POLITICA
El Gobierno suma retrocesos en materia de transparencia y control externo de la gestión

La modificación del proceso para seleccionar los candidatos para la Corte Suprema y los tribunales inferiores no es un hecho aislado. Se suma a una serie de decisiones impulsadas por el Gobierno que, bajo argumentos de eficiencia administrativa, transparencia o modernización del Estado, redujeron instancias de participación ciudadana, limitaron el acceso a información pública o restringieron ámbitos de supervisión técnica e institucional.
Las iniciativas abarcan áreas muy distintas y fueron impulsadas en momentos diversos. Sin embargo, todas generaron debates similares y exhiben un denominador común: una limitación de actores externos a decisiones que antes contaban con mayores instancias de control, consulta o participación.
Acceso a la información pública
El primer antecedente fue el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma limitó el concepto de “información pública”, al excluir de la obligación de respuesta aquellos datos que se consideren de “naturaleza privada” o que no tengan un “interés público comprometido”, especialmente en la esfera doméstica del funcionario.
“La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode”, sostuvo el Club Político Argentino. La entidad calificó la reforma como “una nueva forma de censura”. “La información se presume pública y el secreto es la excepción”, advirtió Poder Ciudadano en un comunicado.
En un dictamen previo que sentó las bases de estos cambios (en respuesta a una consulta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), el entonces Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de información sobre asuntos que consideró “banales”, como los detalles sobre los perros del Presidente en la quinta de Olivos.
El decreto, además, excluyó del alcance de los pedidos ciudadanos documentos preparatorios, deliberaciones internas y papeles de trabajo de la administración.
También incorporó el principio de “buena fe” en el ejercicio del derecho de acceso a la información y habilitó sanciones ante lo que el Estado considere un uso abusivo de esa herramienta. Para el Gobierno, los cambios buscaron evitar pedidos reiterativos o irrazonables que entorpecieran el funcionamiento de la administración.
Más facultades para la SIDE
A fines de 2025, el Gobierno avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante el decreto 941/2025. La norma reorganizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), le otorgó nuevas facultades de coordinación sobre distintas áreas del sistema y amplió las posibilidades de acceso e intercambio de información entre organismos públicos.
Entre otros puntos, el decreto estableció que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, habilitó el cruce de bases de datos estatales y otorgó a los agentes de inteligencia la facultad de “aprehender” personas en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. También incorporó conceptos amplios como “influencia” o “interferencia” en la definición de amenazas a la seguridad.
La reforma generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la protección de libertades civiles, que advirtieron sobre la discrecionalidad de las facultades otorgadas y la amplitud de algunas definiciones.
La ley de lobby
La discusión más reciente se produjo en el Congreso con el proyecto oficial para regular la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. Aunque el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para transparentar las reuniones entre funcionarios y representantes de intereses particulares, buena parte de los expositores convocados a debatirla cuestionó su alcance.
El texto propone un registro obligatorio de gestiones de intereses y crea la figura del “principal extranjero” para identificar a quienes actúen en representación de intereses financiados desde el exterior. Además, utiliza una definición amplia de gestión de intereses que podría alcanzar tanto a empresas como a organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.
Durante las reuniones informativas en Diputados, representantes de ONGs, universidades, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de “criminalizar” la participación ciudadana o someterla a un esquema de “participación vigilada”. También cuestionaron que equipare la representación de causas sociales o humanitarias con actividades tradicionales de lobby empresarial.
El “cepo” a la Oficina de Presupuesto del Congreso
En junio de este año, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), dominada por el oficialismo y sus aliados, aprobó una resolución que limita la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
La medida obliga a que determinados trabajos técnicos sean previamente avalados por la comisión de supervisión y también introduce cambios sobre la planificación de actividades y la administración interna del organismo.
El debate se produjo luego de que la OPC elaborara estimaciones que contradijeron los cálculos difundidos por el Gobierno sobre distintos proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad. Además, uno de sus informes fue citado por la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para la oposición y especialistas en información estadística, la resolución restringe el acceso de los legisladores a información técnica independiente y fortalece la dependencia respecto de los datos producidos por el Poder Ejecutivo.
Menos participación en la selección de jueces
El caso más reciente fue el decreto 467/2026, que modificó el procedimiento para la selección de candidatos a la Corte Suprema y los jueces de instancias inferiores. La principal novedad fue la eliminación del procedimiento de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia previa a la nominación presidencial.
Hasta ahora, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos podían presentar apoyos u objeciones respecto de los postulantes antes de que el Poder Ejecutivo definiera formalmente una candidatura. El Gobierno argumentó que esa etapa duplicaba mecanismos de control que posteriormente ejerce el Senado durante el tratamiento de los pliegos.
La norma también eliminó referencias a criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica que debían ser considerados durante el proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas sostienen que la modificación reduce los controles previos sobre las nominaciones y elimina una instancia de participación que funcionó durante más de dos décadas.
El Gobierno sostiene que estas reformas apuntan a simplificar procedimientos, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia estatal.
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POLITICA
García Cuerva dijo que el Papa se va a encontrar con una Argentina “en crisis” y “con un porcentaje alto de pobres”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió este viernes a la pobreza y la división interna en la Argentina de cara a la visita del Papa. Ante este escenario, remarcó la necesidad de recibir un mensaje que brinde esperanza y unidad a toda la comunidad, para contrarrestar lo que definió como un país en “crisis”.
“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Yo la suelo mencionar como herida porque duele, duelen las entrañas del pueblo, una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, sostuvo García Cuerva.
En la misma línea, remarcó en diálogo con TN las dificultades sociales y económicas que atraviesa la población: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”.
Tras ello, García Cuerva subrayó la resiliencia de los argentinos y su voluntad de seguir adelante: “También se va a encontrar con una Argentina que no baja los brazos, con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, apuestan por las familias, apuestan por el sacrificio y siguen luchando para salir adelante”.
Al ser consultado sobre los motivos detrás de la visita pastoral, explicó que el Sumo Pontífice tiene una importante experiencia en actividad de misión América Latina, resaltó que vivió 20 años en Perú y recordó que la Argentina y Uruguay no habían sido visitados previamente por Francisco, por lo que era un pendiente.
Por último, anticipó una peregrinación multitudinaria hacia Luján, con una participación prevista de 1.000.000 de personas.
Las reflexiones del arzobispo coinciden con los señalamientos que expresó durante el tradicional Tedeum del pasado 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. En esa oportunidad, frente al presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional, apuntó contra la fragmentación social y sostuvo: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”.
Además, lamentó la falta de oportunidades para gran parte de la población y calificó al individualismo como una “postura cruel” que descompone a la Nación.
Durante aquella ceremonia, García Cuerva pidió acuerdos colectivos, y reclamó una clase dirigente capaz de dialogar y escuchar a todos los sectores. “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”, advirtió ante las distintas autoridades que estaban presentes.
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POLITICA
Fuerte mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva: “El Papa se va a encontrar con una Argentina en crisis y dividida por la grieta”

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina ya genera expectativa y reflexión en la Iglesia local. Tras una misa en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que el Pontífice se encontrará con “una Argentina en crisis y dividida por la grieta”.
En la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, García Cuerva vinculó la tradicional marcha de este fin de semana con la visita apostólica prevista para noviembre. Según el prelado, la caminata hacia la Basílica será una instancia de preparación espiritual para recibir al Papa, en un año en el que se espera la llegada de más de un millón de peregrinos y un operativo especial con miles de voluntarios y la colaboración de los distintos niveles de gobierno.
Consultado por TN sobre el escenario que encontrará León XIV, García Cuerva fue contundente: “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”. El arzobispo remarcó que la polarización política y social impacta de lleno en la vida cotidiana.
“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, agregó el referente de la Iglesia porteña.
García Cuerva también hizo referencia a la persistencia de la crisis social y económica. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.
A pesar del diagnóstico, el arzobispo subrayó que el país mantiene la esparanza y la voluntad de salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó, en alusión al espíritu de quienes participarán de la peregrinación y esperan la llegada del Papa como un momento de encuentro y renovación.
Jorge García Cuerva, papa León XIV
POLITICA
Qué leyes volverían a regir si Diputados deroga el DNU 70 de Javier Milei

La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.
El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.
En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
La Ley de Alquileres
Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.
Medicina prepaga
El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.
Privatizaciones
El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.
Abastecimiento y Góndolas
Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.
Servicios de internet satelital
El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.
Ley de Compre Nacional
Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.
La política de cielos abiertos
La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.

Comercio exterior
En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado
El Instituto Nacional de la Yerba Mate
El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.
El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la arremetida. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Milei para reunirse con los gobernadores aliados y acelerar acuerdos electorales que consoliden los votos necesarios para frenar la sesión.
En paralelo al debate por el DNU, el oficialismo regresa de París con optimismo en otro frente. Tras reunirse con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week, en La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos para eliminar las PASO. La clave, según el propio entorno de Karina Milei, fue la promesa de no presentar candidatos libertarios en los distritos provinciales a cambio de apoyo a la reforma política.
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