POLITICA
El Gobierno recibió a una delegación comercial de EE.UU. y relativizó que Trump haya excluido a la Argentina del cupo de importación de carne
El Gobierno recibió hoy a una delegación comercial de los Estados Unidos en medio de las negociaciones para profundizar el acuerdo económico y luego de las últimas decisiones de Donald Trump sobre las importaciones de carne. El canciller Pablo Quirno se reunió con el representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, que mantendrá encuentros en la Argentina hasta este viernes.
El paso de Goettman por Buenos Aires, tras visitar Santiago de Chile, forma parte de la agenda regional de la administración de Donald Trump y se produce en un momento de fuerte actividad en el vínculo económico con la Casa Rosada.
La visita tiene como uno de sus principales antecedentes el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que Quirno firmó en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y que contiene compromisos de apertura de mercados, reducción de barreras y adecuaciones regulatorias de ambos países.
En el Gobierno presentan el encuentro con Goettman como una instancia de seguimiento de ese entendimiento y de las medidas necesarias para avanzar en su implementación. La delegación estadounidense tiene previsto mantener durante su estadía reuniones con funcionarios y representantes del sector privado vinculados con los distintos capítulos de la negociación.
La llegada del funcionario de la USTR se produjo además un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los puntos que Estados Unidos venía siguiendo dentro de la agenda acordada con Buenos Aires.
El PCT establece un sistema internacional que permite iniciar mediante una única solicitud el trámite para buscar protección de una invención en los países adheridos. Diputados incorporó una reserva sobre el capítulo referido al examen preliminar internacional, luego de los cuestionamientos de laboratorios nacionales, por lo que el texto deberá volver al Senado antes de completar su trámite legislativo.
Quirno destacó después del encuentro que Estados Unidos es el principal socio estratégico del Gobierno y el primer inversor extranjero en la Argentina, con más de US$35.300 millones de inversión extranjera directa. También puso el foco en el crecimiento que registró el intercambio bilateral durante 2026.
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Según las cifras difundidas por el canciller, las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron casi US$6000 millones entre enero y julio, un 38% más que en el mismo período de 2025. El mercado estadounidense concentró así cerca del 10% de las ventas externas del país y se ubicó como el segundo destino de las exportaciones argentinas.
En Cancillería atribuyen esa expansión principalmente a las mayores ventas de carnes, metales, combustibles y energía. Quirno aseguró además que el superávit comercial bilateral acumulado hasta julio alcanzó los US$2000 millones, casi nueve veces el registrado durante los primeros siete meses del año pasado.
La carne forma parte de las negociaciones comerciales que mantienen ambos gobiernos. Quirno sostuvo que la ampliación de 20.000 a 100.000 toneladas del acceso preferencial de la carne argentina al mercado estadounidense fue obtenida durante la negociación del acuerdo firmado en febrero. La Casa Rosada presenta ese incremento como uno de los resultados concretos del nuevo vínculo económico.
La administración Trump anunció esta semana, por otra parte, un contingente temporal adicional de 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles, destinado a aumentar la oferta en el mercado estadounidense. La Argentina no quedó incluida porque ya dispone de una cuota específica de acceso preferencial, al igual que otros países con contingentes propios.
La nueva disposición de Washington no modifica, por lo tanto, las condiciones acordadas para la carne argentina. El cupo adicional alcanza principalmente a proveedores que no cuentan con una cuota específica, mientras la Argentina conserva el acceso preferencial ampliado que consiguió en las negociaciones bilaterales.
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En el Ejecutivo buscan que la agenda con la USTR avance ahora sobre los capítulos pendientes del entendimiento, que exceden el intercambio de productos agropecuarios. Entre los temas bajo seguimiento aparecen las condiciones de acceso a mercados, propiedad intelectual, inversiones, regulaciones y sectores considerados estratégicos.
Las conversaciones con Washington incluyen además la seguridad de las cadenas de suministro y los criterios aplicados a proveedores de tecnología e infraestructura. Estados Unidos viene planteando ese punto especialmente en telecomunicaciones, energía y minerales críticos, en el marco de su competencia económica y tecnológica con China.
La Casa Rosada busca utilizar la visita de Goettman para acelerar la implementación del acuerdo comercial y ampliar el intercambio con Estados Unidos. El Gobierno exhibe como señales el aumento de las exportaciones, la ampliación de la cuota de carne y el avance legislativo del PCT, mientras mantiene abiertas las negociaciones sobre los compromisos que todavía requieren modificaciones regulatorias o acuerdos sectoriales.
Gobierno, Estados Unidos, Donald Trump
POLITICA
Cambios en la seguridad presidencial: el Gobierno anunció que Casa Militar asumirá todas las tareas de la Quinta de Olivos
El Gobierno anunció este jueves cambios en la seguridad de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos. Según explicaron a través de un comunicado, Casa Militar pasará a centralizar todas las tareas para asegurar el resguardo de Javier Milei.
De acuerdo al texto que hizo circular la Casa Rosada, el personal de Casa Militar a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.
Así, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo de la Quinta hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, administración y control. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán en manos de personal civil, según pudo saber este medio.
Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei, Quinta de Olivos
POLITICA
Definieron las fechas de los juicios contra Cristina Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces
El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Hotesur, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Además, la causa paralela, denominada Los Sauces, con la expresidenta como principal imputada y el empresario Cristóbal López, se iniciará el 19 de marzo de 2027.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.
Noticia en desarrollo
el juicio oral,Conforme a
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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