INTERNACIONAL
El régimen de Cuba amenazó con un “baño de sangre” si Estados Unidos ejecuta una acción militar contra la dictadura
El régimen cubano endureció este domingo su discurso contra Estados Unidos y advirtió que cualquier intervención militar sobre la isla derivaría en un “baño de sangre”.
La amenaza fue pronunciada por el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, después de que trascendiera información de inteligencia estadounidense sobre la compra por parte de Cuba de más de 300 drones militares y posibles planes para utilizarlos contra intereses norteamericanos en el Caribe.
“Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo”, afirmó Rodríguez en una entrevista difundida por Clash Report. El funcionario agregó que una ofensiva de Washington provocaría “un baño de sangre”.
Las declaraciones llegaron en medio de un fuerte aumento de la tensión bilateral, luego de que Axios revelara, citando fuentes de inteligencia de Estados Unidos, que el régimen cubano adquirió centenares de drones militares de fabricación rusa e iraní y habría comenzado a debatir escenarios de uso contra la base naval de Guantánamo, buques estadounidenses e incluso zonas cercanas a Florida.
Según la información publicada por Axios, funcionarios norteamericanos consideran que el creciente vínculo militar entre La Habana, Moscú y Teherán representa una amenaza estratégica para Estados Unidos, especialmente por el desarrollo de tecnología de guerra con drones a solo 150 kilómetros de territorio estadounidense.
“Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante”, dijo a Axios un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. “Es una amenaza creciente”, añadió.
El canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo que Washington intenta justificar una eventual escalada militar y acusó a la Casa Blanca de mantener una política hostil contra la isla desde hace décadas. En ese contexto, recordó además la presencia de la base naval estadounidense en Guantánamo.
“La única base militar extranjera que hay en Cuba, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba, es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio”, afirmó.
Las declaraciones del canciller cubano se producen pocos días después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe. De acuerdo con Axios, el jefe de la agencia estadounidense trasladó personalmente una advertencia a la dictadura cubana y le exigió abandonar cualquier acción hostil contra intereses de Estados Unidos.
“El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que los adversarios avancen agendas hostiles en nuestro hemisferio”, señaló a Axios un funcionario de la CIA.
Washington observa además con preocupación la presencia de asesores militares iraníes en La Habana y la cooperación en materia de inteligencia entre el régimen cubano y gobiernos considerados adversarios estratégicos de Estados Unidos.
En paralelo, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío denunció lo que describió como una campaña para preparar políticamente una agresión contra la isla.
“El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles”, escribió en redes sociales. “Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido”, añadió.
La tensión también escaló después de recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a mencionar públicamente la posibilidad de avanzar contra el régimen cubano tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela a comienzos de año.
Rodríguez respondió además a versiones sobre un eventual despliegue del portaaviones USS Gerald Ford cerca de Cuba. “Tomamos en serio siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos”, dijo, aunque ironizó sobre la posibilidad de que el buque pudiera acercarse demasiado a las costas cubanas por cuestiones de calado.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan evaluando nuevas sanciones contra La Habana. Según trascendió en medios norteamericanos, el Departamento de Justicia también analiza presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.
El deterioro de la relación entre ambos países ocurre en un contexto de crisis profunda dentro de Cuba, marcada por apagones masivos, escasez de combustible y una creciente presión económica sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel.
(Con información de Europa Press, EFE y AFP)
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
INTERNACIONAL
Después de 16 años, el gobierno venezolano liberó a una jueza que estaba presa por «corrupción espiritual»
La justicia venezolana cerró de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una presa política del fallecido presidente Hugo Chávez, y le otorgó la libertad plena, informó este viernes su familia.
En un comunicado, el hermano de la jueza, Nelson Afiuni y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron que la decisión «pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir».
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales. En televisión, Chávez la llamó «bandida» y pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien salió del país.
Estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional.
En 2019, fue condenada a cinco años por «corrupción espiritual», es decir, la misma fiscalía reconoció que no tuvo ningún beneficio económico.
Hasta hoy, Afiuni tenía una libertad condicional que incluía, según la familia, prohibición de salir de la ciudad, hablar a la prensa o en redes sociales y votar. Tampoco tenía derecho a un pasaporte y estaba inhabilitada políticamente.
En el comunicado, el hermano y la abogada aseguraron que el cierre del caso y su libertad representan «el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
«Durante años, la jueza Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela», expresaron ambos, quienes agradecieron a todos los que «acompañaron esta causa con firmeza y constancia».
Sin embargo, señalaron que el cierre definitivo del expediente «no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados».
Afirmaron que el caso «permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad».
COMUNICADO CASO DE LA JUEZA @mariafiuni pic.twitter.com/IwX6ZFgPT8
— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 7, 2026
«Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias», aseveraron.
La abogada familiar y el hermano de la jueza expresaron su confianza en que la decisión «marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse».
Durante el fin de semana, Afiuni había recibido atención médica de urgencia, tras presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión. Allí se detectó que la exjueza tiene tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, según señala el comunicado.
«En este momento, cuando su estado de salud requiere atención especializada y decisiones médicas oportunas, resulta indispensable que las autoridades adopten una solución definitiva que ponga fin a un caso que debió haber sido cerrado hace muchos años», informó la familia este jueves.
«El respeto al derecho a la salud de la jueza Afiuni requiere eliminar las restricciones que le impiden acceder plenamente a la atención médica que necesita y reunirse con su única hija en este momento de especial vulnerabilidad», agrega el documento publicado.
Los familiares consideran que la enfermedad de la jueza es consecuencia «de un prolongado proceso de persecución, de su injusta privación de libertad, de las condiciones de reclusión que soportó y de la falta de atención médica oportuna».
Meses atrás, la familia había pedido que Afiuni fuera favorecida por la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Este año, cientos de presos políticos han sido excarcelados y a miles de personas se les han levantado las restricciones a su libertad, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
INTERNACIONAL
Trump urges Jeanine Pirro to revisit dropped Lincoln Memorial Reflecting Pool vandalism case
NEWYou can now listen to Fox News articles!
President Donald Trump on Friday urged U.S. Attorney Jeanine Pirro to take a second look at the recently dropped charges over vandalism at the Lincoln Memorial Reflecting Pool.
«Now that people are able to see it up close, they are reporting pure VANDALISM at The Reflecting Pool,» Trump wrote on Truth Social, sharing photos from a freelance photographer that allegedly showed vandalism.
The president claimed that «People were on their knees with their hands in the water at the exact location of the ‘slashes.’ Additionally, there were witnesses to the VANDALISM, and the flexible areas of the material were cut with a knife.
TRUMP SAYS HE ‘DISAGREES 100%’ WITH U.S. ATTORNEY JEANINE PIRRO OVER REFLECTING POOL CASE
President Donald Trump on Friday urged U.S. Attorney Jeanine Pirro to take a second look at the recently dropped charges over vandalism at the Lincoln Memorial Reflecting Pool. (Getty Images)
«U.S. Attorney Jeanine Pirro should re-visit her hastily made decision, especially since it turned out that the ‘gentleman’ involved is a big player in ActBlue, a disgraceful fundraising SCAM, and is represented by a TRUMP DERANGED SLEAZEBAG, Political Hack Lawyer, Norm Eisen, and CREW, a group that uses ‘charity’ for political purposes which is, to the best of my knowledge, ILLEGAL!»
Trump has been highly critical of Pirro’s decision to drop the felony vandalism case against former Olympian David Hearn last Friday.
Earlier this week, Trump claimed Pirro «choked» under pressure from a judge regarding the case and «folded like an umbrella.»
A day after the case was dropped, Trump wrote on Truth Social «I disagree 100% with Jeanine Pirro, the U.S. Attorney for the District of Columbia, on the Reflecting Pool. I don’t know what she was thinking?»
FORMER US OLYMPIAN DAVID HEARN INDICTED IN ALLEGED REFLECTING POOL VANDALISM
Hearn was indicted on July 2 on one count of felony destruction of property. U.S. Park Police alleged Hearn grabbed and tugged at a loose section of the pool’s coating on June 19, continuing after a National Park Service employee told him to stop. Officials initially claimed he caused more than $1,000 in damage.
However, Pirro’s office said the Department of the Interior initially provided prosecutors with «barebones» reports and failed to disclose records documenting extensive problems with the coating’s installation.
The Lincoln Memorial and the Reflecting Pool are seen from the Washington Monument on Wednesday, July 15, 2026, in Washington. Rahmat Gul/AP (Rahmat Gul/AP)
«Had DOI been forthcoming with the information clearly in its possession, the government would not have sought a grand jury indictment,» prosecutors wrote.
«It was not until after the return of the indictment, that the DOI provided additional documents to the USAO-DC indicating that damage to the Lincoln Memorial Reflecting Pool in June 2026 was the result of flawed installation by the contractor, Atlantic Industrial Coatings (‘AIC’), and the rush to complete the project prior to events associated with the America 250 celebration in the weeks surrounding Independence Day 2026.»
OLYMPIAN CHARGED IN REFLECTING POOL VANDALISM DONATED THROUGH DEM FUNDRAISING GIANT
David Hearn of the United States competes in the men’s C1 whitewater canoeing final of the 2000 Summer Olympics at the Penrith Whitewater Stadium. Penrith, Australia, on Sept. 18, 2000. (David Madison/Getty Images)
The DOJ said the new evidence made it difficult to prove beyond a reasonable doubt that Hearn caused the damage. Prosecutors asked the court to dismiss the indictment without prejudice, which would leave open the possibility of bringing the charge again.
«The Trump administration’s case against Davey Hearn should never have been brought,» Hearn’s attorneys Norm Eisen, Mary Dohrmann and Steve Levin in a statement last Friday, according to the New York Post. «Its dismissal today does not erase the abuse of government power in arresting and charging a patriotic American who did nothing wrong. The government’s approach was ready, fire, aim. The administration owes Mr. Hearn an apology.»
Fox News’ Jackson Thompson and Reuters contributed to this report.
justice department, donald trump, politics
La Contraloría General de la República de Panamá ordenó iniciar auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura deportiva.
Las primeras revisiones se concentrarán en nueve instalaciones ubicadas en la provincia de Coclé, aunque el organismo fiscalizador advirtió que el escrutinio alcanzará los contratos vinculados con los señalamientos recibidos.
Las investigaciones buscan establecer si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se desarrollaron conforme a la legislación vigente, así como determinar si existió una correcta administración de los recursos públicos.
La Contraloría explicó que, por la naturaleza y alcance de los hechos denunciados, consideró indispensable realizar una investigación especializada para determinar posibles lesiones administrativas, contractuales y financieras al Estado.
La primera auditoría estará dirigida al contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en Coclé.
El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Los auditores examinarán la ejecución integral del contrato, las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados y liquidaciones, además de otras actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.
La revisión pretende reconstruir cómo se desarrolló financiera y contractualmente la obra y determinar si cada actuación contó con el debido sustento.
Para ello, los equipos especializados tendrán acceso a expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago.
También podrán revisar cualquier otra evidencia necesaria para establecer técnicamente cómo fueron ejecutados los proyectos y si los procedimientos utilizados se ajustaron al marco legal vigente.
La Contraloría fue enfática al señalar que “ningún contrato quedará fuera del escrutinio” y que cada adenda, pago y liquidación será examinada. No obstante, aclaró que la apertura de las auditorías no constituye un señalamiento anticipado contra ninguna persona natural o jurídica, sino el comienzo de un proceso técnico e independiente.
Si las investigaciones encuentran posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos que puedan tener relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para establecer responsabilidades.
La Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense tiene precisamente entre sus funciones detectar e investigar conductas potencialmente lesivas al patrimonio público y suministrar informes técnicos a las autoridades correspondientes.
La revisión de los contratos deportivos no fue la primera actuación de la Contraloría relacionada con Pandeportes durante 2026. Documentos oficiales del organismo fiscalizador muestran que desde marzo se habían realizado trabajos de inspección vinculados con contratos e infraestructura deportiva administrada por la institución.
Uno de esos registros correspondió a una inspección relacionada con el contrato 04-2022 INV y tres campos deportivos, lo que mostró que la Contraloría ya había realizado verificaciones sobre proyectos de Pandeportes antes del anuncio de las nuevas auditorías forenses derivadas de denuncias ciudadanas.
Las nuevas revisiones se sumaron a una agenda de fiscalización que durante el último año alcanzó diferentes áreas del gasto público. Entre ellas estuvieron las auditorías sobre recursos transferidos a municipios y juntas comunales, después de que las autoridades anunciaran revisiones sobre el manejo de fondos de descentralización.
La Contraloría también había informado que culminó la revisión de más de 4.000 expedientes correspondientes a auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
De ese universo, identificó 2.860 casos con posibles perjuicios superiores a $52 millones, cuyos resultados serían remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
En ese mismo proceso de fiscalización, el organismo anunció la entrega de 18 auditorías relacionadas con juntas comunales que administraron recursos de descentralización durante el gobierno anterior.
Estas revisiones estuvieron entre los principales frentes de control sobre el uso de fondos públicos, debido al volumen de recursos transferidos y a los cuestionamientos surgidos sobre su administración.
En el caso de Pandeportes, la apertura de las auditorías forenses no significó que se hubiera determinado previamente una lesión patrimonial ni responsabilidad penal alguna. Esa conclusión dependerá del análisis de contratos, adendas, pagos, liquidaciones y demás documentación relacionada con los proyectos.
La Contraloría indicó que el procedimiento se desarrollará respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas. Si los equipos especializados encuentran posibles afectaciones al patrimonio estatal o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.
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