POLITICA
El mensaje del Gobierno tras enviar la reforma electoral al Congreso
Después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de la reforma electoral, la Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado en el que aseguró que el objetivo de la normativa es «corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar“. Además detalló los motivos de los principales cambios.
“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Está hecho a medida para que la política se proteja a si misma. El presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llego la hora de devolverle el poder a los argentinos y que la política vuelva a estar al servicio de la gente“, aseveró.
Uno de los puntos clave del proyecto es la eliminación de las PASO, una herramienta que desde hace tiempo el oficialismo considera un gasto para los argentinos. La Oficina del Presidente, en tanto, las definió como un “experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas” y justificó que en las elecciones de 2023 tuvieron un costo de 45.000 millones de pesos y “no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante“.
“De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, subrayó.
Por otra parte, con la reforma se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos con el fin de “mantener la personería” y terminar con el régimen de los “sellos de goma”, que desde el Gobierno indicaron que “hacen de cada elección un negocio”. “A su vez, se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas”, agregaron en el comunicado.
El proyecto también plantea la eliminación del régimen de espacios cedidos, que establece que los medios deben dar lugar a propaganda partidaria gratuita. “Es un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”, sostuvieron.
El último punto destacado del proyecto es la incorporación de ficha limpia, la ley aprobada el año pasado que prohíbe que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos u ocupar cargos en la administración pública. Al respecto afirmó: “No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.
Según el comunicado, el Gobierno propone, con la reforma, “transparentar” el financiamiento de los partidos políticos y argumentó que se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado, mientras que el otro 90% es “plata negra que muchas veces viene de actividades ilícitas”.
“Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo”, indicó.
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Milei está a punto de decidir cómo salir de la trampa en la que está metido.
Ya entendió que la economía no crece a mayor velocidad porque los inversores, a pesar de todos sus logros, están enviando la misma señal que, en su momento, le mandaron a Macri.
“Espero, miro y después decido”
Idéntica conducta están adoptando los miles de argentinos que tienen, en su conjunto, cerca de 250 mil millones de dólares fuera del sistema. Por eso, esta semana, el ministro Caputo les pidió a los estudiantes de la Di Tella, mitad en broma, mitad en serio:
“Traten de convencer a sus padres para que saquen los dólares del colchón”.
Y lo más peligroso de la trampa es que, cuantas más señales de volver al pasado emite la oposición, más se beneficia del pánico a volver al pasado.
Esto vale tanto para el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiar todo lo expropiable, como para Axel Kicillof, quien calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una “cesión de soberanía clara y evidente”.
Porque si Kicillof está prometiendo romper todos los contratos, ¿qué incentivo tendrían los inversores locales y extranjeros para enterrar dinero en la Argentina?
Milei dice que, para salir de “la trampa”, no romperá ningún contrato.
Que no se traicionará ni traicionará a los argentinos.
Que prevalecerá sin Plan Bonex, sin pesificación asimétrica ni corralito, ni “reperfilamiento de la deuda en pesos”, como hicieron los gobiernos anteriores.
Por supuesto, en privado sigue siendo optimista. Y afirma:
“A no desesperar. El 70 por ciento de los argentinos no quiere volver al pasado”.
¿Y si su determinación no le alcanza para ganar en primera vuelta y pone a Kicillof o Sergio Massa en condiciones de volver a gobernar nuestro país?
Milei insiste: para la Argentina será un verdadero desastre. Sin embargo, para él no, porque se dedicará a dar charlas por el mundo.
Este año, la actividad económica terminaría creciendo entre un 2,5 y un 2,7 por ciento.
El consenso para el año que viene es que mantendría el mismo ritmo de crecimiento.
El Presidente es más optimista. Pero, aun así, se pregunta con vehemencia:
“Hace tres años que venimos creciendo por encima del promedio de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). ¿No sería esta una buena noticia, junto con la baja de la inflación?”.
Y se sigue preguntando:
“¿Acaso los procesos de estabilización, hasta llegar a una inflación cero y una economía de tasas de crecimiento elevadas, no demoran, en promedio, unos ocho o nueve años?”.
Una señora jubilada, a la que un medio kirchnerista le quiso hacer decir lo contrario, lo explicó muy bien:
“Si durante tantos años han robado tanto, si han hecho semejante desastre, no le puedo pedir a un gobierno que yo no voté que cambie en dos años el robo de 40 años”.
Sin embargo, una parte de la “mesa política” considera que esto no sería suficiente para lograr la reelección en primera vuelta.
“¿Y qué nos quedaría por hacer?”, se preguntan una y otra vez.
“Bajar la incertidumbre política”, se respondieron.
¿Cómo?
“Cerrando los acuerdos con los 10 o 12 gobernadores que están dispuestos a hacerlo ya”.
“Suspendiendo las PASO y evitando que, en distritos como la ciudad de Buenos Aires, se vote cinco o seis veces en un año”.
¿Y para qué y por qué habría que hacerlo ahora?
“Para que La Libertad Avanza no llegue mal parada a las presidenciales. Para que las derrotas previas en algunas provincias no agreguen más incertidumbre electoral a la que ya existe y perjudiquen todavía más a la economía real”.
Los acuerdos que, según nuestras fuentes, deberían cerrarse cuanto antes, distrito por distrito, son los siguientes.
Con los gobernadores y referentes de Pro, en:
Con los gobernadores de la Unión Cívica Radical, en:
Con los gobernadores provenientes de partidos locales:
Sabiendo que sería muy difícil no ir a competir fuerte en:
Y estableciendo algún tipo de pacto de “no agresión” con Martín Llaryora en la provincia de Córdoba.
Por supuesto, cada distrito es un mundo. Y tiene su lógica.
El candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires sería Diego Santilli.
En la ciudad, La Libertad Avanza espera que Mauricio Macri se ponga de acuerdo con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y empiecen a negociar como un solo bloque.
En Entre Ríos, las conversaciones con el gobernador Rogelio Frigerio avanzan fuerte. Igual que en Chaco, con Leandro Zdero, y en Corrientes, con Juan Pablo Valdés.
En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego está dispuesto a acordar los términos de la competencia con los candidatos de La Libertad Avanza. Muestran la misma predisposición Maximiliano Pullaro, en Santa Fe; Alfredo Cornejo, en Mendoza; y Carlos Sadir, en Jujuy.
Por eso, en la mesa política, el ministro Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se preguntan:
“¿Qué estamos esperando para acordar?”.
Caputo piensa:
“Tenemos que demostrar cuanto antes que no hay ninguna posibilidad de volver al pasado”.
Y Santilli sostiene:
“Si hoy la mayoría de los gobernadores y muchos de los legisladores que les responden están de acuerdo con el rumbo económico, ¿cuál es el sentido de seguir esperando para terminar de ponernos de acuerdo?”.
No le achacan la demora a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Parece que los que prefieren esperar más de la cuenta serían Martín Menem y Lule Menem.
Lo curioso es que todos manejan las mismas encuestas.
Para dar dos ejemplos:
Hoy no hay ninguna posibilidad de que los candidatos libertarios prevalezcan frente a los de Pullaro, en Santa Fe; a los del gobernador Ignacio Torres, en Chubut; a los que proponga Rolando Figueroa, en Neuquén; o Alberto Weretilneck, en Río Negro.
En cambio, si van separados contra el peronismo, es muy probable que les suceda lo que pasó en Marcos Juárez.
Allí ganó Germán Font, cercano a Llaryora, pero con un “sello vecinal” denominado Generación MJ. Al mismo tiempo, el voto “libertario”, que había alcanzado en 2025 el 44,2 por ciento, fue dividido en tres partes.
Y perdió.
Por mucho.
A esto le teme Caputo, aunque su especialidad es la economía.
Por otra parte, junto con Milei, sostiene que el laburo que le toca para evitar una corrida como la de 2025 ya está hecho.
Porque contaría con un total de más de 60 mil millones de dólares para enfrentarla.
Milei, para salir de la trampa, va a terminar de decidir si acordar ahora o esperar 60 días más dentro de muy poco.
Será cuando mire a los ojos a la mayoría de la docena de gobernadores con los que se encontrará cara a cara durante la Semana Argentina en París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
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POLITICA
Javier Milei recibirá a los legisladores de LLA para anticiparles los detalles del Presupuesto 2027
El presidente Javier Milei reunirá este lunes por la tarde a los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza en un nuevo encuentro en Casa Rosada. La jornada inaugurará una semana clave para la agenda legislativa del oficialismo, marcada por la presentación del Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el inicio del debate por la reforma electoral.
La cita fue confirmada una semana atrás a través de los grupos de WhatsApp del bloque, de los que también participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autora de la invitación.
Tal como adelantó TN, el encuentro se realizará a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio donde el mandatario recibió a sus legisladores en ocasiones anteriores. Al igual que en los episodios previos, el mandatario dará una charla conceptual sobre economía y no se descarta que tome como referencia el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que regaló a sus diputados y senadores en su última convocatoria en Balcarce 50.
Se trata de una práctica que Milei repitió en los últimos meses. La última vez fue el 25 de agosto pasado, cuando defendió la posición del Gobierno ante el debate público por el aumento de la morosidad en las familias. Un mes antes, hizo lo mismo para hablar sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Una semana clave en el Congreso
Esta semana, el Ejecutivo prevé elevar a Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que anunció Milei en cadena nacional dos semanas atrás.
La iniciativa prevé modificar la Ley 26.659 para endurecer el régimen vigente contra las compañías que realicen actividades no autorizadas en Malvinas, extendiendo las sanciones a los proveedores para impedir que los infractores contraten con el sector público o privado en la Argentina. Además, cuando corresponda, buscará habilitar la aplicación del juicio en ausencia.
A su vez, ampliará las actividades sancionables por explotar recursos naturales en las Islas y creará un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendrá facultades especiales para coordinar las políticas de seguridad y estará a cargo de un nuevo régimen de protección de infraestructuras críticas.
Al día siguiente, el Gobierno presentará formalmente el Presupuesto 2027 en la cámara baja, un proyecto que abrirá arduas negociaciones con gobernadores y bloques aliados por los recursos que destinará el Estado nacional a las diferentes partidas el próximo año.
El adelanto del Presupuesto, enviado en julio a Diputados con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta una desaceleración de la inflación y un leve incremento real de la recaudación durante el trienio 2027-2029, además de continuar con la baja de la carga impositiva. También incluye estimaciones de mediano plazo sobre la baja del desempleo y mejoras en los indicadores de pobreza, indigencia y en el coeficiente de Gini.
En paralelo, ese mismo martes el Senado habilitará por primera vez el debate en comisión sobre la reforma electoral, una ley que todavía no logra reunir los consensos entre el Gobierno y sus aliados, principalmente por la resistencia a eliminar las PASO.
POLITICA
El gobernador de Neuquén le otorgó personería jurídica a una comunidad mapuche en medio de un litigio territorial
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, otorgaron personería jurídica a una comunidad mapuche que atraviesa un severo conflicto judicial por la ocupación de las tierras donde reside.
La decisión administrativa se produjo mientras avanza el litigio por un predio ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. En la resolución, los funcionarios mencionaron como domicilio legal de la Lof Melo —la comunidad beneficiada— las tierras que son objeto de la disputa judicial y cuya ocupación fue considerada ilegal por distintos tribunales.
El decreto firmado por Figueroa y Tobares señala que el reconocimiento se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas. Además, avala el estatuto comunitario y sostiene que “no existen impedimentos” para otorgar la personería jurídica.
La decisión del Ejecutivo neuquino genera interrogantes entre las partes del litigio territorial y también dentro del ámbito mapuche. El principal punto de discusión es qué posición adoptará el Gobierno provincial si la Justicia convoca a la Policía de Neuquén —fuerza que depende del Poder Ejecutivo— para ejecutar el desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad.
Un reconocimiento en medio de una orden de desalojo
La Lof Melo comparte territorio con la lof Kinxikew, integrada por la familia Quintriqueo. En relación con esta última comunidad, el juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, libró la semana pasada una orden para ejecutar el desalojo, según surge del expediente judicial.
La medida tiene en cuenta que la residencia de ambas comunidades en el lugar fue considerada ilegal por magistrados de distintos tribunales. La instancia judicial se encontraría agotada y el desalojo podría concretarse próximamente.
En ese contexto, el otorgamiento de personería jurídica a la Lof Melo podría introducir un nuevo elemento en la causa, aunque su incidencia concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales. El reconocimiento no implica, por sí mismo, la validación de la ocupación territorial ni la suspensión de una orden de desalojo.
La personería jurídica permite a la comunidad ser reconocida como sujeto colectivo ante la Justicia y la administración pública. También le otorga herramientas para ejercer derechos procesales y sustantivos, como intervenir en un juicio, solicitar medidas cautelares y plantear cuestiones vinculadas con el relevamiento territorial y la consulta previa, en los términos que correspondan.
La decisión política resulta llamativa por el momento en que se produjo: mientras transcurre un litigio judicial en el que está en juego la permanencia de la comunidad en el territorio.
Fuentes con acceso al expediente calificaron el acto del Ejecutivo neuquino como “un verdadero delirio”.
La reacción de la Confederación Mapuche
La Confederación Mapuche de Neuquén también puso en duda el alcance de la medida y se preguntó si el reconocimiento constituye un verdadero acto administrativo de reconocimiento o una maniobra de distracción.
A través de las redes sociales, la organización consideró que la decisión “es tardía”, debido a que se trata de un planteo que la comunidad arrastra desde hace años.
En ese marco, planteó dos escenarios posibles: el primero contempla que, luego del reconocimiento, el Ejecutivo neuquino ponga a disposición las fuerzas policiales para ejecutar el desalojo del territorio. En ese caso, la Confederación sostuvo que la personería jurídica sería “un premio consuelo hipócrita”.
El segundo escenario supone que el objetivo del Gobierno sea “ajustarse a la ley y a la Constitución”. En ese caso, la organización consideró que la Provincia debería intervenir ante el juez que ordenó el desalojo y actuar como garante del derecho territorial de la Lof Melo.
“En cualquiera de los escenarios”, planteó la Confederación, el decreto genera confusión entre las partes, que buscan interpretar el objetivo de la decisión del Ejecutivo provincial.
El antecedente de otras dos comunidades
En julio de 2026, Figueroa y Tobares rechazaron el otorgamiento de personería jurídica a otras dos comunidades mapuche, luego de argumentar que no reunían los requisitos necesarios para obtener ese reconocimiento.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, cuyos integrantes realizaron distintas manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión.
Fuentes del Gobierno neuquino señalaron que el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N.º 2462/13, relacionado con el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Entre otras cuestiones, según las mismas fuentes, no se habían verificado una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitaria, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales ni una convivencia permanente.
El contraste entre ambos casos abre un interrogante político: qué criterios utilizó el Ejecutivo neuquino para reconocer a la Lof Melo mientras rechazó, meses atrás, las solicitudes de otras dos comunidades mapuche.
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