POLITICA
El salto de Uñac a la cancha electoral: el kilómetro 0, el problema a combatir y la polarización con Kicillof

Sergio Uñac empezó a acelerar, con más decisión, el armado de su proyecto presidencial. Lo hizo en las últimas dos semanas, con varias entrevistas públicas, y el último sábado en Pocito, San Juan. En la ciudad donde nació y la que gobernó durante dos períodos como intendente, entre el 2003 y el 2011, juntó a dirigentes del peronismo sanjuanino para poner en su hoja de ruta el mojón del Kilómetro 0.
“Juntamos el 90% del poder territorial del peronismo”, aseguraron cerca del senador, donde tomaron el encuentro como un ordenamiento interno del peronismo local. De la mayoría, no de la totalidad. Porque la extensa interna de poder con el ex gobernador José Luis Gioja sigue latente. “No lo quiere a Sergio. Nunca lo quiso”, se sinceran en las líneas dirigenciales que acompañan el proyecto presidencial desde el primer minuto.
Hubo intendentes, legisladores nacionales y provinciales, y dirigentes de base. Y hubo, sobre todo, un pedido de Uñac de ordenamiento hacia dentro de la fuerza política, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el peronismo de empezar a acomodar las prioridades, romper fronteras, abrir canales nuevos de comunicación dentro del universo opositor y evitar caer, sistemáticamente, en las rencillas internas que tienen años de historia.
El ex gobernador escribió el trazo grueso de su relato político anclado en la provincia que gobernó. Desde San Juan hacia el resto de la Argentina. Desde el interior del país hacia el centro. Y no viceversa, como debe caminar Axel Kicillof, su principal competidor frente al desafío de ser el candidato a presidente del peronismo en el 2027.

El actual senador nacional simbolizó esa idea en una frase corta y concisa: “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”. Su modelo político, económico y comunicacional está atravesado por un lema que estará a lo largo de su campaña: “El interior profundo necesita representación”. Uñac es el candidato del interior. Ese es el cascarón identitario que tendrá de ahora en adelante.
El sanjuanino asume con naturalidad que tiene un problema grande para la batalla electoral, que es su alto grado de desconocimiento en gran parte del país. Pero también cree que ahí puede estar una de sus principales apuestas. Empezar a ser conocido como una mirada nueva ante los ojos de una gran parte de la sociedad que desconoce su trayectoria política.
En las encuestas no tiene ni un alto porcentaje de imagen positiva, ni tampoco de imagen negativa. Tiene mucho desconocimiento. Es decir, no hay una percepción prejuiciosa de la sociedad con la que tenga que combatir. En todo caso, lo que existe es el enorme desafío de instalar su nombre, su cara y su discurso como una opción viable para competir el año que viene. “Hay tierra fértil donde trabajar”, sostiene en el equipo de trabajo del sanjuanino.
En base a esa limitación es que decidió largar su proyecto presidencial cuando falta un año para las próximas elecciones. “Instalarse de una forma más artesanal y territorial lleva tiempo”, precisaron a Infobae cerca del senador nacional, que tiene en su hoja de ruta mental la idea de recorrer los 24 distritos del país antes de que termine el 2026.

Uñac buscará instalarse lentamente en cada una de las visitas que haga en las provincias. Estar más con la gente que con los dirigentes, estar presente en los medios locales y que su cara empiece a convivir con el nombre de un potencial candidato a la presidencia. “Tengo tiempo para recorrer el país de punta a punta“, suele decir el ex gobernador.
En ese camino hay un trabajo de polarización implícito entre su figura y la de Kicillof. Uno ha puesto su punto de partida en San Juan, con el aroma del interior, y otro en Buenos Aires, entre los paisajes disímiles del conurbano y el resto de la provincia. Uno es desconocido para las mayorías y al otro lo conocen casi todos. Uno está empezando a armar una estructura dirigencial donde sostenerse y el otro formó una agrupación, hace poco más de un año, con cuadros técnicos y dirigentes con peso territorial. Uno tiene su interna de poder con un ex gobernador y el otro con una ex presidenta. No hay una sola fórmula valedera para ser candidato. Las dos realidades lo demuestran con claridad.
En primera instancia, Uñac busca llegar al final del año bien posicionado para estar en la mesa donde él peronismo discuta su futuro nacional. Está dispuesto a competir en una interna partidaria – como la que propuso un puñado de meses atrás – o en unas PASO, en el caso de que el gobierno nacional no las pueda derogar. Quiere competir para que el resultado legitime a la fuerza política. En el peronismo hay cierto consenso sobre la necesidad de que el próximo candidato tenga el aval de los votos. Ya no hay margen para el dedo, ni para los candidatos todopoderosos.
En ese camino trabajará en los próximos meses. Sin el parate del Mundial, que algunos dirigentes imponen en la agenda política, y dividiendo la mayor parte del tiempo entre San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene las dos oficinas donde se encuentra con dirigentes políticos, sindicalistas y empresarios. Dos terminales de rosca política.

En la agenda de este mes está un viaje a Santiago del Estero, diagramado para el 12 de junio, con el fin de participar de una actividad destinada a las Pymes. Luego viajará a alguna provincia de la Patagonia, aunque aún no tiene el destino cerrado. Su intención es viajar a dos o tres provincias durante junio.
En el plan de acción hasta fin de año figura un desembarco en el conurbano bonaerense. Algunas recorridas por municipios ultra poblados. Otra vida, otros problemas, distintos a los del interior. Por el momento, lo piensan en soledad, sin acompañamientos de intendentes, aunque esa proyección pueda variar con el transcurso del tiempo. Uñac tiene en claro que debe pisar territorio kicilofista para aumentar su grado de conocimiento. No alcanza solo con convertir en el interior su escudería de campaña.
El sanjunanino asegura a quien quiera escuchar que él no es el candidato de Cristina Kirchner. Cerca de la ex presidenta dicen exactamente lo mismo. Lo concreto es que Uñac le presentó su idea de hacer una gran interna federal del peronismo y le manifestó su vocación de caminar el país para construir una candidatura. A CFK le pareció bien y lo animó a hacerlo. La ex mandataria no tiene candidato propio. Y de los dos que están jugando, solo habla con uno: Sergio Uñac.
“Muchos dicen que Sergio es el candidato de CFK para molestar a Axel. Lo cierto es que el adversario no es Axel, son las políticas de Milei”, reflexionó un dirigente de mucha confianza del sanjuanino. Uñac saltó a la cancha electoral con mayor decisión que la que había mostrado hasta ahora. Parece haber comenzado una nueva etapa de su diagrama electoral. El tiempo y los vericuetos de la política determinarán el lugar donde quede parado.
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POLITICA
Fentanilo mortal: el principal acusado apeló su procesamiento y acusa a los organismos de control

La defensa de Ariel Fernando García, el empresario farmacéutico detenido por la mayor tragedia sanitaria Argentina, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata un recurso de apelación que cuestiona el procesamiento por la muerte de 90 pacientes a los que se les administró fentanilo contaminado fabricado por sus laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Otros 44 fueron dados de alta, pero quedaron con secuelas.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la puntillosa investigación, ya concedió las apelaciones y la Cámara deberá convocar a presentar los memoriales escritos. La defensa del principal acusado solicitará que la audiencia sea presencial.
El escrito, firmado por los abogados Gastón Marano y Mario Laporta, intenta desarticular los pilares sobre los que Kreplak lo imputó junto a otras 12 personas vinculadas a las empresas, entre ellos su hermano Diego y su madre, Nélida Furfaro.
En la resolución de ampliación de procesamiento de 382 fojas firmada el 13 de mayo, el magistrado dejó por sentado que la cantidad de fallecidos podría ser superior, y lo explicó así: “Es importante destacar que las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados. Por cuestiones ajenas al accionar de la instrucción vinculadas a la realidad de la práctica hospitalaria argentina, esto es, criterios médicos, tecnología disponible y/o modalidad de registración documental, entre otros motivos- la prueba que permitiría acreditar el universo total de casos no se encuentra disponible”.

El fallo reconoce que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”, y detalla la metodología judicial implementada para superar las limitaciones del sistema sanitario, que incluyó requerimientos a 32 establecimientos de salud para el envío de historias clínicas y listados de pacientes tratados con el potente anestésico.
Para la defensa del principal sospechoso, el magistrado no logró responder cómo llegaron las bacterias a las ampollas del fentanilo HLB Pharma. Es decir, que la propia defensa de García Furfaro reconoce que las ampollas de fentanilo estaban contaminadas y que el hecho ocurrió en el laboratorio que elaboró el medicamento.
Los investigadores judiciales no ven un cuestionamiento sólido en ese punto. En el expediente está acreditado que los lotes del potente anestésico se contaminaron con dos bacterias multirresistentes a lo largo del proceso de fabricación, ya que las ampollas utilizadas y las muestras “museo” analizadas estaban herméticamente cerradas y las ampollas son inviolables.

De hecho, la resolución expuso la falta de organigrama, controles de calidad inexistentes, ausencia de personal calificado y registros manipulados. El documento resalta: “Los responsables del laboratorio sabían con claridad las condiciones en que se encontraba funcionando, y que se incumplían las Buenas Prácticas de Fabricación y, en consecuencia, tenían absoluto conocimiento del grado de riesgo que podrían introducir en la sociedad como consecuencia de desvíos de calidad en las sustancias medicinales que liberaban a la circulación”.
La causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata bajo el número FLP 17371/2025, acusa a García Furfaro y los otros empleados y responsables de los laboratorios como presunto coautor del delito de adulteración dolosa de sustancias medicinales con resultado de muerte, previsto en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
La defensa ataca
Para el abogado Marano, el argumento que supone más contundente para la defensa del empresario que viajó a Rusia para traer al país la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus, no proviene de sus propios peritos, sino del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en las 20 muertes adjudicadas en el procesamiento original concluyó que ninguno de esos casos se encontraba en la categoría de nexo causal directo. Todos fueron clasificados de esa manera, es decir, la infección bacteriana constituyó un factor agravante en pacientes que ya portaban cuadros clínicos potencialmente letales. La defensa lo traduce en términos jurídicos precisos: “El CMF no dijo que la bacteria no importaba: dijo que no fue la causa directa. La diferencia es todo el derecho penal.”

Kreplak, en cambio, argumentó que “todos los casos analizados resultaron conectados jurídicamente con el aumento del riesgo de muerte derivado de la peligrosidad introducida en el circuito sanitario por las bacterias”.
En su extensa resolución, el magistrado lo argumentó así: “Las bacterias aisladas de los hemocultivos de los pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata resultaron genéticamente idénticas a las halladas en las ampollas de fentanilo HLB adquiridas por el nosocomio. Estas conclusiones resultaron dirimentes para la pesquisa, toda vez que fue la primera información contundente con la que contó este juzgado para determinar a ciencia cierta que las bacterias halladas en los pacientes provenían de la administración de las ampollas contaminadas del medicamento.”
Y añadió: “En todos los casos, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que las infecciones padecidas por los pacientes analizados, causadas por la presencia de las bacterias que se hallaban en el medicamento fentanilo, produjeron un incremento del riesgo de muerte en los peritados”.
Laporta y Marano rechazan esa ecuación: “El aumento del riesgo de muerte no equivale a causar la muerte. Son dos resultados jurídicamente distintos. El paciente que estaba en UTI ya tenía su vida en peligro antes de recibir el fentanilo; la infección superpuso un peligro adicional —y eso, en el mejor de los casos para la acusación, encuadra en una lesión grave del artículo 90 del Código Penal, no en homicidio doloso ni culposo.”

La defensa acompañó en el recurso de apelación dos informes periciales independientes que, según el escrito, configuran junto con los dictámenes del CMF “un bloque probatorio que el auto apelado no consideró”.
El primero fue elaborado por la doctora Carolina Guma, médica legista y docente de la Universidad Fundación H. Barceló, quien analizó caso por caso las historias clínicas del expediente. Sus conclusiones se muestran taxativas. “En ninguno de los casos esta perita ha podido comprobar en las historias clínicas que los pacientes hayan recibido fentanilo HLB lote 31202”, señala el informe. Agrega que solo 37 pacientes tienen confirmación por el ANLIS Malbrán (el laboratorio de referencia), y que en esos casos el organismo informó discrepancias genómicas de entre 2 y 33 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), -que en español se traduce como polimorfismos de nucleótido único- y diferencias fenotípicas entre las bacterias de las ampollas y las de los pacientes. “Sin identidad clonal”, concluye la perita, “no hay certeza de fuente común. Y sin certeza de fuente común, no hay nexo causal probado”. La conclusión final del informe Guma es que los casos con bacteriemia compatible con el perfil declarado “corresponden más adecuadamente con la definición de nexo fortuito”.

El segundo informe fue elaborado por la doctora Gabriela R. Potap, médica especialista en Medicina Legal, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inscripta en el listado de peritos judiciales del Poder Judicial de la Nación. El informe Potap analiza todos los casos imputados a los procesados y llega a una conclusión que la defensa transcribe textualmente: “No se cuenta con evidencia medicolegal que permita establecer que la administración de fentanilo HLB, no verificada en la totalidad de los casos, haya constituido la causa directa de los fallecimientos, incrementado de manera autónoma el riesgo de muerte ni ocasionado una incapacidad laboral superior a un mes.”
El trabajo de la defensa concluye con un dato estadístico: el 60% del universo analizado no cumple con los requisitos de validación establecidos por la propia autoridad sanitaria.
Kreplak ya se expidió sobre la “causa directa de los fallecimientos. En la foja 285 del primer procesamiento expuso: El agravamiento significativo de la condición de salud de los pacientes configura, precisamente, un incremento del riesgo de muerte generado por la aplicación del fentanilo HLB lote 31202 contaminado con los microorganismos Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica que produjeron un contagio bacteriano adicional a su cuadro clínico y, por lo tanto, un peligro suplementario para su sobrevivencia.”
Qué dijo el acusado ante el juez
Ariel García Furfaro declaró durante 13 horas en tres jornadas —23, 25 y 27 de abril —. Según el escrito, el acusado demostró un conocimiento exhaustivo de las historias clínicas de los casos imputados y planteó una contradicción de consistencia interna: si el lote 31202 distribuyó aproximadamente 154.000 ampollas y la bacteria hubiera causado infección en quienes la recibieron, el número de afectados debería ser del orden de miles, no de decenas. “Esto tendría que haber sido un desastre. Tendría que haber 6.000 personas contaminadas. No las hay”, declaró el imputado.

En este punto, la defensa no aportó un dato relevante: la cantidad de ampollas que se aplicaron, ya que, en cuanto el Hospital Italiano de La Plata denunció los primeros fallecimientos vinculados al fentanilo de HLB Pharma, la autoridad sanitaria ordenó la prohibición en todo el territorio nacional.
Adriana Iúdica, subjefa de control microbiológico de Laboratorios Ramallo, ingeniera química con cuatro décadas de experiencia en la industria farmacéutica, detectó indicios de contaminación en los lotes del 18 y 19 de diciembre de 2024 y consignó en el Batch record que es el documento que registra todo lo que ocurrió durante la producción de ese lote: qué materias primas se usaron, en qué cantidades, a qué temperatura, qué controles se realizaron, quién los realizó y cuándo. Es la trazabilidad documental de cada paso del proceso de fabricación. Iúdica firmó como conforme, liberando el producto para su comercialización. La subjefa de control microbiológico es otra de las procesadas.

En la causa también figuran los dichos del procesado Eduardo Darchuk -jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen- quien le dijo al magistrado en su indagatoria: “La jefa de control microbiológico dijo: me dio positivo. Nosotros nos quedamos todos mal. Diego (García) le dijo: ”¿Por qué no dijiste nada? A lo que respondió: “Me olvidé”. La propia Iúdica, al ampliar su declaración, reconoció la centralidad de lo ocurrido, aunque argumentó que creyó que se trataba de un falso positivo del analista sin experiencia.
Para los defensores de García Furfaro si el suceso dañoso no se hizo real hasta que Iúdica omitió cumplir su obligación legal, “la cadena causal que conecta la conducta del propietario de los laboratorios con los resultados imputados queda interrumpida por ese eslabón autónomo”.
En su declaración indagatoria, García Furfaro identificó a Andrés Quintero —ex empleado de los laboratorios y con vínculos en el sector farmacéutico— como el principal sospechoso de un posible sabotaje. Describió una serie de elementos que, a su juicio, lo vinculan con los hechos: “Quintero conocía al doctor Pesat, el infectólogo del Hospital Italiano que descubrió la bacteria, y se reunía con él en San Isidro; accedió a Laboratorios HLB Pharma Group de esa localidad bonaerense poco antes del evento; realizó denuncias previas contra el laboratorio en connivencia con Carignani, ex presidente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME); y existe un audio de veinte minutos en que Quintero habla de la posibilidad de que aparezca un medicamento contaminado antes de que el hecho ocurra”.
En este punto la defensa solicitó que el juzgado cite a Quintero para ser interrogado.
Para el juzgado estas son hipótesis abiertas que se podrían explorar en una segunda fase, pero que, de ser así, sumarían más imputados, pero una misma certeza.
El recurso de apelación también apunta a las omisiones del organismo regulador. La Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata, en su dictamen del 14 de mayo de 2025, cuestionó la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambos organismos dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En este punto, la defensa expresó una posible consecuencia dogmática: “Quien opera dentro de un sistema regulado tiene derecho a confiar en que el organismo de control cumple su función. Si la ANMAT detectó deficiencias críticas en 2022 y 2024, aceptó los planes correctivos y no comprobó su implementación, el laboratorio tenía razones para creer que el sistema funcionaba.”
El recurso también impugna el encuadre legal de los hechos. El art. 201 bis del Código Penal requiere dolo respecto de la adulteración. La defensa sostiene que la adulteración como tipo objetivo exige la modificación intencional de la composición del producto: adulterar es alterar dolosamente. La contaminación como consecuencia de deficiencias de proceso —o, como postula la hipótesis del sabotaje, como consecuencia de la intervención de un tercero— no es adulteración en sentido jurídico-penal. La propia argumentación del auto —relajamiento, indiferencia, omisiones— describe el tipo culposo del artículo 203, que reprime exactamente esa conducta por imprudencia, negligencia o inobservancia reglamentaria. El principio de especialidad sostiene el escrito, impone la aplicación del artículo 204, que regula al laboratorio habilitado que comercializa un medicamento que no responde a los estándares declarados ante la ANMAT.
La defensa pide a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que “revoque la ampliación del procesamiento y declare la falta de mérito, con cesación de la prisión preventiva”.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral

¿El RIGI o el Súper RIGI, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, están cocinando a fuego lento otro régimen de Tierra del Fuego que le quitará recursos a los argentinos, según plantean las voces más preocupadas por esos esquemas? ¿O, al contrario, están produciendo un giro copernicano de la matriz productiva que pondrá a la Argentina y a los argentinos en el mapa global de la riqueza futura, según sostienen los libertarios? La Argentina de Milei recién empieza, pero ya hay un sistema métrico que busca entender el impacto a largo plazo que se podría estar generando desde este inicio.
Hay una discusión más delicada y sutil, ya en marcha: la que pone el foco en el metro patrón del mediano-largo plazo. La cuestión hacia adelante es cuánto dura el impacto de las políticas mileístas que se lanzan hoy y cuáles son sus efectos colaterales en un eventual futuro sin Milei. En ese sistema métrico de externalidades, hay una duda clave: ¿las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas del Gobierno libertario serán más positivas que negativas, o lo contrario?
POLITICA
El gobierno de Milei ya es otro gobierno

El Gobierno está en una situación ambivalente. Las encuestas muestran que la declinación de su imagen frente a la opinión pública se detuvo. Pero aquel debilitamiento, que parece haber tocado un piso, dio origen a una nueva administración. Existen cambios que se produjeron durante los últimos meses que dan la sensación de que difícilmente el oficialismo siga siendo el mismo. Aunque revierta la caída.
Una encuesta elaborada por la consultora de Hugo Haime, con base en el índice de aprobación y desaprobación de la gestión Milei, exhibe una leve suba en el nivel de aceptación: pasó de 34 a 35% entre los meses de abril y mayo. Mientras tanto, el rechazo a la administración libertario cayó de 63 a 61% en el mismo período.
El escenario se repite en la evaluación de las expectativas sobre la Argentina de acá a un año, que es una pequeña muestra del pensamiento del electorado sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas. En abril, quienes consideraban que el país iba a estar mejor representaban al 32% de los encuestados. Un mes más tarde, esa cifra trepó a 33%, frenando la caída que el índice experimentaba desde diciembre. El mismo fenómeno se tradujo en quienes aseguraban que estaríamos peor: pasaron del 50 a 48%. Se trata así de pequeños movimientos que dan la idea de que la dinámica de deterioro del oficialismo se ha detenido.
Estos pequeños datos se encuadran en un marco en el que aparecen fenómenos que dan cuenta de modificaciones más estructurales. Por ejemplo, quién es el principal responsable de los problemas económicos de la Argentina. En los dos primeros años del desembarco de Milei en el Ejecutivo, La Libertad Avanza podía responsabilizar por las dificultades a la herencia recibida, y con mucha lógica. Aquel paradigma cambió. Hoy es Milei el culpable de aquella dimensión: el 42% de los encuestados imputan las dificultades materiales a su política económica. Por el contrario, un 33 por ciento todavía atribuye la responsabilidad al kirchnerismo.
No es la única variación molesta para el Presidente. Dentro de un ranking de conocimiento y evaluación de dirigentes nacionales, la senadora Patricia Bullrich tiene una imagen positiva del 41,7% contra una imagen negativa del 55%. Milei, mientras tanto, se encuentra en el orden del 38,7% y 60,9% respectivamente, cifras que se presentan como un obstáculo en un eventual balotaje. Hay un significado oculto en esta comparación: el universo de la opinión pública oficialista -el no peronismo- ubica a Bullrich por encima del jefe de Estado, lo que lleva a la exministra de Seguridad a emitir señales de diferenciación.
Cristina Kirchner goza de un 42,7% de imagen positiva y un 56,4% de imagen negativa, convirtiéndose en la figura con mejor concepto en el país. Dichos números son prueba del marcado nivel de polarización política en la Argentina. Aquellos que no comulgan con las ideas del mandatario se miran mejor en el espejo del peronismo y ven en la ex presidenta a la principal líder opositora. Hay quienes interpretan que esta circunstancia se debe, en cierta medida, a su silencio. Le va mejor cuanto menos aparece.
Estos números impactan de lleno en la estrategia discursiva del Gobierno, con un Milei que se aferra al peligro kirchnerista para diluir diferencias de matiz existentes con Mauricio Macri o Pro. Así lo demostró, entre otras tantas oportunidades, al dar inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso, a través de un discurso insultante contra la bancada kirchnerista. Las palabras del Presidente contrastan con el discurso de Luis Caputo, ministro de Economía, quien pretende dejar en claro ante los inversores que no existe riesgo alguno sobre la vuelta del kirchnerismo.
Si bien la polarización no resulta inconveniente para el líder de LLA, sí lo es para Axel Kicillof, quien se encuentra por debajo de Cristina Kirchner -39,5% de imagen positiva y 52,9% de imagen negativa-, con quien comparte electorado. Se trata de un dilema para el gobernador bonaerense respecto de su carrera electoral, que todavía no lanzó.
Otro dato interesante: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostiene una brecha de 40,5% entre imagen positiva y negativa -26,3 y 66,8 respectivamente-, lo que agiganta la incertidumbre sobre por qué tanto Javier como Karina Milei continúan sosteniéndolo. Adorni era la gran apuesta del oficialismo y quien representaría al Gobierno en la gran batalla por el electorado de la Capital Federal. Ese trono hoy está vacante, con otros aspirantes a ocuparlo. Una de ellas, que todavía no asomó la cabeza, es Pilar Ramírez, líder del bloque libertario en la Legislatura porteña y ojos y oídos de la Secretaría General de la Presidencia en la política de la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de Milei opera en otro contexto. Ya no es lo que era y enfrenta otros demonios. Uno de ellos es el proceso de sustitución de liderazgos ante la opinión pública, que el propio Presidente deberá analizar si es capaz de revertir. Tendrá, por ejemplo, que superar a Bullrich, a quién no saben dónde ubicar. La candidatura a vicepresidente estaría escriturada para Martín Menem. Ramírez se quedaría con la Jefatura de Gobierno en Ciudad. Se le endilga al Gobierno ser responsable también por la situación económica. No tiene resto para usar la carta de la herencia recibida. Del otro lado, un kirchnerismo amenazante que puede complicar la llegada de inversiones. El panorama necesita de una nueva interpretación.
Dentro de este mundo hay un inconveniente central, sistemático e inocultable: la corrupción. Estalló la semana pasada un complejo caso vinculado a Arsat, la empresa encargada dentro del Estado del tendido de fibra óptica. La “niña de los ojos” de Julio De Vido generó durante el kirchnerismo 36.000 kilómetros de fibra óptica, contra 18.000 y 16.000 de Telecom y Telefónica. Es una gran perla para cualquier privatización o tercerización de funciones.
El escándalo se debe a que se descubrieron depósitos en los que se robaban dispositivos que compraba Arsat. Producto de la pericias de teléfonos y llamadas, apareció en escena Gerardo Boschin, que había trabajado para la compañía de telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de contrataciones y compras.
Es una clara ilustración de la falta de reflejos por parte del oficialismo. Mientras se desata la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, y Adorni gasta su vida en acomodar los números para elaborar un declaración jurada que nunca llega, Boschin es el protagonista de un escándalo que lleva semanas siendo investigado. Pero hasta el lunes mantenía su cargo.
Sin embargo, no es el único involucrado ni el más llamativo. La pesquisa también salpicó a Facundo Leal, quien era llamado en broma “Facundo Leal a José Luis Manzano”, por su gran dependencia con el empresario y su socio Daniel Vila.
Leal es un funcionario de Arsat, que pasó por varias funciones dentro del Estado, a quien le allanaron dos domicilios: un departamento en Palermo y una casa en Mendoza. Le encontraron, sumados en ambos domicilios, aproximadamente US$2.400.000 en distintas monedas, en efectivo. A este funcionario del Gobierno de Javier Milei le encuentran también cantidades de cocaína, ketamina y éxtasis. Y balanzas para pesar esas drogas.
Este es un dato muy importante. No desde el punto de vista médico o sanitario. Es muy importante desde el punto de vista político. Porque Facundo Leal, que tiene, dicen quienes lo conocen, una gran adicción a las drogas pesadas, más o menos desde el año 2010, hoy está preso. Es una bomba de tiempo. En el Gobierno muchos se preguntan con temor cuánto aguanta la presión de la Justicia, la indagación de un fiscal, alguien con semejante nivel de adicción y en una situación de abstinencia y, obviamente, de estrés, como cualquiera que está pasando por un proceso judicial tan complicado.
Facundo Leal es un mendocino que llegó a la ciudad de Buenos Aires, al Gobierno nacional, de la mano de un dirigente de la provincia de Mendoza llamado Rodolfo Gabrielli, que fue gobernador de Mendoza, ministro del Interior en la época de Duhalde, titular de la Casa de la Moneda en la época de Kirchner, de donde se fue en medio de un escándalo, y estuvo también en Arsat, una empresa de tendido de fibra óptica y tecnología, muy ligada a las telecomunicaciones. Leal estuvo allí durante el gobierno de Alberto Fernández. Está muy ligado, por la vinculación con los mendocinos, a Sergio Massa. Pasó después a la Agencia de Control de Aeropuertos, el Orsna. Pero seguía estando en Arsat. Porque, astuto, logró que el sindicato de telefónicos lo nombre delegado de la empresa, con lo cual, informalmente, porque esto no está previsto en los estatutos, él tenía un lugar en el directorio, que lo tiene hasta ahora.
Su paso por el Orsna fue bastante escandaloso porque muchos empresarios de la construcción, que hacían obras en aeropuertos de distintos lugares del país, se quejaban de que algunos delegados de Leal pedían, hasta donde se sabe, coimas del 5% para que el Orsna habilitara determinadas obras para esas empresas constructoras. Esto se sabía, era vox populi en el mundo aeroportuario. Ocurría en un bar del Aeroparque Jorge Newbery, a la vista de todo el mundo.
A pesar de todo esto, a Leal lo pasaron desde el área del Orsna a Transporte. Ahí trabajó con otro funcionario al que despidieron junto con Leal: Luis Pierrini, también mendocino, vicepresidente de Independiente Rivadavia, el club que controla Daniel Vila. Todo tiene que ver con todo y, por lo tanto, hay un vínculo entre Pierrini, Leal y el fútbol, a través de Vila.
¿Cómo llega Pierrini al gobierno nacional? De la mano de Juan Pazo. Era el secretario de Coordinación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Fue después titular de ARCA. Pero, durante el gobierno de Macri, era superintendente de Seguros. ¿Por qué esto es importante? Porque Pierrini es el dueño de la compañía de seguros Triunfo, con sede en Mendoza. Dicen los que conocen el sistema financiero que cuando Pazo y Luis Caputo no estaban en la función pública, manejaban un fondo, Anker, y colocaban títulos en la aseguradora Triunfo de Pierrini. Todo este sistema, Transporte, Arsat, componen una órbita del Estado donde se tramitan infinidad de negocios, controlada por el “Mago del Kremlin” Santiago Caputo. Esto es inquietante porque hay negocios que se realizan a la sombra del asesor presidencial -licitaciones, contrataciones, todos estos escándalos- que en alguna medida rozan al ministro de Economía, Luis Caputo.
Santiago Caputo tiene una enorme influencia en el Ministerio de Economía, y la acaba de reforzar en estas horas. Fue desplazado de allí José Ignacio García Hamilton, un gran funcionario, muy prestigioso dentro en el mundo legal del Gobierno. Fue reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, que hasta hoy fue el subprocurador general del Tesoro. Un muy buen abogado, especialista en derecho internacional, que tuvo mucho que ver con el caso YPF en la Cámara de Nueva York, donde se dio vuelta el caso con argumentos que ya venían trabajando ante la Justicia neoyorquina los abogados del Estado desde la época de Bernardo Saravia Frías.
Quiere decir que, a partir de hoy, el mago del Kremlin controla plenamente el área de Legales del Ministerio de Economía, porque Stampalija depende de María Ibarzabal, mano derecha e izquierda de Santiago Caputo, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. En definitiva, hay todo un esquema, que es el esquema de la abogacía del Estado, crucial en muchísimos casos, que también está bajo la dependencia política de Santiago Caputo, “el Mago”.
Echaron a Pierrini, el jefe de Leal en Transporte. Echaron a Leal. ¿Por qué los echaron? De nuevo, el fútbol. Los echaron, dicen, por estafas. Hay una gran cantidad de versiones. No: los echaron porque iniciaron un viaje de “placer” a Barcelona y a Ibiza en el avión que se le imputa a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. No hay que aclarar quién es porque está envuelto, no en uno, sino en cien escándalos.
Viajaron en ese avión de Toviggino, piloteado por el crucial Gustavo Carmona. Dicen que el día que Carmona hable se cae el universo. Piloto del avión que se atribuye a Toviggino, Carmona es compañero de tenis en el Club San Juan con Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, y con su segundo, el secretario de Justicia, Santiago Viola.
Toda la familiaridad que hay, ya conocida, entre el mundo del Gobierno y la AFA. Tema del que no sabemos qué opina Milei, que siempre fue un abanderado en contra de esa especie de ¿mafia? que hay dentro de la conducción del fútbol.
A todo este universo de funcionarios ligados, sobre todo, empresarios mendocinos, hay que sumar nada menos que a Diego Chaher, que es el responsable de las privatizaciones del Gobierno. También viene de las empresas de Vila y Manzano. Y en Trenes siempre se habló de una dependencia de Pierrini y de Leal, que es el que está más complicado por los US$2.400.000, por las drogas, etcétera, del empresario Leonardo Scatturice, que es una especie de otro yo, jefe, socio, no se sabe muy bien qué, también del “Mago” Caputo.
Scatturice vive en Miami y manejaría, desde ese lugar, algunos negocios del Estado. Por ejemplo, hay empresarios que quisieron entrar en un concurso para el tendido de fibra óptica en estaciones de tren, a quienes desde las inmediaciones de Santiago Caputo les dijeron que no, que “eso lo maneja Scatturice desde Miami, por lo tanto tienen que ir a hablar allá.” Se produjo el viaje. Scatturice es dueño de Flybondi, empresa con problemas. Es importante porque toda el área de aeronavegación también la maneja Santiago Caputo.
¿Qué es lo importante de todo esto? Primero, el drama que significa para un Gobierno que venía a combatir la corrupción que le aparezca un caso de corrupción de gran dimensión, todas las semanas. Que aparezca un sector empresarial de “expertos en mercados regulados”, como diría Antoni Brufau, el presidente de Repsol, cuando presentó a su nuevo socio Enrique Eskenazi. Empresarios que no viven de competir en el mercado. Empresarios que viven del contacto político, de la proximidad con el poder, que están todo el tiempo escaneando el Estado para ver dónde encuentran al funcionario que les abra la puerta para un negocio.
En un Gobierno —esto es importante, parece un detalle técnico pero no lo es— que ha ampliado mucho el monto correspondiente a adjudicaciones directas. Ya son montos muy impresionantes, por los cuales se pueden cerrar negocios sin hacer licitaciones internacionales públicas y competitivas. Hay, entonces, una contradicción entre un Gobierno envuelto en la bandera de la desregulación, del mercado para todo, como pretende Federico Sturzenegger, con este otro Gobierno, donde en áreas como la energía, el transporte y las telecomunicaciones parecería estar todo ya atado y asignado por alguien como Santiago Caputo.
Estamos en el reino de las anomalías. Una anomalía es algo que se desvía de lo que dice la ley o de lo que marca tradicionalmente la costumbre. Acá hay una anomalía muy curiosa que pasa como natural. Negocios importantísimos del Estado que los estaría decidiendo, y nadie lo desmiente, Santiago Caputo, con un poder extraordinario, pese a que no es funcionario y no tiene firma. Firman sus subordinados. Entre él y su hermano Francisco se deciden las operaciones del Estado, pero no tiene responsabilidad administrativa. Es un asesor del Presidente que tiene apenas un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia. Curiosamente, en la oficina de su enemiga, Karina Milei.
Esta es una gran rareza que tiene que ver con un Gobierno que, por su procedencia, por haber llegado desde las afueras del Estado y de la política, se podría decir que carece de cultura cívica. Y donde aparentemente hay una estrategia de alguien, tal vez del propio Caputo, que como pretende manejar toda esta área del Estado e influir en la adjudicación de determinados negocios, no quiere ser funcionario. Tal vez se cuida de, después, tener que prestar declaración en tribunales, como le pasa al pobre Adorni, o a otros funcionarios, como Leal, que hoy está preso.
Milei ya se ve obligado a tomar una definición sobre este problema, que es el orden de preocupaciones que ve hoy la sociedad como cuestiones principales a resolver en el país. En la encuesta de Haime aparece como primer problema la corrupción, con un 39%. Había sido un problema secundario hasta ahora. La lista de problemas la encabezaba la inflación. Por un éxito del Gobierno, la inflación fue desplazada.
No es solamente la corrupción de la licitación pública ni de quién se queda con Arsat o qué negocios se organizan para proveer de mercaderías a esa empresa. La corrupción también implica la presencia en la Argentina, cada vez más frecuente, de redes mafiosas.
Todos vemos con espanto el asesinato de Agostina Vera en Córdoba. Es parte de esto. El público lo identifica como parte de un país donde hay poco control de muchos delitos complejos. Delitos pesados. En estas horas hay una pregunta que circula en voz baja en Córdoba: ¿Es cierto que hay otra chica desaparecida, de 17 años, desde hace más o menos tres días? No tenemos más datos que éste, que la pregunta. Pero es una pregunta que se la hace gente muy bien informada en Córdoba.
¿Cómo reacciona el Gobierno frente a esta agenda? Un gobierno que dice tener a la corrupción como enemigo y a la moral como política de Estado. Ningún funcionario habla de estos casos que están apareciendo dentro del Gobierno. Solo hay cuentas fantasmas de un sector que se tira con causas judiciales y delitos contra otro sector dentro de la feroz interna que enfrenta a Karina Milei y los Menem con Santiago Caputo y su grupo, “Las Fuerzas del Cielo”.
La misma encuesta que nos muestra el ranking de políticos nos devuelve a este problema para el Gobierno: Patricia Bullrich. El Gobierno encara todo este drama con impugnaciones contra el periodismo y un intento de manipulación de la Justicia. Milei sostiene que el 95% del periodismo es corrupto. Ese 95% habla de estos temas. El 5% del periodismo transparente los ignora. Es rarísimo.
Ataques al periodismo y manipulación judicial confluyeron en un caso que se va transformando día a día en un escándalo: el de la candidata a jueza en un Tribunal Oral Federal de La Plata, María Verónica Michelli. El Ministerio de Justicia y el Presidente mandaron al Senado el pliego de esa candidata a integrar ese tribunal para que le diera su acuerdo. Y de golpe lo retiran cuando ya había una mayoría en la comisión de Acuerdos que había firmado para darle el visto bueno.
Esto es un dato técnico muy importante porque hay una discusión constitucional acerca de si, una vez que el Senado intervino, se puede retirar el pliego. Porque la aprobación de un juez es un acto complejo donde intervienen distintos poderes. Entonces, si el Gobierno ahora retira el pliego, como lo ha querido retirar, se expone a un problema constitucional porque estaría avasallando un poder de otro órgano del Estado.
El retiro del pliego lo decidió Karina Milei. Lo decidió porque se enteró tarde de que Michelli era la cuñada de Hugo Alconada Mon, a quien obviamente el Gobierno detesta por las investigaciones que lleva adelante sobre algunos escándalos importantes dentro del propio Gobierno, empezando por el caso $LIBRA.
La decisión supone, obviamente, una discriminación para la cuñada de Alconada, que ahora ve frenada su carrera por el solo hecho de ser cuñada. Y es, además, un ejercicio tácito, indirecto, subliminal, de censura sobre Alconada y sobre el resto del periodismo. Porque un periodista tiene derecho a preguntarse si avanzar en alguna investigación que moleste a Milei o a Karina Milei puede generar problemas para la carrera de algún pariente.
El caso Michelli confirma que el oficialismo de La Libertad Avanza es liberal en determinadas políticas de mercado -no en las que tienen que ver con contrataciones como las que manejaban Pierrini, Leal o Boschin- y muy poco republicano en su concepción del poder. Por eso se lo caracteriza como un populismo de derecha.
Este lunes el problema escaló porque Patricia Bullrich, que está mejor que Milei y mucho mejor que Karina Milei en el ranking de imagen pública, emitió un tuit de un voltaje inesperado: “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Micheli a jueza federal. Conozco y respeto la facultad del Presidente de proponer y retirar pliegos. Soy parte de este proyecto. Hablé con él para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. No me vean como diferenciándome. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda la vida”.
Aparentemente, en el caso de la jueza Michelli, Bullrich encontró algún tipo de contradicción entre el proyecto y sus principios. Y por eso emite este tuit, que es un cañonazo en la nave de Karina Milei. En los próximos días se verá cómo se procesa este conflicto, porque la hermana del Presidente también tiene su carácter y es quien decidió retirar el pliego, muy mal asesorada por el ministro de Justicia. Habrá que ver los costos que están dispuestos a pagar. Es una pregunta misteriosa en este Gobierno, porque, también en el caso Adorni, aparecen costos infinitos. Habrá que ver también cómo sigue el conflicto porque este tuit de Bullrich va al corazón de la sala de máquinas del Gobierno, donde está instalada, manejando las palancas, Karina Milei.
Un Gobierno que frena su caída. Un Gobierno que tiene que revertir esa caída. Pero que ya es otro Gobierno. Ya no es el que conocimos hasta hace tres o cuatro meses. Ha cambiado la identidad del Gobierno de Milei.
Arsat,robaban dispositivos que compraba Arsat,Leonardo Scatturice,asesinato de Agostina Vera en Córdoba,María Verónica Michelli,emitió un tuit,Carlos Pagni,Javier Milei,,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral,,»Gran encuentro». El mensaje de Peter Lamelas tras su reunión con Milei,,Fuerte defensa de Israel. Milei advirtió que existe una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista”
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