a su entonces colega Horacio Cattani en la defensa del derecho a la búsqueda de la verdad con los desaparecidos, fue clave. Eran las épocas en que las leyes de obediencia debida y punto final impedían seguir con los juicios de lesa humanidad, pero Cattani impulsó que la idea del derecho a la verdad de las víctimas de conocer lo ocurrido con sus familiares era el motor para seguir adelante con las averiguaciones, independientemente de si había o no castigo.
Martín Irurzun acompañó a Horacio Cattani en varios de los fallos vinculados a ese concepto del «derecho a la verdad”, y se mantuvieron unidos y firmes en la postura de continuar con las averiguaciones sobre el destino de los desaparecidos cuando integraron la Sala II de la Cámara Federal durante años, cuando eran conocidos por votar frecuentemente en el mismo sentido.
Era la Cámara Federal donde Marcelo Martínez de Giorgi era un tímido secretario que ocupaba un escritorio cerca de la que es hoy es su esposa, Ana Juan. Martínez de Giorgi. Allí, De Giorgi cultivó durante gobierno de Néstor Kirchner un estrecho vínculo con el exhombre fuerte de la SIDE Jaime Stiuso.
De Giorgi hoy es juez federal, tiene el caso $LIBRA y sorprende como avezado golfista en los links de Miami.
Su mujer está a punto de ser jueza federal en Hurlingham.
La salida de Irurzun abre un hueco en la Cámara Federal, que debe completar el Consejo de la Magistratura convocando a un nuevo concurso.
“Es un momento bisagra y la salida de Irurzun es todo un símbolo para un cambio en Comodoro Py”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo.
El Gobierno, además, busca reconfigurar toda la Cámara Federal, con el envío de los candidatos para ocupar el lugar de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron jueces trasladados durante el macrismo a ese tribunal clave y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir esas vacantes y que los trasladados vuelvan a sus viejos cargos.
Bertuzzi concursó por su cargo en la Cámara Federal y quedó ternado en la votación de la Comisión de Selección, con lo que es probable que su pliego se abra camino y sea enviado para cubrir su propio cargo.
Otra es la situación de su colega Leopoldo Bruglia, más cerca de la jubilación. Reclamó ante tribunales internacionales por su cargo, pero es probable que finalmente sea reemplazado.
Despunta en el concurso para ocupar su lugar el juez Pablo Yadarola, cercano al ministro Mahiques. También está entre los ternados la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
La Cámara Federal la completan los actuales camaristas Mariano Llorens, Eduardo Farah, de tradición judicial, y Roberto Boico, que llegó de la mano del kirchnerismo.
En los juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002 hay cuatro vacantes, pero esos concursos aún no avanzaron lo suficiente.
El Gobierno sigue con expectativa estos concursos a partir de la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo.
Pero los candidatos afloran por todos lados. Por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa contra Manuel Adorni por sus bienes, tiene su propio candidato para el juzgado federal 12: Diego Arce, uno de sus secretarios.
Así el concurso 433, del juzgado federal 12, en la vacante que dejó Sergio Torres al ir a la Suprema Corte bonaerense, avanzó hace años hasta la etapa de impugnaciones y orden de mérito provisorio. Entre los mejores ubicados aparecía Arce, secretario de Lijo, Julio Miranda y Leonel Gómez Barbella.
A Lijo ya le fue bien proponiendo a Tomás Rodríguez Ponte, su otro exsecretario, cuyo pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, para cubrir el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, que es subrogante, también aspira a quedar definitivamente nombrada en su fiscalía. También está vacante el cargo de fiscal ante la Cámara Federal, tras la muerte de Germán Moldes.
El juez federal que no logró el año pasado coronar su carrera como juez de la Corte Suprema de Justicia no abandona las esperanzas de ser Procurador General de la Nación.
El Gobierno cifra sus esperanzas de ver congelado el caso Adorni en la supuesta falta de evidencias de enriquecimiento ilícito, en la próxima presentación de su declaración jurada de bienes y es esa larga “lista de deseos” de Lijo. En el juzgado no comparten ese escenario.
En este cruce de nombres y relaciones tramitan las causas judiciales que importan al Gobierno, ya sea porque afectan a sus funcionarios o porque hunden a la oposición: son Andis, el caso $LIBRA, el caso de los créditos hipotecarios del Banco Nación que tomaron funcionarios, las supuestas coimas para obtener permisos de exportación cuando Sergio Massa manejaba la Economía o el rulo del dólar blue.
Además de estos casos, entre los pliegos que están en el Senado y que aún no consiguen la firmas en su dictamen se cuentan los de los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania.
Resistidos por un sector del oficialismo y apoyados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Si bien se dijo que sus pliegos iban a ser retirados por supuestas cercanías con la AFA, nada de esto ocurrió.
Están candidateados para integrar la Cámara en lo Penal Económico que debe decidir si confirma o no el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA.
Pero antes de que sus nombramientos se decidan, es probable que los actuales integrantes de esa cámara resuelvan la situación de Tapia y del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, acusados de retener aportes patronales.
La bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) que preside Patricia Bullrich (Capital) en el Senado no está decidida a darle las firmas que necesitan sus dictámenes, pero sus postulaciones siguen encima de la mesa.
En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero. Sin embargo, esa decisión fue a pedido del fiscal, confirmada por la Cámara de Casación y dejada firme por la Corte.
Los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento. Sin embargo, los pliegos siguen allí.
Hernán Cappiello,Justicia Federal,Tribunales,Conforme a,Justicia Federal,,Insólito. Un jubilado dice que los bancos le prestaron mal y ahora pide su propia quiebra,,Hundió a Bailaque. Conmoción en el juicio: el contador que compartían un juez federal y un jefe narco aceptó ser arrepentido,,Indemnización. Un fallo inédito reconoce la relación “directa” entre la vacuna Sputnik y la muerte de una joven sana
POLITICA
La Libertad Avanza convocó a tratar el proyecto de Propiedad Privada y busca reincorporar límites a la venta de tierras a extranjeros
La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y buscará reincorporar un capítulo vinculado con la derogada Ley de Tierras. La nueva propuesta será diferente de la original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante las advertencias de los bloques aliados.
El oficialismo busca un acuerdo con los aliados
La reunión se realizará el miércoles 14 de octubre a las 16 y estará encabezada por los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
El proyecto ya cuenta con la sanción del Senado, donde durante el debate se eliminó el capítulo referido a la Ley de Tierras por falta de consenso entre los aliados y por el fuerte rechazo social que generó la iniciativa, con movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración frente al Senado el 7 de agosto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió durante la última reunión con los aliados el reclamo para que el oficialismo tome una decisión frente a la derogación de la Ley de Tierras y establezca límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
La discusión también está atravesada por la sesión convocada por la oposición para el 15 de octubre, en la que buscarán derogar el DNU 70/2023.
“Causaría un caos tremendo voltearle todo el DNU. Es un problema que tiene que solucionar el Gobierno”, reiteró en distintas oportunidades el desarrollista Eduardo Falcone.
Martín Menem busca una salida acordada con los aliados para que la oposición tenga mayores dificultades para reunir las 129 bancas necesarias para abrir la sesión del jueves 15.
La convocatoria opositora reúne a Unión por la Patria, radicales críticos, el socialismo dentro de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Incluso, el diputado Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, bancada que responde al gobernador aliado Raúl Jalil, anticipó que estará en el recinto junto con la oposición: “Por la defensa de la soberanía de la Ley de Tierras”.
El artículo 154 del DNU 70/2023 establece: “Derogase la Ley N° 26.737”. Esa norma regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Lee También: Un alto funcionario de la diplomacia de EE.UU. llegará a la Argentina con la seguridad y el programa de visas como temas centrales
La oposición acusa al oficialismo de cambiar de postura
Desde los sectores que impulsan la sesión especial del 15 de octubre, el diputado Pablo Juliano cuestionó el cambio de estrategia de La Libertad Avanza.
“Reculan en chancletas. Ante el escenario cierto de que en Diputados rechacemos el DNU 70/23 el jueves 15, hoy los libertarios llamaron a dictaminar el miércoles 14 la ley de Propiedad Privada para incluir límites a la venta de tierras a extranjeros”, sostuvo.
En la construcción del quórum participan Germán Martínez, de Unión por la Patria; Pablo Juliano, de Provincias Unidas; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, además de representantes de otras fuerzas.
La oposición cuenta con los 92 diputados del peronismo, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de la Coalición Cívica y parte de los 18 integrantes de Provincias Unidas.
También anticiparon su presencia los radicales críticos Martín Lousteau, Mariela Colleta, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; y los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez. El resto de los legisladores de Provincias Unidas todavía no definió su posición.
Por su parte, Argentina Federal, conducida por el misionero Oscar Herrera Ahuad, tampoco descarta participar de la sesión. Sin embargo, la convocatoria del plenario para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada podría hacer que algunos de sus integrantes desistan de asistir.
Qué propone ahora el oficialismo
La Libertad Avanza tomó propuestas de distintos sectores y acepta incorporar límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
La nueva propuesta establecería un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
Además, cuando las tierras estén ubicadas en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El resto de los puntos de la nueva redacción se terminará de definir durante el plenario del próximo miércoles.
En agosto, la Cámara alta aprobó por 33 votos a favor y 33 en contra una versión acotada del proyecto original del Poder Ejecutivo.
El Senado eliminó los capítulos vinculados con la extranjerización de la tierra y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se concentró en agilizar los desalojos en casos de usurpación mediante trámites sumarísimos y en modificar las condiciones y tasaciones para las expropiaciones realizadas por el Estado.
La propuesta original de la Casa Rosada planteaba eliminar el tope del 15% para la compra de tierras por extranjeros, suprimir el cupo máximo por nacionalidad y quitar el límite de superficie por región, que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana.
También habilitaba la adquisición de nacientes y ojos de agua, una posibilidad que hasta entonces estaba prohibida para compradores extranjeros. Esos cambios fueron algunos de los motivos por los que fracasó su tratamiento en el Senado.
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POLITICA
Fernando Espinoza consiguió la reelección al frente de una entidad que nuclea a 500 intendencias
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (Partido Justicialista), fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a 500 intendencias que abonan cuotas semestrales para pertenecer a esta entidad facultada para representar a los municipios de todo el país. Espinoza es uno de los aliados principales de Axel Kicillof en el intento del gobernador bonaerense por ser candidato a presidente en 2027, y lidera la FAM desde 2022.
Espinoza consiguió su permanencia al frente de la FAM en una asamblea que se desarrolló en la sede de la institución, en Cerrito 832, Capital Federal. “Los Municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, afirmó el jefe comunal de La Matanza tras su reelección.
Tras la reelección del intendente de La Matanza como presidente, la FAM emitió un comunicado con duras críticas contra el gobierno del presidente Javier Milei. “Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico”, se subrayó en el documento.
La FAM le reclamó diez puntos a Milei, a quien le pidió una reunión. Entre esos puntos, le solicitó la “restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios”, la “reactivación de la obra pública nacional” y la “protección de pequeños y medianos productores”. También, “la defensa de la calidad de vida de los jubilados”, que se restituya la “asistencia alimentaria para todos los comedores”, y que se respete la división de poderes.
El documento de la federación de municipios también aborda la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple en prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, en el denominado Caso Vialidad. “Seguimos sosteniendo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución política, mediática y judicial. Reivindicamos los gobiernos que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de la gente. Cristina es inocente, está presa por haber encabezado un proyecto político que enfrentó intereses económicos concentrados y gobernó en beneficio de las mayorías populares. Una democracia sana necesita poderes independientes y reglas iguales para todos”, se subrayó en el comunicado.
Los mandatos en la FAM se extienden por dos años. En 2024, Espinoza había sido reelecto al día siguiente de ser procesado por presunto abuso sexual, una denuncia que hizo su exsecretaria Melody Rakauskas y que derivará en un juicio. Espinoza fue sobreseído en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento en el mes de julio.
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Un soldado apareció muerto este miércoles en la Base Aérea de Morón y las autoridades investigan qué fue lo que pasó. La Fuerza Aérea informó que se trataba de un suboficial subalterno que estaba en su puesto y fue hallado sin vida.
De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, en horas de la tarde, personal de las FF.AA dio aviso a la comisaría 4ta de Morón, donde daban cuenta de que un efecto había sido hallado sin signos vitales y que tenía un impacto de arma de fuego a la altura de la sien, en el lado derecho.
En esa línea, el hecho habría tenido lugar cerca de una de las entradas al predio ubicado en el cruce de las calles Fray Santa María de Oro y Máximo Paz. La base se encuentra a pocas cuadras del estadio del club Deportivo Morón, que actualmente milita en la Primera Nacional.
La investigación avanzó con la Policía Federal Argentina y la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Entre las primeras medidas que se tomaron, se secuestró el celular del soldado y la toma de declaración testimonial a las otras personas que estaban en el predio.
Según informó Primer Plano, la identidad del soldado permanece reservada, pero se conoció que era un joven de 20 años oriundo de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
En un comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó sobre el fallecimiento del soldado y remarcaron: “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.
“Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, completó el escrito.
Otros casos registrados
El episodio en Morón no es el primero que sacude a las Fuerzas Armadas en los últimos meses. El caso de mayor repercusión ocurrió en diciembre pasado, cuando el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. La investigación posterior reveló que no se trató de un hecho aislado: Gómez era víctima de una red de extorsiones que operaba desde cárceles bonaerenses a través de una aplicación de citas.
La maniobra comenzó con la creación de un perfil falso en la plataforma Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Una vez establecido el contacto, la organización enviaba un audio en el que una supuesta madre acusaba a la víctima de haber tenido conversaciones con una menor de 17 años. A continuación, un presunto policía —que usurpaba la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, de la Policía de la Ciudad— llamaba al afectado para informarle que existía una causa judicial en curso y que podía evitar consecuencias legales mediante pagos inmediatos.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: a las víctimas se les exigían nuevas sumas bajo amenazas reiteradas.
Gómez dejó una carta en la que describió el mecanismo al que fue sometido. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?”, escribió el joven, y agregó: “Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa”.
Semanas más tarde, el 16 de enero, el Ejército Argentino confirmó la muerte de otro de sus integrantes, perteneciente al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas”. El efectivo fue hallado sin vida en su domicilio particular en Quilmes, a medianoche. La investigación quedó en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señaló la institución en un comunicado oficial.
Ese episodio se sumó a otros dos que habían tenido lugar en diciembre. El suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, aunque la carátula inicial fue “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá. En Mendoza, en tanto, murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio al momento del hecho, y no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares.
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