Sen. Josh Hawley, R-Mo., criticized four fellow Republicans who joined Democrats to block an effort to add the Safeguarding American Voter Eligibility (SAVE) Act to the Senate’s reconciliation package, saying «you can’t explain it to me why you wouldn’t vote for voter ID.»

During Thursday’s vote-a-rama, Sens. Susan Collins, R-Maine, Lisa Murkowski, R-Alaska, Mitch McConnell, R-Ky., and Thom Tillis, R-N.C., voted with Democrats to defeat an amendment that would have attached the election-integrity measure to the GOP’s budget package.

«I guess it’s frustration,» Hawley told Fox News Digital. «Listen, we’ve been doing this in Missouri for years. I mean voters in my state put it in our constitution.»

FOUR SENATE REPUBLICANS AGAIN UNITE WITH DEMS TO BLOCK TRUMP’S SAVE AMERICA ACT

«Voter ID is the most popular thing out there,» he continued. «There’s a reason for that. People want their elections to be safe, they want them to be fair. And to me, you can’t explain it to me, why you wouldn’t vote for voter ID. I just don’t understand it.»

Republicans, yet again, failed to pass the legislation Thursday night through the Senate, despite months debating the importance of attaching it to the roughly $70 billion budget reconciliation package to fund Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Border Patrol.

REPUBLICANS FAIL TO ATTACH SAVE AMERICA ACT TO PARTY-LINE FUNDING PACKAGE

Majority Leader John Thune, R-S.D., and Senate GOP leaders are pushing forward with budget reconciliation to fund the final piece of government that had been shut down by Senate Democrats’ opposition to President Donald Trump’s Immigration and Customs Enforcement actions. (Nathan Posner/Anadolu)

Many senators who voted to block the SAVE act argued that a bill dedicated to voter ID laws and protecting election integrity should be determined at state-level, and should not have federal jurisdiction.

Hawley rejected arguments that election rules should be left solely to the states, arguing Congress has long played a role in regulating federal elections.

«We make federal rules all the time for elections, you know,» Hawley said. «I mean all the time we do. And there’s nothing more basic than protecting the integrity of the ballot and that’s what this is about.»

PENCE URGES SENATE TO ‘RESTORE PUBLIC CONFIDENCE’ WITH NATIONWIDE VOTER ID LAW

Sen. Josh Hawley, R-Mo., questions acting U.S. Secret Service Director Ronald Rowe Jr. and Deputy FBI Director Paul Abbate during a joint Senate Judiciary and Homeland Security and Government Affairs committees hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on July 30, 2024. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Congress has enacted numerous election-related laws over the years, including the bipartisan Electoral Count Reform Act of 2022, which revised procedures for certifying presidential election results.

The SAVE Act would require applicants to provide documentary proof of U.S. citizenship when registering to vote in federal elections and would require voters to present photo identification when casting a ballot in federal elections.

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«37 states have voter ID already including several blue states,» Hawley said in response to the idea that election rules should be left to the state. «So I think this idea that this is like ‘this is weird, this is exotic, this is out there,’ no it’s not. Like most of our states do it.» 

«Sooner or later this is going to happen because I think the American people are going to demand it.»

Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Derecha tradicional vs. izquierda combativa. Perú decidirá en el balotaje de este domingo el rumbo ideológico que tomará el noveno presidente en la última década de un país atravesado por una grave crisis política.

No hay un amplio favorito. Los sondeos vaticinan un empate técnico y un importante número de indecisos. Ambos representan dos modelos opuestos y solo comparten un rasgo en común: un elevado porcentaje de rechazo de los votantes peruanos.

Quien gane la segunda vuelta asumirá el poder el 28 de julio próximo, en medio de una creciente crisis de credibilidad e inestabilidad institucional que acabaron con siete presidentes en los últimos diez años.

Keiko Fujimori, en su cuarto intento

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tiene como credencial una extensa carrera política y haber ganado la primera vuelta del 15 de abril con poco más del 17% de respaldo, un porcentaje ínfimo que grafica la enorme dispersión de votos en una ciudadanía cada vez más alejada de sus políticos. Detrás la siguió Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, con solo 12%.

Los peruanos la conocen bien, desde que se convirtió en “primera dama” de un país gobernado por su padre, el fallecido presidente devenido en dictador Alberto Fujimori, en los violentos años 90. Tenía solo 19 años.

Tras la caída del caudillo de ascendencia japonesa, se lanzó de lleno a la política. Hoy es una de las figuras más polémicas del país.

“Yo nunca voy a elogiar la criminal dictadura de su padre. Pero, en este contexto, el mal menor es Keiko Fujimori”, dijo desde el centro político Pedro Cateriano, expresidente del consejo de ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala.

A los 51 años, buscará llegar a la Casa de Pizarro en su cuarto intento. Ya fue derrotada en el balotaje de las anteriores tres elecciones presidenciales. En los últimos comicios denunció fraude tras perder por solo 4000 votos. De romper el maleficio, se convertiría en la primera mujer en ser electa por el voto directo en Perú.

Hasta ahora, Dina Boluarte (2022-2025) es la única mujer en gobernar el país, pero asumió el cargo en su calidad de vicepresidenta del destituido expresidente Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori luchó durante años contra el estigma de ser procesada por corrupción. Estuvo en prisión preventiva durante casi un año y medio entre 2018 y 2020. Pero llegó a estas elecciones con una sentencia del Tribunal Constitucional que la exculpó de toda responsabilidad en una causa abierta por la financiación irregular de sus campañas electorales.

Con propuestas de “mano dura” en un país de creciente criminalidad, reivindica un modelo neoliberal y conservador, así como la gestión de su padre, una de las figuras más denostadas de la política peruana.

Sus detractores la acusan de manejar a su antojo el Congreso, donde su Fuerza Popular mantuvo una enorme influencia en los últimos años. El Poder Legislativo ha sido el responsable de la destitución de los últimos siete presidentes. Allí, los votos del fujimorismo fueron claves para el éxito de estos procesos.

“Ya controla el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía. Si llega al gobierno prácticamente estaríamos viviendo en una ‘democracia autoritaria’“, dijo a TN el activista Ageo Ramírez, uno de los representantes del llamado Frente de Colectivos surgido de las protestas de la Generación Z que jaquearon al país el año pasado.

Para Ramírez, de 26 años, Keiko Fujimori representa “la corrupción en dinastía. Ella no tiene antecentes laborales. Solo ha sido congresista o primera dama. No tiene otro registro laboral”, afirmó.

La hija de Alberto Fujimori, egresada en Administración de Empresas en la Universidad de Boston, llegó al Congreso en 2005. Desde entonces tejió una carrera que la situó en el primer plano del poder político.

“Ella representa el voto de la derecha principalmente y la continuidad del modelo económico vigente en Perú”, dijo a TN la analista Urpi Torrado, gerente general de la consultora Datum Internacional.

Roberto Sánchez busca devolverle el poder a la izquierda

Roberto Sánchez está ubicado en el extremo ideológico opuesto.

A los 57 años, busca devolverle el poder a la izquierda, tres años y medio después de la destitución del expresidente Pedro Castillo, hoy condenado a 11 años de cárcel por conspiración.

El candidato de Juntos por el Perú no solo fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo. También reivindica su gestión y promete que indultará al exmandatario si llega al gobierno.

Así, en campaña, hizo todo lo posible para identificarse con Castillo. Para ello, adoptó el típico “sombrero chotano” que hizo famoso al exmandatario durante sus recorridos por todo el país. Se trata de un símbolo de la identidad y la cultura campesina en los Andes peruanos.

“Sánchez recoge el voto anti-Keiko y otro que busca un cambio de modelo económico, de Constitución y de redistribución de la riqueza. Ha tratado de representar a los votantes de Pedro Castillo. Incluso se autodenomina su sucesor para continuar lo que él no pudo”, dijo Torrado.

El candidato de la izquierda peruana es un psicólogo de extensa trayectoria política. Nacido en la localidad agrícola de Huaral, a unos 80 km de Lima, fue gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral y gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja. Además, desde 2021, es congresista.

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Después, desde el Partido Humanista, se incorporó al gobierno de Castillo y fue uno de sus ministros más cercanos.

Pero también, como le pasó a su rival, está acosado por denuncias judiciales.

La fiscalía pidió más de cinco años de prisión en su contra por “declarar información falsa” ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020. En concreto, se lo acusa de ocultar más de 57.000 dólares.

En su diálogo con TN, Ageo Ramírez dijo que Sánchez es “alguien oportunista y que se aprovecha del populismo. La opción es elegir entre alquien que puede tener el poder absoluto y darle más poder o a un presidente al que se puede ´vacar´ (destituir), ponerle límites y tener un ejercicio ciudadano. El mal menor sería Sánchez“, afirmó.

Además, aseguró: “No tiene mayoría parlamentaria ni el control de otros poderes. Ahí hay un balance”.

Ahora, el heredero de Castillo buscará unir el voto del campesinado más postergado que respaldó al destituido presidente en las elecciones de 2021 y que salió a las calles para defenderlo tras su derrocamiento durante las violentas protestas reprimidas por la policía que causaron decenas de muertos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio lleva casi tres años acumulando evidencia sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano ejecutado el 9 de agosto de 2023 al salir de un acto político en Quito. Ahora, un informe pericial forense de la Policía Nacional, al que Infobae tuvo acceso, agrega una pieza más: el contenido de tres memorias USB incorporadas al expediente bajo cadena de custodia, en las que quedaron grabadas reuniones donde figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana coordinaban una estrategia para cuestionar la investigación judicial, presionar medios de comunicación y usar fuentes dentro del Estado para sostener la tesis de que el proceso era un montaje.

El documento, identificado como PN-Z9-DMQ-JCRIM-AVA-2026-00621-PER, es una pericia de criminalística que extrae, transcribe y materializa el contenido digital de los dispositivos. No interpreta ni acusa. Solo reproduce lo que estaba grabado.

En una conversación, de más de 25 minutos, los participantes discuten cómo cuestionar un certificado médico del IESS para sostener la coartada de una funcionaria vinculada al caso. En ese mismo audio, uno de los interlocutores propone usar la plataforma de cámaras de Segura EP –la empresa pública de seguridad del Municipio de Guayaquil– para rastrear movimientos, conseguir el distributivo de agentes de tránsito de los últimos seis meses para ubicar a una persona específica, y presionar desde la Asamblea Nacional para que se abra el celular de un detenido que se había negado a entregar la clave. La conversación tiene la cadencia de una sala de operaciones, no de una reunión política.

En otro pasaje, uno de los interlocutores propone usar a “un periodista extranjero” para hacer confesar a un abogado defensor quién le paga los honorarios, bajo la hipótesis de que ese abogado está siendo financiado por los mismos procesados. En otro fragmento, discuten en qué aplicación de mensajería cifrada comunicarse en adelante para no dejar rastros. Mencionan Wickr.

Lo que el informe pericial muestra no es la arquitectura de una operación paralela a la investigación judicial: reuniones periódicas con roles asignados, coordinación explícita con medios de comunicación identificados por nombre, uso de fuentes dentro de instituciones del Estado, y una preocupación constante y documentada por blindar la narrativa antes de que avanzara el proceso penal. En las transcripciones aparecen menciones a Radio Pichincha y al diario Expreso como espacios de difusión. Aparece también la figura de un teniente que investiga, un director de comunicación que coordina, y un bloque legislativo que debe actuar en paralelo.

La identidad de los participantes en esas grabaciones no la establece el informe pericial, que solo consigna “VM” para voz masculina y “VF” para voz femenina. Pero el ex policía Rodney Rengel, testigo protegido de la Fiscalía, es quien cierra ese eslabón.

Rengel es el hombre cuyo teléfono celular fue peritado en otro proceso por difusión de información reservada, y de cuya explotación forense provienen los audios incorporados al expediente. Rindió su testimonio anticipado el 3 de junio en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, dos días antes de la audiencia preparatoria.

La diligencia fue reservada, pero al término, Amanda Villavicencio, hija del excandidato asesinado y acusadora particular en el proceso, declaró que Rengel ratificó reuniones presenciales y virtuales en las que participaron el ex presidente Rafael Correa, el ex ministro del Interior José Serrano, el ex asambleísta Ronny Aleaga y el legislador Ricardo Patiño. También se refirió, según Villavicencio, a encuentros en Venezuela con Aleaga, a una videollamada en la que habría participado el procesado Xavier Jordán, y a ofrecimientos de vivienda y trabajo en Estados Unidos a cambio de entregar una versión favorable sobre el caso.

Al día siguiente del testimonio, el propio Correa se pronunció en X. Confirmó que Rengel le pidió ayuda, que le encargaron investigar el caso Porsche, y exigió que los audios sean publicados completos y sin editar. Fue la primera vez en la que el ex presidente condenado por corrupción reconoció algún tipo de vínculo con el testigo.

Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo —colaborador eficaz en el proceso—, señaló que el testimonio de Rengel corroboró elementos ya presentes en el expediente, incluyendo los dispositivos cuyo contenido consta en el informe pericial al que accedió Infobae. Salcedo, por su parte, había declarado previamente haber coordinado seguimientos a Villavicencio desde la cárcel y haber entregado esos informes a Serrano.

Ronald Herrera, ex agente de inteligencia policial que según el podcast Magnicidio —producido por las hijas de Villavicencio y su abogado Patricio Rosero— fue reclutado por Serrano para misiones clandestinas, declaró haber realizado vigilancias a Villavicencio por encargo. En mensajes incorporados al expediente, Herrera advirtió a su pareja que si algo le ocurría revelara que Jordán, Serrano y Marcelo Lazo le habían mandado a matar. Lazo, quien compartía comunicaciones cifradas con Leandro Norero y con alias Lobo Menor, declaró según el mismo podcast que el millón de dólares pagado a los cabecillas de Los Lobos para ejecutar el magnicidio fue reunido entre varios de los procesados, con participación de Rafael Correa y Jorge Glas.

Todo ese andamiaje debía exponerse este viernes 5 de junio ante el juez Geovanny Freire, en la audiencia preparatoria de juicio que definiría si los siete procesados pasan a la etapa de juzgamiento. No ocurrió. Las defensas de José Serrano y de Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, presentaron incidentes procesales alegando que asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos, España y Colombia no han sido incorporadas al expediente. La audiencia fue suspendida sin fecha de reanudación. En las horas previas, Amanda y Tamia Villavicencio habían denunciado amenazas de muerte.