El oficialismo en la Cámara de Diputados apurará, antes de fin de mes, la sanción de la ley que contiene el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés), iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió el presidente Javier Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump.

La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

El PCT, al que nuestro país planea suscribir con esta ley, implicará un cambio estructural pues una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

En efecto, en la práctica este tratado blinda la innovación -como reclama la industria farmacéutica extranjera que dedica millones a la investigación- y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Se espera un debate acalorado este martes cuando se reúnan las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. El kirchnerismo y la izquierda, en pie de guerra, acusarán al Gobierno de favorecer los intereses de los laboratorios y corporaciones internacionales a costa del bolsillo de los argentinos. Por contrapartida, los libertarios y sus aliados insistirán en que el régimen actual de patentamiento desfavorece a los innovadores locales y que es necesario que el país se adecúe, por fin, a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

“Adherir al PCT es un gesto de seriedad hacia cualquier inversor que quiera apostar a la innovación argentina -aseveró el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace-. Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia. Eso tiene un costo real —de tiempo, de burocracia y de recursos— para nuestra capacidad de exportar conocimiento.”

El oficialismo es optimista: confía en que antes de fin de mes –fecha límite que establece el acuerdo firmado con Trump- el PCT será ley. El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. La sesión se celebraría el próximo miércoles 22.

Tres puntos

A la hora de firmar el acuerdo recíproco con los Estados Unidos en febrero pasado, la Argentina se comprometió a cumplir con tres puntos en materia de propiedad intelectual:

A instancias del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, nuestro país ya cumplió con el primer punto y derogó, el mes pasado, la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 firmadas, en su momento, por los exministros Juan Manzur (Salud), Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Allí se fijaban criterios fuertemente restrictivos para patentar invenciones químico‑farmacéuticas.

A partir de esta derogación de esas normas, que restringían la posibilidad de patentar una invención farmacéutica, ahora los laboratorios podrán traer sus productos y los demás no podrán copiar su fórmula por 20 años y ofrecer uno similar. Pero en la resolución derogatoria el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan, al disponer que podrán ser comercializados como hasta ahora sin pagar las respectivas patentes.

De esta manera, el gobierno libertario instrumentó un esquema salomónico para evitar que la grieta entre los laboratorios nacionales y los extranjeros termine en un enfrentamiento abierto de intereses millonarios.

Esta medida se coronará con la adhesión al tratado PCT que, como se dijo, no solo contempla la protección sobre productos farmacéuticos sino sobre todas las patentes que sean radicadas. Entre ellas, las de los agroquímicos, otra industria de alto impacto en nuestro país.

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita citó para hoy a Comodoro Py a las mujeres que le prestaron el dinero al jefe de Gabinete para hacer frente a las operaciones.

Declararán Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las acreedoras que le prestaron a Adorni 100.000 dólares para la hipoteca del departamento en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

El crédito se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Las acreedoras son Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

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