La reglamentación de la reforma laboral incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y modificó el formato de los recibos de sueldo en Argentina. El esquema comenzará a regir desde el 1° de noviembre para trabajadores del sector privado. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanacer, la abogada laboralista Jimena Guerrero analizó el alcance de las medidas.

Federico Sturzenegger explicó que el nuevo recibo incluirá un gráfico que mostrará el costo laboral total de cada trabajador. Según detalló, el documento tendrá dos partes. La primera exhibirá las contribuciones patronales y la distribución de los aportes. La segunda mantendrá el esquema tradicional con salario bruto, descuentos y salario neto.

Guerrero sostuvo que el FAL funcionará como un mecanismo anticipado para financiar futuras indemnizaciones. “Es un fondo especial que crea que de ese fondo salen las indemnizaciones futuras de los empleados”, afirmó. También aclaró que el trabajador no realizará aportes directos al nuevo sistema.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL comenzará a regir desde el 1° de noviembre para el empleo privado. La reglamentación estableció que los empleadores deberán realizar aportes mensuales al fondo. Guerrero explicó que las pymes aportarán un 2,5%, mientras que las grandes empresas contribuirán con un 1%.

La abogada laboralista afirmó que el nuevo esquema no reemplaza las indemnizaciones vigentes. “El FAL no reemplaza la indemnización. Es un fondo especial para el empleador”, señaló.

Guerrero también explicó que el acceso al fondo tendrá requisitos específicos. El trabajador deberá contar con al menos doce meses de antigüedad. Además, el empleador necesitará seis meses consecutivos de aportes para utilizar el sistema.

Según indicó, el FAL no funcionará de manera individual para cada empleado. “No es del empleado, es del empleador”, afirmó. También remarcó que el dinero acumulado podría volver a la empresa si no existieran despidos y la compañía se disolviera.

La especialista diferenció el nuevo sistema del fondo de cese laboral de la construcción. Explicó que el régimen de la construcción ya funcionaba bajo una lógica distinta por la dinámica propia de la actividad.

Las dudas sobre el financiamiento del sistema previsional

Guerrero sostuvo que los aportes saldrán de contribuciones que actualmente se destinan al sistema de seguridad social. “El empleador va a seguir aportando lo mismo”, afirmó. Luego agregó que los recursos se redireccionarán desde el sistema previsional, las asignaciones familiares y el fondo de desempleo hacia el nuevo esquema laboral.

La abogada laboralista consideró que esa modificación podría afectar el financiamiento previsional. “El sistema va a recibir menos dinero”, señaló. También indicó que el sistema jubilatorio “ya viene supergolpeado”.

Al mismo tiempo, la especialista planteó interrogantes sobre los excedentes del fondo. Explicó que la reglamentación todavía no definió cómo se administrarán esos recursos ni cuál será el límite para dejar de aportar.

La especialista afirmó que todavía existen aspectos sin reglamentar. “Hay más dudas que certezas”, resumió. También mencionó que continúan los debates judiciales sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.

Qué cambiará en los recibos de sueldo

La reglamentación también modificó el formato de los recibos salariales. Sturzenegger explicó que el nuevo esquema incluirá información sobre las contribuciones patronales y el costo laboral total.

Guerrero consideró positiva esa modificación. “Va a aparecer ahora también cuánto está poniendo el empleador”, explicó. Según indicó, los trabajadores podrán visualizar aportes que antes no figuraban en el recibo. El nuevo formato incluirá un gráfico de torta con diferentes componentes del costo laboral. Allí aparecerán los aportes patronales destinados al sistema previsional, la obra social y la ART.

La especialista sostuvo que el cambio no implicará nuevos descuentos para los trabajadores. “Los descuentos siguen iguales”, aclaró. También señaló que el objetivo principal será transparentar la composición del costo laboral.

Licencias médicas y reglamentación pendiente

La entrevista también abordó los cambios vinculados a las licencias laborales. Guerrero explicó que las licencias por enfermedad continúan vigentes bajo el esquema actual. Sin embargo, cuestionó la falta de precisiones sobre las juntas médicas previstas en la reglamentación. “No está reglamentada la junta médica”, afirmó. También señaló dudas sobre los criterios de imparcialidad en los controles médicos.

La reglamentación estableció que los certificados médicos deberán presentarse en formato digital, salvo excepciones. Guerrero advirtió que la norma todavía deja zonas grises para trabajadores sin acceso inmediato a herramientas digitales.

La especialista sostuvo que varios puntos de la reforma todavía requieren definiciones operativas. También remarcó que algunos aspectos podrían derivar en nuevas discusiones judiciales.

Cabe destacar que la reforma laboral abrió un nuevo debate sobre el empleo registrado en Argentina. El Gobierno sostiene que los cambios apuntan a reducir costos laborales y fomentar contrataciones formales. “No creo que esta sea la forma”, afirmó Guerrero. Y sostuvo que las modificaciones benefician principalmente a los empleadores.

Asimismo, la abogada laboralista remarcó que las relaciones laborales presentan una desigualdad estructural entre empleador y trabajador. Según explicó, esa situación condiciona la aplicación práctica de las nuevas medidas.

La implementación del FAL y los cambios en los recibos de sueldo comenzarán desde noviembre. Mientras tanto, continúan las discusiones sobre el alcance de la reforma y su impacto sobre el sistema laboral argentino.

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de nulidad presentado por la oficialista Lista Violeta y Azul, que encabeza Abel Furlán, en el conflicto electoral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Seccional Zárate-Campana.

De esta manera, con la firma de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, el fallo confirmó la intervención judicial ya ordenada y desestimó todos los recursos extraordinarios planteados por el sector de Furlán, que sufrió un duro revés en el trámite judicial luego de que el mismo tribunal anuló los comicios de la UOM Zárate-Campana, realizados en marzo pasado ante irregularidades y la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.

Los camaristas consideraron improcedente el pedido de la Lista Violeta y Azul, efectuado por Pablo Ávila y Walter Piriz, quienes buscaban dar marcha atrás la decisión que anuló las elecciones de aquella filial metalúrgica.

El fallo también descartó in limine -es decir, sin analizar el fondo- la solicitud de la UOM nacional para revertir la sentencia definitiva dictada el 22 de mayo de 2026. Los jueces afirmaron que la reclamación sindical carecía de sustento y que ningún error grave justifica dejar sin efecto la intervención que decidieron.

“No puede admitirse -por ser irrazonable e inverosímil- que, con una vestimenta diferente, esta misma estructura política no supiera de la existencia del sub examine hasta el 22/6/2026”, afirmó el fallo, refiriéndose a la imposibilidad de separar las acciones de la UOM y su lista que se proclamó ganadora.

Para los camaristas, la Lista Violeta y Azul no puede presentarse a pedir la nulidad como si fuera una parte ajena al litigio. De hecho, la conducción de la UOM -en manos de Abel Furlán- y la lista forman parte del mismo núcleo sindical, con intereses comunes en el proceso.

El tribunal sostuvo que la falta de acción o la supuesta ignorancia alegada por la lista opositora no puede ser tomada como excusa: consideró que la misma dirigencia que comandó la UOM hasta el cese de mandato el 22 de marzo era la que encabezaba la lista interna que ganó las elecciones, luego anuladas.

El fallo también dejó en claro que la pretensión de la lista de Furlán de intervenir a último momento no puede deshacer todo el proceso judicial ya avanzado, al interpretar que la normativa lo impide y las defensas que alega, en realidad, ya fueron planteadas y respondidas por la UOM como parte demandada.

El conflicto se originó cuando la opositora Lista Naranja de la seccional Zárate-Campana, que postuló a Angel Derosso para secretario general, pidió la suspensión y nulidad de las elecciones realizadas del 2 al 4 de marzo, denunciando irregularidades y el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba suspender los comicios.

Pese a la orden judicial, la conducción de la UOM llevó adelante la elección y la lista interna de Furlán fue proclamada ganadora primero en Zárate-Campana y luego a nivel nacional. Esto motivó que la Cámara de Apelaciones del Trabajo interviniera el sindicato, declarando la acefalía y desplazando a las autoridades que se habían proclamado ganadoras, en abierto desafío al fallo judicial que ordenó suspender su asunción.

En su intento de revertir la intervención, el oficialismo de Furlán hizo una presentación ante la Cámara en la que intentó utilizar el mecanismo de “revocatoria in extremis”, un recurso excepcional que sólo acepta errores graves y evidentes que destruyan la validez de la sentencia.

La UOM sostuvo que había una vía estatutaria para cubrir el vacío de poder, según los artículos 21 y 22 de su estatuto. Pero el Tribunal descartó este argumento por improcedente: la acefalía ocurrida en la seccional no tiene que ver con una crisis administrativa ordinaria, sino con el incumplimiento de la orden de suspender elecciones y la opacidad del proceso.

“El yerro que invoca la UOM no lo habría cometido esta sala, sino la propia entidad sindical y sería de orden cronológico”, sintetizaron los jueces, destacando que la falla es responsabilidad exclusiva del gremio.

Además, la UOM pretendió designar “delegados administradores” para normalizar la situación, entre ellos a Gustavo Daporta y Emiliano Gallo, ambos excluidos por la sentencia original. Para la Cámara, esto significa mantener a los mismos dirigentes impugnados bajo otra figura, contradiciendo el sentido de la intervención.

El tribunal también desechó el pedido de recusación presentado por la Lista Violeta y Azul y la UOM, tanto “con causa” como “sin causa”. Consideró estos planteos extemporáneos y argumentó que la sentencia ya había analizado todas las defensas posibles, incluyendo las que podría haber presentado la lista del oficialismo.

No prosperó tampoco el argumento de falta de jurisdicción. La Cámara recordó que la nulidad ya estaba resuelta por sentencia firme y no existía motivo para retrotraer el proceso, ya que todas las instancias de defensa fueron garantizadas.

La jurisprudencia citada (“García” de la Corte Suprema y el inciso 4º del artículo 56 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, modificado por el decreto 342) tampoco fue considerada aplicable: tanto la ley como el precedente exigen que la “solución estatutaria” sea previa a la acefalía y no creada después del fallo.

Una de las claves del fallo es el señalamiento directo a la figura de Abel Furlán, quien fue secretario general de la UOM y máximo candidato de la Lista Violeta y Azul. El Tribunal subrayó que no es razonable pensar que Furlán, como conductor nacional y representante legal del sindicato, no supiese de la existencia de la causa.

Para los jueces, la facción interna y la conducción nacional actuaron como una única estructura. La falta de una defensa separada de la Lista Violeta y Azul se atribuye en el fallo a una propia falta de interés o de diligencia, no a una falla procesal.

“La estructura política liderada por el señor Furlán litigó activamente en este pleito bajo el ropaje de la UOM; no puede admitirse una disociación artificial para reclamar instancias no utilizadas”, remarcaron los magistrados en uno de los tramos del fallo.

La semana pasada, Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”. La declaración se produjo en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Santilli compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.

El titular del Ministerio del Interior ratificó el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y remarcó que la decisión responde tanto a un criterio de austeridad fiscal como a la percepción de un desinterés social creciente por participar en varias instancias electorales. “La gente no quiere votar tantas veces”, sostuvo Santilli, quien vinculó la baja participación en comicios recientes a la saturación de convocatorias a las urnas.

El funcionario afirmó que, de mantenerse el esquema actual, el año próximo habría PASO provinciales para cargos de gobernador en distritos que adelanten elecciones, PASO presidenciales y la elección general. En su opinión, ese cronograma resultaría excesivo para el electorado y para el presupuesto público. “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces en las elecciones”, concluyó.

El proyecto de reforma, ya remitido al Congreso, propone eliminar las PASO con el objetivo de simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados. Santilli aseguró que, de concretarse la medida, la Argentina podría ahorrar una suma considerable que hoy se destina a la organización de estos comicios.

Hace poco más de un mes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando el gasto que este sistema representa para el Estado. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

De regreso a su provincia, Frigerio enfatizó en una entrevista con Canal Once que la situación económica actual exige prudencia en el uso de los recursos públicos: “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”.

El mandatario consideró que la discusión sobre la continuidad de las PASO es necesaria y planteó la conveniencia de debatir la frecuencia de los comicios y el financiamiento de las campañas políticas. “Yo creo que todo tiene que estar en debate. ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, expresó.

En tanto, el senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó la eliminación de las PASO y defendió su vigencia como mecanismo transparente de selección de candidaturas. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abad sostuvo que “al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos”, por lo que insistió en la necesidad de mantener la participación ciudadana y el control judicial en el proceso.

Abad reconoció que el sistema de las PASO es perfectible y apoyó la modernización del sistema electoral, pero advirtió que “hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”. Propuso, entre otras alternativas, que solo se realicen primarias en aquellos casos donde existan internas reales, para evitar gastos innecesarios y movilización de recursos sin justificación.