La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó 14.696 dólares en su viaje a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025: 8.874 dólares en alojamiento en dos hoteles (el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y el Divi Dutch Village Resort) y 5.800 dólares en pasajes aéreos abonados en efectivo y en dólares a Latam. El caso forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita.

Durante ese período, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial con un salario congelado de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. En el marco de la causa, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para acceder a información sobre sus movimientos financieros.

El hijo de la jubilada que le vendió el departamento a Manuel Adorni dijo que el funcionario le debe 65 mil dólares

La fiscalía también analiza otras operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la compra de un departamento en la calle Miró (Caballito) por 230.000 dólares (con una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por las vendedoras) y una vivienda en el country Indio Cuá por 120.000 dólares.

Este miércoles declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las prestamistas, y reveló que Adorni le debe otros 65.000 dólares por refacciones en el departamento de Miró. En noviembre de 2025, Adorni también realizó un pago de 30.000 dólares para cancelar parte de una hipoteca cuyo saldo continúa vigente.

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La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.

El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.

Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.

El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.

La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.

El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.

La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.

Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.

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