Rápido y furioso. Así son los tiempos que se viven en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), donde confluyen una compleja actualización salarial y la segura renovación del mandato de Armando Cavalieri, quien se apuntó una victoria en plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, al tiempo que cuestiona el modelo económico del gobierno por la caída del consumo interno y el cierre de pymes y comercios.

Hoy, el principal objetivo de la organización gremial es la negociación de una suba salarial «que permita sostener el poder de compra», señalaron voceros mercantiles, en plena negociación con los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

De cuánto fue la última suba salarial y qué reclaman

El último acuerdo salarial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales fue del 5% dividido en tres cuotas: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, calculados sobre las escalas vigentes a marzo, más el pago de sumas fijas no remunerativas y una suma adicional de recomposición que acompañaron esos incrementos durante el trimestre. El salario básico hoy ronda $1.300.000.

Sobre esa base, los paritarios gremiales tomarán la inflación de dicho trimestre, que fue del 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, con un acumulado del 6,6%, con una pérdida salarial del 1,6% del que partirá la demanda. Otros sindicatos pactaron una suba trimestral del 2% mensual, que podría ser el techo de la demanda de los mercantiles. También se podría repetir el esquema de porcentajes y sumas no remunerativas para julio, agosto y septiembre, volcándose al básico en el último mes. Todo está por verse.

Los voceros sostienen que las discusiones con las patronales siempre se dieron en el marco del diálogo, pero ahora temen que la caída en las ventas se presente como un argumento para limitar un aumento salarial. La otra preocupación de Cavalieri es la pérdida de empleo, en medio de una reconversión de la actividad y la baja del consumo.

Cavalieri va por un nuevo mandato en el SEC

En paralelo, el gremio espera las elecciones para la renovación del consejo directivo previstas para el 3 de septiembre, con las aguas más calmas que con la paritaria. En los pasillos gremiales se hablaba de una despedida de Cavalieri después de 41 años al frente de la organización y el traspaso de mando a su hoy segundo Carlos Pérez, que será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social más importante de la Argentina.

La junta electoral oficializó en estos días a la lista Azul, garantizando una nueva reelección de Cavalieri, que tendrá su undécimo mandato consecutivo. iProfesional consultó a sectores opositores y señalaron que en esta oportunidad no participarán del proceso electoral, allanándole el camino al oficialismo a un nuevo mandato que terminará en 2030.

Confirman que se mantiene el aporte sindical solidario

Por otra parte, hace pocos días el gremio se anotó un triunfo, tras la decisión de la secretaría de Trabajo de confirmar que el aporte sindical solidario del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio sigue vigente y debe continuar reteniéndose, despejando dudas por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y la cautelar judicial que suspendió provisoriamente parte de su aplicación sobre los convenios alcanzados por esa resolución.

Como explicamos desde este medio, la cartera laboral busca evitar distintas interpretaciones entre las empresas y el gremio, que puedan provocar errores en las liquidaciones salariales, generando reclamos laborales y las futuras certificaciones de deuda por incumplimientos en las retenciones. La decisión fue comunicada por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a la Federación Argentina de Comercio y Servicios (FAECYS), que también lidera Cavalieri a nivel nacional, y a las cámaras empresarias del sector, quienes fueron las primeras en pedir las aclaraciones a los funcionarios.

Desde la secretaría de Trabajo explicaron que el aporte debe seguir reteniéndose y depositándose en los términos previstos en los artículos 100 y 101 del convenio colectivo de trabajo mientras permanezca vigente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal. El artículo 100 del convenio colectivo señala:

• Una cuota solidaria equivalente al 2,5% de la remuneración total de los trabajadores
• De ese total, el 2% corresponde al sindicato de primer grado adherida a FAECYS
• El 0,5% restante se destina a la Federación
• La retención debe continuar mientras dure la cautelar judicial sobre la Ley de Modernización Laboral

Luego de que el Gobierno implemente un aumento de más de 100.000% de las multas automáticas —las que se aplican ante la demora de apenas un día en la presentación de la declaración jurada—, la discusión volvió al centro de la escena. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un proyecto para graduarlas en función del tipo de contribuyente.

En diciembre de 2025, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal disparó el monto de las sanciones por incumplimientos formales. La multa para personas humanas saltó de $220 a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a 440.000 pesos. El ajuste generó preocupación en el sector privado y en especialistas tributarios, que advirtieron sobre el carácter desproporcionado de la medida. Durante el debate parlamentario, la oposición planteó la necesidad de establecer escalas diferenciadas según la capacidad contributiva, pero la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no modificó la propuesta original.

El impacto de este esquema se volvió motivo de debate en la comunidad tributaria y en los despachos oficiales. La contadora Sonia Becherman, integrante del equipo que asesoró al ministro en el diseño del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, relató la dinámica de esos intercambios: “Si lo planteamos en las reuniones (lo de las multas automáticas). Es más, Miriam Roldan, muy voluntariosa, hizo un proyecto para explicar la situación y trata de enviar algún aporte para que sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva”.

En Economía no hubo ningún tipo de manifestación al respecto de esta iniciativa, aunque según pudo saber anteriormente Infobae, no hay intención en revertir la situación.

El texto presentado al equipo económico propone un “régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación formal”. Cuando el infractor califica como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o es persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no figura como gran contribuyente, las multas fijas o graduables se reducirían entre un 80% y un 20% según el segmento.

Además, contempla un “plazo de gracia” para regularizar la situación sin sanción, que puede llegar a 90 días corridos para microempresas y personas humanas. Si la omisión se subsana dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la sanción queda condonada totalmente. El proyecto también incluye una cláusula de exclusión: si el contribuyente incurre en la falta más de seis veces en el mismo año calendario, pierde todos los beneficios y se le aplican los montos completos.

El documento explica que la actualización de valores respondió a la inflación, pero advierte que la sanción tal como está diagramada no contempló diferencias en la capacidad de pago. La autora de la iniciativa remarca que un monto uniforme puede resultar asfixiante para un pequeño contribuyente y, al mismo tiempo, insignificante para una gran empresa. Por eso el proyecto busca que la escala de sanciones guarde relación con la estructura y recursos de cada obligado. En la práctica, los contribuyentes más chicos suelen tener menos recursos administrativos y contables para cumplir al día con sus obligaciones, por lo que requieren plazos más razonables de notificación y subsanación.

El aumento de más de 100.000% de las multas automáticas y las repercusiones negativas que generó llevaron a que en su momento Caputo prometiera cambios en como las iba a implementar ARCA: cuando ocurra el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa automáticamente ARCA iba a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles y una vez transcurrido ese plazo recién ahí va a intimar y aplicar la multa, pero eso no se cumplió.

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo: “Hoy por hoy, ese plazo de 15 días que se había prometido no se está cumpliendo. Lo que sí está pasando es que los contribuyentes tienen un plazo de espera para poder gozar de los beneficios de la reducción de la multa del 50 por ciento. La norma, como estaba redactada, ya preveía que, si el contribuyente regularizaba la multa dentro de los 15 días en los que le llegaba la notificación, podía acceder a una reducción del 50% del valor de la misma”.

En esa misma línea, CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló que si la declaración jurada vence y no se presenta, la infracción se configura en ese momento, aunque exista un plazo adicional. “Antes de la reforma, el fisco intimaba y, si dentro de los 15 días hábiles administrativos se presentaba la declaración y se abonaba la multa, la reducción del 50% era de pleno derecho. Ahora, el plazo adicional depende de la categoría del contribuyente”, aseguró.

Así, aquellos que acceden a este plazo pueden regularizar sin que se intime la sanción de inmediato. Pero si persiste la omisión, ARCA notifica y aplica la multa. Domínguez aclaró que la sanción no se ejecuta de modo automático y que, si existe una causa de fuerza mayor, no correspondería aplicar la multa. Por lo que si el contribuyente no paga, y se inicia un sumario, puede ejercer su defensa.

En el sector tributario, la preocupación por la actualización de las multas automática y la aplicación por parte del fisco nacional continúa. Es por eso que los contadores que se reunieron con el ministro le reiteraron en cada uno de los encuentros que se debe encontrar una solución al respecto sobre todo por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un contexto de caída del consumo.

La confianza del consumidor volvió a caer en julio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,67 puntos, con una baja del 4,78% respecto de junio.

La cifra interrumpió tres meses consecutivos de recuperación. En mayo y junio, el indicador había mostrado señales de mejora.

La comparación interanual resultó aún más preocupante. El ICC retrocedió 12,3% frente a julio de 2024, marcando la mayor caída anual desde julio de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 había provocado un desplome del 13,6%.

El índice lo elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento estuvo a cargo de Poliarquía Consultores, que trabajó sobre una muestra de 1.000 casos en 40 centros urbanos entre el 2 y el 16 de julio.

Qué mide el índice de confianza del consumidor y por qué es clave

El ICC captura la percepción de los hogares sobre tres dimensiones: su situación económica personal, la evolución de la economía general y la predisposición para comprar bienes de mayor valor como electrodomésticos, autos o inmuebles.

El indicador también separa entre condiciones presentes y expectativas futuras. Esta distinción permite ver si el problema es solo la coyuntura actual o si los hogares también perdieron esperanza en lo que viene.

Los economistas siguen de cerca este índice porque suele anticipar el comportamiento del consumo privado. Y el consumo privado, a su vez, representa uno de los principales motores de la actividad económica.

Cuando la confianza cae, las familias postergan compras importantes. Ese freno termina impactando en las ventas, la producción y el empleo.

La confianza sigue lejos de su mejor momento reciente

El ICC alcanzó su punto máximo en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces acumula una caída del 14,16%.

Sin embargo, todavía se mantiene 14,24% por encima del piso registrado en enero de 2024. En ese momento, el índice había descendido a 35,6 puntos durante las primeras mediciones del año.

La trayectoria del indicador muestra un patrón volátil. Tras tocar fondo a principios de 2024, recuperó terreno durante gran parte del año hasta alcanzar su pico en enero de 2025. Desde ahí comenzó un deterioro gradual que se aceleró en julio.

El deterioro llegó a todas las regiones del país

La caída de la confianza no respetó geografías. Se registró en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad.

El Gran Buenos Aires (GBA) sufrió el mayor golpe mensual. El ICC cayó 6,35% hasta los 38,12 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires, la disminución fue del 6,24%.

El Interior mostró una retracción más moderada del 1,68%. Aun así, esta región continuó exhibiendo el nivel de confianza más elevado del país, con 45,55 puntos.

En la comparación interanual, todas las regiones marcaron retrocesos significativos. CABA registró una caída del 15,66%, el GBA descendió 13,56% y el Interior retrocedió 8,72%.

Los hogares de menores ingresos fueron los más golpeados

Entre los sectores de ingresos bajos, la confianza se desplomó 11,47% respecto de junio y quedó 20,42% por debajo del nivel de un año atrás, evidenciando un deterioro mucho más pronunciado que en otros segmentos.

Los hogares de ingresos altos, en cambio, mostraron una caída mensual de apenas 1,45%. La baja interanual alcanzó el 7,70%, menos de la mitad que en los sectores vulnerables.

La brecha entre ambos extremos volvió a ampliarse. El índice quedó en 35,99 puntos para los hogares de menores ingresos y en 43,45 puntos para los de mayores recursos.

En los sectores de bajos ingresos, el deterioro atravesó todos los componentes del indicador. La percepción sobre la situación personal cayó 11,93%, la visión sobre la economía general retrocedió 11,87% y la predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles disminuyó 10,20%.

La diferencia en la intensidad de la caída sugiere que la incertidumbre económica impacta de manera desigual. Los hogares con menos margen financiero reaccionan con mayor sensibilidad ante señales negativas.

La visión sobre la economía general fue el componente que más cayó

El subíndice de Situación Macroeconómica registró el mayor descenso mensual entre todos los componentes. Cayó 8,49% en julio.

Por su parte, el indicador de Situación Personal retrocedió 3,89%. La disposición para la compra de Bienes Durables e Inmuebles mostró una disminución más moderada, del 0,48%.

En la comparación con julio de 2024, el componente de Situación Personal fue el que evidenció la mayor caída, con un retroceso del 14,98%. El índice de Bienes Durables e Inmuebles descendió 11,46%, mientras que el de Situación Macroeconómica cayó 10,54%.

Dentro de este último componente, la evaluación de la economía en el corto plazo mostró el mayor deterioro. Registró una baja mensual de 10,4% y una caída interanual del 17,9%.

Estos números reflejan que los consumidores no solo están preocupados por su situación personal. También perdieron confianza en el rumbo general de la economía.

Las expectativas futuras también se derrumbaron

El deterioro no se concentró únicamente en la percepción del presente: el subíndice de Expectativas Futuras disminuyó 7,19% respecto de junio, mientras que el de Condiciones Presentes retrocedió solo 1,24%.

En términos interanuales, las condiciones actuales se ubicaron 13,55% por debajo de las registradas en julio de 2024. Las expectativas para los próximos meses mostraron una caída del 11,38%.

La combinación de ambos factores resulta particularmente preocupante. Indica que los hogares no solo evalúan negativamente el presente, sino que tampoco ven mejoras en el horizonte cercano.

La intención de comprar bienes durables mostró comportamientos dispares

La predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles mostró una baja marginal a nivel nacional. Sin embargo, hubo diferencias marcadas entre regiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el subíndice registró una caída del 17,5% mensual. La intención de compra de electrodomésticos se desplomó 21,8%, mientras que la de automóviles e inmuebles descendió 11,3%.

En contraste, el indicador aumentó 4,2% en el Gran Buenos Aires y 1,8% en el Interior del país.

A nivel nacional, la intención de compra de estos bienes se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior. Aun así, continuó ubicándose más de 11% por debajo de los niveles observados un año atrás.

La disparidad regional sugiere que el impacto de la incertidumbre económica no es uniforme. En algunas zonas, los consumidores mantienen cierta disposición a realizar compras importantes, mientras que en otras la cautela se profundiza.