Luego de largas negociaciones con los bloques aliados, que incluyeron cuatro postergaciones y más de 15 versiones del proyecto, el Gobierno acordó nuevas modificaciones a la Ley de Propiedad Privada, en especial a uno de sus ejes centrales, la reforma de la Ley de Tierras, para conseguir este jueves la media sanción en el Senado.

Los cambios serán presentados el martes a las 16 en la Cámara Alta en una conferencia que encabezarán la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, en calidad de titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

“Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”, se limitaron a explicar desde el oficialismo.

Las principales modificaciones giran alrededor de uno de los temas que más divisiones generó en el recinto: la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Ley de Tierras: los cambios que el Gobierno acordó con sus aliados

Fuentes legislativas indicaron a TN que uno de los puntos en los que el Gobierno debió ceder fue la fijación de un límite para la venta de tierras a extranjeros que rondaría entre el 20% y el 25%. Se trata de una cifra superior a la ley vigente, que pone el techo en el 15% a nivel nacional, provincial o municipal, pero que va en contra de la premisa inicial del Ejecutivo que no quería poner límite alguno.

A su vez, los bloques dialoguistas negociaron que sean las provincias -como dueñas de sus recursos naturales, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994-, las que tengan la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

También plantearon la eliminación de los límites departamentales, con el argumento de que limitan el desarrollo local. Así, solo se establecería un límite provincial y debajo de ese límite cada distrito podría dictar su propia normativa.

Las modificaciones a la norma también incluirá que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de fronteras y áreas consideradas clave para la seguridad nacional; y se acordó que haya un registro de las tierras ocupadas por extranjeros tanto en las provincias como a nivel nacional.

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Con esas modificaciones, el Gobierno confía en poder poner fin a las discusiones con los bloques aliados -y dentro del propio oficialismo- para avanzar de una vez por todas con su paquete de leyes en el Senado.

Mientras el Senado debate el proyecto, la oposición y grupos autoconvocados movilizarán frente al Congreso en rechazo a la eliminación de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La Casa Rosada considera la sesión clave para destrabar su agenda reformista y avanzar con su paquete de iniciativas antes de que el calendario electoral dificulte los acuerdos parlamentarios.

Senado, ley de tierras, propiedad privada

El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de dos publicaciones hechas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto y alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.

Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, instrumentan la misma decisión, pero a través de dos actos administrativos separados, uno por cada ministerio con jurisdicción sobre las fuerzas alcanzadas.

El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El texto oficial fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

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En tanto, el segundo de los decretos corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y abarca un universo más amplio de fuerzas. De acuerdo con lo detallado en el documento oficial, el beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

También a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.

El decreto 696/2026 comparte el mismo fundamento que el anterior. El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $50.000 por persona, de percepción única, remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la medida. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos asignados a cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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La suma fija de $50.000 que el Gobierno dispuso para agosto se suma a una serie de medidas salariales que el Ministerio de Defensa viene instrumentando desde mediados de año para el personal uniformado.

En junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, Milei había creado un suplemento por título académico para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con porcentajes de entre el 10 % y el 25 % del haber mensual bruto según el nivel de formación acreditada —tecnicatura, grado universitario o posgrado—. Ese beneficio es permanente y se actualiza junto con cada recomposición salarial general.

A fines de julio, el Gobierno avanzó en la reglamentación de ese suplemento con un nuevo decreto que amplió el universo de beneficiarios e incorporó a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.

La norma también estableció que, en caso de contar con más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a computarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad que cada fuerza determine.

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El Gobierno nacional enfrenta el primer gran conflicto derivado de una de las desregulaciones impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Apenas entró en vigencia el decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir los costos portuarios y aumentar la competencia, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado, en un inédito boicot destinado a impedir la aplicación de la nueva normativa.

La Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación, al advertir que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

La decisión del sector amenaza con trasladar el conflicto a uno de los engranajes centrales del comercio exterior argentino. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país.

Qué cambia el Decreto 690

El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia que plantea el Gobierno para reducir el denominado “costo argentino”, mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión oficial, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.

La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, establece un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

La norma también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad cuando existan situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar la reforma. Según el ministro, el sistema vigente había creado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos logísticos que afronta el comercio exterior.

El funcionario también explicó que la reforma amplía las dimensiones de los buques a partir de las cuales resulta obligatorio contratar un práctico, crea áreas en las que ya no será necesaria esa asistencia y elimina la obligación de cambiar de profesional durante un mismo trayecto, una segmentación que, según sostuvo, había sido creada por la propia regulación y terminaba encareciendo la operatoria.

Sin embargo, la entrada en vigencia del decreto provocó una respuesta inmediata de los profesionales alcanzados por la medida.

Boicot por tiempo indeterminado

Según pudo saber Infobae de fuentes del sector privado directamente afectadas por la nueva reglamentación, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país acordaron dejar de prestar servicios profesionales a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que requiera su asistencia desde este domingo y por tiempo indeterminado, hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del Decreto 690/2026.

Las mismas fuentes sostienen que la nueva normativa modifica aspectos que consideran esenciales para la seguridad de la navegación. Entre otras objeciones, cuestionan la ampliación de las exenciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros puedan acreditar mediante una declaración jurada el conocimiento de la zona para navegar sin ese asesoramiento profesional y los cambios introducidos en las condiciones para el embarque y desembarque de los prácticos.

También anticiparon que preparan una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al entender que la nueva regulación pone en riesgo la seguridad de la navegación.

Mientras tanto, el conflicto comenzó a mostrar sus primeras consecuencias sobre la actividad portuaria.

Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, una de las maniobras que debió ser suspendida involucró al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De acuerdo con esas versiones, la embarcación decidió permanecer fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de una serie de operaciones previstas para el tendido de infraestructura submarina.

Intimaciones de Prefectura

En las intimaciones distribuidas durante las últimas horas, la Prefectura Naval recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación y exigió a cada profesional poner inmediatamente sus servicios a disposición, “sin condicionamiento alguno”, para cumplir las funciones para las cuales se encuentra habilitado.

El documento señala además que la autoridad marítima promoverá de oficio las denuncias penales e instruirá los sumarios administrativos correspondientes frente a cualquier incumplimiento. También asegura que se encuentran plenamente garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos.

La intimación advierte que toda acción u omisión destinada a interrumpir el servicio público podría encuadrarse en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte previstos en el Código Penal. En particular, cita el artículo 190, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave.

La disputa abre un nuevo frente para la estrategia desreguladora del Gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá bajar costos logísticos, aumentar la competencia y hacer más eficiente el comercio exterior, los profesionales alcanzados por la medida respondieron con un boicot operativo que busca impedir su aplicación y que ya comenzó a repercutir sobre la actividad de los puertos argentinos.

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