POLITICA
El Gobierno suma retrocesos en materia de transparencia y control externo de la gestión
La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.
Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.
Acceso a la información pública
El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.
“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.
En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.
El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.
También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.
Más facultades para la SIDE
A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.
Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.
La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.
La ley de lobby
La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.
El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.
Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.
El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso
En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.
El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.
Menos participación en la selección de jueces
El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.
Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.
El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.
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Pichetto pidió que el peronismo apoye el reclamo internacional de Cristina Kirchner: "Eso le va a dar legitimidad al candidato"
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó al peronismo que agote todas las instancias de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para que recupere sus derechos políticos, al tiempo que construya una candidatura presidencial propia con legitimidad interna de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo tiene que hacer todo: plantear un trabajo de unidad, de responsabilidad, de programa”, afirmó el presidente del bloque Encuentro Federal en una entrevista con radio Futurock, donde también trazó un diagnóstico severo sobre la situación social del país y el futuro del espacio opositor.
La declaración del legislador llegó días después de que el equipo jurídico de la expresidenta anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa solicitó tres medidas cautelares al organismo: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.
Valim fue categórico sobre el alcance de las decisiones del Comité: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una resolución favorable puede ser base para la revisión de una sentencia firme. La próxima sesión del organismo está prevista para octubre.
Pichetto calificó la inhabilitación especial perpetua como “una pena retrógrada” y la equiparó a las antiguas figuras del destierro griego y romano, y a la “muerte civil” del derecho civil argentino decimonónico. Describió la condena como arbitraria —“fue condenada sin prueba, por una corte que no estaba completa, con un fiscal que no era el fiscal natural”— y trazó el paralelo con el proceso que enfrentó Lula, cuya situación se resolvió tras la aparición de pruebas que evidenciaron la parcialidad del vínculo entre el juez y el fiscal que lo condenaron. “A Lula le ha ido bien porque también le ha ido bien en Naciones Unidas, donde le reconocieron que había sido mal condenado”, recordó el legislador.
Sobre la estrategia política, Pichetto rechazó el argumento de que apoyar la causa judicial de Kirchner y construir una candidatura alternativa sean objetivos excluyentes. “Hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel importante, muy importante. Hay que agotar todas las instancias de apoyo para que esa figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, planteó, y agregó que la figura alternativa debe surgir de una primaria que le otorgue legitimidad al candidato. “Eso es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja de esa alternativa”, precisó. En esa línea, defendió la conservación de las PASO como herramienta ordenadora de la interna.
El debate sobre la candidatura de Kirchner atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de manera transversal. Desde el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner repite que “la queremos candidata” y sostiene que la expresidenta es la única figura que puede “plantarse ante el poder económico”. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no kirchnerista leen la situación de otra manera: en el propio oficialismo circula la lectura de que “para un sector del peronismo pareciera que les viene bien Cristina detenida”, una percepción que también comparten fuentes del Gobierno nacional. Pichetto salió al cruce de esa postura: “El que quiere ser candidato a presidente tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la virtud de hablar con todos. Mucho más cuando se trata de una figura que fue dos veces presidenta de la Argentina”.
La Casa Rosada optó por la prescindencia formal. “Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente”, explicó un referente territorial libertario. Internamente, el oficialismo entiende que Kirchner conserva altos niveles de rechazo y que una eventual habilitación para competir no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección de Javier Milei. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, graficó un funcionario.
La tensión en el PJ quedó en evidencia este fin de semana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no asistió al acto que el mandatario riojano Ricardo Quintela organizó en La Rioja para conmemorar los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli, al que sí asistió Máximo Kirchner y al que la expresidenta envió una señal de respaldo desde su domicilio. Kicillof delegó su representación en la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Sergio Massa tampoco estuvo presente.
En paralelo, Kicillof avanza en la consolidación de su propia estructura. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará plenarios seccionales durante agosto en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de afianzar el peso de la provincia de Buenos Aires en la negociación interna del peronismo. El primer plenario está previsto para el sábado 8 de agosto en Alberti. Los armadores del gobernador planean cerrar el ciclo con un gran acto político en septiembre, que coincidiría con el primer aniversario de la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos.
Pichetto descartó que exista espacio para construcciones de centro en el escenario de 2027 y pronosticó una polarización similar a la de otros procesos electorales recientes en América Latina. “Va a haber una fórmula peronista, va a haber una fórmula que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo, que no quiere saber nada con este gobierno, demócratas cristianos y otros sectores”, anticipó. El legislador también auguró que Victoria Villarruel competirá como candidata presidencial con un electorado propio de base nacionalista, católica y militar, y descartó que haya lugar para Patricia Bullrich dentro de la oferta oficialista.
El trasfondo del debate electoral es, para Pichetto, una crisis social que describe como “explosiva”. El diputado advirtió que el modelo económico del Gobierno dejó al 70% de la sociedad fuera del sistema, con salarios “demolidos” y una situación en los conurbanos que, a su juicio, podría derivar en “eventos no queridos”. “Nadie vota a aquellos que le hacen perder todo, que pierden el trabajo”, sentenció.
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POLITICA
Tapia intenta demorar su declaración por otra causa en Miami: pide que no sea grabado y que no se filtre a los medios
Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta otro frente judicial en Miami al margen del escándalo por las transferencias de Javier Faroni. El presidente de la AFA fue demandado antes de la Copa del Mundo por una empresa que organizó dos partidos amistosos de la Selección argentina en la ventana de octubre del año pasado. La firma VID Music Group asegura que tuvo que afrontar una pérdida millonaria por la ausencia de Lionel Messi en el primero de los encuentros, frente a Venezuela, algo que supuestamente estaba garantizado por contrato.
Esa causa comenzó a activarse recién cuando terminó la Copa del Mundo. Los abogados que demandaron a la AFA vienen reclamando hace tiempo que Tapia declare ante el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida por el supuesto incumplimiento del contrato. Durante el Mundial, pidieron que el presidente de la AFA sea citado, aprovechando su presencia en Estados Unidos. No lo lograron.
Los abogados de Tapia argumentan que “existe una moción de desestimación pendiente” y que “la etapa de descubrimiento de prueba acaba de comenzar”. Sobre el fondo de la demanda, argumentan que el demandante “no realizó el pago de US$5.000.000 requerido en virtud del contrato de junio de 2026, lo que dio lugar al derecho contractual de AFA de rescindir”.
Ahora se habla de una posible citación para el 2 de septiembre.
El lunes pasado, el estudio de abogados que contrató la AFA en Miami, Agentis, pidió que si se termina avanzando con un interrogatorio “se limite al conocimiento personal del Sr. Tapia sobre el contrato de octubre de 2025 y el contrato de junio de 2026″. También reclamaron que la declaración, en caso que finalmente se ordene, “no sea grabada en video o, alternativamente, que cualquier grabación y transcripción sean designadas como confidenciales, utilizadas únicamente en esta acción y no divulgadas a la prensa ni presentadas en ningún procedimiento extranjero sin una orden adicional de este Tribunal”.
El pleito, que tramita en el fuero civil, está vinculado a los dos amistosos de la Selección en la ventana de octubre. En ese momento, la Scaloneta enfrentó a Venezuela (1 a 0) y a Puerto Rico (6 a 0). El problema se dio porque la empresa exigía la presencia de Messi en ambos partidos para asegurase la venta de entradas.
La cláusula 1.2 del contrato, conocida ahora como la “cláusula Messi”, determinaba que “la participación de Lionel Messi constituye una condición esencial de este contrato y una de las razones principales por la que las partes lo celebran”. Solo estaba justificada su ausencia con un certificado médico, una suspensión de la FIFA o la Conmebol, o alguna circunstancia de fuerza mayor como una emergencia familiar o hasta una catástrofe natural. Nada de eso ocurrió.
Messi vio el primer partido desde la tribuna y al día siguiente dijo presente en el encuentro entre el Inter Miami y Atlanta, por la MLS. Ese partido era importante para su equipo porque le daba la ventaja de jugar en su estadio en la primera ronda de los playoffs.
La ausencia del capitán en el primer amistoso, según la empresa organizadora, provocó un fracaso comercial. “La ausencia de Messi en el amistoso contra Venezuela afectó directamente la asistencia, que se redujo a tan solo unas 15.000 personas», dice la demanda inicial. Además de Tapia, que firmó el contrato, la empresa incluyó en la demanda a Messi y a un agente FIFA identificado como Julian Capelan, a quien acusan de haber cobrado US$250.000.
“A pesar de que la licencia de agente de partidos de la FIFA de Kapelan estaba vencida en ese momento, se presentó ante el demandante como un intermediario autorizado en relación con la organización de los partidos de exhibición internacionales de la Selección Argentina”, cuenta la demanda.
Capelan había firmado un contrato con VID Music que establecía un pago adicional de otros USS100.000 si se vendían más del 85% de las entradas. Ante el fracaso comercial, terminó cobrando un fee de US$250.000. Todo en efectivo.
¿Por qué una empresa dedicada a los espectáculos musicales terminó involucrada en la organización de esos dos amistosos? Desde la empresa aseguraron a que el intermediario que los acercó a Tapia fue Tomás Regalado, un experiodista que terminó cumpliendo el rol de “embajador de AFA en Miami”. En julio, por pedido de Tapia, Regalado se presentó en un Foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) para defender a la AFA y amenazar con sanciones. “Solo pedimos respeto por el debito proceso y la paciencia necesaria para que una justicia independiente haga su trabajo”, lanzó ese día.
“El embajador de AFA contactó al señor Javier Fernandez (dueño de VID Music) y le ofreció el negocio. ‘Usted puede promover esto por US$5 millones por partido’, le dijo. Fernández comenzó a hablar con el señor Tapia. Como resultado de esas conversaciones, le ofreció dos partidos a US$3,5 millones en octubre y dos partidos a US$5 millones en junio. Primero dijeron que iba a jugar con Brasil y faltando 40 días confirmaron que el primer partido iba a ser con Venezuela”, aseguró Ralph Patino, el abogado contratado por la empresa, en una conferencia organizada en Miami.
El segundo partido de la ventana de octubre también generó una controversia porque inicialmente se iba a jugar en la ciudad de Chicago. Al final se disputó en el estadio de Fort Lauderdale, muy cerca de Miami. Según la empresa VID Music Group, ese cambio de sede le generó otra pérdida de US$1.200.000 porque solo se vendieron 21.500 tickets.
La demanda civil apunta a Tapia y a la AFA pero también menciona a Messi. En una presentación reciente, sus abogados pidieron, con éxito, que no tenga la obligación de asistir a una audiencia inicial del caso. «No se requerirá que el demandado Messi asista personalmente a la conferencia inicial de gestión del caso“, dice una resolución firmada el 17 de julio por la jueza Lisa Sharon Walsh.
una pérdida millonaria por la ausencia de Lionel Messi en el primero de los encuentros, frente a Venezuela,InterAmerican Institute for Democracy (IID,Nicolás Pizzi,Claudio Chiqui Tapia,AFA,Miami,Conforme a
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