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Sus clientes pensaban que vendían piletas, pero el negocio solo era una fachada para esconder su plan criminal

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Para sus clientes, solo eran vendedores de piletas de fibra de vidrio. Pero, el negocio, situado en Moreno, era parte de una pantalla. En el depósito del local no solo se almacenaban los productos que salían a la venta al público, también se escondía el botín de los robos cometidos bajo la modalidad conocida como piratería del asfalto, la sustracción de mercadería en “tránsito”. La banda conocida como Los Pileteros que, en principio, operó entre abril pasado y la semana pasada, fue desbaratada. La caída de la organización criminal comenzó a gestarse tras el aporte de un testigo de identidad reservada que entregó detalles que permitieron poner a los sospechosos en la mira de los investigadores.

Así lo informaron a fuentes judiciales y policiales. “Esta organización delictiva era conocida como la ´La banda de los pileteros´ porque tenía como fachada un local-depósito de venta y distribución de piletas de fibra equipado con inhibidores de señal para poder guardar no solo los camiones robados, sino también su mercadería”, explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

La investigación, a cargo de la Equipo de Investigación de Delitos de Robos Agravados, conducida por el ayudante fiscal Maximiliano Gómez, y que depende de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Moreno General-Rodríguez, a cargo del fiscal Jonatan Lay, comenzó en agosto pasado después de una declaración que hizo ante la Policía Federal Argentina (PFA) de un testigo de identidad reservada.

“El testigo puso en conocimiento el accionar de una banda criminal que se encargaría de realizar robos bajo lo que comúnmente se denomina piratería del asfalto. Mencionó a los supuestos integrantes de la organización criminal y detalló cómo era el modus operandi: dos o, en algunas ocasiones, más delincuentes se encargaban de frenar en la calle a los camiones. Lo hacían armados o bajo algún tipo de engaño. Una vez que lograban reducir al chofer, otro de los ladrones se encargaba de inhibir las señales del camión para llevarlos a un galpón situado en Casacuberta y ruta 24 del partido de Moreno”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente de la investigación.

Una de las armas secuestradas a la banda de Los Pileteros

El testigo explicó que el galpón donde llevaban los camiones y la mercadería robada era propiedad de donde integrantes de la banda.

“El testigo contó y los detectives de la PFA pudieron corroborar que el galpón se encontraba dividido en dos plantas, que se conectaban entre sí internamente. En una planta tenían el negocio legal, que utilizan como fachada, la venta de piletas de fibra. También era el lugar para llevar adelante el plan criminal: esconder la mercadería robada y suprimir la numeración del motor y chasis de los vehículos robados que después eran llevados a la provincia de Córdoba, donde eran comprados por un contacto conocido como El Gitano”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Cuando amplió su declaración ante el fiscal Lay, el testigo de identidad reservada contó un robo ocurrido el 3 de abril pasado protagonizado por la banda de Los Pileteros. En esa oportunidad, los sustrajeron un camión grúa marca Mercedes Benz.

“Uno de los ladrones llamó al servicio de grúa. Pidió auxilio diciendo que se había quedado con el vehículo en la Autopista del Oeste. Cuando llegó el chofer, tres delincuentes lo sorprendieron y lo amenazaron con armas de fuego. A la víctima la subieron a una camioneta utilitaria y se robaron el camión grúa. El testigo de identidad reservada identificó a cado uno de los uno ´piratas´ que participaron del atraco”, dijo un detective que estuvo detrás de Los Pileteros.

El chofer del camión estuvo cautivo unos 40 minutos hasta que logró desactivar el rastreador satelital del vehículo.

Dos días después del robo, el camión apareció en Córdoba y se detuvo a un sospechoso, que quedó a disposición de la UFI N° 4 de Moreno.

“A partir de lo que había declarado el testigo de identidad reservada y las tareas investigativas hechas por equipo del fiscal Lay y detectives de la PFA se pudo verificar la información aportada por el testigo y se pudo relacionar la sustracción del camión grúa y la banda de Los Pileteros”, sostuvo una fuente judicial.

Para avanzar en la investigación se ordenó una serie de intervenciones telefónicas que resultaron clave para fundamentar los pedidos de detención de los sospechosos.

Los investigadores lograron determinar el trayecto que hizo el delincuente que llevó el camión robado desde Moreno hasta Córdoba y descubrieron que había tenido el apoyo de uno de los supuestos líderes de la banda, que lo acompañó en un auto.

“El delincuente que hizo las veces de apoyo, al ver que el chofer del camión fue interceptado, volvió a Moreno”, recordó un investigador.

Tras analizar las comunicaciones intervenidas y con las pruebas reunidas, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro ordenó siete allanamientos, donde detectives de la División Delitos contra el Automotor y de la División Investigación del Robo Organizado de la PFA detuvieron a cuatro sospechosos, entre los que se encuentran los supuestos líderes de la banda. Todavía se busca a un prófugo.

“También se secuestraron una escopeta, dos revólveres, dos inhibidores de señal, tres camiones, una camioneta 4×4, dos automóviles, dos motores, cuatro puertas, una tapa de baúl, una máquina de contar billetes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa”, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en el citado comunicado de prensa.

Fuentes de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte, resaltaron “el muy buen trabajo” de la Ayudantía de Robos Agravados y la importancia de su coordinación con distintas dependencias de la PFA y de policía bonarense para esclarecer estos hechos con armas de fuego y detener a integrantes de “distintas bandas con antecedentes que cometen delitos graves en Moreno y otros lugares del conurbano”.



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La salud y los extranjeros: alguien siempre paga

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Si bien no es nueva, la intención de cobrarles a los ciudadanos extranjeros la atención de salud que reciben en los hospitales públicos de nuestro país ha retomado impulso durante los últimos meses.

La difícil situación económica que atraviesan las provincias, responsables directas de sus sistemas sanitarios públicos, sumada a la constante demanda de muchos extranjeros que no residen formalmente ni a tiempo completo en la Argentina, de los que vienen de paseo o por “turismo médico”, resulta para la gran mayoría de esos centros una ecuación insostenible que deriva finalmente en la precarización de la atención para los propios ciudadanos que solventan con sus impuestos el sostenimiento del Estado. Es una verdad de Perogrullo en este caso que la “gratuidad” tiene sus costos.

El puntapié inicial lo dio la provincia de Salta, donde se dispuso prestar servicios a todos aquellos extranjeros que revistan en condición de residentes permanentes o temporarios. En cambio, se estableció que los transitorios o precarios “deberán solventar las erogaciones que la atención demande a través de un seguro de salud o, ante la falta de este, por sí mismos”. En el caso de emergencias médicas, se aclara que se los atenderá a todos por igual.

El gobernador de Salta adelantó que pidió a los legisladores nacionales de su provincia que impulsen en el Congreso un proyecto de ley para la Nación similar a la del régimen salteño, tendiente a garantizar que los extranjeros que no puedan acreditar residencia, empleo registrado y pago de impuestos en el país contribuyan económicamente con los servicios de salud pública

Recientemente se conoció el caso de una mujer oriunda de Bolivia que concurrió a un hospital de Orán para tener a su hijo. El médico que la atendió constató que no había una urgencia y que la mujer podía volver a su país –a media hora de viaje– para tener al bebé allí. Sin embargo, ante los síntomas de parto, la mujer, quien contaba con cédula boliviana y ningún papel que acreditara residencia en nuestro territorio, regresó al hospital salteño, donde finalmente tuvo a su hijo. Ante el reclamo del correspondiente pago, se negó a desembolsar el dinero, por lo que el hospital la demandó ante la Justicia.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que pidió a los legisladores nacionales de su provincia que impulsen en el Congreso un proyecto de ley para la Nación similar a la del régimen salteño, tendiente a garantizar que los extranjeros que no puedan acreditar residencia, empleo registrado y pago de impuestos en el país contribuyan económicamente con los servicios de salud pública. Desde que la norma se aplica en Salta, las autoridades estiman una disminución de entre el 80 y el 90 por ciento de la demanda de atención a ciudadanos de otros países.

El caso salteño actuó como disparador para otros distritos que evalúan una salida similar. Mendoza, Santa Cruz, Corrientes y Neuquén avanzan con programas en ese sentido. En el distrito gobernado por Alfredo Cornejo se busca reformar el sistema sanitario para optimizar los recursos en beneficio de los ciudadanos locales respecto de quienes no residen en territorio provincial y concurren a los hospitales públicos para atenderse. Se trata mayoritariamente de ciudadanos chilenos y brasileños, aunque también venezolanos y paraguayos. Aunque la demanda de atención pública por parte de extranjeros es inferior en Mendoza respecto de la que recibe Salta, que limita con tres países, crece la preocupación por concentrar los recursos en los ciudadanos locales y en los extranjeros que puedan demostrar que residen en forma permanente. Los turistas, pasajeros en tránsito o conductores de transporte internacional deberán costear la prestación que reciban, al igual que aquellos que tienen una autorización precaria, mientras realizan el trámite de residencia final en el país.

Santa Cruz oficializó su decisión de cobrar a extranjeros no residentes o que estén en tránsito por la provincia

Santa Cruz oficializó la semana pasada su decisión de cobrar a extranjeros no residentes o que estén en tránsito por la provincia. No abarcará urgencias, sino internaciones e intervenciones programadas. Según datos de la cartera de Salud provincial, 1800 personas de otros países se atienden mensualmente en sus hospitales públicos: el 70% son residentes chilenos. El distrito comandado por Claudio Vidal apunta a cobrarles tarifas cuyo valor se ubicaría un 50% por encima de lo que establece el nomenclador del costo para el hospital público.

Legisladores neuquinos de Juntos por el Cambio, en tanto, presentaron un proyecto de ley para arancelar ese tipo de atención médica tanto a turistas y residentes transitorios como a precarios. Y en Corrientes se piensa en otra regulación de ese tipo.

Cabe destacar que en casos urgentes está previsto que todos los pacientes sean atendidos en hospitales públicos, pero, en algunos distritos, se considera realizar el respectivo reclamo de forma posterior, ya sea a la cobertura médica que corresponda o al propio paciente si carece de ella.

El sector de la salud viene padeciendo los graves efectos de la debacle económica. No obstante, ha mantenido su nivel de excelencia y las prestaciones a extranjeros sin limitarlas, incluso cuando muchos de esos pacientes vienen a la Argentina a procurarse desde costosísimos tratamientos de alta complejidad hasta cirugías estéticas

El sector de la salud, como tantos otros, viene padeciendo los graves efectos de la debacle económica, producto de años de pésimas gestiones de gobierno. No obstante, ha mantenido su nivel de excelencia y las prestaciones a extranjeros sin limitarlas, incluso cuando muchos de esos pacientes vienen a la Argentina a procurarse en nuestros hospitales desde costosísimos tratamientos de alta complejidad hasta cirugías estéticas que bien podrían realizar en sus países de origen.

Es hora de debatir este espinoso tema y adoptar una decisión acorde con su gravedad. Sería deseable también que se suscriban acuerdos de reciprocidad entre jurisdicciones. Han sido muchos ya los trágicos casos de argentinos que enfermaron y fueron abandonados a su suerte en países cuyos ciudadanos vienen a atenderse aquí sin que les represente costo alguno.

Cada vez más connacionales acuden a hospitales públicos. Precisamente, quienes más recurren a ellos son los que menos tienen. Con los elevados índices de pobreza que asuelan a nuestro país, se les debería asignar prioridad. No se trata de discriminar a nadie, sino de ser justos.

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