POLITICA
Fentanilo mortal: a un año de la mayor tragedia sanitaria del país, las novedades del expediente y las próximas imputaciones
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina, elevando el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios -y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro– que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la ANMAT, como se verá en este recorrido, la tragedia, como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón, comenzó antes.
Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y estos lo elevaron a la justicia federal de La Plata.
Valentía de madre
En la causa judicial, Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de la Plata, es considerado el “caso número 1”. Desconsolada, su mamá, la enfermera Soledad Francese recordó ante este cronista: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato”. En ese sentido, opinó desde su pesar: “Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.
El 15 de agosto del año pasado, la valiente madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.
Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire de la señal TN el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra.
El intercambio de palabras ocurrió en el programa “Solo una vuelta más”. Soledad había sido invitada al piso del programa conducido por Diego Sehinkman, para exponer el caso de su hijo: “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo», dijo con voz exaltada el empresario farmacéutico.
La doliente, mirando a cámara, respondió serena: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.
– ¿Y qué piensa a un año de la causa fentanilo?, le preguntó este medio a “Sol”, como la llaman sus amigos.
-No me entra en la cabeza como puede ser que las autoridades estén tan así como si nada cuando murieron más de 100 personas. Fue la pero tragedia sanitaria en Argentina y El gobierno no dice nada. Eso me genera mucha impotencia, es despreciable, respondió.
Habla el expediente
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
Las fuentes de las querellas consultadas por Infobae describen la investigación como “exhaustiva, rigurosa y muy profesional”. Funcionarios judiciales vinculados a la causa agregan que: “Resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin que el curso de la causa se viera afectado”.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
El auto de procesamiento dictado el 25 de septiembre de 2025, un tiempo récord por el volumen de información, documentación para procesar y pruebas científicas que debían ser realizadas; identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria, embargada por $500.000.000.000, con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor, embargado por $100.000.000.000, detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Procesada como coautora, embargada por $100.000.000.000, con detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
Las irregularidades en los laboratorios
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. Entre las principales irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo:
Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT —deficiencia calificada como crítica—.
- Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).
En HLB Pharma Group, entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos. En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado. El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar «cansado de la cantidad de retiros que había» y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”. Además, en septiembre de 2023 se registró un antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en un establecimiento de Entre Ríos, que no derivó en medidas correctivas por parte del organismo regulador.
ANMAT e INAME, bajo la lupa
La próxima etapa de la investigación apunta a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. El juzgado tiene muy avanzado el análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya cuestionó en su dictamen del 14 de mayo de 2025 la actuación de ambos organismos. La resolución judicial recoge y amplía esos cuestionamientos:
- La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica tardó tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación.
- El Instituto Nacional de Medicamentos realizó los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que —según señaló el propio imputado Ariel García en su indagatoria, sin que la fiscalía lo rebatiera— “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.
La resolución también señala que el fentanilo no estaba incluido en la Disposición N° 10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que impedía su trazabilidad individual. Ese vacío normativo fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. El sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El propio juzgado debió asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país, ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.
Tras inspecciones realizadas en 2022 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo, pero «no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto» por el laboratorio. Ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB en 2023, el Instituto Nacional de Medicamentos analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria, por lo que no ordenó medidas correctivas.
El estado de la causa y la Cámara
La Cámara Federal de La Plata analiza desde octubre de 2025 la resolución de procesamiento apelada por las defensas de los imputados. Hasta la fecha, no se pronunció sobre el fondo del expediente: resolvió múltiples planteos de excarcelación y de detención domiciliaria, pero la apelación al auto de procesamiento sigue pendiente.
Por estas horas, los investigadores trabajan en la nueva resolución que se dictará, un hecho que genera expectativa entre los defensores de los 13 procesados.
En el juzgado son herméticos sobre el imperio que tomará el magistrado. Expresan, sí el profesionalismo, valentía y compromiso que el equipo demostró a los largo de los pasados 12 meses para hacer cumplir “los derechos de las partes” y la “humanidad para comprender el dolor de las personas afectadas”. Dos hechos que, según la opinión generalizada de los funcionarios judiciales “son tanto o más importante que saber derecho para resolver en tiempo y forma una causa de estas características”.
La investigación continúa abierta hacia posibles nuevos involucrados, entre ellos personal de líneas inferiores de los laboratorios y eventuales dueños ocultos no identificados aún y de los organismos de control.
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POLITICA
“Los héroes del Garrahan”: el Gobierno difundió un documental y apuntó contra los gremios por los paros
La Casa Rosada difundió este jueves un documental titulado “Los héroes del Garrahan”, una producción audiovisual de casi 15 minutos en la que el Gobierno reconstruye, desde su punto de vista, el conflicto gremial que atravesó el Hospital Garrahan durante 2025 y reivindica a los trabajadores y autoridades que, según sostiene, garantizaron el funcionamiento del principal centro pediátrico del país durante las más de 40 medidas de fuerza realizadas a lo largo de ese año.
La presentación se realizó a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X. “40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina”, expresó el Gobierno al difundir el material.
El documental fue coordinado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud y reúne testimonios de integrantes del Consejo de Administración y de trabajadores de distintas áreas del hospital que se manifestaron en desacuerdo con las modalidades de protesta impulsadas durante el conflicto. Son esas personas a las que la producción identifica como los “héroes” del Garrahan.
Según la posición oficial expuesta en el documental, el conflicto comenzó con reclamos salariales impulsados por el personal de salud, especialmente por los médicos residentes, pero luego derivó hacia otras demandas. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que “al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud” y que posteriormente “algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”.
Una de las voces centrales de la producción es la del director médico del hospital, Mariano Pirozzo, quien asumió el cargo en julio del año pasado por decisión de la cartera sanitaria, en medio de la escalada del conflicto. El documental presenta el proceso desde la perspectiva de las autoridades y de trabajadores que continuaron desempeñando sus funciones durante las protestas.
La producción también recopila imágenes de archivo de las distintas acciones gremiales desarrolladas a lo largo de 2025. De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno, se registraron más de 40 medidas entre paros parciales, huelgas de 24, 48 y 72 horas, abrazos simbólicos, ruidazos, festivales frente al hospital, radios abiertas, movilizaciones al Ministerio de Salud, al Congreso y a Plaza de Mayo, además de asambleas permanentes.
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En el relato oficial, gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen como actores que contribuyeron a profundizar el conflicto y a poner en riesgo el normal funcionamiento del establecimiento.
El documental identifica como uno de los episodios más graves la ocupación de la oficina de la Dirección Médica del hospital ocurrida el 31 de octubre de 2025. Según se señala en la producción, ese hecho se produjo después de que el Poder Ejecutivo otorgara un incremento salarial del 61% para todo el personal. Para las autoridades nacionales, ese episodio constituyó una muestra de que el conflicto ya no respondía exclusivamente a reclamos económicos.
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A lo largo del material audiovisual, el Gobierno contrapone esas escenas de tensión con la gestión implementada posteriormente en el hospital. El documental destaca criterios vinculados con la eficiencia operativa, la planificación y la racionalización del gasto como ejes de la administración impulsada por las autoridades nacionales.
La difusión de “Los héroes del Garrahan” se produjo en medio de una nueva controversia con los sindicatos que representan a trabajadores del establecimiento. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron para este jueves a una conferencia de prensa y a un acto frente al hospital para rechazar el contenido del documental.
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Desde los gremios cuestionaron la visión presentada por el Gobierno y sostuvieron que las medidas de fuerza del año pasado estuvieron motivadas por la situación salarial del personal. “El reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
Las organizaciones sindicales también sostienen que persisten problemas vinculados al presupuesto, la dotación de personal y sanciones que consideran arbitrarias. Además, denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto.
Hospital Garrahan, Javier Milei, Ministerio de salud
POLITICA
El femicidio de Agostina impacta políticamente sobre el gobierno de Córdoba y la intendencia de la capital
CÓRDOBA.- El femicidio de Agostina Vera, la nena de 14 años que estuvo desaparecida una semana y fue hallada asesinada y presuntamente abusada, no solo generó conmoción social sino que tuvo impacto político en el peronismo -y, obviamente, en el gobierno- de Córdoba. Tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini, reaccionaron con una estrategia de control de daños. Por ahora, tiene gusto a poco. En la marcha de “Ni Una Menos” los cuestionamientos al oficialismo tuvieron un rol protagónico, más allá de lo que sucede en la Unicameral y el Concejo Deliberante.
Llaryora blindó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien además estaba en carrera para ser candidato a intendente, y Passerini ordenó regresar a un funcionario al Concejo Deliberante para que dejara su banca Ricardo Moreno, quien admitió haber “hecho entrar” a la Municipalidad al único detenido y principal sospechoso por el femicidio, Claudio Barrelier.
A nivel provincial, además de la reunión de Llaryora con los abuelos maternos de Agostina – una decisión que fue bien recibida- un paso fue aplazar la jura del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año pasado junto a otros para promover a funcionarios judiciales que están en sintonía con el oficialismo. Rodríguez fue quien dejó en libertad a Barrelier hace un año, cuando fue denunciado por una joven por privación ilegítima de la libertad.
El fiscal general, Carlos Lezcano, ratificó al cuestionado fiscal Raúl Garzón. Consideró que, por ser un caso “excepcional” no debía pasar a su fuero natural, el de Violencia de Género. En lo que parece una respuesta a las críticas por la falta de perspectiva de género de Garzón después de su conferencia de prensa del sábado, le asignó la colaboración de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Romero, y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Fernando Ávila Echenique. No está obligado a consultarlos ni a compartirle sus decisiones en la investigación.
Quinteros -un ministro con buena sintonía con su par nacional, Alejandra Monteoliva, y también con Patricia Bullrich– sigue en el cargo. Dio varias entrevistas para explicar que buscó a Agostina “desde el primer día” y que siempre siguió, como corresponde, las indicaciones judiciales. Le juega en contra el perfil alto que tiene y que hizo que, en los primeros días de búsqueda, además de dirigir el mega operativo por la final de fútbol entre Belgrano y River, diera notas hablando de su pasión por los “piratas” y se expresara (como exobeso) en contra de los cambios en la ley de octógonos.
Un exjuecista -el senador Luis Juez no ahorra oportunidades de criticarlo- es uno de los no peronistas que Llaryora sumó a su gabinete de perfil “cordobesista”. Estaba en la lista de los posibles candidatos a intendente de la ciudad.
El audio de Moreno, -el “abogado del diablo”, como promocionaba su estudio- admitiendo haber pedido un puesto para Barrelier en la Municipalidad de Córdoba encendió la mecha de una crisis que todavía no terminó. Dirigente peronista desde hace años, era concejal suplente e ingresó al cuerpo en reemplazo de Raúl La Cava, quien se convirtió en secretario de Políticas Sociales municipal.
Passerini ordenó el enroque inmediato cuando la oposición convocó a una sesión para desplazar a Moreno. Sin embargo, el tema sería tratado en el recinto porque Moreno volvió a su puesto de suplente en la lista. Moreno, finalmente, renunció al mediodía de este jueves.
Moreno fue abogado de Barrelier en la causa por privación ilegítima de la libertad por la que debió constituir una fianza de $5 millones para salir. Desde la oposición plantearon si quedó libre por convicción del fiscal Rodríguez o si existió tráfico de influencias.
La designación de Barrelier por recomendación también es producto de la decisión de Llaryora, cuando era intendente, de cambiar el sistema de ingreso por concurso por la contratación de personal y becarios. Passerini sostiene ese esquema que, claramente, facilita la entrada o premiación de punteros políticos o amigos de dirigentes. El intendente ahora anunció además que impulsará la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. También pidió la renuncia de todos los funcionarios de Tránsito, área donde se desempeñaba Barrelier.
A los cuestionamientos, pedidos de renuncia y de jury se suma la desconfianza que generan los abogados de los querellantes en la causa del femicidio -el padre y los abuelos de Agostina- de cerrar filas en torno al fiscal y al operativo de búsqueda. Explícitamente repiten su aval a lo actuado. Cada vez que lo hacen, en mensajes a medios o en redes sociales, hay un aluvión de objeciones y conjeturas.
A la indignación y dolor que este tipo de crímenes desatan en la sociedad, se sumaron alrededor del femicidio de Agostina factores como la convicción de que hubo fallas institucionales, de que el Estado no cumple el rol que debe y de que el amiguismo domina las designaciones públicas. Los 27 años que lleva el peronismo cordobés en el poder también parece condicionar sus respuestas que lucen cortas y tardías.
Gabriela Origlia,Conforme a
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“Tranquilizate, querida”: el cruce de Juliana Di Tulio y Patricia Bullrich en el Senado por la marcha del Ni Una Menos
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y la senadora Juliana Di Tulio protagonizaron este miércoles un cruce en el Senado durante una discusión vinculada a los femicidios y a la movilización realizada por el colectivo Ni Una Menos.
La polémica se desató luego de que Bullrich tomara la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendiera las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”.
“Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.
La funcionaria reconoció que el problema persiste, aunque destacó la reducción que, según indicó, reflejan los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.
Bullrich vinculó esa disminución con una política de endurecimiento de las penas y de fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.
En la misma intervención, reivindicó iniciativas como la ley antimafia y las reformas penales impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.
Bullrich también cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.
Tras su exposición, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le dio la palabra a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tulio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.
“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.
La legisladora consideró además que la intervención de la ministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.
Mientras hablaba, Di Tulio respondió a una interrupción proveniente de su banca vecina. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.
A continuación, destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.
La senadora también cuestionó la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.
En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.
Di Tulio también puso el foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, afirmó.
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