POLITICA
El Gobierno suma retrocesos en materia de transparencia y control externo de la gestión

La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.
Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.
Acceso a la información pública
El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.
“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.
En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.
El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.
También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.
Más facultades para la SIDE
A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.
Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.
La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.
La ley de lobby
La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.
El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.
Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.
El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso
En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.
El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.
Menos participación en la selección de jueces
El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.
Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.
El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.
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POLITICA
El sindicalista absuelto tras el bloqueo en San Nicolás prepara un contragolpe y los empresarios buscan revertir el fallo

Los efectos del fallo de un juez de San Nicolás que absolvió a un sindicalista que llegó al banquillo de los acusados por bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL se multiplican. Los abogados del gremialista de camioneros Maximiliano Cabaleyro y de seis exempleados de la empresa preparan un contragolpe contra los dueños de la firma, con presentaciones por presunta evasión tributaria, falsa denuncia.
A eso se suma una avanzada en el Concejo Deliberante de San Pedro contra Ariel Rey, uno de los propietarios de la empresa, que integra el cuerpo deliberativo.
Los empresarios, por su parte, se muestran preocupados ante la libertad de Cabaleyro y confían en revertir la sentencia que favoreció al sindicalista con una apelación en la instancia de Casación. Como informó , varias cámaras empresarias expresaron recientemente su preocupación por el precedente que sienta la decisión judicial.
Los abogados Mauricio Gugger, representante de Cabaleyro, y Gabriel Ruiz, por los seis empleados despedidos por participar de los bloqueos, irán por nuevos objetivos, luego de la absolución de sus defendidos. Tras el fallo del juez Alejandro López, apuntarán contra los dueños de la distribuidora, Ariel y Gustavo Rey. Ambos abogados confirmaron a que los denunciarán por evasión tributaria.
Ruiz representa a seis exempleados de la distribuidora que fueron juzgados y absueltos por el delito de turbación de la propiedad. Son Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. El letrado impulsará la denuncia por presunta evasión contra los empresarios. Ejemplificó que uno de sus defendidos, Di Mayo, era “chofer de camión y hacía [un horario de] tiempo completo más horas extras, pero estaba anotado con la modalidad de contrato a tiempo parcial y en la categoría de maestranza”.
Tras el fallo que absolvió a Cabaleyro de la acusación por amenazas, extorsión, coacción y turbación de la propiedad, el abogado del sindicalista que lideraba la seccional de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo iniciará presentaciones por falsa denuncia contra los empresarios y falso testimonio contra algunos testigos. “La requisitoria de elevación a juicio fue hecha a partir de esos testimonios, que no pudieron ser sostenidos”, dijo Gugger a .
Una apuesta de Ruiz será pedir la destitución de Ariel Rey, actual concejal en San Pedro. “Vamos a ir por falsa denuncia de Rey y falso testimonio. Con esos argumentos, vamos por la destitución”, anticipó el abogado a este diario. Ariel Rey ganó las elecciones legislativas locales de 2025, al frente de la boleta de La Libertad Avanza, y hoy integra el bloque “San Pedro Puede”.
Represalias
El contragolpe que preparan los abogados de Cabaleyro y los exempleados de la distribuidora es solo una parte de los coletazos del fallo absolutorio que motivó repudios de instituciones empresariales y un pedido de jury contra el juez López presentado por el diputado provincial Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás.
En diálogo con , Ariel Rey confió en revertir el dictamen con una apelación y se mostró preocupado por el accionar del sindicalista, que cumplía prisión domiciliaria, pero fue liberado inmediatamente tras la decisión judicial. “Escuché las declaraciones de los abogados de ellos. Ya recurrimos, pudimos sacar el turno en Casación y tenemos veinte días. Hay argumentos para revertir este fallo”, expresó Rey.
“Tenemos preocupación porque hay una persona que está libre y, tras el fallo, puede volver a bloquear, porque el juez considera que el sindicato de [Hugo] Moyano puede bloquear”, sintetizó Rey, quien explicó que no recibió ninguna notificación sobre el pedido de destituirlo como concejal, ni de las denuncias que preparan los letrados de los acusados en el juicio.
“La empresa sigue trabajando dentro de los parámetros normales del Sindicato de Comercio. Seguimos preocupados por la libertad de Maximiliano Cabaleyro, pero trabajando normal”, añadió el dueño de la distribuidora de alimentos y bebidas.
Cabaleyro llegó al juicio tras un año y medio en prisión domiciliaria. Entre los dos regímenes de detención, estuvo preso cuatro años y medio. Los abogados esperan que avancen unas presentaciones realizadas por considerar excesivo el plazo de prisión preventiva.
“Prepararé un pedido de jury a la jueza de garantías Nº3 [María Eugenia Maiztegui] y acompañaré el pedido de investigación que se está haciendo en [el sector de] control disciplinario de la Suprema Corte bonaerense, que pidió a la fiscalía que aporte los datos de la detención de cuatro años y medio de dos personas [por Cabaleyro y el delegado sindical Fernando Espíndola]”, indicó el abogado Ruiz.
Cabaleyro fue detenido en abril de 2022, a raíz de la investigación de dos bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL. Tras ser apresado, el sindicato de camioneros montó una protesta en San Nicolás que cortó los accesos a la ciudad e interrumpió el servicio de recolección de residuos durante todo un fin de semana.
“En 2022 pedimos a la Procuración que se revise el período de prisión preventiva y lo volvimos a hacer en cada pedido de excarcelación. La última vez se presentó un habeas corpus, que terminó en la Corte, se rechazó, pero se formó un expediente disciplinario”, señaló el abogado Gugger.
Estrategia empresaria
La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza). El 3 de noviembre vence el plazo para interponer el recurso en Casación con el que buscará revertir la absolución de Cabaleyro y del resto de los acusados.
Consultada por , Arietto reveló que desde el inicio de la causa penal los abogados de los gremialistas “intentaron recusar a la jueza de garantías y a la fiscal, pero las peticiones fueron rechazadasuna y otra vez”. Y subrayó: “La fiscalía hizo todo en término. La tardanza fue por los recursos interpuestos por la defensa. La fiscal pidió la elevación a juicio en tiempo y forma. La Corte no tiene control sobre los fiscales, solo el juzgado de garantías”.
En los próximos días, además, se espera el fallo en un juicio abreviado para Espíndola, el otro gremialista camionero investigado junto a Cabaleyro por los bloqueos.
En caso de ser hallado culpable, el acuerdo alcanzado para el procedimiento abreviado establece que no podrá ser condenado a más de seis años de prisión. El jueves, Espíndola recibió una noticia que lo favorece: la jueza María Elena Baquedano le concedió la libertad condicional, luego de permanecer cuatro años y medio detenido, el último tramo en prisión domiciliaria.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
al sindicalista,Javier Fuego Simondet,San Nicolás,Justicia,Conforme a
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Ricardo Lorenzetti en Expoterra: “Tanto el agua como la tierra son recursos escasos; los hemos sobreutilizado para otros fines y, al haber hecho esto, hemos llegado a agotarlos”

El XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, organizado por la Fundación Expoterra y la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, se desarrolló el jueves 22 y el viernes 23 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Con 450 asistentes llegados de todo el país, el encuentro ratificó su lugar como la gran cita del derecho ambiental argentino.
Uno de los rasgos más destacados de esta edición fue su marcado carácter federal. Juezas y jueces de todo el país, integrantes de cortes y superiores tribunales provinciales, fiscales, funcionarios judiciales, docentes, investigadores, abogados y estudiantes compartieron dos jornadas de intercambio intenso. El altísimo nivel de los temas abordados estuvo acompañado por una participación activa del público en cada panel, taller y espacio de debate.
En la primera jornada, la conferencia de Aída Kemelmajer de Carlucci, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, marcó el tono académico del encuentro. Luego, el panel «El paradigma ambiental en el Derecho Civil y Comercial. Un enfoque internacional», dirigido por Edgardo Saux, reunió a José Luis y Javier Pérez-Serrabona (Universidad de Granada), Lorenzo Mezzasoma (Università degli Studi di Perugia) y Arturo Caumont (Uruguay).
El panel «El rol de la abogacía en los conflictos ambientales», dirigido por Carlos Luisoni, analizó la representación adecuada de afectados, ONG, generaciones futuras y empresas, con las exposiciones de Daniel Roque Vitolo, María Valeria Berros y Aníbal Falbo. La jornada incluyó también la presentación de las ponencias seleccionadas, un espacio en el que los asistentes expusieron sus trabajos e ideas.
Los talleres prácticos participativos fueron otro de los grandes aciertos del congreso. Los asistentes trabajaron sobre investigación penal ambiental, junto a la Red Argentina de Fiscalías Ambientales; el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos estratégicos, con Eduardo Conghos y José Esaín; auditoría y compliance ambiental; y estrategias procesales y prueba en litigios ambientales complejos, con la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de la Magistratura.
La segunda jornada comenzó con la conferencia «La protección del ambiente en la era de la inteligencia artificial y la innovación», a cargo de Juan Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA. El rol del Poder Judicial en la implementación efectiva de la tutela ambiental fue el eje de otro panel central, dirigido por Enrique Muller, con Hilda Kogan, Sergio Barotto, Juan Manuel Díaz y Enrique Peretti.
Los paneles «Herramientas jurídicas para el resarcimiento y sanción de los daños al ambiente», dirigido por Federico Zonis, y «Cambio climático y catástrofes naturales», dirigido por Ezequiel Santagada, profundizaron en dos de los temas más urgentes de la agenda. Expusieron Fernando Sagarna, Rocío Alcalá, Hugo Acciarri, Néstor Cafferatta, Pamela Tolosa, Manuel Pizarro y Maximiliano Moreno.
El panel «El paradigma ambiental en la jurisprudencia de la CSJN y de los Tribunales Superiores», dirigido por Pablo Lorenzetti, reunió a Claudia Sbdar, Emilia María Valle, Ernesto Löffler y Federico De Lorenzo en un diálogo de primer nivel entre máximos tribunales del país.
En el marco del congreso, la fundación organizadora y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) firmaron un convenio de cooperación. El acuerdo formaliza un vínculo que ya se había expresado en el ciclo federal de formación que JUFEJUS organizó como antesala del congreso, y abre una agenda de trabajo conjunto para fortalecer la capacitación en derecho ambiental en los poderes judiciales de todo el país.
El éxito del congreso fue también fruto de una organización cuidada en cada detalle, a cargo de la Fundación, presidida por Luz María Kasperski, y de su comité académico, integrado por Guillermo Marchesi, Pablo Lorenzetti, Gustavo Rinaldi y Federico Zonis.
El cierre estuvo a cargo de Ricardo Luis Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y director de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA.
El juez de la Corte Suprema habló sobre el cambio de paradigma en la protección ambiental, el impacto de la inteligencia artificial sobre el ambiente y la importancia de la participación ciudadana para lograr una mayor eficacia en las acciones judiciales. “Vamos a hablar de tres partes: nuestra concepción de los recursos naturales, especialmente la concepción de la Corte Suprema sobre el agua y la tierra; la segunda es cómo influye todo el ecosistema tecnológico y los costos ambientales de la IA; y la tercera parte dedicada a la eficacia”, explicó Lorenzetti al inicio de su alocución en el Congreso Anual de Fundación Expoterra.
El juez, especialista en derecho ambiental, abordó el cambio de paradigma en la protección del ambiente, la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, el impacto ambiental de las nuevas tecnologías y la importancia de la participación ciudadana para lograr resultados concretos a través de las acciones judiciales.
Hacia el principio de la conferencia, Lorenzetti habló de cómo concebimos los recursos naturales, y reconoció que históricamente se utilizó un modelo antropocéntrico que consideraba tanto al agua como a la tierra como objeto pasivo de la regulación, “entraban en la legislación pero el bien jurídico protegido no eran ni el agua ni la tierra”, explicó.
Según dijo, el bien jurídico era el ser humano y sus intereses económicos y su salud. “Lo que ha cambiado en estos últimos años es que se ha tomado conciencia de que tanto el agua como la tierra son recursos escasos, esto significa que los hemos sobreutilizado para otros fines, y al haber hecho esto hemos llegado a agotarlos, entonces hoy tenemos tanto escasez de agua como escasez de tierra y esto ha cambiado la mirada, porque pasamos de un modelo en el cual el interés central era humano a un modelo que podemos denominar geocéntrico, porque está centrado en la tierra, o sistémico, porque lo que protege es el sistema ambiental”, destacó el juez. “Es fundamental la protección del bien ambiental en sí mismo, como sistema. Y esto ha cambiado todo el modelo de regulación, y por eso decimos que estamos frente a un nuevo paradigma, el paradigma ambiental”, explicó.
A continuación, mencionó varias sentencias de la Corte Suprema en relación a derechos ambientales, como “Mendoza”, “La Picasa”, “Río Atuel”, “Barrick”, y varias más. “La Corte Suprema argentina tiene infinidad de sentencias, como también la tienen casi todos los tribunales del país, hoy realmente es una jurisprudencia consolidada en nuestra región”, aseguró. Luego habló del ecosistema tecnológico y destacó que “la tecnología nos va a ayudar mucho en materia ambiental, sobre todo en materia de predicciones de eventos catastróficos”. “No hay que negar la tecnología”, aseguró, aunque no hay que perder de vista que la tecnología tiene costos. Y en relación a estos habló de la Inteligencia Artificial como un tema que cobra cada vez mayor relevancia ante la expansión de estas herramientas y la creciente demanda de recursos naturales que requiere su funcionamiento. En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar esta dimensión al debate sobre la protección del ambiente y los desafíos regulatorios que presentan las nuevas tecnologías.
En relación a la eficacia, el juez destacó que “ha disminuido la participación ciudadana en los casos judiciales, por eso me permito insistir en esto que muchos han llamado ‘humo digital’: hay mucha inclinación a expresarse en el mundo digital, lo cual está bien, pero lo grave es que es un engaño, porque uno se puede sacar la bronca en el mundo digital, pero eso no cambia el sistema”, y luego agregó que “el sistema lo cambia el Estado de Derecho, lo cambia la participación ciudadana en las acciones”. “Hay muchas instituciones regionales, internacionales y nacionales que permiten la participación ciudadana. Y a veces es cierto que los procesos son largos, o la eficacia es difícil, pero la realidad es que siempre se logra algo. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Piensen en la causa del Riachuelo: podemos decir que demoró mucho tiempo, sí, pero pasaron 100 años sin que hubiera ninguna modificación, y en 10 años se lograron mejoras importantes”, destacó. “Lo que hay que hacer es incentivar a que la participación ciudadana continúe, pero hubo avances importantes. En muchas de las regiones de Argentina, la participación ciudadana en los poderes judiciales ha sido relevante. Entonces no dejemos de participar, no nos engañemos con que basta un tweet, o hacer cualquier manifestación en las redes”, concluyó.
POLITICA
El gobierno de Milei apuesta al triunfo de Bolsonaro y el peronismo, a la “resurrección” de Lula da Silva

Sin presencias programadas de ministros del gabinete y funcionarios en territorio brasileño, el presidente Javier Milei aguardará el domingo en la quinta de Olivos los resultados del crucial balotaje en ese país, en el que su favorito, Flávio Bolsonaro, protagonizará, con ventaja inicial, la batalla final contra uno de sus rivales políticos predilectos: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Nadie descarta que, en medio de un eventual festejo, se decida un veloz e inmediato viaje presidencial a San Pablo para saludar a su aliado, si el triunfo de la primera vuelta se confirma este domingo por la noche en las urnas y la región, como desea el universo libertario, termina de “pintarse de azul”.
“No va a ir nadie antes, pero somos optimistas y por ahí vamos a festejar”, afirma un alto funcionario en Balcarce 50, a tono con la confianza del Presidente en el resultado de una elección que divide, como casi ninguna otra, aguas en la política nacional.
La división replica las tensiones actuales entre el Gobierno y la oposición: mientras libertarios y sus aliados macristas (estos últimos, cuidando las formas) apuestan al triunfo de Bolsonaro y la consolidación del esquema de gobiernos de derecha alineados con Donald Trump, el peronismo en sus diferentes vertientes, buena parte del radicalismo y la izquierda apuestan a una resurrección de Lula, derrotado por dos puntos en la primera ronda, pero dispuesto a pelear hasta el último minuto la posibilidad de otro período al frente del país más grande del continente.
“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, escribió el presidente Milei, con el resultado de la primera vuelta ya conocido. Luego de guardar un llamativo bajo perfil durante buena parte de aquella campaña, Milei salió a festejar el triunfo de Bolsonaro, y sobre todo la derrota parcial de uno de sus principales antagonistas.
También recordó haber apoyado a Bolsonaro cuando las encuestas no lo favorecían y en el Gobierno se adjudicaron parte de la remontada del candidato liberal, como iniciadores de la “ola azul” que hoy tiene a la mayoría de los gobiernos de la región (Uruguay, México y Brasil son excepciones) con signo político derechista. Sin embajadores en funciones-la relación diplomática bilateral se degradó al nivel de encargados de Negocios en agosto- Milei apuesta a todo o nada: si Lula volcara la elección a su favor, el vínculo entre ambos mandatarios podría incluso empeorar en los próximos meses.
Esta semana, Milei volvió a tomar partido, al acusar de “zurdo ladrón” a Lula y expresar su deseo de que “su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”. La Cancillería brasileña, que encabeza Mauro Vieira, le contestó en duros términos, al afirmar que “esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”. Durante el último debate entre ambos, y a modo de chicana, Lula desafió a Bolsonaro a “utilizar la motosierra”, mientras criticaba el plan económico libertario.
Con otro estilo, alejado de los insultos hacia el candidato del PT, el macrismo también juega sus cartas con Bolsonaro. El expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, firmó días atrás junto a otros exmandatarios de la región, miembros todos del grupo Libertad y Democracia, una solicitada en apoyo al hijo de Jair Bolsonaro, quien según su visión garantiza “un Brasil que avance por el camino de la libertad, la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos sus ciudadanos”.
El peronismo, por el milagro
Con menos entusiasmo y presencia que antes de la primera vuelta, el kirchnerismo estará para dar su apoyo al presidente brasileño.
Los representantes de la CTA autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy y Luis Cabezas, se sumarán al búnker “abierto” del PT, al igual que referentes de la CGT y legisladores del Parlasur. Se espera a los cristinistas Eduardo “Wado” de Pedro y Sol Magno, y el peronista Gabriel Fuks, entre otros referentes, aunque muchos de los que estuvieron el domingo 4 ya no prevén viajar a San Pablo ni a Brasilia.
De ese espacio llegarán también a Brasil la massista Sabrina Selva y el kirchnerista Matías Molle, aunque por otra vía: fueron invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata, al igual que los legisladores libertarios Emilia Orozco y Damián Arabia (simpatizan con Bolsonaro) y los radicales Pablo Juliano y Carolina Losada.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, que dio su explícito apoyo a Lula da Silva en la previa de la primera vuelta, también estará atento.
“Una victoria de Lula no sería solamente una victoria para Brasil, sino una señal de que la extrema derecha no es invencible y de que el progresismo puede gobernar construyendo mayorías populares con un proyecto de futuro, en este contexto mundial tan complejo”, afirmó a Cecilia Nicolini, asesora en asuntos internacionales de Kicillof, quien representará al precandidato presidencial peronista en el bunker del PT en San Pablo.
¿Y si ganara Bolsonaro? “Tendría consecuencias políticas muy profundas para la Argentina y para toda América Latina. Se consolidaría la alianza que viene tejiendo Milei con Trump, desplazando el eje de la agenda geopolítica y diplomática de la región directamente subordinada a Washington”, advirtió la asesora.
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