La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.

La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.

Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.

El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.

La esencia del reclamo

A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.

Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.

La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.

Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.

«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.

El punto que más preocupa

El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.

La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.

Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.

La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.

«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.

Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Qué busca la Ley de Lobby

El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.

La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.

Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.

Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.

Proyecto resistido

Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.

Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.

La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.

La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.

Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.

El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.

Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.

El peso de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.

Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.

La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.

Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.

En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.

«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.

Cuando parecía que el conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entraba en una tensa paz tras el aumento del boleto un 6% entre mayo y julio, se sumó una nueva demanda: ahora la UTA exigen al Ministerio de Economía que solucione el problema de fondo para que aumenten los sueldos de los choferes. En ese marco, mañana habrá una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de reabrir el diálogo, las autoridades autorizaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales (2% por mes), lo que llevará el boleto mínimo de colectivo -hasta tres kilómetros- a $742,84 a mediados de julio . Sin embargo, los empresarios aún siguen consideraron que el ajuste quedó por debajo de la inflación. Y es esa insuficiencia de los subsidios impide mejorar los salarios del personal.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

El comunicado que la UTA envió al ministro de Economía, Luis Caputo, expone la preocupación gremial por la falta de acuerdo y por la insuficiencia de la respuesta oficial ante la inflación y el alza de insumos. Reclaman una actualización urgente de los haberes para evitar medidas de fuerza, con posibilidad de paralización total del transporte si no se logra un entendimiento.

“Hacemos un llamado al ministro de Economía a fin que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes en una actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ”privilegiados» de la economía (tenemos derechos a ello, no hay duda)“, escribió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández en la carta que le envío a Caputo. En donde sostuvo que el superávit fiscal no se puede construir sobre los salarios de los choferes de colectivo.

Es que Caputo tiene un dilema para resolver el problema de los colectivos en el AMBA debe elegir entre aumentar el boleto de colectivo lo que le pega de lleno sobre la inflación o otorgar mayores subsidios a las empresas que implica mayor gasto pública en un contexto de caída de la recaudación. En mayo opto por autorizar un incremento del 6% del boleto que no dejo conforme a los empresarios. Aunque con un detalle, los incrementos del boleto se autorizan a mitad de cada mes para moderar el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, en la Secretaría de Transporte aclararon que la carta de la UTA al Ministerio de Economía está mal dirigida, ya que la responsabilidad formal de la negociación corresponde a las empresas y que el interlocutor gremial debería reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras tanto, el organismo mantiene la mesa de diálogo con las cámaras empresarias cada 15 días para intentar resolver el conflicto y evitar nuevos paros.

La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones afectan la rutina diaria de los usuarios del transporte público. Las partes reconocen que, si no logran una solución integral, podrían intensificarse las restricciones o interrumpirse el servicio. La reunión prevista para mañana entre las autoridades y los representantes empresariales será clave para determinar los próximos pasos en la disputa que involucra al Gobierno, las empresas y los trabajadores del transporte de colectivos en el AMBA.

El cambio de sistema para la venta de entradas del Mundial FIFA traería, supuestamente, mayor transparencia y un protagonismo para que los propios hinchas -el mercado, en términos económicos- decidieran los precios. Sin embargo, los últimos reportes indican que los precios son impagables, rígidos a la baja y que se arriesga que muchos partidos muestren porciones vacías en los estadios.

El tema ha sido durante años materia de debate entre directivos, economistas, sponsors y miles de aficionados en todo el mundo. La crítica comúnmente escuchada era que resultaba casi imposible conseguir tickets en el mercado oficial, porque rápidamente los cupos se agotaban. Y que, en paralelo, funcionaba un mercado negro con el que muchos hacían fortuna.

Las investigaciones judiciales realizadas en Estados Unidos por corrupción en el fútbol internacional luego de la asignación de Qatar como sede del mundial 2022 incluyó, entre otras acusaciones, la sospecha de que había asociaciones en las que los propios dirigentes participaban de la reventa.

Fue por eso que se cambió el sistema, para pasar a un concepto «de libre mercado», en el que la FIFA pone un precio base y vende a revendedores oficiales, que fijan cada entrada según el libre juego de la oferta y la demanda.

Esto ha hecho que haya grandes divergencias en los precios, con entradas que han caído por debajo de su valor oficial y otras que lo han multiplicado por cinco. Hasta ahora, el partido menos cotizado es Cabo Verde versus Arabia Saudita, que se puede ver por u$s160, mientras que la mayor demanda dentro de la fase de grupos es para Colombia – Portugal, donde el ticket más barato cuesta u$s2.646, según la información de Vivid Seats, uno de los resellers autorizados.

¿Una falla de mercado?

El nuevo sistema, llamado «de precios dinámicos» está inspirado en el esquema de subastas que se aplica en otros deportes de Estados Unidos. Y, contrariando las expectativas iniciales, hay fuertes quejas por los problemas de funcionamiento.

Es una situación que parece dar la razón a los economistas que hablan de «fallas de mercado», entre los que destaca el premio Nobel Joseph Stiglitz, cercano a los gobiernos peronistas -recomendó a su alumno Martín Guzmán para el cargo de ministro en 2019-, y denostado públicamente por Javier Milei.

En la teoría, los precios deberían fluctuar, de forma tal que todos los partidos se jugaran a estadio lleno. Sin embargo, hay reportes de quejas por un remanente de 170.000 entradas sin vender y rigidez a la baja de los precios.

Hay una razón para ello: durante el mes pasado los portales de los revendedores ya bajaron un 20% los valores, y algunos se encuentran con que hicieron un mal cálculo del negocio, de manera que si continúan aplicando descuento, terminarán perdiendo dinero, según una investigación publicada por el diario Financial Times.

Esto lleva a que los revendedores intenten «pulsear» hasta el momento mismo de los partidos, con la esperanza de que se movilice una mayor demanda.

Incluso para los partidos de la selección estadounidense hay todavía más de 4.000 entradas disponibles para el partido debut contra Paraguay -los asientos más baratos no bajan de u$s817-.

Y la situación ya está tomando tintes de discusión política, como quedó demostrado por la protesta de los fiscales generales de los estados de Nueva York y Nueva Jersey -dos de las principales sedes del evento-, que denunciaron que los precios de las entradas saltaron a precios imposibles de pagar por los aficionados.

Por su parte, la FIFA no da señales de preocupación por el hecho de que pueda haber estadios con sillas vacías, y afirma que este mundial generará un movimiento económico mayor a u$s3.000 millones, entre ventas de entradas y servicios turísticos. En comparación con el torneo de Qatar 2022, supone un incremento superior a 200%.

Argentina, entre las más cotizadas

Por cierto que, en lo que respecta a las selecciones latinoamericanas, ninguna parece afectada por el problema de las entradas. El fanatismo del fútbol en esta región, sumado al hecho de que México sea sede y, además, de que haya grandes comunidades inmigrantes viviendo en EE.UU. hace que la demanda parezca asegurada.

Colombia es el caso más destacado: sus entradas en el mercado de reventa han llegado a quintuplicar el precio original fijado por la FIFA. Previsiblemente, también México ocupó un lugar alto en ese ranking, y ya prácticamente no quedan entradas disponibles.

En lo que respecta a Argentina, al contrario de lo que ocurre con los bonos de deuda soberana, las entradas para los partidos de Argentina figuran entre las más apetecidas, y pertenecen al selecto grupo de las que se ofrecen por más de u$s1.000 en la primera fase.

El partido más caro será contra la selección austríaca, cuyas entradas arrancan en u$s1.212, seguido por el encuentro contra Jordania -u$s1.059- y finalizando con el match ante Argelia -u$s756-.

De todas formas, la Scaloneta perdió el «clásico» sudamericano contra Brasil, cuyas entradas para los partidos de primera fase cotizan en torno a u$s1.800.

Apostando a ciegas

También están a la venta las entradas de los partidos de eliminación, que empiezan el domingo 28 de junio y culminan en la final a disputarse el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para quienes quieran asegurarse hoy un precio que podría multiplicarse varias veces, hay disponibilidad desde unos u$s645 para los partidos de segunda fase. En cuartos de final, la cotización promedio para los asientos más económicos se ubica en u$s1.660, mientras las semifinales no bajan de u$s2.400.

Para quienes tengan fe de que la albiceleste completará su camino hasta la final, el precio de la entrada puede asegurarse hoy por un precio «ganga» de u$s7.380 en los asientos más baratos.

Como siempre en los mercados, todo se reduce a una cuestión de expectativas: con Argentina en una final, es probable que el precio se vaya bien por encima de los u$s10.000. Como antecedente reciente, hace cuatro años en Qatar hubo quienes desembolsaron hasta u$s15.000 para ver a los capitaneados por Lionel Messi ganarle a la Francia de Kylian Mbappé en la tanda de penales. Y, hasta ahora, nadie se quejó de que no haya valido la pena.