Cuatro días después del femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada y desmembrada en la provincia de Córdoba, el colectivo Ni Una Menos volverá a las calles a protestar y reclamar por la violencia que sufren mujeres y personas trans por razones de género. En la previa a una nueva convocatoria, en el Gobierno cuestionan la “politización” de la movilización y, aunque reconocen la gravedad del caso, vaticinan que no se traducirá en una concrentración masiva.

“Hubo marchas de otros años con muchísima gente, no sé si va a haber más este año. No lo veo muy probable. Más cuando lamentablemente la han politizado y hasta convocan en contra del endeudamiento. Odian a este Gobierno que es el que más redujo los números de femicidios y sin Ministerio de la Mujer”, se jactó ante Infobae un funcionario. “Está bien movilizar, pero no creo que sea grande. Hay un cambio de visión y está muy politizado el tema. Lamentablemente. Al final mataron a una nena. Es grave”, coincidió otra fuente judicial.

En Balcarce 50 buscan diferenciar el caso que adquirió una profunda visibilización mediática de la protesta que se celebrará este miércoles en la Plaza del Congreso a las 17 y cuya convocatoria prevén inferior a la de años anteriores. “Ni siquiera me acordaba que había marcha”, ironizó una fuente inobjetable de la administración libertaria. “Lo único que pido es que sea una manifestación pacífica”, pidió otra voz del Gabinete.

En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de la adolescente asesinada al tiempo que informó una disminución en la tasa de lo que calificó como “homicidios de mujeres” respecto a 2024, pese a que de los 279 casos registrados en 2025, 200 fueron clasificados como femicidios. “El femicidio es un tipo (agravado) de homicidio”, argumentaron desde la cartera para justificar las palabras de la funcionaria.

Luego de que calificara de “espeluznante” el calvario que debió afrontar Agostina Vega, el periodista Eduardo Feinmann no dio margen a la interpretación: “¿Para ustedes es claramente un femicidio, no? Como para mí“, le preguntó a la ministra en una entrevista en A24. La funcionaria no dudó en coincidir, aunque minutos después habló de la necesidad de conocer la ”verdad completa”.

Los datos expresados por Monteoliva, que señaló que en 2024 la cantidad de asesinatos de mujeres fue de 312 casos, mientras que en 2023 había sido de 380, surgen del informe anual que publica la Corte Suprema. Sobre esa base, destacó la disminución registrada en los números tras calcular que en 2025 hubo una víctima directa cada 44 horas.

Más allá de la discusión estadística, el debate también planteó interrogantes respecto del lugar que ocupa actualmente la política de género dentro de la estructura estatal. Al respecto, Mariela Labozzetta, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, planteó que las variaciones deben estabilizarse en el tiempo para sacar conclusiones, y señaló que los 250 casos de 2023 “habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”.

“Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”, precisó en su cuenta de X.

Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández en 2019, perdió su carácter ministerial y parte de sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, tras su traspaso al Ministerio de Justicia, la estructura quedó reducida a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género hasta que, finalmente, fue disuelta en 2024.

Pese a que gran parte de las áreas, programas y estructuras territoriales fueron eliminados o reducidos, algunas funciones vinculadas a la asistencia de víctimas permanecen dentro de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Allí funciona la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que depende la Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y Acceso a la Justicia, que apuesta a coordinar la atención de víctimas mediante mecanismos de seguimiento de casos, asistencia inmediata y acompañamiento territorial.

A su vez, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos funcionan la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y la Dirección de Protección e Igualdad, además de áreas para el acompañamiento y restitución de derechos de víctimas del delito de trata de personas. Actualmente, no exisnte estructurales equivalentes a las que impulsaban políticas específicas de género, diversidad y capacitación sobre el conjunto de la administración.

La convocatoria de este miércoles contrasta con la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley, diseñado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por los delitos de “falsa denuncia” y “falso testimonio”. Al respecto, un informe de Amnistía Internacional sostiene que las denuncias falsas “representan solo el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas (2023–2025)“, y refleja que el problema real está en la ausencia de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia, y en casos de femicidio, apenas el 18% de las víctimas había denunciado previamente.

Justicia Federal,Conforme a,Justicia Federal,,El fuero que investiga la corrupción. El Gobierno quiere refundar los tribunales federales de Comodoro Py 2002,,Insólito. Un jubilado dice que los bancos le prestaron mal y ahora pide su propia quiebra,,Hundió a Bailaque. Conmoción en el juicio: el contador que compartían un juez federal y un jefe narco aceptó ser arrepentido

El Gobierno nacional está generando un nuevo conflicto de poderes con el Congreso de la Nación, en este caso por la intención de la Casa Rosada de retirar el pliego de una de las candidatas que el mismo Ejecutivo había enviado al Senado para ocupar la vacante de un juzgado federal en la ciudad de La Plata.

Se trata de la carpeta de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, quien ya pasó por todas las instancias que prevé la ley para designar a los magistrados. El problema se suscitó a mediados de la semana pasada cuando ingresó a la Cámara Alta un pedido del Ejecutivo para retirar este pliego.

El pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo. La abogada expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos el pasado 13 de mayo y obtuvo dictamen con, según explicaron senadores, nueve firmas favorables de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales sobre un total de catorce miembros.

La comisión está conformada por diecisiete senadores, pero el peronismo se niega a asumir ese lugar porque denuncia que le corresponden seis y no tres lugares.

El dictamen ahora debería ser girado al área de Órdenes del Día para que sea incluido en el temario de la próxima sesión, que sería el próximo jueves y en el que se votarían setenta cargos para la justicia. Y aquí es donde empiezan las faltas al reglamento porque el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto, no giró el pliego y lo tiene guardado bajo siete llaves.

Tanto es así que algunos de los senadores que aseguran haber firmado no tienen acceso al documento.

Pagotto es un senador por La Rioja que responde políticamente a los Menem y, por ende, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se señala como la responsable de pedir el retiro del pliego.

El Ministerio de Justicia fue quien envió una nota formal al Senado solicitando que se deje sin efecto el pedido de acuerdo para el pliego en cuestión.

La razón sería que la aspirante es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien viene investigando posibles causas de corrupción de la administración de Javier Milei. Particularmente, el periodista viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y sobre el posible enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Pero el conflicto de poderes surge porque el Ejecutivo presiona a sus legisladores para que tomen una decisión que solo el recinto puede tomar.

El sistema para la selección y votación por parte del Senado de la Nación es bastante simple. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento los ciudadanos tienen siete días para presentar observaciones sobre los candidatos y los pliegos deben publicarse con al menos quince días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.

La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un o una candidata recibe la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote de manera favorable o no su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo del Senado y, una vez publicado en el Boletín Oficial, asume su nuevo cargo.

Para poder retirarlo, como pide la Casa Rosada, es también el pleno de la Cámara Alta el que tiene la potestad de hacerlo. Se somete el pedido por parte de algún senador a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.

El Ejecutivo podría haber tenido alguna posibilidad de frenar el tratamiento del pliego de Michelli si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Hoy, con la firma de nueve senadores que explicitaron su apoyo a la candidata, esa decisión es potestad exclusiva del pleno de la Cámara Alta.

Sesión

El conflicto de intereses que se está suscitando surge porque Pagotto no manda el pliego para que sea tratado en el recinto junto a otros setenta que ya tienen despacho de comisión. Y esto es porque las posibilidades de conseguir una victoria y retirarlo en la próxima sesión parecen, siendo optimistas, escasas.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ya anunció que no acompaña el pedido de retirar el pliego y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se mostraron varios legisladores del PRO y de la UCR, como el presidente del bloque de los amarillos, Martín Goerling, y su colega de los radicales, Carolina Losada.

En el caso del peronismo, el bloque terminará de definir su postura mañana al mediodía, pero no queda claro porque reclaman que hay una treintena de los setenta pliegos que presentan nulidades. Sin embargo, en el caso de Michelli, el jefe del bloque José Mayans dejó una pista sobre el posicionamiento al señalar que el pedido está relacionado con su parentesco con Alconada Mon, algo que, dijo, les parece inaceptable, y que Pagotto incumple el reglamento al “pisar” el documento.

luciano ingaramo / comunicaci—n senado.-