POLITICA
El Gobierno redefinió áreas clave de la Jefatura de Gabiente encargadas de la gestión de medios y ciberseguridad

El Gobierno nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que redefine la organización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación.
A través del Decreto 269/2026 publicado hoy jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías, en una medida que impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público.
Según el texto oficial, la renovación busca mejorar la gestión de competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete, optimizando recursos y actualizando los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita.
De esta manera, se transfiere a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de de Manuel Adorni.

Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas.
A partir de ahora, la Unidad Gabinete de Asesores contará con nuevas atribuciones, entre las que destaca la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Entre las áreas más relevantes del nuevo esquema se encuentran:
- Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, con sus subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
- Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la cual funcionan la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
- Secretaría Ejecutiva, que incorpora la Subsecretaría de Coordinación Interministerial y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, además de la Oficina Nacional de Contrataciones.
- Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Innovación, de Ciencia y Tecnología y de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología.
- Secretaría de Turismo y Ambiente, con las subsecretarías de Turismo y de Ambiente.
- Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora incluye la Subsecretaría de Prensa, la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la Subsecretaría de Medios Públicos.
La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área.
El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas.
Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto.
Uno de los objetivos asignados a la Secretaría de Innovación es la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de las participaciones estatales en AR-SAT y Correo Oficial de la República Argentina S.A. Asimismo, la Secretaría ejercerá el control tutelar sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Hasta que se complete el proceso de reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes a nivel inferior, asegurando la continuidad de las acciones y dotaciones de personal. El gasto derivado de la aplicación de la nueva estructura se atenderá con los créditos asignados a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros.
La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa.
Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino.
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POLITICA
Senado: avanza el operativo del Gobierno para blindar a Adorni y evitar la interpelación

En un nuevo intento por blindar al cuestionado Manuel Adorni el oficialismo pidió una reunión de jefes de bloque en el Senado para este martes con la intención de volver a discutir las condiciones necesarias para habilitar, en la sesión del jueves, el debate de un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio contra el jefe de Gabinete, que se sostiene en el cargo por decisión de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El debate girará en torno a las mayorías que se requieren para discutir la interpelación. Tras aceptar el miércoles de la semana que la moción podía tratarse si la habilitaba la mayoría absoluta del cuerpo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital), dio marcha atrás y ahora quiere exigir el voto de los dos tercios de los presentes, ya que el proyecto de resolución presentado por el kirchnerismo no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, debería discutirse sobre tablas.
“Nosotros no vamos a ir porque ya acordamos la semana pasada, y Bullrich estuvo de acuerdo, que se necesitaba mayoría absoluta y quedamos que íbamos a discutir el tema directamente en el recinto”, anticipó el jefe del bloque kirchneristas, José Mayans (Formosa), en diálogo con .
La nueva cita para discutir los términos de la sesión será este martes a las 18 y fue convocada a pedido de Bullrich, que le presentó este mediodía una nota ante la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Todo indica que la reunión no tendrá ninguna definición y que el debate entre las dos posturas terminará saldándose, como siempre, con una votación en el recinto.
“Se ve que a Karina no le gustó lo que (Bullrich) acordó con nosotros y ahora quiere cambiar los términos”, se quejó Mayans, quien insistió en que fue la propia jefa de la bancada oficialista la que había aceptado el criterio de que el artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo y que, por lo tanto, no necesita de debate previo en comisiones, sino que puede discutirse directamente en el recinto.
Mayans se refirió así al compromiso público asumido por Bullrich el último miércoles, cuando actuó como vocera de la reunión de Labor Parlamentaria y comunicó a los periodistas acreditados en el Senado que todos los bloques habían acordado suspender por una semana la sesión que estaba prevista para el jueves pasado, pero que a cambio se había decidido someter a discusión la interpelación de Adorni siempre y cuando se alcanzase la mayoría absoluta que establece la Constitución.
Según pudo reconstruir en diálogo con legisladores que participaron de la reunión de jefes de bloque de la semana pasada, esa fue la postura que terminó imponiéndose y que aceptaron todos los bloques luego de un extenso debate.
Si bien algunos senadores, como el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego) y el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), plantearon su disidencia y dijeron que se necesitaban los dos tercios porque el proyecto del kirchnerismo no tenía dictamen, la interpretación de que el pedido de interpelación se podía reclamar como una moción invocando el artículo 101 de la Constitución cerró la discusión.
Por esa razón, el acta de Labor Parlamentaria no menciona ninguno de los proyectos que reclaman interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete, destacó un senador que firmó el acuerdo de jefes de bloque.
El documento no habla de expedientes sino que plantea el tratamiento de “mociones de interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento de la Cámara de Senadores”.
El acuerdo sellado por Bullrich disgustó a la Casa Rosada, por el simple hecho de que va a contramano de la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina de Milei, de sostener contra viento y marea a Adorni. Así, en la noche del jueves comenzaron a deslizar la idea de que no pensaban cumplir con el compromiso asumido por la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta.
A las quejas del Gobierno se sumaron las palabras de Espínola a manifestando su rechazo a la acordado en Labor Parlamentaria y anticipando que, en la sesión del jueves, pedirá que se exija una mayoría de los dos tercios de los presentes para habilitar el debate porque así lo establece el reglamento del Senado para los proyectos que no tienen dictamen de comisión.
Como si esto fuera poco, el peronista correntino que suele jugar como aliado de la Casa Rosada anticipó su rechazo a la idea de someter a Adorni a una interpelación, al afirmar que su continuidad en el Gobierno era facultad exclusiva del Presidente y que, en su defecto, para que el Congreso pudiera intervenir hace falta mejores “herramientas” aportadas por la justicia sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
En las últimas horas se sumó a favor de exigir una mayoría agravada de dos tercios el misionero Martín Goerling (Pro), quien adhirió a la idea de que permitir el debate con mayoría absoluta haría muy fácil el proceso de remoción de un jefe de Gabinete.
De imponerse la postura de los dos tercios, al oficialismo le alcanzará con sumar cuatro votos a los 21 senadores que ya tiene para bloquear cualquier intento de obligar a Adorni a comparecer ante la Cámara alta para someterse a las preguntas de los senadores.
palabras de Espínola a,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,“Ecocidio”. Avanza en el Senado un polémico proyecto que prevé hasta 25 años de prisión: lo apoyó Patricia Bullrich y en la Rural dicen que es un “desastre”,,Caso Adorni: es hora de que el Gobierno dé vuelta la página,,“Robots cuidando ancianos”. Cómo podría cambiar el trabajo en la Argentina y qué empresas podrían llegar con la nueva ley que propone Sturzenegger
POLITICA
Ni los goles, ni la porno-corrupción, logran salvar a Adorni

De los golazos de Messi a la porno-corrupción de Jesica Cirio, la gobernabilidad libertaria reza cada día por una agenda que minimice el escándalo político que protagoniza Manuel Adorni. Por ahora nada alcanza. La esfera política sigue atrapada en el laberinto Adorni. La competencia entre oficialismo y oposición gira en esa calesita que no termina: ahora el Congreso, en sus dos cámaras, concentra la batalla en la lectura de la letra chica de la moción de censura.
La agenda parlamentaria tomada por el caso Adorni. Y la lógica de la propia interna libertaria baila a ritmo adornista: el sábado del Día de la Bandera en Rosario, el caso Adorni y las internas del Gobierno se tragaron una nueva efeméride. Un acto clave de la institucionalidad patria al servicio de demostrar una vez más el apoyo de Milei, su hermana Karina y el Gabinete al jefe de Gabinete cuestionado: ésa era la foto buscada. En el caso de Victoria Villarruel, lo mismo, pero al revés: una asistencia al acto desafiante para dejar testimonio de su cuestionamiento ético al gobierno al que pertenece sin pertenecer. Su lugar en el acto del sábado era la otra foto esperada.
Con la agenda política varada en el barro del caso Adorni, la única luz de esperanza para el Gobierno son las señales contradictorias que llegan desde la sociedad. ¿Cuánto le impacta el caso Adorni? ¿Cuánto le impacta la marcha de la economía? Hay datos contradictorios. Sobre esa indefinición el oficialismo talla el tamaño de su esperanza para 2027.
¿Días patrios o adornistas?
No es la primera efeméride que cae bajo la presión del escándalo Adorni. En mayo, el Tedeum quedó en la línea de fuego de la interna Santiago Caputo vs. Martín Menem pero también, bajo las esquirlas adornianas: llamó la atención el no-lugar de Patricia Bullrich en ese acto, y la suerte de reivindicación política por parte de Milei cuando le hizo un lugar en el balcón de Casa Rosada y la abrazó. Diecinueve días antes, Bullrich fue la primera, y única, dirigente libertaria que cuestionó a Adorni directamente: fue el día del “lo tiene que hacer de inmediato”, en relación a las declaraciones juradas de Adorni. En el Tedeum, la gestualidad política le hizo sufrir algunas de sus consecuencias.
El otro momento institucional tomado por el caso Adorni fue el del informe de gestión del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados el 29 de abril: ese día, el apoyo del Gobierno a Adorni desplazó completamente el detalle sobre la gestión. En el caso del Día de la Bandera, el homenaje mileísta a Manuel Belgrano jugó a favor de Villarruel que viene haciendo política de efemérides: con la reducción de su rol en el Gobierno, Villarruel se inventó una estrategia de viajar por el país en cada fecha patria. En su discurso, Milei eligió homenajear a un Belgrano “promotor de la libertad política y económica”. Pero también hubo una línea sobre una de las interpretaciones más canónicas del prócer, su honestidad y pobreza: “Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su patria”, dijo Milei. Dio un pie que Villarruel llevó hacia el molino del caso Adorni: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.
El espejo de Jesica Cirio
Por el momento, la estrategia del Gobierno ofrece más problemas que soluciones. El regreso del caso Insaurralde al centro de la escena pudo ser una oportunidad mileísta para reforzar su diferenciación con el kirchnerismo. Pero ese barco ya zarpó. El grado de exhibición de dólares sospechados en el video de Jesica Cirio pone al caso Insaurralde en el género de la porno-política: la materialidad obscena de los billetes es la marca más visible de la escala que permite cuantificar el tamaño de la corrupción de raíces kirchnerista. La Rosadita y las máquinas de contar dinero, el kilaje como manera de cuantificar la sumas involucradas, los bolsos de López: las cajoneras de Insaurralde se inscriben en esa tradición.
Y sin embargo, el argumento ético le queda fuera de la mesa al Gobierno: cuando hay que pasar de condenar la corrupción de la casta política lisa y llanamente a pesarla en la balanza a ver quién la hizo más grande, la batalla está perdida. Es el argumento de Axel Kaiser, el economista libertario chileno, subdirector ejecutivo de la Fundación Faro, que a principio de mayo sostenía. “No tengo la menor idea de las aristas legales, pero 124 mil dólares… Cuando yo venía a la Argentina y veía los escándalos de los kirchner, a esa cifra multiplícala por mil. Lo digo como alguien de afuera: si esto es un problema, ya son como Suiza ustedes”. Con las últimas cifras declaradas y las nuevas contradicciones de Adorni quizás ese argumento ya no sea tan efectivo. Sin embargo, el argumento le gusta al nuevo vocero Adrián Ravier, que considera atendible la comparación de los montos del caso Adorni con los de la corrupción kirchnerista.
Nuevo vocero y nuevos dilemas
Hay dilemas y desafíos tanto en el nombramiento del vocero Ravier, como en el del nuevísimo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, anunciado ayer en reemplazo de Javier Lanari. Para saltar el cerco del problema Adorni, Milei apostó a desempoderar a su cuestionadísimo jefe de Gabinete de una de sus funciones: la de vocero. Fue la primera vez en el affair Adorni que el Presidente se choca de frente con el principio de realidad: el desplazamiento de Adorni representa la aceptación de una de las consecuencias del escándalo. Lo más parecido a una derrota política de Milei y de su empecinamiento en sostener a Adorni. Está claro que Adorni se interpone entre la sociedad y los logros económicos que el Gobierno quiere reforzar.
Pero los nombramientos de Ravier y Fernández pueden implicar riesgos. Por un lado, que Adorni haya sido el encargado de dar a conocer su designación en X no resulta la mejor estrategia para mantener separadas del escándalo Adorni a los nuevos funcionarios.
Por otro lado, el vínculo de Ravier con la Fundación Faro lo deja expuesto a futuros cuestionamientos. La interna Karina Milei v Santiago Caputo alcanza también a la fundación. La IGJ, bajo la influencia de la secretaria general, puso los ojos en el crecimiento patrimonial de la Fundación Faro, bajo la órbita del joven Caputo. Según los balances disponibles en la IGJ, la Fundación Faro multiplicó 356 veces su patrimonio neto y 78 veces las donaciones de 2023 a 2024. Los ingresos de 2024 fueron de $5mil millones en concepto de donaciones. Hasta hace muy pocas semanas, Ravier era el director académico de la Fundación Faro. Su director ejecutivo sigue siendo Agustín Laje.
En relación a Fernández, llega al Gobierno desde YPF, donde tenía un rol clave en la relación de la empresa de mayoría estatal con los medios: era el gerente de Prensa y Medios de YPF.
La gente, ¿cuánto le pesa Adorni?
Como telón de fondo de la calesita Adorni, está la pregunta sobre el impacto en la gente. El oxígeno que llegó con un índice clave. “Heterogeneidad” es la palabra de moda para sintetizar la ambivalencia de los resultados del plan económico. Pero también puede servir para explicar la incertidumbre sobre el impacto en la sociedad que votará en 2027.
El último estudio de la consultora Escenarios, de los politólogos Pablo Touzón y Federico Zapata, se enfoca en “la crisis de ingresos en los hogares argentinos”. La conclusión es preocupante: “una economía doméstica en estado de insolvencia extendida”. El 71,34 por ciento de los hogares declara que “sus ingresos no alcanzan o alcanzan apenas, sin margen de ahorro”. El 47,81 por ciento dice que “deja gastos sin cubrir cada mes”. El estudio dispara la alarma sobre la “arquitectura del gasto”: el 41,40 por ciento de los hogares donde los ingresos no alcanzan está reduciendo gastos básicos, en lugar de gastos y consumos no esenciales. “Esta inversión de la secuencia esperable -primero se recorta lo prescindible y después, lo esencia- es quizás el indicador más elocuente de la fase de crisis: indica que para una porción mayoritaria de los hogares en dificultades el margen discrecional ya fue consumido en rondas previas de ajuste”, concluye el trabajo.
La heterogeneidad de las certezas sobre cómo reaccionan los votantes a la economía libertaria y a la gobernabilidad mileísta centrada en Adorni queda clara con el nuevo Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que publicó ayer la Universidad Di Tella correspondiente al mes de junio: muestra una mejora de 3,9 por ciento respecto de mayo, la primera vez que sucede en 2026. El subíndice de Capacidad subió 4,3 por ciento y el de Honestidad se mantuvo estable.
Para el Gobierno y sus expectativas electorales, el dato más relevante es que en el Gran Buenos Aires, un votante que se volvió más esquivo para el Gobierno, se registró la mayor mejor, que fue de un 11,1 por ciento. Tanto el IGC como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Di Tella suelen correlacionar con resultados electorales. De ahí la importancia del dato para el Gobierno.
Está claro que la respuesta sobre el impacto electoral del rumbo económico y del caso Adorni queda pendiente hacia el futuro: por el momento, domina la heterogeneidad en el análisis de su impacto. Sin embargo, hay una certeza: la estrategia del Gobierno de confirmar a Adorni en su cargo es un obstáculo para la comunicación de los logros de gestión que el Gobierno ya detectó. Todo lo que se multiplica por Adorni da Adorni, es decir falta de credibilidad y pérdida de confianza. Nada parece ser capaz de cambiar ese rumbo de colisión.
Luciana Vázquez,Conforme a
POLITICA
“Operación Masacre”: 70 años después, declararon delito de lesa humanidad a los fusilamientos relatados por Rodolfo Walsh en la novela

“Hay un fusilado que vive”. Así arranca Operación Masacre, texto fundacional del periodismo narrativo y de investigación, de la crónica policial y política. El texto fue escrito por Rodolfo Walsh en 1957, casi diez años antes de que Truman Capote publicara A sangre fría. Un relato en caliente sobre los fusilamientos clandestinos perpetrados por la dictadura de Aramburu en 1956 en los basurales de José León Suárez. El múltiple crimen que hoy, setenta años después, encontró justicia.
El juicio por la verdad que concluyó en los juzgados de San Martín dictaminó que se trató de crímenes de lesa humanidad. Consideró que hubo responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de doce militantes peronistas. En la puerta de los tribunales, las imágenes de los descendientes de las víctimas, con las fotos en blanco y negro de Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez, quedarán para la historia.
Para la jueza Alicia Vence, ante lo expuesto y debatido en el juicio por la verdad, tanto el presidente de ese tiempo, Pedro Eugenio Aramburu, como los otros responsables a sus órdenes, varios jefes policiales (hoy todos fallecidos) fueron culpables de cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio. Les hubiera correspondido la prisión perpetua.
Los intentos de homicidio corresponden a los siete que lograron sobrevivir del grupo de doce detenidos. Habían sido secuestrados en la noche de ese 9 de junio en una casa en Florida. Los llevaron a una comisaría hasta que llegó la orden de fusilarlos en un descampado. Con los disparos de las armas rasgando la oscuridad, en un basural de José León Suárez, algunos se enfrentaron a sus secuestradores y lograron huir, amparados por la noche.
A Livraga, que recibió tres disparos, lo dieron por muerto. Al amanecer pidió auxilio y lo trasladaron a un hospital, del que se lo llevaron preso. A seis meses del episodio, Walsh escuchó hablar de “un fusilado que vive”, y decidió investigar y contar la historia. Livraga es el único que sigue vivo (tiene 96 años) y pudo escuchar por fin el cierre a un pedido de justicia que lleva setenta años. A las familias de los asesinados les entregaron los cuerpos, pero les impidieron despedirlos públicamente pues eran “traidores a la patria”.
En su alegato final, el querellante Alberto Palacio habló de “memorias que sobrevivieron a setenta años de silencio impuesto”. “El duelo era puertas adentro -dijo-puertas afuera era duelo bajo sospecha. No podían decir el nombre de sus padres en voz alta; aprendieron a callar desde niños. Hace 70 años se les niega la verdad reconocida por la justicia”. Ahora, una placa marcará el lugar del que se los llevaron y otra el que fue testigo de los fusilamientos. Mientras Operación Masacre se sigue leyendo en las escuelas de periodismo.
juicio, Rodolfo Walsh
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