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POLITICA

El Gobierno entregará un Chequelibro a estudiantes en la Feria del Libro: de cuánto es el valor

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires inicia su edición número cincuenta con una propuesta que apunta al fomento de la lectura entre los más jóvenes. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, formalizó el lanzamiento del denominado Chequelibro, un incentivo económico que permitirá a estudiantes de nivel primario y secundario acceder a una extensa variedad de títulos. El acuerdo fue rubricado junto a Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, en el marco de una agenda que busca consolidar la cultura escrita como parte de la formación educativa.

La iniciativa prevé la distribución de hasta 60.000 bonos de $10.000 cada uno, destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias. Estos bonos podrán ser canjeados por libros en los stands de las editoriales y librerías participantes del programa. El anuncio se realizó a pocas horas de la apertura oficial del evento, que se extenderá desde el jueves 23 de abril hasta el lunes 11 de mayo, y que destaca en la agenda cultural no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de toda la región.

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El objetivo es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir y adquirir textos de su interés, con la intención de consolidar el hábito lector desde los primeros años de escolaridad, informó NA.

El Chequelibro beneficiará a 60.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias, permitiéndoles acceder a libros de editoriales y librerías adheridas al programa. (Seba Motta - Fundación El Libro)

La edición 2026 de la Feria del Libro, que celebra su medio siglo de existencia, se distingue este año por la presencia de escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura como J.M. Coetzee y Mo Yan, y la participación de una delegación de Perú como país invitado de honor. Además, el evento rendirá homenaje especial a Mario Vargas Llosa, y contará con la intervención de autores de distintas nacionalidades y trayectorias, lo que refuerza el carácter internacional del encuentro.

El programa de acceso a libros mediante el Chequelibro se suma a otras estrategias implementadas por la organización para mantener la feria como un espacio incluyente. Entre ellas, destaca el sistema de crédito por entrada: cada ticket adquirido permite recuperar el valor del ingreso en la compra de ejemplares, con un monto de 12 mil pesos por entrada, utilizable en librerías adheridas. Esto convierte la asistencia en una inversión directa en material de lectura y amplía las posibilidades de adquisición para todos los públicos, más allá de los estudiantes.

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El valor de las entradas fue fijado en 8 mil pesos de lunes a jueves y 12 mil pesos durante los fines de semana y feriados. No obstante, se establecieron días y horarios gratuitos, y se mantiene la política de descuentos y promociones dentro del predio, incluyendo vales que las editoriales entregan con cada compra. Esta política de precios busca priorizar la accesibilidad y la participación masiva, en consonancia con el espíritu abierto de la feria.

La edición de este año introduce cambios significativos en su ceremonia inaugural, reemplazando el tradicional discurso de apertura por un diálogo literario entre tres reconocidas escritoras argentinas: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, bajo la coordinación de la periodista María O’Donnell. Este formato pretende dar visibilidad a la diversidad de voces y perspectivas que nutren el panorama literario argentino contemporáneo.

La feria ofrecerá un pabellón especial con capacidad para 1.500 personas en homenaje a sus 50 años, con exposiciones fotográficas y audiovisuales dedicadas a escritores y momentos emblemáticos de su historia. Uno de los focos temáticos será la reivindicación de la libertad de expresión, con una muestra central sobre libros prohibidos durante la dictadura militar de 1976, curada por Judith Gociol, y un laberinto interactivo en homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento.

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En la práctica, la entrega del Chequelibro implica que los estudiantes seleccionados podrán elegir títulos de cualquier género literario o área de conocimiento, siempre que los mismos se encuentren disponibles en los stands adheridos. Este mecanismo, que demanda la coordinación entre el Ministerio de Capital Humano, la Fundación El Libro y las editoriales participantes, busca fortalecer el vínculo entre los jóvenes y la lectura, en un contexto donde la oferta cultural compite con múltiples estímulos digitales.

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POLITICA

La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó casi USD 15.000 en su viaje a Aruba

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La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó 14.696 dólares en su viaje a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025: 8.874 dólares en alojamiento en dos hoteles (el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y el Divi Dutch Village Resort) y 5.800 dólares en pasajes aéreos abonados en efectivo y en dólares a Latam. El caso forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita.

Durante ese período, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial con un salario congelado de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. En el marco de la causa, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para acceder a información sobre sus movimientos financieros.

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El hijo de la jubilada que le vendió el departamento a Manuel Adorni dijo que el funcionario le debe 65 mil dólares

La fiscalía también analiza otras operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la compra de un departamento en la calle Miró (Caballito) por 230.000 dólares (con una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por las vendedoras) y una vivienda en el country Indio Cuá por 120.000 dólares.

Este miércoles declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las prestamistas, y reveló que Adorni le debe otros 65.000 dólares por refacciones en el departamento de Miró. En noviembre de 2025, Adorni también realizó un pago de 30.000 dólares para cancelar parte de una hipoteca cuyo saldo continúa vigente.

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POLITICA

La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

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Por primera vez en sus 41 años de historia, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal eligió a una mujer como presidenta de la institución. Se trata de la abogada Alejandra García, graduada por la Universidad de Buenos Aires, con más de treinta años de ejercicio profesional, y actual coordinadora Legal y Técnica de la institución.

Al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, se impuso en los comicios realizados en las últimas dos jornadas con el 47% de los votos y como nueva presidenta le dará continuidad a la gestión que inició el doctor Ricardo Gil Lavedra hace cuatro años.

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El propio Gil Lavedra acompañó en la lista a la nueva presidenta, encabezando las postulaciones a la Asamblea. El doctor José María Figuerero fue el primer candidato al Tribunal de Disciplina.

La doctora García se impuso a dos expresidentes de la institución: Jorge Rizzo, que buscaba regresar con su agrupación Gente de Derecho, y Eduardo Awad, por la lista Los que Vemos el Colegio.

También participaron las listas Por Más Abogacía, identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente, con vínculos con las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero, y Espacio Abierto de la Abogacía, que proponía a Rubén Ramos para la presidencia.

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Ricardo Gil Lavedra, presidente saliente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Santiago Filipuzzi –

Los cómputos difundidos cerca de las 21 consagraban el triunfo de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, seguida de Gente de Derecho, Espacio Abierto de Abogados, Por Más Abogacía y Los que Vemos el Colegio, en ese orden.

Según la información oficial, votaron 16.554 abogados en la elección, aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024. Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados que han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.

“La contundencia del triunfo revela que la abogacía está dispuesta a tener un Colegio Público serio, respetuoso, que defienda las incumbencias, los honorarios y también la independencia judicial y las garantías del Estado de derecho”, afirmó el presidente saliente.

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La coalición que encabeza la doctora García está integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

Está integrada por 12 agrupaciones, entre los que se encuentran la que conduce Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors e influyente operador judicial y político. Hombres de su riñón figuran en la lista, como Juan Sebastián De Stefano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, y Daniel Presti.

Jorge Rizzo, referente de Gente de Derecho Facebook Jorge Rizzo

La doctora García, en declaraciones a la prensa, aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra: un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.

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“Ese es el camino que los abogados y abogadas hoy validan. Y es también la confirmación de una convicción: el ejercicio de la abogacía no es individual”, añadió la nueva presidenta de la institución, que fue creada en 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Además, García prometió “seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.

Consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.

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Conocidos los resultados, cerca de la conducción celebraban la consolidación de “la continuidad del cambio”.




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POLITICA

La Rioja bloqueó un proyecto minero radicado en San Juan y se desató un conflicto entre las provincias

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La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.

El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.

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Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.

El yacimiento Vicuña, conformado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, proyecta una inversión de 18 mil millones de dólares para desarrollar minería de cobre, oro y plata. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.

La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.

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El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.

La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.

Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.

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