POLITICA
El Gobierno suma retrocesos en materia de transparencia y control externo de la gestión

La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.
Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.
Acceso a la información pública
El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.
“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.
En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.
El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.
También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.
Más facultades para la SIDE
A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.
Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.
La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.
La ley de lobby
La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.
El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.
Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.
El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso
En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.
El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.
Menos participación en la selección de jueces
El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.
Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.
El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.
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POLITICA
Javier Milei festejó el triunfo de De la Espriella en las elecciones de Colombia

“Vamos bien, está ganando el Tigre”, expresaba entusiasmado un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, cuando el conteo provisorio marcaba una ventaja del derechista Abelardo de la Espriella por sobre el oficialista Iván Cepeda, en la segunda vuelta electoral que eligió al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia.
Sin ocultar su favoritismo por el “Tigre” De la Espriella –Milei verbalizó su apoyo entre la primera vuelta y el ballotage- la Casa Rosada festejó el ajustado triunfo del candidato opositor, a quien considera un seguro aliado en una región en la que predominan los gobiernos de derecha, salvo Brasil (el presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá por su reelección en octubre) y Uruguay, con Yamandú Orsi, del Frente Amplio de ese país.
“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, posteó el Presidente en su cuenta de X, minutos antes de las 20 hora argentina, menos de dos horas después de cerrados los comicios en el país caribeño y con el presidente Gustavo Petro sin reconocer la derrota de su delfín político, y con la amenaza de impugnar más de treinta mil votos.
Para el Gobierno, la derrota de Petro y Cepeda es, a la vez, una mala noticia para el presidente de Brasil. Más allá de las relaciones institucionales entre ambos países se mantienen, nadie en el Gobierno oculta que el vínculo con Lula da Silva no pasa de la indiferencia, todas sus fichas están puestas en Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato opositor al gobierno brasileño.
En los últimos meses, Milei celebró la llegada al poder de José Antonio Kast (Chile) y Rodrigo Paz (Bolivia), este último país sumado al Mercosur. La salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela y la aún por confirmar victoria de De La Espriella conforman un escenario favorable para la Casa Rosada.
Con el fin del gobierno de Petro culminan también dos años de áspero vínculo entre ambos gobiernos. A los insultos que Petro y Milei se dedicaban al inicio de la gestión libertaria le siguió la salida del embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero, cercano a Petro, quien renunció en marzo del año pasado para dedicarse a la actividad política partidaria. Meses después llegó su reemplazante, José Roberto Acosta, y la relación bilateral continuó activa en lo formal, pero fría en lo político. “7 días para que sea historia. Nefasta, por cierto”, escribió en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno, en respuesta a las críticas que Petro había hecho a la política impositiva del gobierno libertario, afirmando además de afirmar que “en la Argentina pagan más los trabajadores que los ricos”. Una muestra del océano ideológico que separará a las dos gestiones, al menos hasta agosto, cuando asuma el próximo presidente de Colombia.
Horas después de finalizado el comicio, desde el kirchnerismo, que apostaba sin medias tintas al triunfo de Cepeda, pedían tomar en cuenta que el resultado era “ajustadísimo” y acordaban con Petro en aguardar el conteo definitivo. La camporista Soledad Magno y el diputado kirchnerista del Parlasur, Gabriel Fuks, estuvieron en el búnker de Cepeda, parte de la reducida comitiva de argentinos, que incluyó entre otros al camarista electoral Daniel Bejas, y el ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio.
@ABDELAESPRIELLA,June 21, 2026,@ABDELAESPRIELLA,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Tras el banderazo, se profundiza la disputa entre Cristina Kirchner y Kicillof y crece el pedido de ir a internas

Axel Kicillof no asistió al banderazo que el kirchnerismo organizó el sábado en Parque Lezama para reclamar por la libertad de Cristina Kirchner y se volvieron a alejar las expectativas de una tregua. La convocatoria tuvo a Máximo Kirchner como único orador y se transformó en una nueva demostración de fuerza del sector que responde a la expresidenta, en momentos en que el gobernador bonaerense intenta consolidar una construcción propia con proyección nacional.
Aunque no sorprendió, la ausencia terminó de despejar las dudas que habían aparecido en las últimas semanas. El trabajo conjunto entre dirigentes de La Cámpora, la Provincia y el municipio de Avellaneda para el homenaje al Indio Solari había alimentado especulaciones sobre una eventual recomposición del vínculo, pero el acto del sábado mostró que las diferencias de fondo siguen intactas. La crítica de Máximo Kirchner a quienes hablan de unidad, pero no visitan a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1111, se leyó como un mensaje directo al gobernador.
Detrás de esa disputa aparece una discusión más amplia sobre quién conducirá al peronismo en los próximos años y de qué manera se definirá la candidatura presidencial para 2027.
CFK en el centro de la estrategia kirchnerista
Las reuniones que Cristina Kirchner mantiene con dirigentes, legisladores y referentes políticos en su domicilio de Constitución se convirtieron en uno de los principales ámbitos de discusión del kirchnerismo. Por allí pasan habitualmente dirigentes de distintos sectores del peronismo, mientras la expresidenta conserva un rol central en las definiciones estratégicas de ese espacio.
En ese marco se inscriben las declaraciones que Máximo Kirchner viene realizando sobre una eventual candidatura presidencial de la exmandataria. El kirchnerismo busca reafirmar que sigue siendo la única dirigente con capacidad para ordenar al peronismo.
Dentro de ese debate también circula una hipótesis más audaz. Algunos sectores creen que impulsar una fórmula encabezada por Cristina Kirchner, aun cuando su candidatura enfrente obstáculos judiciales, permitiría ordenar y unificar al peronismo detrás de una lista cuya candidatura efectiva termine recayendo en su compañero de fórmula.
La estrategia se enmarca en una creciente actividad política de Máximo Kirchner fuera de Buenos Aires. En las últimas semanas visitó Santa Fe y Entre Ríos, donde mantuvo encuentros con dirigentes locales en una tarea de reagrupamiento del kirchnerismo que se desarrolla en paralelo a los movimientos de otros sectores del PJ.
Kicillof fortalece su armado
Mientras el kirchnerismo se reorganiza alrededor de Cristina Kirchner, Kicillof avanza con una agenda propia en distintas provincias. El gobernador viene realizando recorridas y encuentros políticos que apuntan a ampliar su volumen territorial y fortalecer vínculos con dirigentes, intendentes, organizaciones sociales y sectores sindicales.
La construcción tiene especial atención sobre distritos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, provincias que vienen siendo adversas al peronismo. La prioridad es ampliar la base de sustentación política y llegar a cualquier negociación futura con mayor fortaleza propia.
Esa estrategia implica una disputa por el liderazgo. El entorno del gobernador trabaja para evitar que su proyecto político quede condicionado por ala dura k.
Entre la mediación de Massa y el reclamo de internas
En medio de esa tensión, Sergio Massa mantiene abiertos los canales de diálogo con todos los sectores. El líder del Frente Renovador sigue participando de conversaciones con dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y también conserva interlocución con el gobernador bonaerense, aunque evita pronunciarse sobre una eventual candidatura presidencial.
La falta de una referencia consensuada también abrió espacio para dirigentes que impulsan otro camino para ordenar al peronismo. Entre ellos aparece Juan Manuel Olmos, uno de los referentes del denominado PJ Federal, que viene participando de encuentros políticos en distintas provincias.
Durante una entrevista con Radio Splendid, Olmos sostuvo que el peronismo no puede desconocer el peso político de Cristina Kirchner, pero rechazó que su situación judicial suspenda el debate sobre el futuro del espacio. “Ignorar el peso y la figura de Cristina en el peronismo es un error, es estar fuera de la realidad”, afirmó.
Al mismo tiempo, planteó que el justicialismo necesita discutir programa, liderazgo y estrategia electoral. “Dejar de hacer política y no discutir más de nada, no discutir ni este programa económico, ni cuál es la propuesta para 2027, no es un programa de gobierno”, señaló.
La posición busca abrir la discusión que empieza a encontrar eco en distintos sectores del PJ y que se centra en reconocer la centralidad política de la expresidenta, pero rechazar que la reorganización partidaria quede reducida exclusivamente a su situación judicial.
En ese contexto toma fuerza la defensa de una competencia interna para resolver candidaturas. “Si nos organizamos y hacemos una competencia de ideas y de programas con un candidato que lo lleve adelante, en el 2027 vuelve a ganar el peronismo”, dijo.
Junto a otros dirigentes, como Victoria Tolosa Paz, Claudia Neira y Gustavo Bordet, Olmos encabezó la semana pasada un encuentro del PJ federal en Entre Ríos, en el que se debatieron propuestas para discusión programática que incorpore referentes del interior y trascienda la disputa entre los principales sectores del peronismo bonaerense.
Semana clave en la Legislatura bonaerense
La pelea por el liderazgo tendrá esta semana una nueva expresión en la provincia de Buenos Aires. El miércoles, el Senado bonaerense saldrá de una parálisis prolongada para avanzar con definiciones pendientes en distintas comisiones, y uno de los focos de conflicto pasa por las vicepresidencias que actualmente están bajo influencia del sector alineado con Kicillof.
La Cámpora y el Frente Renovador reclaman espacios de conducción dentro del esquema legislativo, en una discusión que se arrastra desde hace meses y que quedó atravesada por la disputa interna del peronismo.
La negociación ocurre en el mismo escenario que la disputa sobre el armado nacional. A casi un año y medio de las elecciones presidenciales, el PJ todavía no resolvió quién conducirá ni con qué reglas.
PJ, Peronismo, cristina kirchner, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa
POLITICA
Desafíos regionales, turbulencias internas y el rol de la Argentina: la OEA empieza su Asamblea General en Panamá

WASHINGTON.- Cuando en junio de 2024, durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, la Argentina participó en Asunción de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Gobierno marcó un drástico cambio de postura política sobre la agenda que dominaba a ese foro continental y que lo llevó a un aislamiento. Dos años después, los vientos cambiaron.
Con un contexto geopolítico regional que viró sustancialmente, y una alianza estratégica con Estados Unidos consolidada, la Argentina participará desde este lunes en la 56 Asamblea General en Ciudad de Panamá como parte de un grupo de países -cerca de la mitad de los 35 miembros del organismo- que, aunque no actúan como un bloque, mantienen preocupaciones e intereses similares a los de la Casa Blanca en materia de seguridad y a nivel geoestratégico.
“A todos les inquieta la situación en Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y Bolivia, además de los procesos electorales en Colombia y Perú“, señaló a una fuente al tanto de las internas del organismo, con sede en Washington. “La Argentina ahora es uno de los que lidera el proceso de diálogo de varios miembros en la OEA con Estados Unidos, el mayor contribuyente», añadió.
La Asamblea de este año empieza marcada por distintos desafíos regionales, retos presupuestarios y una situación incómoda para el secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, en el ojo del huracán por la salida de su jefa de gabinete, Xaviera Jessurun, tras una controvertida designación en medio de acusaciones de presunta corrupción pública de la asesora en su país.
El proceso de estabilización en Haití, la crisis política que golpea al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega serán tres de los temas principales que se tratarán en la cumbre, de la que participará el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, un conocedor de la región que fue embajador en México.
Landau mantiene un aceitado vínculo con el canciller Pablo Quirno, que también estará presente en la Asamblea General junto al embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak. Entre Estados Unidos y la Argentina, “el esquema funciona como una orquesta sinfónica” por el nivel de sintonía en la relación bilateral, graficó una fuente con conocimiento cercano del vínculo.
La Argentina, que en 2024 había mostrado fuertes reparos a la llamada Agenda 2030 por sus objeciones en materia de Derechos Humanos y género, esta vez llega a la Asamblea de tres días con intereses similares a los de un amplio grupo de países latinoamericanos, como Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Panamá y Estados caribeños, entre otros.
También se pondrá especial atención en la definición de dos procesos electorales claves en la región. Por un lado, el de Perú, que dos semanas después del balotaje aún espera conocer oficialmente si la candidata de derecha Keiko Fujimori derrotó al izquierdista Roberto Sánchez. Y por el otro, el de Colombia, que este domingo define en segunda vuelta a su próximo presidente, entre el progresista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella.
Según confiaron fuentes del organismo, la Asamblea buscará poner el foco público exclusivamente en los temas regionales y no en la situación particular de Ramdin, más allá de que seguramente será tema en los pasillos del Centro de Convenciones Atlapa de Ciudad de Panamá.
En Washington -cuyo gobierno aporta cerca del 50% de los recursos ordinarios de la OEA, más otros montos para fondos específicos- la designación de Jessurun por parte de Ramdin no cayó bien y ejerció presión para forzar la salida de la asesora del secretario general. Eso se produjo mientras Estados Unidos mantiene retenida su contribución anual de cerca 47 millones de dólares al organismo.
Jessurun estaría presuntamente involucrada en un caso de corrupción que se remonta a 2022, y que afectó a la Compañía de Aviación Surinamesa (SLM), de la que ella era directiva, según reportes de la prensa local.
En los últimos meses en la OEA ya se habían multiplicado las quejas sobre Ramdin por la designación el año pasado, pese a que Jessurun estaba imputada en Surinam por corrupción, fraude y blanqueo de capitales, lo que afectó la relación del secretario general con Estados Unidos, en medio de la pulseada presupuestaria en el organismo.
“A la mayoría de los países miembros les cayó mal la designación de Jessurun, eso es algo transversal, no tiene que ver con un tema ideológico”, explicaron a en el organismo. Apuntan a que Ramdin violó una buena práctica ética del organismo, y que eso impactó en los estándares de transparencia.
“Se afectó la confianza política de Ramdin con Estados Unidos. Luego de la Asamblea se entrará en un proceso para ver si esa confianza puede ser reconstruida, aunque no hay plazos para eso”, amplió una fuente, que indicó que con seguridad surgirán exigencias para que haya un mayor nivel de transparencia y de rendición de cuentas en el organismo.
“Hay mucha atención sobre esos temas, que podría provocar tensión a futuro, siempre posterior a la Asamblea”, señaló una fuente al tanto de las internas de la OEA.
Un colaborador externo de la OEA, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que mientras crecen los llamados de mayor transparencia y austeridad por parte del organismo, Ramdin continúa respondiendo con “evasivas y generalidades” a las inquietudes de los miembros sobre ciertos gastos.
El conflicto por la situación de la ahora ex jefa de gabinete del secretario general tensó el vínculo entre Ramdin y el embajador norteamericano ante la OEA, Leandro “Lee” Rizzuto Jr. -un empresario muy cercano a Trump-, ya estaba friccionado por el intento de Estados Unidos de ejercer una supervisión más estricta sobre los gastos y del organismo.
En ese sentido, el presupuesto 2026/2027 de la OEA será aprobado en la Asamblea, aunque tendría crecimiento nominal cero, en un marco inflacionario en Estados Unidos que llevó a aumentos de gastos operativos en el organismo.
Washington no ha entregado aún su contribución a la organización, de en torno a los 47 millones de dólares, lo que representa prácticamente la mitad de su gasto corriente, según datos oficiales de la organización del mes de junio.
Por su parte, en la Asamblea la Argentina volverá a plantear su reclamo por las islas Malvinas en la disputa que mantiene con el Reino Unido.
#OASAssembly,@SG_OEA_OAS,@SGA_OEA_OAS,https://t.co/pXf1LFvCPn,https://t.co/GB6ioLChRa,pic.twitter.com/RcIyC8AJXz,June 18, 2026,Guillermo Idiart,OEA,Panamá,Argentina,Conforme a,OEA,,Por pedido de la Argentina. Se debatió en la OEA la situación de los presos políticos del chavismo,,Análisis. Tonterías que dejó la tempestad,,Asamblea de la OEA. La Argentina exigió la liberación del gendarme Gallo y acusó al chavismo por delitos de lesa humanidad
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