Argentina atraviesa uno de esos momentos históricos en los que la economía parece debatirse entre dos tiempos distintos: el técnico de la macroeconomía, que exige disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reformas estructurales, y el social y político de las familias y las empresas, que necesitan resultados concretos en su vida cotidiana para sostener expectativas, consumo, inversión y apoyo político.

El gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio priorizar el ordenamiento macroeconómico como condición necesaria para cualquier recuperación futura. En términos conceptuales, la estrategia tiene fundamentos reconocidos por buena parte de la teoría económica moderna: reducción de la inflación, estabilización cambiaria, equilibrio fiscal, saneamiento del Banco Central, y disminución del peso de la deuda cuasifiscal como base para reconstruir credibilidad.

Economistas como Milton Friedman sostuvieron históricamente que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, mientras que Thomas Sargent y Robert Lucas Jr. desarrollaron la idea de que las expectativas económicas son determinantes en la dinámica inflacionaria. Bajo esa lógica, el ajuste fiscal y monetario del actual gobierno apunta a modificar expectativas y cortar con décadas de dominancia fiscal sobre la política monetaria argentina.

Los resultados iniciales en materia inflacionaria y de estabilización cambiaria muestran señales que el mercado internacional observa con atención. La desaceleración de la inflación, el superávit fiscal financiero y una mayor disciplina en las cuentas públicas representan cambios que, hasta hace pocos años, parecían políticamente imposibles en Argentina.

El desafío aparece cuando la macroeconomía choca con la percepción microeconómica de la sociedad. La economía no se mide solo en indicadores agregados: también se mide en la capacidad de una pyme de sostener ventas, pagar salarios, financiar capital de trabajo y evitar romper la cadena de pagos.

También se mide en hogares que todavía sienten pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y dificultades para llegar a fin de mes, aun cuando la inflación desacelera.

En economía política hay un punto central: los procesos de estabilización suelen tener costos sociales inmediatos y beneficios diferidos. John Maynard Keynes advertía que “a largo plazo estaremos todos muertos”, una frase usada para describir la tensión entre necesidades presentes y promesas futuras de los programas económicos.

El problema para el gobierno de Milei es que la sociedad vota en tiempo presente. Las empresas y los hogares no solo evalúan la dirección de la economía: evalúan su situación concreta. Una pyme puede reconocer que la inflación baja es positiva y aun así encontrarse asfixiada por caída de ventas, altas tasas reales, presión impositiva o dificultades de financiamiento.

Del mismo modo, un trabajador puede valorar la estabilidad cambiaria y, a la vez, no registrar mejora real en su ingreso disponible.

Allí reside quizás el mayor riesgo político del programa económico: que el electorado comprenda intelectualmente la necesidad del ajuste, pero que emocional y materialmente no pueda sostenerlo en el tiempo. La legitimidad social de los programas de estabilización depende muchas veces de que los beneficios empiecen a percibirse antes de que el desgaste económico y psicológico erosione el capital político del gobierno.

La historia argentina ofrece antecedentes donde gobiernos atravesaron las etapas más difíciles del ordenamiento macroeconómico, pero no llegaron a capitalizar electoralmente los beneficios posteriores. El riesgo para la administración Milei es realizar el trabajo políticamente más costoso -el ajuste del gasto público, la corrección de precios relativos y el sinceramiento económico- mientras otro espacio político aprovecha en el futuro los efectos positivos sobre la actividad, el crédito y el consumo.

En términos económicos, puede existir una diferencia temporal entre la recuperación de la macro y la recuperación de la micro. La estabilización financiera puede anteceder varios trimestres a la mejora efectiva del empleo, los salarios reales y la rentabilidad empresarial. El problema es que los calendarios electorales suelen ser mucho más cortos que los tiempos de maduración de las reformas estructurales.

También hay un componente psicológico y social que muchas veces la teoría económica subestima. Daniel Kahneman mostró cómo las personas perciben las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias futuras esperadas. En otras palabras, el sacrificio presente suele pesar más que una promesa racional de mejora futura.

Por eso, el desafío del Gobierno no pasa solo por ordenar variables macroeconómicas, sino también por construir una transición socialmente sostenible. La estabilidad económica necesita legitimidad política, y la legitimidad política requiere que las personas perciban algún alivio concreto en su economía diaria.

Argentina probablemente necesitaba un fuerte ordenamiento macroeconómico. Pero también necesita que ese ordenamiento se traduzca en una mejora tangible para la economía real antes de que el desgaste social transforme una eventual estabilización exitosa en una derrota política. Porque, paradójicamente, uno de los mayores riesgos para el gobierno de Milei es hacer el trabajo más ingrato de la política económica y dejarle a otro gobierno, a partir de 2028, el terreno fértil para capitalizar los beneficios de una macroeconomía finalmente estabilizada.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market