Tras dos semanas incómodas por las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo podría finalmente llevarse una victoria en la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición convocaron para este jueves a una sesión especial en la que se tratarán cuatro proyectos que, con diferencias mínimas, apuntan al mismo objetivo: la interpelación del funcionario. Sin embargo, las diferencias internas entre los opositores y los acuerdos de la Casa Rosada con algunos gobernadores se encaminan a sabotear el quórum.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta.

Por su parte, el Gobierno buscará a toda costa frenar el proceso de interpelación debido a que esa instancia, en la que Adorni deberá responder preguntas de forma exhaustiva, podría derivar en una moción de censura. Es decir, en la remoción del funcionario. Un mecanismo que está contemplado en la Constitución Nacional pero hasta el momento nunca fue usado.

Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni.

Pero estos espacios mantienen algunas diferencias internas que conspiran contra el objetivo final. En primer lugar, el pedido de sesión especial fue firmado por diputados de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, pero se excluyó al peronismo.

En la bancada que conduce Germán Martínez recibieron con mucho malestar la noticia e inmediatamente reclamaron que se amplíe el temario de la sesión. Unión por la Patria quiere impulsar -y emplazar comisiones- diferentes proyectos relacionados con el endeudamiento familiar, la protección a las pymes, las licencias laborales, entre otros temas.

Sin embargo, se encontraron con la negativa rotunda del resto de la oposición. “Es un problema interno de ellos, que no quieren avanzar con nada que propongamos nosotros”, explicó una diputada peronista.

En ese sentido, en el peronismo atribuyen la convocatoria a sesión “sin consultar” al principal partido de la oposición a una interna. “Llamaron a sesión solo para exponer a los sectores que juegan con el Gobierno, pero nos vamos a quedar sin quórum”, señalaron en relación a los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y a su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que no bajarán al recinto.

Pero para llegar a los 129 además deberán contar con el visto bueno de otros gobernadores. Algo que hasta el momento parece lejano. Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta ya adelantaron que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no jugarán abiertamente en contra del Gobierno.

En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco pondrán en juego el vínculo con la Casa Rosada.

El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

Marchas, política y legitimidad democrática

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.

Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.

Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.

Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros

En relación al acceso a la universidad, Álvarez señaló: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.

Sobre el arancelamiento a extranjeros, Álvarez sostuvo: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.

Luego planteó que, en muchos casos, estudiantes extranjeros cursan la carrera en Argentina y luego regresan a su país de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.

En ese marco, defendió la implementación de sistemas de ingreso selectivo: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.

educación,huelga