POLITICA
Fentanilo mortal: a un año de la mayor tragedia sanitaria del país, las novedades del expediente y las próximas imputaciones
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina, elevando el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios -y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro– que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la ANMAT, como se verá en este recorrido, la tragedia, como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón, comenzó antes.
Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y estos lo elevaron a la justicia federal de La Plata.
Valentía de madre
En la causa judicial, Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de la Plata, es considerado el “caso número 1”. Desconsolada, su mamá, la enfermera Soledad Francese recordó ante este cronista: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato”. En ese sentido, opinó desde su pesar: “Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.
El 15 de agosto del año pasado, la valiente madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.
Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire de la señal TN el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra.
El intercambio de palabras ocurrió en el programa “Solo una vuelta más”. Soledad había sido invitada al piso del programa conducido por Diego Sehinkman, para exponer el caso de su hijo: “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo», dijo con voz exaltada el empresario farmacéutico.
La doliente, mirando a cámara, respondió serena: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.
– ¿Y qué piensa a un año de la causa fentanilo?, le preguntó este medio a “Sol”, como la llaman sus amigos.
-No me entra en la cabeza como puede ser que las autoridades estén tan así como si nada cuando murieron más de 100 personas. Fue la pero tragedia sanitaria en Argentina y El gobierno no dice nada. Eso me genera mucha impotencia, es despreciable, respondió.
Habla el expediente
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
Las fuentes de las querellas consultadas por Infobae describen la investigación como “exhaustiva, rigurosa y muy profesional”. Funcionarios judiciales vinculados a la causa agregan que: “Resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin que el curso de la causa se viera afectado”.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
El auto de procesamiento dictado el 25 de septiembre de 2025, un tiempo récord por el volumen de información, documentación para procesar y pruebas científicas que debían ser realizadas; identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria, embargada por $500.000.000.000, con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor, embargado por $100.000.000.000, detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Procesada como coautora, embargada por $100.000.000.000, con detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
Las irregularidades en los laboratorios
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. Entre las principales irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo:
Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT —deficiencia calificada como crítica—.
- Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).
En HLB Pharma Group, entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos. En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado. El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar «cansado de la cantidad de retiros que había» y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”. Además, en septiembre de 2023 se registró un antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en un establecimiento de Entre Ríos, que no derivó en medidas correctivas por parte del organismo regulador.
ANMAT e INAME, bajo la lupa
La próxima etapa de la investigación apunta a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. El juzgado tiene muy avanzado el análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya cuestionó en su dictamen del 14 de mayo de 2025 la actuación de ambos organismos. La resolución judicial recoge y amplía esos cuestionamientos:
- La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica tardó tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación.
- El Instituto Nacional de Medicamentos realizó los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que —según señaló el propio imputado Ariel García en su indagatoria, sin que la fiscalía lo rebatiera— “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.
La resolución también señala que el fentanilo no estaba incluido en la Disposición N° 10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que impedía su trazabilidad individual. Ese vacío normativo fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. El sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El propio juzgado debió asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país, ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.
Tras inspecciones realizadas en 2022 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo, pero «no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto» por el laboratorio. Ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB en 2023, el Instituto Nacional de Medicamentos analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria, por lo que no ordenó medidas correctivas.
El estado de la causa y la Cámara
La Cámara Federal de La Plata analiza desde octubre de 2025 la resolución de procesamiento apelada por las defensas de los imputados. Hasta la fecha, no se pronunció sobre el fondo del expediente: resolvió múltiples planteos de excarcelación y de detención domiciliaria, pero la apelación al auto de procesamiento sigue pendiente.
Por estas horas, los investigadores trabajan en la nueva resolución que se dictará, un hecho que genera expectativa entre los defensores de los 13 procesados.
En el juzgado son herméticos sobre el imperio que tomará el magistrado. Expresan, sí el profesionalismo, valentía y compromiso que el equipo demostró a los largo de los pasados 12 meses para hacer cumplir “los derechos de las partes” y la “humanidad para comprender el dolor de las personas afectadas”. Dos hechos que, según la opinión generalizada de los funcionarios judiciales “son tanto o más importante que saber derecho para resolver en tiempo y forma una causa de estas características”.
La investigación continúa abierta hacia posibles nuevos involucrados, entre ellos personal de líneas inferiores de los laboratorios y eventuales dueños ocultos no identificados aún y de los organismos de control.
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POLITICA
Quirno reclamó el cese de la explotación británica y pidió negociar por Malvinas tras la advertencia de Burnham
El canciller Pablo Quirno respondió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró que el Reino Unido estaba dispuesto a defender su dominio sobre las Islas Malvinas. Frente a esto, pidió un freno a la explotación petrolera aprobada unilateralmente y llamó a reabrir las negociaciones.
“En respuesta a lo expresado por el señor Primer Ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, afirmó al inicio de su discurso.
Tras las declaraciones de Burnham, en donde afirmó que el Reino Unido se mantendrá firme ante “cualquier amenaza” al derecho de los territorios británicos a seguir siéndolo, entre ellos las Malvinas, la Cancillería elevó un pedido a la ONU para solicitar el derecho a réplica en el recinto. Así, esta medida obligó a los representantes británicos a presentarse en la sala y escuchar la postura argentina.
En este contexto, Quirno negó que el Reino Unido tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, debido a que se tratan de territorios argentinos bajo ocupación ilegal británica desde enero de 1833.
Según expresó, aquella acción quebrantó la integridad territorial argentina, con el objetivo de desplazar a las autoridades y a la población nacional que se encontraban establecidas en las islas. Asimismo, indicó que la estrategia de la Corona inglesa fue sustituir a esa población “por súbditos británicos”.
“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, apuntó el canciller al hacer referencia al histórico reclamo nacional sobre la soberanía de las islas.
En este sentido, remarcó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Asimismo, subrayó que estos organismos instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.
De acuerdo con las declaraciones a las que tuvo acceso Infobae, Quirno indicó que el Comité Especial de Descolonización volvió a pronunciarse en ese sentido en junio de este año y expresó que el Gobierno argentino mantiene su disposición a iniciar “negociaciones bilaterales sustantivas” con Londres, en línea con la resolución de la ONU.
“Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias, con un multilateralismo eficaz y con un orden mundial basado en reglas”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.
De la misma manera, instó al Reino Unido a cumplir sus compromisos en materia de descolonización y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas mientras la controversia permanece sin resolver. Un reclamo que fue en línea con el repudio del presidente Javier Milei y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras extranjeras (de origen británico e israelí) que planean extraer los recursos naturales de la cuenca norte de las Islas Malvinas.
En línea con esto, Quirno recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General —de cuya aprobación se cumplirán 50 años en los próximos días— exhortó a ambas partes a no introducir cambios unilaterales en la situación de las islas durante el proceso recomendado por las Naciones Unidas.
“Las partes en una disputa deben abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa está pendiente de solución”, señaló el canciller, al referirse a ese principio. Tras volver a defender el derecho a reclamar por la soberanía de las islas, Quirno concluyó: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.
POLITICA
El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”
Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.
“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.
El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.
POLITICA
ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía
La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.
Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.
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