POLITICA
Fentanilo mortal: a un año de la mayor tragedia sanitaria del país, las novedades del expediente y las próximas imputaciones
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina, elevando el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios -y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro– que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la ANMAT, como se verá en este recorrido, la tragedia, como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón, comenzó antes.
Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y estos lo elevaron a la justicia federal de La Plata.
Valentía de madre
En la causa judicial, Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de la Plata, es considerado el “caso número 1”. Desconsolada, su mamá, la enfermera Soledad Francese recordó ante este cronista: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato”. En ese sentido, opinó desde su pesar: “Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.
El 15 de agosto del año pasado, la valiente madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.
Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire de la señal TN el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra.
El intercambio de palabras ocurrió en el programa “Solo una vuelta más”. Soledad había sido invitada al piso del programa conducido por Diego Sehinkman, para exponer el caso de su hijo: “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo», dijo con voz exaltada el empresario farmacéutico.
La doliente, mirando a cámara, respondió serena: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.
– ¿Y qué piensa a un año de la causa fentanilo?, le preguntó este medio a “Sol”, como la llaman sus amigos.
-No me entra en la cabeza como puede ser que las autoridades estén tan así como si nada cuando murieron más de 100 personas. Fue la pero tragedia sanitaria en Argentina y El gobierno no dice nada. Eso me genera mucha impotencia, es despreciable, respondió.
Habla el expediente
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
Las fuentes de las querellas consultadas por Infobae describen la investigación como “exhaustiva, rigurosa y muy profesional”. Funcionarios judiciales vinculados a la causa agregan que: “Resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin que el curso de la causa se viera afectado”.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
El auto de procesamiento dictado el 25 de septiembre de 2025, un tiempo récord por el volumen de información, documentación para procesar y pruebas científicas que debían ser realizadas; identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria, embargada por $500.000.000.000, con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor, embargado por $100.000.000.000, detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Procesada como coautora, embargada por $100.000.000.000, con detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
Las irregularidades en los laboratorios
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. Entre las principales irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo:
Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT —deficiencia calificada como crítica—.
- Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).
En HLB Pharma Group, entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos. En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado. El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar «cansado de la cantidad de retiros que había» y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”. Además, en septiembre de 2023 se registró un antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en un establecimiento de Entre Ríos, que no derivó en medidas correctivas por parte del organismo regulador.
ANMAT e INAME, bajo la lupa
La próxima etapa de la investigación apunta a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. El juzgado tiene muy avanzado el análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.
La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya cuestionó en su dictamen del 14 de mayo de 2025 la actuación de ambos organismos. La resolución judicial recoge y amplía esos cuestionamientos:
- La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica tardó tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación.
- El Instituto Nacional de Medicamentos realizó los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que —según señaló el propio imputado Ariel García en su indagatoria, sin que la fiscalía lo rebatiera— “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.
La resolución también señala que el fentanilo no estaba incluido en la Disposición N° 10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que impedía su trazabilidad individual. Ese vacío normativo fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. El sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El propio juzgado debió asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país, ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.
Tras inspecciones realizadas en 2022 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo, pero «no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto» por el laboratorio. Ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB en 2023, el Instituto Nacional de Medicamentos analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria, por lo que no ordenó medidas correctivas.
El estado de la causa y la Cámara
La Cámara Federal de La Plata analiza desde octubre de 2025 la resolución de procesamiento apelada por las defensas de los imputados. Hasta la fecha, no se pronunció sobre el fondo del expediente: resolvió múltiples planteos de excarcelación y de detención domiciliaria, pero la apelación al auto de procesamiento sigue pendiente.
Por estas horas, los investigadores trabajan en la nueva resolución que se dictará, un hecho que genera expectativa entre los defensores de los 13 procesados.
En el juzgado son herméticos sobre el imperio que tomará el magistrado. Expresan, sí el profesionalismo, valentía y compromiso que el equipo demostró a los largo de los pasados 12 meses para hacer cumplir “los derechos de las partes” y la “humanidad para comprender el dolor de las personas afectadas”. Dos hechos que, según la opinión generalizada de los funcionarios judiciales “son tanto o más importante que saber derecho para resolver en tiempo y forma una causa de estas características”.
La investigación continúa abierta hacia posibles nuevos involucrados, entre ellos personal de líneas inferiores de los laboratorios y eventuales dueños ocultos no identificados aún y de los organismos de control.
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POLITICA
Retardo de Justicia. Presentan una queja contra el juez que ordenó la cautelar que protege a Tapia y Toviggino
Los abogados de dos periodistas formalizaron una queja por retardo de Justicia contra el juez de garantías Walter Federico Saettone, que ordenó la cautelar que protege a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
Esa medida del juez le impide a Nicolás Pizzi y Nicolás Gasulla y otros periodistas que investigaron a la AFA tomar contacto o acercarse a Tapia y Toviggino, además de difundir datos, imágenes o información de ambos dirigentes.
Los abogados de Pizzi y Gasulla apelaron esa cautelar, pero el juez Saettone no le dio trámite, dijeron en un escrito que su defensa presentó este viernes ante la Cámara Penal de San Isidro.
“Pese a haber transcurrido un mes de la apelación presentada por esta parte con relación a la cautelar dispuesta con fecha 13/05/2026 (en favor del Sr. Tapia) y más de 20 días de la apelación presentada en relación con la resolución de fecha 18/05/2026 (en favor del Sr. Toviggino), la causa continúa en la primera instancia a la espera de que se finalice el trámite de notificaciones a los imputados”, dice el texto, que lleva la firma de los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady.
“En aquellas impugnaciones nuestros clientes señalaron una grave e inaceptable afectación al derecho de libertad de expresión a través de una vía de censura indirecta. Nuestros clientes son periodistas y necesitan investigar y que no se les condicione su labor profesional”.
La cautelar que cuestiona fue dictada en el marco de una denuncia de Tapia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes iniciaron la causa que investiga a las autoridades de la AFA por la quinta de Villa Rosa, Pilar.
La versión de Tapia fue que, tras un conflicto por cámaras de fotomultas en la órbita del Ceamse, comenzó una campaña de presión con denuncias judiciales y exposición mediática sobre la AFA, su patrimonio y la quinta de Pilar. Esa denuncia quedó bajo la órbita del juez Saettone y la fiscalía de Pilar.
Los abogados sostienen que pasó un mes desde la apelación contra la cautelar concedida a Tapia y más de 20 días desde la apelación contra la medida dictada en favor de Toviggino, pero que el expediente continúa en primera instancia a la espera de que se completen notificaciones a otros imputados.
Para la defensa, esa demora configura un retardo de justicia. En la presentación, pidieron que la Cámara ordene al juez de primera instancia que, en un plazo de 24 horas, realice los trámites necesarios para que la Alzada pueda intervenir y revisar las cautelares cuestionadas.
El perfil público del juez incluye elogios a la expresidenta Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Walter Federico Saettone,Conforme a
POLITICA
La Corte ratificó la cautelar por el financiamiento: “Es una noticia que la comunidad universitaria estaba esperando”
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó. Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia.
La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.
“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó.
La recomposición y el alcance del fallo
El fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.
Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó.
La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país. El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades. Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.
Dilaciones del Gobierno y argumentos oficiales
El Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.
El rector agregó que los hechos demostraron que el Ejecutivo sí tenía capacidad para cumplir con los compromisos. “Lo que pasó en julio también ponía en evidencia que no hace falta una ley que diga expresamente en un artículo de dónde salen los recursos para poder cumplir con un objetivo que el Estado se propone”, opinó.
Las universidades públicas nacionales atravesaron una etapa de incertidumbre mientras aguardaban la definición judicial. Bartolacci manifestó que ahora sienten alivio y satisfacción por el deber cumplido. “Es alivio. Es la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que vale la pena siempre. Cuando la causa es noble, vale la pena comprometerse”, expresó.
Consecuencias en el sistema universitario
La demora en la recomposición salarial y la actualización de becas tuvo efectos concretos en las universidades públicas. Bartolacci relató que docentes decidieron dejar sus cargos y buscaron otras fuentes de ingreso. “Por supuesto que pasó, no solo en Rosario, en todo el país. Y en algunas áreas disciplinares nos ha costado encontrar con qué reponer esos cargos”, afirmó.
El pluriempleo docente se extendió, según el rector. Muchos profesores combinaron la actividad académica con otros trabajos, algunos ajenos a su formación. “Conozco colegas que hacen las cosas más diversas, desde manejar un Uber hasta tener comercios o lo que fuera que le permita llegar a fin de mes”, describió.
La precariedad salarial también afectó la calidad de la enseñanza y la continuidad de proyectos científicos. “El 70% de la ciencia se produce en el sistema universitario público. Allí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos”, advirtió.
Bartolacci alertó que la pérdida de investigadores y proyectos no se recupera de inmediato. “En formación de recursos humanos y en líneas de investigación lo que se pierde después no lo recuperás con un acto administrativo en un solo momento. A veces te demanda décadas volver al punto anterior”, señaló.
Prioridades y desafíos para el futuro
El rector remarcó la necesidad de resolver la cuestión presupuestaria y salarial como tarea urgente. Propuso avanzar hacia una reforma estructural del sistema universitario. “Hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria”, sugirió.
Al mismo tiempon consideró que la universidad pública argentina debe adaptarse a un contexto nacional e internacional en constante cambio. “En una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace veinte o treinta años atrás. Ahora, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo”, manifestó.
Según el rector, el sistema universitario y científico nacional debe reorientarse para aportar al desarrollo del país. Planteó la necesidad de transformar planes de estudio, métodos de enseñanza y la estructura de las carreras. “Hay que hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular”, concluyó.
El fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión. Las universidades aguardan la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La comunidad universitaria se prepara para afrontar los desafíos pendientes y contribuir al desarrollo nacional.
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POLITICA
Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
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