Once thought doomed, President Donald Trump’s pick to lead the Justice Department has survived the Senate and now will take the helm as the nation’s top law enforcement official.

Acting Attorney General Todd Blanche was confirmed early Saturday morning as part of a mad blitz by lawmakers to wrap up their work and jet from Washington, D.C. Now, he’ll officially replace Pam Bondi as attorney general.

Blanche, who is Trump’s former personal lawyer, nearly saw his confirmation hopes go up in smoke as Republicans struggled to swallow his role in rolling out the nearly $2 billion anti-weaponization and sweeping IRS audit immunity for the president and his family.

TRUMP’S AG PICK SURVIVES — FOR NOW — AS REPUBLICANS QUESTION IF WHITE HOUSE DEAL WILL HOLD

However, a last-minute ally emerged: Sen. Bill Cassidy, R-La., who announced on Friday that he would back Blanche’s confirmation after spending days keeping tight-lipped on his decision.

Though he was concerned about weaponization at the Department of Justice (DOJ) and just how binding an agreement to nix the anti-weaponization fund and limit Trump’s audit immunity would be, he argued that having a Senate-confirmed attorney general was a better option than a placeholder.

«Mr. Blanche is not perfect, and he will tell you this,» Cassidy said on the Senate floor. «But the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general, who may not run the department effectively under President Trump.»

TRUMP’S PICK FOR TOP LAW ENFORCEMENT OFFICIAL GETS CRUCIAL LAST-MINUTE LIFELINE FOR CONFIRMATION

Still, Sens. Lisa Murkowski, R-Alaska, and Susan Collins, R-Maine, joined all Senate Democrats to oppose Blanche’s confirmation.

Murkowski announced her opposition hours before Cassidy’s lifeline. She contended that despite Blanche’s trek to Alaska and numerous meetings with him, she could not support him to be the next attorney general.

She was worried about his connection to the anti-weaponization fund, a weaponized Justice Department, Blanche’s role in the Epstein Files release, and the uncertain future of the fund, which several Republicans have raised concerns about over whether taxpayer dollars would flow to rioters who stormed the Capitol on Jan. 6, 2021.

TRUMP ADMIN PUSHES BACK ON ‘SLUSH FUND’ ATTACKS AGAINST ANTI-WEAPONIZATION FUND AND LAYS OUT WHO QUALIFIES

Senator Lisa Murkowski, a Republican from Alaska, speaks to members of the media following a vote outside the US Capitol in Washington, DC, US, on Friday, Oct. 3, 2025. (Graeme Sloan/Getty Images)

«The country needs an Attorney General who will check the worst impulses of this administration,» Murkowski said. «I hope Mr. Blanche is able to achieve that, if confirmed, but I simply do not have confidence that will be the case.»

Collins raised similar concerns earlier in the week, and was the first Republican out of the gate to cast doubt on Blanche’s chances of confirmation.

«While I believe Mr. Blanche is a capable lawyer, the Department of Justice has become increasingly political,» Collins said. «Mr. Blanche has taken several actions that have further eroded the Department’s independence, and that is the basis for my vote to oppose his confirmation.»

Bolivia vivió más de una década de bonanza económica gracias al auge la industria de los hidrocarburos: entre 2006 y 2014 recibió cerca de USD 30.000 millones por exportaciones de gas natural, impulsadas por los contratos con Brasil y Argentina y los elevados precios internacionales.

Ese ciclo de ingresos fue posible gracias a los descubrimientos de grandes campos gasíferos y la infraestructura de exportación desarrollados en las décadas previas, mientras que la nacionalización de los hidrocarburos, decretada en 2006, incrementó la participación del Estado en la renta extraordinaria.

El pico más alto, entre 2012 y 2014, hizo que el país tuviera la mayor cantidad de reservas internacionales en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) de toda la región y la economía creció a tasas cercanas al 6% anual. En esos años Bolivia registró superávits externos, circulación regular de divisas y un tipo de cambio estable, lo que permitió financiar bonos sociales, inversión pública y expandir el gasto estatal.

Diez años después de la época dorada, el panorama es opuesto: las reservas internacionales se redujeron a una fracción de aquel récord, las exportaciones de gas se desplomaron y el país enfrenta una escasez crónica de dólares, dificultades para importar combustibles, presiones inflacionarias, un déficit fiscal persistente y una inflación que alcanzó niveles no vistos en décadas.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundido esta semana revela que las exportaciones de gas del primer semestre volvieron a caer: 498,1 millones de dólares, una reducción del 12,9% en comparación con el mismo periodo el año anterior.

Aunque los efectos de la crisis se sintieron hace un par de años, la desaceleración de la economía inició después de 2014 cuando se alcanzó un pico de 6.011 millones de dólares por las exportaciones de gas natural.

Los años siguientes fueron una disminución sostenida que durante algunos años, como en 2015, se agravó por la caída de los precios internacionales o situaciones excepcionales como la pandemia de 2020. Los datos del INE, procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), reflejan esta caída:

· 2014: USD 6.011millones

· 2015: USD 3.770 millones (Hubo una fuerte caída de los precios internacionales)

· 2016: USD 2.049 millones

· 2017: USD 2.581 millones

· 2018: USD 2.970 millones

· 2019: USD 2.719 millones

· 2020: USD 1.989 millones (Efecto pandemia mundial)

· 2021: USD 2.249 millones

· 2022: USD 2.973 millones (Alza temporal por la crisis energética global)

· 2023: USD 2.049 millones

· 2024: USD 1.614 millones

· 2025: USD 1.082 millones

Esta baja continua se debe a la declinación natural en la capacidad de producción de los principales pozos petroleros, a la falta de exploración y ausencia prolongada de nuevos yacimientos y a la finalización del contrato con Argentina, luego de que lograra la autosuficiencia energética con el campo Vaca Muerta.

Las exportaciones bolivianas de gas natural, cuyos mercados principales eran Brasil y Argentina, se vieron severamente afectadas en septiembre de 2024 cuando concluyó el contrato con Argentina que se había extendido a lo largo de 18 años y representaba entre el 40% y el 45% del total del gas exportado.

Tras el fin del contrato, el gas boliviano tocó mínimos históricos y aunque en junio de 2025 se reanudaron algunos envíos marginales bajo la modalidad de contratos interrumpibles con empresas privadas, el negocio no sustituye a su antiguo comprador.

En este escenario, el Estado que por años dependió de la renta hidrocarburífera busca nuevas fuentes de financiamiento para sostener el gasto público y evitar un ajuste más severo de la economía.

El expresidente Luis Arce, que como ministro de Economía manejó las cuentas de un país con prosperidad efímera y como presidente vio explotar la crisis a inicios de 2023, impulsó una política de industrialización que nunca llegó a despegar, con empresas estatales deficitarias que hoy enfrentan cierres inminentes o ajustes en su organización administrativa para sobrevivir sin generar costos al Estado.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz busca estabilizar las cuentas fiscales mediante el acceso a créditos externos y nuevas fuentes de ingresos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló en varias entrevistas que no se puede reemplazar los ingresos de los hidrocarburos con otro recurso natural sino con una economía diversificada que incluya la exploración de nuevos campos, mayor productividad, inversión privada y el desarrollo simultáneo de sectores exportadores como la minería, la agroindustria y los servicios.

Ese proceso, que se anticipa largo y requiere la modificación de una serie de leyes estratégicas, avanza bajo la presión de una eventual crisis energética que diversos especialistas sitúan entre 2027 y 2028 si no se revierte el declive de la producción de gas.

La discusión, por tanto, trasciende la búsqueda de nuevas reservas: implica definir un marco regulatorio que combine incentivos para la inversión, seguridad jurídica y ambiental, mecanismos que aseguren la repatriación de divisas, protección del medioambiente y una distribución equilibrada de la renta de los recursos naturales.

España anunció este viernes controles fronterizos temporales para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a medidas similares impuestas por el gobierno de Giorgia Meloni tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Estos controles, que se aplican «ante la persistente presión migratoria irregular» que afronta Italia, comenzarán a regir el sábado 8 de agosto a las 00H00 (02H00 GMT) y se prolongarán hasta el 7 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Más temprano, el gobierno español había amenazado con «medidas proporcionales» a Italia, que cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la Unión Europea, hace una semana, tras la llegada de unos 72.000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos.

El episodio levantó críticas de otros países de la Unión Europea cuyos gobiernos, a diferencia del Ejecutivo español de Pedro Sánchez, promueven políticas de mano dura hacia la migración.

Italia encabezó ese frente y desde el 1 de agosto aplica controles fronterizos en puntos de entrada marítimos y aéreos para ciudadanos de terceros países que lleguen desde España.

El gobierno español había arremetido más temprano el viernes contra la decisión de Roma, que considera «injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española».

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la describió como «un torpedo en la línea de flotación de la unidad europea». La Moncloa pidió que Italia levantara las restricciones de inmediato.

«Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos», indicó el Gobierno en un comunicado.

Sin embargo, poco después decidieron adelantar la entrada en vigencia de la medida, que comenzó a regir este viernes 7 de agosto a la medianoche local.

Las impactantes imágenes de la masiva llegada de migrantes a Ceuta dieron la vuelta al mundo y provocaron fuertes tensiones en la Unión Europea.

De las 72.000 personas que entraron a Ceuta, 70.000 han regresado a Marruecos, según cifras oficiales españolas. Los migrantes que siguen en la ciudad autónoma, entre ellos cientos de menores solos, disponen de poco acceso a comida, agua o techo.

Comunicado oficial del Gobierno de España sobre los injustificados controles de Italia a viajeros de España.

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— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) August 7, 2026

Las autoridades españolas indicaron que 80 personas murieron durante los cruces. El Ministerio del Interior marroquí, reportó 11 fallecidos en su lado de la frontera, todas salvo una por ahogamiento.

Sin embargo, ONGs en Marruecos afirmaron el viernes que se habían registrado al menos 141 muertes y que el balance probablemente iba a aumentar.

Italia justificó la suspensión de la libre circulación, uno de los grandes logros de la Unión Europea, como una «decisión necesaria para proteger la seguridad» de sus ciudadanos «y defender las fronteras de Europa».

La oficina de la primera ministra Giorgia Meloni dijo no tener intención de «revisar la decisión» antes del 15 de agosto. «Solo cuando haya certeza de que no hay riesgos de seguridad o terrorismo para Italia, de que no ocurre una nueva oleada y de que no hay migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, reconsideraremos», indicó en un comunicado.

El gobierno de Meloni ha intentado contener la llegada de los decenas de miles de migrantes que desembarcan cada año en pequeñas barcas en las costas de la península.

El gobierno español le reclamó en su ultimátum evitar «crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales» y confió en que «el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan».

Según medios españoles, la policía vigila rumores que circulan en internet y mensajes en redes sociales ante otra posible llegada masiva de migrantes.

Por su parte, la Comisión Europea instó a Meta y TikTok a «actuar de manera contundente» para frenar la desinformación, indicando que mantuvo conversaciones con ambas plataformas el viernes.

«Las plataformas deben actuar de manera contundente para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis», afirmó Henna Virkkunen, comisaria europea de soberanía tecnológica, seguridad y democracia.