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POLITICA

El Gobierno redefinió áreas clave de la Jefatura de Gabiente encargadas de la gestión de medios y ciberseguridad

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El Gobierno nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que redefine la organización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación.

A través del Decreto 269/2026 publicado hoy jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías, en una medida que impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público.

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Según el texto oficial, la renovación busca mejorar la gestión de competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete, optimizando recursos y actualizando los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita.

De esta manera, se transfiere a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de de Manuel Adorni.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas.

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A partir de ahora, la Unidad Gabinete de Asesores contará con nuevas atribuciones, entre las que destaca la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Entre las áreas más relevantes del nuevo esquema se encuentran:

  • Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, con sus subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
  • Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la cual funcionan la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
  • Secretaría Ejecutiva, que incorpora la Subsecretaría de Coordinación Interministerial y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, además de la Oficina Nacional de Contrataciones.
  • Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Innovación, de Ciencia y Tecnología y de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología.
  • Secretaría de Turismo y Ambiente, con las subsecretarías de Turismo y de Ambiente.
  • Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora incluye la Subsecretaría de Prensa, la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la Subsecretaría de Medios Públicos.

La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área.

El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas.

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Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto.

Uno de los objetivos asignados a la Secretaría de Innovación es la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de las participaciones estatales en AR-SAT y Correo Oficial de la República Argentina S.A. Asimismo, la Secretaría ejercerá el control tutelar sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Hasta que se complete el proceso de reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes a nivel inferior, asegurando la continuidad de las acciones y dotaciones de personal. El gasto derivado de la aplicación de la nueva estructura se atenderá con los créditos asignados a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros.

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La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa.

Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino.

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Diputados: el Gobierno evalúa incluir un capítulo de Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada

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Con un ojo en la Corte Suprema, ante la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a expedirse sobre la Ley de Tierras, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados evalúa incluir un capítulo o una resolución que limite la venta a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora debe tratar la Cámara baja.

La maniobra parlamentaria, encabezada por Martín Menem, busca desactivar a toda costa la megasesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre, en la que no solo se propone avanzar contra el DNU 70/23, sino también prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar al recinto una respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.

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Según pudo saber de fuentes parlamentarias, representantes del bloque libertario se reunieron esta mañana para comenzar a darle forma a la iniciativa, si bien no es la única que barajan para desandar la embestida opositora.

Si bien el oficialismo se jacta de que los bloques críticos no cuentan con los números para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, aumenta la presión de gobernadores y aliados para que el Gobierno avance con una alternativa que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La comisión de Defensa Nacional sesionó hoy por la ley de soberanía de MalvinasHernán Zenteno – La Nación

Todo ello convive con la reciente decisión de la Corte Suprema de convocar a dos conjueces para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. En particular, la ONG ambientalista había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del megadecreto de Javier Milei, que derogó la norma y, con ella, los límites a la venta de tierras a extranjeros.

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Tal como publicó , la Cámara Federal de La Plata consideró el planteo conexo a la causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que perseguía el mismo objetivo.

Sin embargo, la asociación instó al máximo tribunal a aclarar si lo resuelto en el fallo también alcanza a su amparo. Sostiene que su planteo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes por invocar una legitimación diferente.

En ese sentido, el pedido de aclaratoria reclama “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente. “En su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”, advirtieron desde la ONG.

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En caso de hacer lugar al planteo de la asociación, la Corte deberá decidir, junto con los dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si es el propio máximo tribunal el que resuelve la medida cautelar.

Suspicacias

Esta última opción genera suspicacias entre algunos diputados opositores, que hablan de un posible “salvataje” de la Corte al Gobierno, justo cuando la oposición presiona con una megasesión si los libertarios no dan señales de ir marcha atrás con la reciente derogación de la Ley de Tierras.

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Es así que desconfían de cualquier intención de Menem de incluir una contrapropuesta para limitar la ley de tierras en un proyecto legislativo. “Eso sería el plan b”, señalan los mismos.

El libertario Luis Petri en el trabajo de comisiones, este martes en DiputadosHernán Zenteno – La Nación

Otra de las variantes que circularon en los últimos días era la de sumar el tema al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo lo descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.

En cualquier caso, ya sea a través de una resolución de la Justicia o de una iniciativa propia, la intención del bloque libertario sería impedir la sesión del jueves y evitar que coincida con la foto de la marcha universitaria. En paralelo, buscaría trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad al 21 de octubre, en una convocatoria impulsada por el propio oficialismo con el objetivo de esquivar el golpe política y retomar la agenda que le impuso la oposición.

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POLITICA

Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión

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El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.

No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.

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Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.

En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.

Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.

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El bloque de senadores bonaerense de Fuerza Patria

El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.

La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.

La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.

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Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.

La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.

Los legisladores participan en una sesión dentro del recinto del Senado de la Provincia de Buenos Aires. (Prensa Senado BA)

El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.

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La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.

La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.

El senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón

El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.

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Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.

Verónica Magario,Senado de la provincia de Buenos Aires,sesión legislativa

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La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho

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Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.

La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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La protesta estudiantil en la Facultad de Derecho

Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.

La protesta en la Facultad de Derecho
La protesta en la Facultad de Derecho

Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.

Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La cuenta ‘Cristina Libre’

Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.

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Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.

La protesta en Tribunales de Plaza LavalleNicolás Suárez

Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.

La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.

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El fallo de la Corte

El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.

Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

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Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo LorenzettiCorte Suprema

Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.




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